CE - Auto interlocutorio 25000234100020240154501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000 23 41 000 2024 01545 01

Demandante: Manuel Alejandro Grimaldos Mojica Demandado: Contraloría General de la República Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Requisitos del artículo 231 del CPACA Decisión: Confirma el auto que negó el decreto de la medida cautelar

Auto que resuelve recurso de apelación

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 20 de enero de 2025 , por medio del cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A, en primera instancia, negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los fallos con responsabilidad fiscal aquí controvertidos1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Manuel Alejandro Grimaldos Mojica, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2, presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República , pretendiendo la nulidad del auto ORD - 801119 - 029 - 2024 de 15 de febrero de 2024.

2. Solicitud de medida cautelar

pretendiendo la nulidad del auto ORD - 801119 - 029 - 2024 de 15 de febrero de 2024.

2. Solicitud de medida cautelar

La parte actora, en escrito separado al de la demanda, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del auto ORD - 801119 - 029 - 2024 de 15 de febrero de 2024, con fundamento en lo siguiente:

1 El expediente ingresó al despacho para resolver la medida cautelar el 28 de marzo de 2025. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.2

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Demandante: Manuel Alejandro Grimaldos Mojica

Demandado: Contraloría General de la República

Sostuvo que como consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal ORD - 801119 - 029 - 2024 de 15 de febrero de 2024 “se procedió por parte de la Contraloría General de la República a iniciar el correspondiente tr ámite de cobro coactivo, el cual no ha sido notificado en su mandamiento ejecutivo y cuyo contenido desconocemos por cuanto se omitió la notificación […] a mi representado, eliminando cualquier posibilidad de presentar los recursos y excepciones que le faculta la ley”.

Afirmó que se ha comenzado con “los trámites de embargo de las cuentas bancarias de mi poderdante, los cuales le están afectando notablemente su pecunio”.

Añadió que la inscripción en el boletín de responsables fiscales “y el sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades de la procuraduría, le están

mi poderdante, los cuales le están afectando notablemente su pecunio”.

Añadió que la inscripción en el boletín de responsables fiscales “y el sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades de la procuraduría, le están acarreando problemas de índole laboral y patrimonial, ya que su actividad es la empresa privada, y la presentación […] a procesos contractuales en las diferentes entidades del Estado, y con esta imposición están menoscabando sus derechos al trabajo y a una vida digna”.

Afirmó que:

[…] Conforme con lo anterior, me permito hacer referencia a la necesidad de proteger y garantizar provisionalmente los derechos de mi representado, me permito recalcar los motivos que en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se adujeron y que en resumen se concretan de la siguiente manera.

Inaplicación de la ley, por la ausencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, puesto que el fallo acusado de nulo, al referirse a la presunta responsabilidad de mi poderdante no logró probar el nexo causal entre la conducta sea dolos a o culpable del agente y el daño patrimonial causado, ya que en su fallo no se probó la culpabilidad de mi mandante, y ni siquiera en dicho fallo informa al lector sobre a qué título imputa la conducta de mi cliente, deformando y cayendo en formular una responsabilidad de manera OBJETIVA, por el mero hecho de ser gerente operativo y por consiguiente supervisor de los contratos materia de la mentada investigación fis cal, lo cual está prohibido por la Constitución Política de Colombia y las normas que regulan el trámite fiscal […].

Aseguró que están acreditados los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley

los contratos materia de la mentada investigación fis cal, lo cual está prohibido por la Constitución Política de Colombia y las normas que regulan el trámite fiscal […].

Aseguró que están acreditados los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437, por cuanto: (i) la demanda está razonablemente fundada en derecho, porque el acto acusado es abiertamente nulo por estar en contravía de la Constitución y la ley a l adjudicar responsabilidad objetiva; (ii) se demostró, sumariamente, la titularidad de los derechos invocados, dado que, sobre el demandante recae los efectos del acto acusado; y (iii) que de no concederse la medida se cause un perjuicio irremediable, pue s se ha vulnerado sus derechos al trabajo, vida digna e igualdad.

II. PROVIDENCIA APELADA

El magistrado sustanciador en primera instancia, en providencia del 20 de enero de 2025, dispuso: “NIÉGASE la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo, auto proferido ORD801119-029-2024 fecha 15 de febrero de 2024 emanado de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República” (negrilla del texto).

Consideró que el recurrente no cumplió con el requisito de “realizar un comparativo entre los actos administrativos demandados y la norma que supuestamente es vulnerada, adicionalmente otro de los requisitos allí establecidos, cual fue señalar los argumentos3

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Demandante: Manuel Alejandro Grimaldos Mojica

Demandado: Contraloría General de la República

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de hecho y de derecho que se debían analizar para concluir que efectivamente era más gravoso continuar con los efectos del acto administrativo demandado, y no esperar al momento de proferir sentencia para lograr un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos demandados”.

Acotó que “tampoco se demostró que exista peligro para la efectividad de la sentencia o que los efectos de la misma sean nugatorios, en dado caso de no acceder a la medida”.

Precisó que “no existen normas superiores que hayan sido señaladas como violadas, ni mucho menos pruebas aportadas con la solicitud de la medida cautelar que den cuenta de la flagrante violación requerida o de los perjuicios causados al demandante”.

Expuso que “es claro que para dilucidar el fondo del asunto se requiere hacer un análisis más profundo, un estudio detenido del acto administrativo que se demanda, los antecedentes administrativos que dieron origen a éstos, las disposiciones que se aducen como trasgre didas en el concepto de la violación contenido en la demanda, los argumentos de defensa que invoque la entidad demandada ” para así determinar si efectivamente se expidió el acto demandado vulnerando la Constitución y la ley, aspecto que no puede desarrollarse al resolver la solicitud de medida cautelar.

Agregó que la parte actora “no ha realizado esfuerzo alguno que conlleve a la confrontación de normas superiores frente a los actos administrativos acusados; por lo tanto, su definición implicará realizar un análisis interpretativo y probatorio al momento

Agregó que la parte actora “no ha realizado esfuerzo alguno que conlleve a la confrontación de normas superiores frente a los actos administrativos acusados; por lo tanto, su definición implicará realizar un análisis interpretativo y probatorio al momento de analizar los cargos de v iolación que sustentan la demanda, los cuales, deben ser analizados por la Sala de Decisión cuando profiera la sentencia que en derecho corresponda”.

En cuanto a la acreditación sumaria de los perjuicios, sostuvo que “el demandante no señaló argumento alguno, así como tampoco aportó prueba de que estos se hubieren generado o se estuvieren causados, con lo cual los argumentos que se expusieron en la solicitud de la medida no conllevan al Despacho a evidenciar un perjuicio irremediable”.

Indicó que “la protección o restablecimiento de los perjuicios causados al actor, serán tema de estudio por parte de la Sala de decisión una vez se haya tomado la decisión acerca de la legalidad de los actos administrativos demandados, pues el restablecimiento del der echo es una cuestión consecuencial a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados”.

Señaló que “otro de los objetivos de la medida cautelar es frenar el proceso de cobro coactivo, y esto no constituye en sí mismo un perjuicio irremediable, porque el acto administrativo una vez expedido debe ejecutarse de forma inmediata tal como lo dispone el artícul o 89 del CPACA. Esa es la consecuencia de todo acto administrativo sancionatorio”.

Concluyó que “no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 231 de la Ley 1437 de

el artícul o 89 del CPACA. Esa es la consecuencia de todo acto administrativo sancionatorio”.

Concluyó que “no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 para decretar la suspensión provisional de los actos demandados, y, por ende, se negará tal solicitud”.4

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III. RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia anterior , con fundamento en las siguientes razones:

Reiteró que están acreditados los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437, por cuanto: (i) la demanda está razonablemente fundada en derecho, porque el acto acusado es abiertamente nulo por estar en contravía de la Constitución y la ley al adjudicar responsabilidad objetiva; (ii) se demostró, sumariamente, la titularidad de los derechos invocados, dado que, sobre el demandante recae los efectos del acto acusado; y (iii) que de no concederse la medida se cause un perjuicio irremediable, pues se ha vulnerado sus derechos al trabajo, vida digna, igualdad.

Precisó que el requisito al que aludió el tribunal consistente en hacer un comparativo entre los actos administrativos acusados y las normas supuestamente vulneradas, está acreditado:

[…] en la medida que, de las pruebas aportadas con el libelo genitor, esto es, el expediente administrativo de la actuación, que se solicitó que fuera decretado como prueba en este

acreditado:

[…] en la medida que, de las pruebas aportadas con el libelo genitor, esto es, el expediente administrativo de la actuación, que se solicitó que fuera decretado como prueba en este trámite donde constan las irregularidades que a nuestro juicio existieron al mo mento de la valoración probatoria [que] no estableció inequívocamente la existencia del nexo causal entre la conducta de mi representado y el daño patrimonial que se le enrostra, por tanto s í existe la contraposición pregonada por este despacho y es señalada por el suscrito en el escrito […].

Agregó que la acreditación sumaria de los perjuicios reclamados “se encuentran suficientemente soportados per se, puesto que el hecho de que fuese condenado como responsable fiscal, y su inscripción en el reporte del boletín de responsables fiscales hacen que a mi mandante se vea perjudicado en su pecunio, ya que deriva su sustento, de la empresa creada por él, la cual se dedica a la construcción de obras civiles, y también a su labor como docente universitario”.

Adujo que “por tanto, al ser sumaria, y que no requiere elucubraciones técnicas ni de peritaje, dicha acreditación es plena tal y como fue planteada en el escrito de medidas cautelares allegada”

Concluyó que “así las cosas, y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, es palmario concluir que, en el presente caso convergen todos los requisitos necesarios para la prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, dentro del presente proceso”.

IV. TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

palmario concluir que, en el presente caso convergen todos los requisitos necesarios para la prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, dentro del presente proceso”.

IV. TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada descorrió el traslado del recurso y sostuvo que “se opone a que el recurso sea concedido y, en caso de que se considere procedente, se niegue la apelación y que el auto proferido por el Tribunal de primera instancia sea confirmado en todas sus partes”.

Explicó que el apelante incumpl ió con el requisito establecido en el artículo 244 del CPACA, “en la medida en que no sustenta en debida forma el recurso. En efecto,5

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conforme al numeral 3 de la disposición citada, no es suficiente con que el recurso sea interpuesto, sino que es un imperativo legal, sustentarlo”.

Agregó que “el solicitante se limita a reiterar los mismos exiguos planteamientos que se presentaron como anexo a la demanda. En otras palabras, NO existe una sola propuesta conceptual que se oponga a la postura del Tribunal”.

De otro lado, expuso que, “en el eventual caso de que se concluya que los planteamientos del recurso son suficientes para derivar su sustentación, para la CGR no existe un solo argumento que permita inferir que la solicitud de suspensión provisional cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA”.

Concluyó que “es suficiente con revisar las diferentes actuaciones adelantadas por la

argumento que permita inferir que la solicitud de suspensión provisional cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA”.

Concluyó que “es suficiente con revisar las diferentes actuaciones adelantadas por la CGR para inferir que los actos administrativos dictados dentro del proceso de responsabilidad fiscal garantizaron los derechos de las partes, están soportados con inferencias y silogismos de hecho y de derecho, y están sustentados en la Constitución Política, en especial el artículo 268-5 y la ley 610 de 2000”.

V. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

El magistrado sustanciador, por auto de 10 de marzo de 2025, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al Consejo de Estado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia y oportunidad

Esta Sala de Decisión, en virtud de lo previsto en el literal h)3 del numeral 2. del artículo 1254 de la Ley 1437 y en el numeral 5.5 del artículo 2436 ibidem, es competente para resolver el recurso de apelación instaurado contra el auto de 20 de enero de 2025.

3 “[…] Artículo 125 . De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […]

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […] h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. […]”. 4 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

instancia esta decisión será de ponente. […]”. 4 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 5 “[…] Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […]

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. […]”. 6 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080.6

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El auto objeto de impugnación se notificó por estado el 29 de enero de 20257, por lo que, al haberse instaurado el recurso de apelación el 3 de febrero de 2025 8, fue radicado oportunamente9.

2. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Uno de los motivos que inspiraron la expedición de la Ley 1437, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez , siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

El artículo citado supra previó que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier

judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

El artículo citado supra previó que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier estado del proceso ; ii) a petición de parte y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Aunado a lo anterior, el artículo 230 de la Ley 1437, clasifica las medidas cautelares en : i) preventivas , cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas , que buscan evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante , y iv) de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de suspensión temporal de los efectos de una decisión administrativa.

3. La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el proceso contencioso administrativo, se encuentra la de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes de la Ley 1437 . Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho10 (…)”11.

transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho10 (…)”11.

Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 de la Ley 1437 para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, la Sección Primera de esta Corporación ha precisado que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris 12, y

7 Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia. 8 Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia. 9 De acuerdo con lo establecido en el numeral 3. del artículo 244 de la Ley 1437, cuando la decisión es notificada mediante estado, el recurso de apelación deberá sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 10 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo. Contencioso Administrativo, T.III, 3ª reimp., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.482. 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de 13 de mayo de 2015. Radicación núm.: 11001 -03-26-000-2015-00022-00 (53057). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 12 Apariencia de buen derecho.7

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Demandante: Manuel Alejandro Grimaldos Mojica

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12 Apariencia de buen derecho.7

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(ii) periculum in mora 13, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas14.

En tal sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 27 de mayo de 202115, consideró lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, […] [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] (negrilla fuera del texto).

4. Caso concreto

Corresponde determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los

del texto).

4. Caso concreto

Corresponde determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del siguiente acto administrativo: auto ORD - 801119 - 029 - 2024 de 15 de febrero de 2024.

Como consecuencia de lo anterior, si se confirma, revoca o modifica el auto de 20 de enero de 2025.

En el auto impugnado se negó la solicitud de medida cautelar, con sustento en que el demandante no cumplió con los requisitos de comparar los actos acusados con las normas superiores supuestamente vulneradas; de argumentar las razones por las que resultaba más gravoso que continúen los efectos del acto administrativo y no esperar a que se profiera decisión de fondo; ni se demostró que exista peligro para la efectividad de la sentencia, en caso de no acceder se a la medida. Por último, se consideró que no se aportó prueba que acredit ara los perjuicios económicos que el acto censurado ocasiona al actor.

La parte demandante apeló la decisión con fundamento en que sí están cumplidos los requisitos del artículo 231 de la Ley 1437 , que según indicó son: que la demanda esté razonablemente fundada en derecho ; que el demandante haya demostrado, sumariamente, la titularidad de los derechos invocados ; y que de no concederse la medida se cause un perjuicio irremediable. Además, alegó que el tribunal consideró que se omitió acreditar el requisito de comparar el acto acusado con las normas supuestamente vulneradas, el cual adujo se verifica con las “pruebas aportadas con el

medida se cause un perjuicio irremediable. Además, alegó que el tribunal consideró que se omitió acreditar el requisito de comparar el acto acusado con las normas supuestamente vulneradas, el cual adujo se verifica con las “pruebas aportadas con el libelo genitor, esto es, el expediente administrativo de la actuación […] donde constan las irregularidades que a nuestro juicio existieron al momento de la valoración probatoria [que] no estableció inequívocamente la existencia del nexo causal entre la conducta de

13 Perjuicio de la mora. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de

2020. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Radicación núm.:

54001-23-33-000-2018-00285-01. CP. Oswaldo Giraldo López.8

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mi representado y el daño patrimonial que se le enrostra” . Por último, sostuvo que los perjuicios están acreditados sumariamente con la “condena” como responsable fiscal y su reporte en el boletín de responsables fiscales.

En ese contexto, cont rario a lo señalado por la Contraloría al descorrer el t raslado del recurso, se advierte que el demandante sí sustentó la apelación en que los requisitos para acceder a la medida estaban cumplidos y, particularmente, frente a la vulneración

recurso, se advierte que el demandante sí sustentó la apelación en que los requisitos para acceder a la medida estaban cumplidos y, particularmente, frente a la vulneración de norma superior, adujo que este elemento se desprende d e la indebida valoración probatoria en la que incurrieron los actos acusados, ya que no se estableció la existencia del nexo causal entre la conducta reprochada y el daño patrimonial.

Ahora, para determinar si están cumplidos los requisitos para acceder a la medida, se recuerda que el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo , la suspensión provisional de los efectos procederá por la violación de norma superior, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como infringidas y, además, si se pretende el restabl ecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá probarse sumariamente la existencia de estos.

Luego, cuando se persigue como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto que se pretende sea declarado nulo, el primero de los requisitos que deberá examinarse es la infracción de norma superior, esto es, un examen inicial de la legalidad del acto, y, de manera posterior y en los casos en los que se persiga el restablecimiento del derecho, el requisito sobre la acreditación sumaria de los perjuicios causados.

En ese sentido, no le asiste razón al recurrente cuando en el recurso de apelación sostiene que el requisito de vulneración de norma superior se sustenta en la indebida valoración probatoria en la que incurrieron los actos acusados porque no se estableció el

En ese sentido, no le asiste razón al recurrente cuando en el recurso de apelación sostiene que el requisito de vulneración de norma superior se sustenta en la indebida valoración probatoria en la que incurrieron los actos acusados porque no se estableció el nexo causal entre la conducta reprochada y el daño patrimonial endilgado.

Lo anterior, por cuanto , de la precitada argumentación que el solicitante formuló en el recurso de apelación para cumplir con el requisito previsto en el artículo 231 del CPACA y la sustentación del escrito inicial de la solicitud de la medida, no se advierte que el requisito de infracción de norma superior surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas , tal y como lo establece el artículo 231 ibidem.

Por el contrario, el apelante pretende acreditar el mencionado requisito señalando que en los actos acusados se incurrió en una indebida valoración probatoria, dado que, no está probado el nexo causal entre la conducta y el daño patrimonial endilgado, que no se probó la culpabilidad y que no se identificó a que título se imputó la conducta , lo que considera, conduce a que se le haya sancionado con una responsabilidad de tipo objetivo; sin embargo, se tratan de reproches que se traducen en que para determinar la ilegalidad del acto acusado deba examinarse la valoración probatoria que hizo la parte demandada para expedir los actos controvertidos, lo que no es propio de la medida cautelar, puesto que, como se ha indicado el requisito que el legislador ha establecido para su procedencia es que la infracción de norma superior debe partir del análisis acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas.

que, como se ha indicado el requisito que el legislador ha establecido para su procedencia es que la infracción de norma superior debe partir del análisis acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y9

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expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida, omitiendo la confrontación normativa16.

De otro lado, la Sala precisa que, en el escrito inicial de la solicitud de medida cautelar, el aquí apelante sostuvo que “me permito recalcar los motivos que en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se adujeron”.

Sin embargo, revisada la demanda, se advierte que la pretensión de nulidad de los actos acusados se sustenta en los mismos términos expuestos en el escrito de solicitud de medida cautelar y en el recurso de apelación, esto es, la indebida valoración probatoria en que la Contraloría General de la República incurrió al expedir los actos demandados, circunstancia que la parte actora estima se traduce en que no se probó el nexo causal ni la culpabilidad por lo que se le sancionó con un sistema de responsabilidad objetiva que no está permitido.

En ese sentido, aunque en el recurso de apelación, el solicitante no discute que el

la culpabilidad por lo que se le sancionó con un sistema de responsabilidad