CE - Auto interlocutorio 25000234200020200005402 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., uno (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25-000-23-42-000-2020-00054-02 (1199-2024)

Demandante: Clara Elena Barrios Labatón

Demandado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Tema: Reconocimiento y pago de salarios por suspensión en el ejercicio del cargo por orden de autoridad judicial penal.

AUTO INTERLOCUTORIO

1. Encontrándose el expediente al despacho para resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte accionada, se advierte una situación que impide continuar con el trámite en e sta instancia.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las decisiones administrativas que le negaron a la accionante las reclamaciones laborales por ella presentada.

3. A título de restablecimiento del derecho se requirió el reconocimiento de los siguientes emolumentos: salarios, cesantías, intereses a las cesantías, reajustes,

presentada.

3. A título de restablecimiento del derecho se requirió el reconocimiento de los siguientes emolumentos: salarios, cesantías, intereses a las cesantías, reajustes, primas legales y extralegales, incentivo mensual, prima de vacaciones, intereses moratorios y aportes a la seguridad social en el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2017 y el 24 de agosto de 2018.

4. Hechos. Indicó la actora que con ocasión a la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que le fue impuesta en el proceso penal adelantado en su contra por el punible de «[f]avorecimiento por servidor público en concurso con cohecho propio», la DIAN la suspendió en el ejercicio del cargo.

5. Que al recobrar la libertad fue reintegrada a su empleo, pero nunca se ordenó el pago de los emolumentos causados en el periodo en se mantuvo dicha suspensión. Que las reclamaciones elevadas en tal sentido fueron negadas a través de los actos administrativos demandados.Radicado: 25-000-23-42-000-2020-00054-02 (1199-2024)

Demandante: Clara Elena Barrios Labatón

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6. La sentencia de primer grado1. Se trata de la providencia de 23 de noviembre de 2023, a través de la cual la Subsección “D” de la Sección Segunda d el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca:

1. Declaró no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por la DIAN.

Administrativo de Cundinamarca:

1. Declaró no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por la DIAN.

1. Anuló el acto administrativo demandado y, consecuentemente, ordenó pagar a la demandante los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que permaneció suspendida de su empleo por orden judicial y;

1. Ordenó el pago de las cotizaciones a los fondos de pensiones y cesantías a los que se encontraba afiliada la actora.

7. Con tales propósitos, el tribunal concluyó lo siguiente:

1. No operó la caducidad del medio de control, pues lo reclamado concierne a los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por una servidora pública que mantiene vigente su relación laboral con el ente accionado. Por tanto, es claro que se trata de prestaciones periódicas frente a las cuales no se activa el aludido fenómeno extintivo.

1. La DIAN si es la llamada a responder por los salarios y prestaciones sociales exigidos en la demanda, pues como empleador de la actora no solo cumplió con la orden de suspensión en el ejercicio del empleo dictaminada por una autoridad penal, sino también ejecutó la de reintegro, luego del levantamiento de la medida de restricción de libertad que imperaba en contra de aquella. Por tanto, tales situaciones, al no tener la fuerza suficiente para romper el vínculo laboral existente, obligan a la entidad, una vez superadas todas las condiciones resolutorias y suspensivas pertinentes, a pagar los emolumentos salariales causados durante la época de limitación en el ejercicio del cargo.

existente, obligan a la entidad, una vez superadas todas las condiciones resolutorias y suspensivas pertinentes, a pagar los emolumentos salariales causados durante la época de limitación en el ejercicio del cargo.

1. De conformidad con la jurisprudencia vigente en la Sección Segunda del Consejo de Estado, el servidor público suspendido en el ejercicio de su cargo por orden de una autoridad penal tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales causados durante el respectivo periodo, siempre y cuando el proceso penal finalice con una decisión favorable a sus intereses.

1. En el caso actual quedó demostrado que mediante sentencia de 2 de mayo de 2019, el Juzgado 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a la demandante de los delitos por los que era procesada, razón suficiente para pregonar que le asiste el derecho al pago de los emol umentos salariales reclamados.

1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo «4ED_25000234200020200005(.zip) NroActua 2», documento denominado «41 Sentencia 1ra Inst».Radicado: 25-000-23-42-000-2020-00054-02 (1199-2024)

Demandante: Clara Elena Barrios Labatón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) No proceden los intereses moratorios reclamados por el pago tardío de los salarios y prestaciones sociales, pues tales sumas están siendo reconocidas en la sentencia, debidamente indexadas, por lo que, acceder a ello, imp lica un doble pago por el mismo concepto.

salarios y prestaciones sociales, pues tales sumas están siendo reconocidas en la sentencia, debidamente indexadas, por lo que, acceder a ello, imp lica un doble pago por el mismo concepto.

8. El recurso de apelación2. Contra esa decisión, el abogado de la DIAN presentó recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:

1. Con el oficio del 19 de junio de 2019 -demandado en este asunto - la parte actora pretendió revivir los plazos para la presentación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , pues el 13 de marzo de ese año se le había notificado una respuesta negativa similar. Por consiguiente, para el 18 de septiembre de ese año, data en la que fue radicada la solicitud de conciliación extrajudicial, ya había operado la caducidad.

1. La condena impuesta no atendió los parámetros que sobre el particular han sido fijados por el Consejo de Estado, pues quedó demostrado que la actora no fue absuelta, sino que, por el contrario, su libertad la obtuvo por vencimiento de términos y;

1. Nunca se debió negar el llamamiento en garantía de las autori dades que intervinieron en el proceso penal, pues son ellas las encargadas de responder por las pretensiones de la demanda, dada la inoperancia en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, la DIAN no puede asumir ninguna responsabilidad por actuaciones ajenas a su competencia.

II. CONSIDERACIONES

9. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora demandó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados en el periodo que, con ocasión de la medida de aseguramiento que le fue

9. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora demandó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados en el periodo que, con ocasión de la medida de aseguramiento que le fue impuesta, permaneció suspendida del ejercicio del cargo.

10. Sin embargo, y teniendo presente lo reglado en el artículo 138 del C.P.A.C.A.3, se concluye que el citado instrumento se activa en la medida en que el derecho cuyo restablecimiento se exige haya sido lesionado a través de un acto administrativo.

11. Por tanto, es dable pregonar que , aunque la DIAN emitió una decisión administrativa en la que decretó la suspensión en el ejercicio del cargo de la actora -con las consecuencias ya conocidas sobre sus salarios y prestaciones sociales -, tal acto no fue el que produjo la lesión del derecho que hoy se pretende restablecer, pues esa surgió como cumplimiento de la orden impartida por el juez penal.

2 Ejusdem, documento denominado «43RecursoApelasionDIAN». 3 Que a letra dice que «[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho […]».Radicado: 25-000-23-42-000-2020-00054-02 (1199-2024)

Demandante: Clara Elena Barrios Labatón

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12. Es decir, la demandada no tenía una opción distinta a la de suspender a su

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12. Es decir, la demandada no tenía una opción distinta a la de suspender a su trabajadora durante el tiempo de vigencia de la medida restrictiva de su libertad; de ahí que, una vez levantada aquella la reintegró al servicio, pues la decisión penal no tenía la fuerza suficiente para romper el vínculo laboral.

13. Por lo que sigue, y como quiera que la cesación de pagos salariales y prestacionales cuyo restablecimiento es exigido tuvo su génesis en los presuntos hechos y/u omisiones en que incurrieron las autoridades que intervinieron en el trámite del proceso penal , se concluye que tal situación fáctica se vincula inescindiblemente a los supuestos que activan el medio de control de reparación directa contemplado en el artículo 140 del C.P.A.C.A.4

14. Así las cosas, se declarará que la parte demandante encausó sus pretensiones a través de un medio de control que no correspondía. En consecuencia, se ordenará remitir el proceso a los juzgados administrativos del circuito judicial de Bogotá

(reparto), por ser los competentes para tramitar en primera instancia el reseñado medio de control5.

15. La anterior determinación conlleva a declarar previamente la falta de competencia funcional de esta corporación para tramitar este asunto y la consecuente nulidad de: i) el auto de fecha 16 de abril de 2024 6 -que admitió el recurso de apelacióny; ii) la sentencia objeto de impugnación.

16. La nulidad de la aludida sentencia se fundamenta en lo consignado en el artículo

recurso de apelacióny; ii) la sentencia objeto de impugnación.

16. La nulidad de la aludida sentencia se fundamenta en lo consignado en el artículo 138 del C.G.P., que a la letra dice «[c]uando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

17. En consecuencia, el juzgado administrativo al que corresponda por reparto esta actuación deberá proferir una nueva sentencia, ajustada a los parámetros del medio de control de reparación directa.

18. Así las cosas y de conformidad con lo expresado, se

4 Tal dispositivo dice lo sigui ente «[e]n los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los ca sos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo

pública. En todos los ca sos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.» 5 La cuantía de las pretensiones fue estimada en $114.949.996, suma que a la fecha de presentación de la demanda -21 de enero de 2020no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época ($438.901.500). 6 Visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.Radicado: 25-000-23-42-000-2020-00054-02 (1199-2024)

Demandante: Clara Elena Barrios Labatón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR que la parte actora encausó sus pretensiones a través de un medio de control inadecuado, pues sus derechos debió reclamarlos a través del mecanismo judicial de reparación directa contemplado en el artículo 140 del C.P.A.C.A. En consecuencia, DECLARAR que e sta corporación carece de competencia funcional para tramitar este asunto, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del auto de fecha 16 de abril de 2024 -que admitió la alzada -, así como de la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2023 , proferida por la Subsección “D” de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la demanda que en ejercicio del medio de control de

admitió la alzada -, así como de la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2023 , proferida por la Subsección “D” de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del dere cho presentó la señora Clara Elena Barrios Lobatón en contra de la DIAN.

TERCERO. REMITIR el expediente a los juzgados administrativos orales del circuito judicial de Bogotá (reparto), para que asuman en primera instancia el conocimiento de este asunto y, consecuentemente, dicten la sentencia que en derecho corresponda.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.