CE - Auto interlocutorio 25000234200020220031802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Proceso ejecutivo Radicación: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Demandante: Isabel Bogotá de Martínez

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones1

Temas: Auto que resuelve recurso de apelación contra auto que modifica la liquidación del crédito

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE LIQUIDA EL CRÉDITO ________________________________________________________________

El despacho decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto del 5 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D», mediante el cual se modificó la liquidación del crédito realizada por la ejecutante.

I. ANTECEDENTES2

1. La señora Isabel Bogotá de Martínez solicitó librar mandamiento de pago a su favor y contra Colpensiones por las siguientes sumas: i) $1.147.019.706, producto del retroactivo pensional dejado de pagar por la entidad entre el 1.° de marzo de 2014 y el 31 de marzo de 2022; ii) las diferencias pensionales que se causen a su favor a partir del 1.° de abril de 2022; y iii) los intereses moratorios causados a partir del 24 de junio de 2021 (fecha de ejecutoria de la sentencia que constituye el título

favor a partir del 1.° de abril de 2022; y iii) los intereses moratorios causados a partir del 24 de junio de 2021 (fecha de ejecutoria de la sentencia que constituye el título ejecutivo). Asimismo, solicitó la inclusión de la actora en la nómina de pensionados de la entidad y que se condene a esta última en costas.

2. En cuanto a los hechos, adujo que el título ejecutivo base de recaudo en este proceso lo compone la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de marzo de 2017, que fue modificada por la sentencia del 8 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado. En síntesis, estas providencias ordenaron la reliquidación pensional de la pensión de sobrevivientes recibida por la actora en cuantía del 75 % de los factores salariales de asignación básica, sobresueldo del 20%, prima de antigüedad del 20 % y la bonificación por servicios prestados, devengados en los últimos 10 años de servicio s, entre el 3 de julio de

1 En adelante Colpensiones. 2 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.Radicado: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez 2 1991 y el 3 de julio de 2001, por el causante de la pensión, Abelardo Ernesto

Martínez Zabaleta (Q. E. P. D.).

3. La ejecutante presentó solicitud de cumplimiento ante Colpensiones el 28 de julio

1991 y el 3 de julio de 2001, por el causante de la pensión, Abelardo Ernesto Martínez Zabaleta (Q. E. P. D.).

3. La ejecutante presentó solicitud de cumplimiento ante Colpensiones el 28 de julio de 2021. La entidad, por su parte, expidió la Resolución SUB 62917 del 4 de marzo de 2022; sin embargo, la actora adujo que no se dio cumplimiento a la sentencia, ya que no se reliquidó la pensión en los términos ordenados en las sentencias que constituyen el título ejecutivo.

II. TRÁMITE PROCESAL Y ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA

4. Mediante auto del 2 de agosto de 2022, el Tribunal libró mandamiento de pago en favor de la ejecutante y contra la ejecutada por los siguientes conceptos: i) $1.141.208.576, por concepto de capital, correspondiente a retroactivo pensional; y ii) $81.476.974 por intereses moratorios.

5. Colpensiones contestó la demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito: i) inexigibilidad del título; ii) buena fe; iii) inembargabilidad de las rentas y bienes de Colpensiones; y iv) “declaratoria de otras excepciones.

6. Posteriormente, a través de sentencia del 3 de agosto de 2023 el Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución. En esta providencia se declararon improcedentes las excepciones llamadas «inexigibilidad del título», «buena fe de Colpensiones», «Inembargabilidad de las rentas y bienes de Colpensiones» y «declaratoria de otras excepciones». Asimismo, se declaró no probada la excepción de prescripción y ordenó continuar con el trámite de la liquidación del crédito.

«Inembargabilidad de las rentas y bienes de Colpensiones» y «declaratoria de otras excepciones». Asimismo, se declaró no probada la excepción de prescripción y ordenó continuar con el trámite de la liquidación del crédito.

7. La ejecutante, a través de su apoderada, presentó memorial solicitando la aprobación de la liquidación del crédito. Sus operaciones arrojaron como saldo insoluto a reconocer por la entidad ejecutada la suma de $1.952.443.391,26, por concepto de capital e intereses.

III. EL AUTO APELADO

8. El 5 de marzo de 2024 el Tribunal modificó la liquidación del crédito presentada por la ejecutante y fijó su cálculo en la suma de $1.129.552.079 por capital y $462.917.094 por intereses moratorios. Dicha suma se obtuvo de los siguientes

cálculos:

Tabla de liquidación Diferencias Pensionales $ 1.139.218.030,39 Indexación $ 133.087.770,20

Más: Intereses $ 462.917.094,06

Subtotal $ 1.735.222.894,65

Menos: Descuento salud $ 142.753.721,73

TOTAL LIQUIDACION $ 1.592.469.172,91Radicado: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez

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9. En esta decisión se decidió negar la liquidación del crédito presentada por la demandante, pues arrojó cifras superiores a las realizadas por el área contable del tribunal.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior,

demandante, pues arrojó cifras superiores a las realizadas por el área contable del tribunal.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior, con el propósito de que fuese revocada en segunda instancia.

11. Adujo que, en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado el 8 de abril de 2021, la entidad expidió la Resolución SUB -62917 del 4 de marzo de

2022. Sin embargo, la pensión reconocida a la actora supera los topes pensionales, lo que transgrede el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que le otorga ventajas irrazonables que generan un desequilibrio frente al principio de igualdad.

12. Por lo tanto, solicitó que en segunda instancia se realizara un control de legalidad del proceso ejecutivo en curso, en aras de corregir los vicios que acarrean irregularidades.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Régimen aplicable y procedencia del recurso

13. Al asunto que se resuelve le son aplicables la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones incluidas en la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012

(CGP) en lo que no se encuentre regulado en las disposiciones anteriores, por expresa remisión de los artículos 306 y 2983 del CPACA.

14. De otra parte, el recurso de apelación es procedente, pues fue interpuesto en la debida oportunidad procesal 4. En efecto, el auto que modificó la liquidación del crédito se notificó por estado el 6 de marzo de 2024 y el recurso de apelación fue

la debida oportunidad procesal 4. En efecto, el auto que modificó la liquidación del crédito se notificó por estado el 6 de marzo de 2024 y el recurso de apelación fue interpuesto al tercer día hábil, esto es, el 11 de marzo de 2024.

5.2. Competencia

15. Es competencia de esta Corporación conocer el recurso de apelación formulado en primera instancia contra el auto del 5 de marzo de 2024, conforme el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso y 26 de la Ley 2080 de 2021 respectivamente.

16. De otra parte, dado que el auto que decide el recurso de apelación contra la providencia que modifica el estado del crédito en el proceso ejecutivo no

3 Sobre la aplicabilidad del CGP en los procesos ejecutivos adelantados en esta jurisdicción el artículo en cita dice lo siguiente: «ARTÍCULO 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor (…)». 4 3 días luego de notificado el auto por estado, según los artículos 322 CGP y 244 numeral 3° CPACA.Radicado: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez 4 corresponde a la competencia de la Sala, conforme a lo dispuesto en el numeral 2

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez 4 corresponde a la competencia de la Sala, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 125 del CPACA y sus remisiones, su conocimiento recae en el despacho del magistrado ponente, en los términos del numeral 3 ibidem, según el cual: «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia (…)».

5.3. Problema jurídico

17. Consiste en determinar ¿si las mesadas pensionales reconocidas y pagadas a la actora superan los topes pensionales establecidos por la legislación vigente y, por tanto, merece ser corregido el monto de la obligación a reconocer?

5.4. De la liquidación del crédito

18. Debe recordarse que es en este escenario en el que se concreta el estado actualizado del crédito, a partir de operaciones puramente aritméticas que definen las cifras a las que asciende la obligación por los conceptos determinados en la orden de seguir adelante con la ejecución (a saber: capital, intereses, costas, etc.).

19. En consecuencia, la liquidación debe sujetarse a los parámetros de la obligación ejecutada fijados en el mandamiento ejecutivo y en el auto o la sentencia que resolvió las excepciones. En otras palabras, la apertura de esta etapa impide que se discutan nue vamente aspectos sustanciales o formales del título, es decir, que se reabran debates ya precluidos, como los realizados en la sentencia que resuelve las excepciones de mérito.

20. En ese sentido, el artículo 446 del CGP dispone que, ejecutoriado el auto que

se reabran debates ya precluidos, como los realizados en la sentencia que resuelve las excepciones de mérito.

20. En ese sentido, el artículo 446 del CGP dispone que, ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva las excepciones cuando no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito, con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, y adjuntando —si fueren necesarios— los documentos que sustenten los abonos o pagos parciales que se hubieran efectuado luego de ser notificado el mandamiento ejecutivo5.

21. A su turno, el inciso 2 del artículo 446 establece que de la liquidación presentada se correrá traslado por secretaría a la otra parte, en la forma prevista en el artículo 110 del CGP, por el término de tres (3) días. Dentro de ese lapso, solo podrán formularse objeciones relativas al estado de cuenta, para lo cual deberá acompañarse, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales atribuidos a la liquidación objetada.

22. Vencido el traslado, el juez que conoce del proceso decidirá si aprueba o modifica la liquidación mediante auto, el cual solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso se tramitará en efecto

5 Auto del 31 de julio de 2019, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso se tramitará en efecto

5 Auto del 31 de julio de 2019, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 25000-23-42-000-2015-06054-02 (0626-19)Radicado: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez 5 diferido, de modo que no impedirá el remate de bienes ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no sea objeto de apelación.

23. Se destaca que la apelación que se presente contra el auto que modifica la liquidación del crédito debe cumplir con la carga de indicar los posibles yerros que, a juicio del recurrente, pudo incurrir el a quo en las operaciones aritméticas realizadas para arribar al saldo final de la obligación . Esto garantiza que el debate en esta etapa se finque sobre las cifras del crédito y no sobre aspectos sustanciales ya precluidos.

24. Por último, el artículo 447 del Código General del Proceso dispone que, si lo embargado se trata de dinero, el juez entregará dicha suma al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado siempre y cuando se encuentre ejecutoriado el auto que aprueba la liquidación del crédito6.

5.5. Caso concreto

25. Para resolver la apelación, se recuerda que Colpensiones, en su recurso, indicó que la mesada pensional reconocida a la actora supera el tope pensional establecido constitucionalmente, lo que vulnera el principio de sostenibilidad

25. Para resolver la apelación, se recuerda que Colpensiones, en su recurso, indicó que la mesada pensional reconocida a la actora supera el tope pensional establecido constitucionalmente, lo que vulnera el principio de sostenibilidad financiera del sistema y el principio de igualdad.

26. Al respecto, debe recordar la Sala Unitaria que la etapa de liquidación del crédito se erige como el escenario en el que se determina el estado real y definitivo del saldo insoluto en favor del acreedor.

27. Por lo tanto, el CGP dispone que la carga procesal de las partes consiste en presentar la liquidación del crédito, objetarla —si es el caso— permitir que, por su parte, el juzgador apruebe la liquidación, resuelva las objeciones presentadas o modifique el crédito de oficio en los términos que considere procedentes, siempre teniendo en cuenta que en su providencia es necesario desarrollar las operaciones aritméticas del caso que permitan arrojar el estado real de la obligación y sus intereses.

28. Para el Despacho, el recurso de apelación contra la providencia que modifica la liquidación del crédito debe igualmente cumplir con la carga procesal de exponer, de manera aritmética, las discrepancias que se tengan con los motivos del a quo para arribar a una cifra consolidada del crédito.

29. Esto, pues se reitera , esta etapa del proceso ejecutivo se limita únicamente a detallar los montos finales de la obligación, lo que impide que se reabran nuevamente debates sustanciales respecto de los factores, conceptos o valores que se deben tener en cuenta o no en la obligación.

detallar los montos finales de la obligación, lo que impide que se reabran nuevamente debates sustanciales respecto de los factores, conceptos o valores que se deben tener en cuenta o no en la obligación.

6 «Entrega de dinero al ejecutante. Cuando lo embargado fuere dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del crédito o las costas, el juez ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensión periódica, se ordenará entregar al acreedor lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros que se retengan hasta cubrir la totalidad de la obligación.»Radicado: 25000-23-42-000-2022-00318-02 (2574-2024)

Ejecutante: Isabel Bogotá de Martínez

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30. Bajo ese marco, nótese que el recurrente expone en su recurso que la mesada pensional reconocida a la demandante es superior al tope pensional; no obstante, además de ello, no realiza las operaciones matemáticas del caso que permitan evidenciar las supuestas inconsistencias de la reliquidación pensional realizada en el curso del proceso, ni mucho menos precisa a cuánto asciende monetariamente la alegada vulneración al principio de sostenibilidad financiera por el pago de estos factores.

31. En ese sentido, no es claro que el recurso de apelación haya soportado de forma clara y razonable la premisa que se persigue, esto es, que en el presente caso existe un detrimento causado por el reconocimiento pensional a la demandante . Como tampoco se aprecian argumentos y operaciones que desvirtúen los criterios

clara y razonable la premisa que se persigue, esto es, que en el presente caso existe un detrimento causado por el reconocimiento pensional a la demandante . Como tampoco se aprecian argumentos y operaciones que desvirtúen los criterios utilizados por el a quo para arribar a la conclusión en el auto apelado de que el crédito ascendía a $1.129.552.079 por capital y $462.917.094 por intereses.

32. Ahora bien, en todo caso, la Sala encuentra que, realizadas las operaciones aritméticas del caso, no se observa que las mesadas pensionales reliquidadas y que, de acuerdo con la liquidación del crédito, se adeudan a la demandante, sean superiores al límite constitucional de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme lo establece el parágrafo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que no le asiste razón, en todo caso, al recurrente7.

33. Por lo anterior, se confirmará el auto del 5 de marzo de 2024 proferido por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 5 de marzo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D», mediante la cual se modificó la liquidación del crédito presentada por la ejecutante, conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

7 En efecto, se toma como ejemplo la mesada pensional actualizada con el IPC que debió recibir la ejecutante en el año 2014, que asciende a $11.727.187,18, conforme los factores salariales reconocidos en la sentencia base de recaudo, los cuales fueron tenidos en cuenta por el tribunal en el auto apelado. El salario mínimo legal mensual vigente para este año fue de $616,000 que 25 veces equivale $15.400.000, es decir, una cifra superior a la mesada pensional que durante el 2014 debió recibir la actora. Realizada esta operación durante todo el periodo de reconocimiento pensional da los mismos resultados, es decir, una mesada inferior al tope pensional de 25 salarios.