CE - Auto interlocutorio 25000234200020230030001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente : 25000-23-42-000-2023-00300-01 (5725-2024)

Demandante : Jhon Santos Quintero Landinez y otros1

Demandado : Procuraduría General de la Nación Actuación : Apelación automedida cautelar de suspensión provisional

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de los demandantes contra el auto del 30 de mayo de 2024, por medio del cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D 2 negó la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al señor Jhon Santos Quintero Landinez con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El señor John Santos Quintero Landinez, por intermedio de apoderad o judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declare la nulidad del fallo sancionatorio del 13 de enero de 20213, del auto del 19 de diciembre de 20224 y de

Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declare la nulidad del fallo sancionatorio del 13 de enero de 20213, del auto del 19 de diciembre de 20224 y de la providencia del 6 de enero de 2023 5, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento de perjuicios morales en cuantía equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, pidió la adopción de medidas restaurativas consistentes en un acto de disculpas públicas, la publicación y divulgación en los medios electrónicos

1 Nhora Milena Durán Rueda, Andrés Julián Quintero Durán y Juan Sebastián Quintero Durán. 2 Magistrado Cerveleón Padilla Linares. 3 Proferido por el Procurador General de la Nación (de la época) 4 Proferido para la Sala de doble conformidad de la Procuraduría General de la Nación. 5 Proferido por el Despacho del Viceprocurador General de la Nación Encargado de Funciones de Procurador General de la Nación.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

Actor: Jhon Santos Quintero Landinez y Otros

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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institucionales (redes sociales y página web) de la providencia que decrete la nulidad de los actos administrativos demandados, y las demás que se estimen

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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institucionales (redes sociales y página web) de la providencia que decrete la nulidad de los actos administrativos demandados, y las demás que se estimen conducentes para resarcir el daño causado a su buen nombre e integridad moral.

1.2. De la solicitud de medida cautelar6

La parte actora solicitó la suspensión provisional del fallo sancionatorio del 13 de enero de 2021, del auto del 19 de diciembre de 2022 y de la providencia del 6 de enero de 2023, mediante los cuales se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, dentro del proceso disciplinario identificado con radicado IUS 2015-372165 / IUC-D-2015-139-809793.

La petición de suspensión provisional se fundamenta en dos motivos principales de inconformidad que, según el solicitante, justifican la adopción de la medida cautelar:

a) Prescripción de la acción disciplinaria

Alega la apoderada que los fallos disciplinarios fueron proferidos por fuera del término legal de prescripción contemplado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, el cual establece un plazo de cinco años para que se emita una decisión en firme dentro del proceso disciplinario. En este caso, según expone, la apertura de investigación formal ocurrió mediante auto del 30 de octubre de 2015, por lo que la decisión en firme debió proferirse antes del 30 de octubre de 2020. Sin embargo:

• El fallo inicial del 14 de noviembre de 2018 absolvió de responsabilidad al

decisión en firme debió proferirse antes del 30 de octubre de 2020. Sin embargo:

• El fallo inicial del 14 de noviembre de 2018 absolvió de responsabilidad al señor QUINTERO. • Dicha decisión fue modificada posteriormente por la Procuraduría mediante providencia del 13 de enero de 2021, es decir, más de dos meses después de haber operado la prescripción. • Dicha revocatoria fue producto de un recurso de reposición presentado por la Corporación Anticorrupción Internacional (CORACI), entidad que, según el solicitante, no estaba legitimada para intervenir en el proceso.

En consecuencia, según la apoderada del extremo demandante, la decisión sancionatoria fue emitida por fuera del término legal, lo cual vicia de nulidad el acto y constituye una actuación extemporánea y sin competencia material por parte de la Procuraduría.

6 Presentada en el escrito de la demanda folios 47 a 51. Ver índice 002 de Samai. Primera instancia.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

Actor: Jhon Santos Quintero Landinez y Otros

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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b). Vulneración al debido proceso y demás garantías constitucionales

El segundo fundamento de la solicitud se refiere a múltiples afectaciones al debido proceso, en sus modalidades de derecho de defensa, contradicción, presunción de inocencia y favorabilidad , cometidas a lo largo del procedimiento disciplinario, específicamente:

• Negación del derecho a la doble conformidad , al revocarse la decisión absolutoria sin brindar oportunidad efectiva de defensa frente a los nuevos

inocencia y favorabilidad , cometidas a lo largo del procedimiento disciplinario, específicamente:

• Negación del derecho a la doble conformidad , al revocarse la decisión absolutoria sin brindar oportunidad efectiva de defensa frente a los nuevos cargos o pruebas. • Falta de legitimidad de la ent idad que interpuso el recurso contra el fallo absolutorio. • Imposición de una sanción de destitución e inhabilidad por diez años, sin que existiera competencia temporal para ello ni posibilidad real de contradicción.

El solicitante considera que permitir l a ejecución de estas decisiones viciadas genera un perjuicio grave y continuado contra su representado, afectando su buen nombre, su derecho al trabajo y su acceso a cargos públicos. Además, se resalta que conceder la suspensión sería menos lesivo para el interés público que mantener vigentes actos administrativos presuntamente ilegales, máxime cuando estos han sido cuestionados judicialmente.

Con base en lo anterior, sostiene que la solicitud cumple con todos los requisitos del artículo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar, por lo que se pide al despacho decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos mencionados.

1.3. Oposición a la medida cautelar7

La Procuraduría General de la Nación se opuso a la solicitud de suspensión provisional, argumentando que los cargos de ilegalidad formulados en la demanda son de naturaleza interpretativa y constituyen el objeto mismo del litigio, razón por la cual, alegó que no procede el decreto de la medida cautelar en esta etapa procesal, al no evidenciarse una contradicción palmaria entre los actos acusados y

son de naturaleza interpretativa y constituyen el objeto mismo del litigio, razón por la cual, alegó que no procede el decreto de la medida cautelar en esta etapa procesal, al no evidenciarse una contradicción palmaria entre los actos acusados y las normas superiores.

Sostuvo que la solicitud carece de vocación de prosperidad, en tanto: (i) el fallo disciplinario contiene fundamentos jurídicos suficient es y se sustentó en una

7 Ver índice 0023 de Samai. Primera instancia.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

Actor: Jhon Santos Quintero Landinez y Otros

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valoración razonable del acervo probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica; (ii) la presunta vulneración al debido proceso se basa en una apreciación subjetiva de la parte actora, dado que al disciplinado se le garantizaro n los derechos de defensa y contradicción sin desconocimiento de las garantías establecidas en la Ley 734 de 2002; y (iii) los perjuicios alegados corresponden a las consecuencias legales derivadas de la imposición de las sanciones, dentro del marco del procedimiento disciplinario establecido.

1.4. Providencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección D , mediante auto del 30 de mayo de 20248, negó la solicitud de suspensión provisional del fallo sancionatorio del 13 de enero de 2021, del auto del 19 de diciembre de 2022 y la providencia del 06 de enero de 2023, mediante los cuales se le declaró

del fallo sancionatorio del 13 de enero de 2021, del auto del 19 de diciembre de 2022 y la providencia del 06 de enero de 2023, mediante los cuales se le declaró disciplinariamente responsable a Jhon Santos Quintero Landinez y se le impuso la sanción de desti tución e inhabilidad general por el término de 10 años . Para el efecto, expuso:

«El Despacho observa que en el sub examine no se dan los presupuestos señalados en el artículo 231 del C. P. A. C. A., para efectos de acceder al decreto de la medida provisional de suspensión provisional del acto acusado, como quiera que al analizar dichos actos y confrontarlos con las normas señaladas como violadas en el acápite respectivo del libelo demandatorio, en el cual se cita como trasgredido el artículo 29 y 31 de la Constitución Política; artículos 6 y 14 de la Ley 734 de 2002; artículos 12 y 102 de la Ley 1952 de 2019 y el Decreto Ley 262 de 2000, no surge la violación alegada.

Lo anterior, debido a que como se aprecia en el proceso al demandante se le abrió investigación disciplinaria el 30 de octubre de 2015 por hacer parte junto con el coronel Flavio Heriberto Mesa Castro y el coronel Ciro Carvajal Carvajal, secretario general de la reunión programada el 8 de mayo de 2015, en la secretaria general de la Policía Nacional, a la cual se citó al teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal, y haciendo uso de su conocimiento en materia disciplinaria asesoró al teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal, en el sentido de cómo defenderse ante la inspección general de la

Nacional, a la cual se citó al teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal, y haciendo uso de su conocimiento en materia disciplinaria asesoró al teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal, en el sentido de cómo defenderse ante la inspección general de la Policía que lo investigaba dentro del proceso disciplinario INSGE 2014 -103 e influyó en él para que se retractara de las graves acusaciones que le hiciera al general Rodolfo Palomino López, en el oficio de 5 de mayo de 2015.

Falta que fue calificada como gravísima , conforme a lo establecido en el numeral 42 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, cometida a título de dolo, por lo cual considera en despacho que si existían elementos suficientes para dar inicio a la acción disciplinaria.

Ahora, en cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria alegada por el demandante, se tiene que el artículo 30 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, establece:

“ARTÍCULO 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en c inco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.

8 Expediente digital en Samai. Gestión otros despachos. Índice 0027 de la primera instancia.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

Actor: Jhon Santos Quintero Landinez y Otros

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un sólo proceso, la prescripción de las acciones se cumple in dependientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.”

Por su parte, el Consejo de Estado 9 ha aclarado que el termino prescriptivo de la acción disciplinaria se interrumpe con el fallo de primera instancia y no con el auto que resuelve los recursos interpuestos contra este, es decir, que la autoridad disciplinaria dentro de los cinco (5) años s iguientes al cometimiento de la conducta investigada únicamente debía concluir la actuación administrativa, esto es, expedir y notificar el fallo de primera o única instancia.

Así las cosas, se encuentra que mediante Auto del 30 de octubre de 2015 se dio apertura a la investigación disciplinaria, por lo cual la Procuraduría General de la Nación tenía hasta el 30 de octubre de 2020, para proferir el fallo y notificarlo. Así, revisadas las pruebas obrantes se observa que el fallo de primera instancia se profirió el 14 de noviembre de 2018, el cual se notificó el 10 de diciembre de 2018, razón por la cual, se tiene que no operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

el 14 de noviembre de 2018, el cual se notificó el 10 de diciembre de 2018, razón por la cual, se tiene que no operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

En este orden, no se evidencia argumentación ni elementos probatorios que permitan determinar las razones por las cuales el efecto de los actos administrativos demandados, estén generando una vulneración al ordenamiento jurídico que amerite su suspensión, debido que para la suspensión de un acto administrativo se requiere que se demuestre la existencia del perjuicio alegado hasta el punto de que el operador jurídico de entrada pueda percibirlo como real y para considerarlo probado sólo falte que aquél supere la contradicción, lo cual no ocurre en el presente caso.

Así mismo, n o se probó siquiera sumariamente la existencia de los perjuicios reclamados, tal como lo prevé la parte final del inciso primero del artículo 231 del C.

P. A. C. A., razón por la cual no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

Al respecto, el Despacho comparte lo señalado por el doctrinante Juan Ángel Palacio Hincapié10, cuando señala que: «No puede declarase la suspensión en estos eventos si la solicitud no se acompaña de la prueba sumaria, la cual pude consistir en u n documento público, en declaraciones extrajuicio o un dictamen pericial.»

De igual manera, el consejo de estado en su reiterada jurisprudencia ha manifestado que solo es procedente la suspensión provisional cuando el quebranto de las normas que se invocan como vulneradas se evidencie de la simple comparación entre estas y el acto acusado, sin necesidad de acudir a razonamientos profundos y complejos, ya

que solo es procedente la suspensión provisional cuando el quebranto de las normas que se invocan como vulneradas se evidencie de la simple comparación entre estas y el acto acusado, sin necesidad de acudir a razonamientos profundos y complejos, ya que ese estudio detallado no es propio del auto admisorio de medida cautelar sino de la sentencia.

Dadas las anteriores circunstancias, en la parte resolutiva del presente proveído se negará la solicitud de la medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos acusados, elevada por la parte demandante.» -sicLa parte actora interpuso recurso de reposición y en susidio apelación en contra de la decisión anterior. Mediante auto del 12 de septiembre de 2024, el a quo dispuso no reponer la decisión recurrida y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación.

1.5. Del recurso de apelación11

La apoderada judicial de los demandantes señaló que la providencia que negó la suspensión provisional de los actos demandados vulnera el debido proceso al

9 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “B”, Magistrada Ponente: Sandra Lisseth Ibarra V élez, sentencia del 24 de enero de 2019, Radicado número: 19001-23-33-000-2014-00372-01(0103-17). 10 Palacio Hincapié, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo, Librería Jurídica Sánchez R. LTDA. 8ª edición, enero de 2013, Medellín, página 859. 11 Ver actuación del índice 0031 de Samai.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

edición, enero de 2013, Medellín, página 859. 11 Ver actuación del índice 0031 de Samai.Expediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

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incurrir en prejuzgamiento, omitir el análisis integral de los argumentos propuestos por la defensa y desconocer la ocurrencia del fenómeno de la prescripción, y carece de una motivación suficiente, lo que se traduce en una afectación directa a los derechos fundamentales de su representado.

Afirma que el Tribunal realizó un análisis de fondo sobre hechos aún controvertidos, como la supuesta asesoría e influencia ejercida por su cliente en la retractación del teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal, lo cual constituye prejuzgamiento. Igualmente, cuestiona que no se valoraron eleme ntos relevantes como el fallo absolutorio del 14 de noviembre de 2018, que demuestra que inicialmente no se halló responsabilidad disciplinaria en del señor Quintero Landinez , y que tampoco se abordaron argumentos centrales relativos a la vulneración del derecho a la doble conformidad.

Insiste en que el fallo sancionatorio del 13 de enero de 2021, fue proferido por fuera del término de cinco años establecido legalmente, por lo cual sí operó la prescripción de la acción disciplinaria; y, añade, que no se tuvo en cuenta que dicho fallo fue la primera decisión que impuso sanción, siendo inaplicable el criterio de interrupción por un fallo absolutorio anterior.

de la acción disciplinaria; y, añade, que no se tuvo en cuenta que dicho fallo fue la primera decisión que impuso sanción, siendo inaplicable el criterio de interrupción por un fallo absolutorio anterior.

Finalmente, reitera que la medida cautelar es procedente porque la demanda está fundada en derecho, se acreditan sumariamente los derechos vulnerados y se configura un perjuicio grave y continuo que afecta los derechos fundamentales al trabajo, la honra y el buen nombre de su representado. Por tanto, solicita se revoque el auto recurrido y se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, o en su defecto, se conceda el recurso de apelación para que sea resuelto por el superior jerárquico.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme a lo preceptuado en los artículos 125, 150, 236, 243 (numeral 2°) y 244 (numeral 2°) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada.

2.2. Problema JurídicoExpediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

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Corresponde a la Sala determinar si en este caso se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la apoderada de la parte actora en el escrito de deman da, lo cual exige verificar si los hechos expuestos y los elementos

cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la apoderada de la parte actora en el escrito de deman da, lo cual exige verificar si los hechos expuestos y los elementos probatorios allegados permiten establecer, de manera preliminar, la existencia de una posible transgresión al ordenamiento jurídico que justifique la adopción de una medida de carácter excepcional.

2.3. Suspensión provisional

La Constitución Política de 1991 en el artículo 238 dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos administrativos.

Por su parte, el inciso 1° del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 estableció los requisitos para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos, a saber:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su con frontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos (…)”.

Por su parte, esta Corporación en providencia de 6 de junio de 202212, precisó:

“Según el artículo 231 del CPACA, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la confrontación con las normas superiores invocadas ha de

Por su parte, esta Corporación en providencia de 6 de junio de 202212, precisó:

“Según el artículo 231 del CPACA, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la confrontación con las normas superiores invocadas ha de entenderse como el análisis integral que debe hacer el juez, lo cual implica dilucidar, entre otros, los siguientes problemas hermenéuticos: (i) vigencia de las normas; (ii) examen de posibles juicios de constitucionalidad o de legalidad de las normas supuestamente infringidas; (iii) jerarquía normativa; (iv) posibles antinomias; (iv) ambigüedad normativa; (v) sentencias de unificación, doctrina probable, jurisprudencia sugestiva, etc.; (vi) integración normativa; (vii) criterios y postulados de interpretación; (viii) jerarquía de los criterios y postulados de interpretación, etc.

Ahora bien, prima facie, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris que describen los ordinales 1.° y 2.° del artículo 231 del CPACA nos indica que es un requisito más propicio de las medidas cautelares positivas; no obstante, cuando se trata de medidas cautelares negativas, como la suspensión de los efectos del acto demandado, resulta pertinente, pero en sentido inverso, esto es, no como apariencia de buen derecho, sino como apariencia de ilegalidad, lo cual justifica la tutela cautelar temprana siguiendo la doctrina italiana, según la cual, ante la imposibilidad de una respuesta definitiva en un plazo razonable, es pertinente una respuesta provisional en un tiempo justo. El sentido de apariencia de ilegalidad lo

tutela cautelar temprana siguiendo la doctrina italiana, según la cual, ante la imposibilidad de una respuesta definitiva en un plazo razonable, es pertinente una respuesta provisional en un tiempo justo. El sentido de apariencia de ilegalidad lo precisa Chinchilla Marín así:

«[...] de la misma forma que la intensidad con la que el interés general reclama la ejecución de un acto es tenida en cuenta por los tribunales para determinar la

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto de fecha 6 de junio de 2022, Rad.11001032500020210022200 (1385-2021) CP. William Hernández GómezExpediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

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intensidad del perjuicio que se exige para adoptar la medida cautelar, la intensidad con que se manifieste la apariencia de buen derecho, que es tanto como decir la apariencia de ilegalidad del acto administrativo, debe también tomarse en consideración para determinar la medida del daño que cabe exigir para apreciar la existencia del periculum in mora necesario para otorgar la medida cautelar solicitada.[…]».

De conformidad con el artículo 231 del CPACA si se pretende la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por el quebranto de las disposiciones que se invoquen en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando la vulneración surja del análisis del acto demandado y

administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por el quebranto de las disposiciones que se invoquen en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando la vulneración surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores cuya violación se depreca o del estudio de las pruebas que se alleguen con la solicitud.

Así las cosas, de acuerdo a lo previsto con los artículos 229 a 241 del CPACA, la potestad del juez, en cuanto al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo o del procedimiento, va más allá de la simple confrontación del acto demandado con las normas que se consideran infringidas, puesto que, además de tal facultad, le es permitido realizar un análisis probatorio para efectos de determinar su procedencia, sin que ello implique prejuzgamiento.

Los requisitos de procedencia de la medida están consagrados en los artículos 229, 230 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio so Administrativo, cuyo contenido dispone que la solicitud cautelar puede formularse en la demanda o en escrito separado y en cualquier estado del proceso, situación que impone al solicitante el deber de sustentar debidamente la petición, además de exponer con claridad los requisitos sustanciales de la misma.

Sobre el particular, se ha señalado:

Entonces, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando, la Ley 1437 de 2011, artículo 231, establece la exigencia d e acreditarse la violación de las normas superiores, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las

demandando, la Ley 1437 de 2011, artículo 231, establece la exigencia d e acreditarse la violación de las normas superiores, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa, por lo que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final.

En este escenario, corresponde al operador judicial en cada caso concreto abordar de manera cuidadosa su estudio, analizando inicial o preliminarmente el sometimiento de la decisión administrativa al parámetro normativo invocado, prosperando la medida en aquellos eventos en los que de ese estudio surja el quebrantamiento invocado.

En suma, si bien la regulación de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, prevista en la Ley 1437 de 2011, le confiere al juez un margen de estudio más amplio del que preveía la legislación anterior sobre la materia, no pue deExpediente: 25000-23-42-000-2023-00300-00 (5725-2024)

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perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto

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perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo exige, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, exigiendo, se insiste, la rigurosidad del Juez en su estudio, con fundamento en el análisis del acto o las pruebas allegadas con la solicitud13.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 231 del CPACA, la solicitud deberá: (i) estar razonablemente fundada en derecho; (ii) acreditar, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; y (iii) estar acompañada de los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

Adicionalmente, debe cumplirse una de las siguientes condiciones: (i) que de no otorgarse la medida se causaría un perjuicio irremediable; o (ii) que existan motivos serios para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

2.4. Caso concreto.

La parte actora solicitó la suspensión provisional del fallo sancionatorio del 13 de enero de 2021, del auto del 19 de diciembre de 2022 y de la providencia del 6 de enero de 2023, mediante los cuales , la Procuraduría General de la Nación impuso

enero de 2021, del auto del 19 de diciembre de 2022 y de la providencia del 6 de enero de 2023, mediante los cuales , la Procuraduría General de la Nación impuso al señor Jhon Santos Quintero Landinez la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años, dentro d el proceso disciplinario IUS 2015 -372165 / IUC -D2015-139-809793.

La solicitud se fundament ó en dos motivos principales: (i) la prescripción de la acción disciplinaria, al haber sido proferida la sanción fuera del término legal de cinco años desde la apertura de la investigación formal establecida en el artícul