CE - Auto interlocutorio 25000234200020230037601 de 2025

## CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

# Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025).

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 25000-23-42-000-2023-00376-01 (1005-2025) | | Demandante | : | Jacqueline Molano Segura | | Demandada | : | Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fondo Rotatorio de la Policía Nacional | | Medio de control | : | Ejecutivo | | Tema | : | Apelación auto contra providencia que declaró improcedente recurso de reposición contra acto de notificación personal de la demanda | | Decisión | : | Declara improcedente recurso de apelación |

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 04 de febrero de 2025, en el cual, i) Se declara improcedenteel recurso de reposición incoado en contra de la notificación elaborada por la Secretaría de la Subsección B, de la Sección Segunda y ii) Se ordena remitir el expediente digital al área contable.

1. ANTECEDENTES 2. Providencia recurrida [[1]](#footnote-2)

El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, por auto del 04 de febrero de 2025, dispuso:

«Primero. – La liquidación presentada por la parte ejecutante se tendrá en cuenta para la correspondiente etapa procesal, asimismo, para otras actuaciones que se elaboren relacionadas con el estudio aritmético de la obligación.

Segundo. – Se deniega la solicitud de medidas cautelares por las razones expuestas en la parte motiva.

Tercero. – Se declara improcedente el recurso de reposición incoado en contra de la notificación elaborada por la Secretaría de esta Subsección, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. – Se dio estudio oficioso sobre la circunstancia puesta a consideración de la doble notificación, llegando a la conclusión de habilitarse nuevamente los términos, dadas las consideraciones establecidas en la parte motiva de esta providencia.

Quinto. – Se tiene como contestada, presentando escrito de excepciones, la demanda dentro del medio de control ejecutivo dentro el término de ley.

Sexto. – Se declara improcedente la exceptiva de inexistencia de la obligación postulada por el extremo ejecutado, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia-.

Séptimo. – Previo a pronunciarse de fondo sobre la exceptiva de pago efectivo, se remitirá el expediente digital al Área Contable, para atender lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Octavo. – Se da por satisfecho el término de traslado de excepciones por parte del extremo ejecutante.

Noveno. – Dado el decir del extremo ejecutante sobre la postulación en la representación de la entidad ejecutada, hasta esta instancia, esto es, posterior al pronunciamiento sobre el mandamiento ejecutivo, se traba la litis en debida forma, se procederá al reconocimiento de la personería adjetiva para obrar dentro del presente asunto, pues las actuaciones previas correspondían a aspectos documentales, o medios probatorios.

Que la señora Coronel Ana María Luquerna Rodríguez identificada con la C.C. No. 52.697.467, actuando como Directora General de Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, le confirió poder especial, amplio y suficiente a las abogadas Angie Vanessa Rodríguez Castro, identificada con la C.C. No. 1.013.652.152 y portadora de la T.P. No. 326.200 del C.S. de la J. (principal) y Diana Carolina López Sarmiento, identificada con la C.C. No. 52.857.227 y portadora de la T.P. No. 198.541 del C.S. de la J. (suplente) para ejercer la representación judicial y extrajudicial a la entidad ejecutada, a quienes se les reconoce personería adjetiva para actuar en los términos del mandato conferido.

Décimo. – Una vez se resuelva de fondo sobre la excepción de mérito, mediará pronunciamiento sobre la condena en costas procesales en esta instancia.

Undécimo. – Una vez en firme esta providencia, por Secretaría de esta Subsección, en la circunstancia de no mediar recurso alguno, remítase el expediente al área contable; en igual forma, una vez devuelto se proceda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Duodécimo. – Notifíquese esta providencia en los términos de la Ley 1564 de 2012, con las anotaciones que correspondan en el sistema de gestión documental electrónica SAMAI.»

1. Del recurso de apelación[[2]](#footnote-3)

La parte ejecutante, presenta escrito según el cual interpone recurso de apelación contra la decisión del 04 de febrero de 2025, efectuando las siguientes solicitudes:

«1. Se solicita a la Honorable Segunda Instancia, se realice el control de legalidad de las actuaciones surtidas en el presente Proceso ejecutivo, y en consecuencia, tenga a bien ordenar REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, la providencia expedida en primera instancia por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección B, de fecha 12 de noviembre de de 2024, mediante la cual se ordena una segunda notificación del Auto de Mandamiento de pago ya ejecutoriado de fecha 28 de agosto de 2024, notificación que valga decir, retrotraería la actuación a su estado inicial, reviviendo términos, recursos, y etapas ya precluidas, sin que existan vicios que afecten la actuación y sin que haya declarado su nulidad.

2. Se solicita a la Honorable Segunda Instancia, se realice el control de legalidad de las actuaciones surtidas en el presente Proceso ejecutivo, y en consecuencia, tenga a bien ordenar REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, la providencia expedida en primera instancia por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección B, de fecha 4 de febrero de 2025, mediante el cual se resuelve el recurso de reposición impetrado por el suscrito abogado contra la providencia de fecha 12 de noviembre de 2024, en lo referente a lo ordenado en su numeral Cuarto de la citada providencia, de revivir o habilitar los términos, sin que medie justificación alguna o se haya declarado la nulidad de lo actuado por por la existencia de vicio alguno. En dicho numeral se expone de manera confusa y contradictoria con el debido proceso, lo siguiente:

“ (…) Cuarto. – Se dio estudio oficioso sobre la circunstancia puesta a consideración de la doble notificación, llegando a la conclusión de habilitarse nuevamente los términos, dadas las consideraciones establecidas en la parte motiva de esta providencia.”

3. Que se revoque y se deje sin efectos jurídicos, la providencia de fecha 4 de febrero de 2025 expedida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –Subsección “B”, en lo referente a reconocer impugnaciones extemporáneas y presentadas indebidamente sin poder otorgado por la Entidad y ordenar realizar un segundo experticio, acogiendo las excepciones de pago presentadas en los recursos y excepciones presentadas por la parte demandada Fondo Rotatorio de la policía, cuando ya había quedado ejecutoria la providencia de pago de fecha 28 de agosto de 2024, el 09–09–24, y a su vez, cuando ya habían sido declarados por Honorable Tribunal de primera instancia, improcedentes por este hecho, dando lugar a que se repita nuevamente la actuación desde el principio y se vulnere el principio de ejecutoriedad de las providencias, dando lugar a que coexiste un doble experticio y una doble actuación procesal, en la cual no se sabría a cual de ellas atenernos, al no existir nulidad, lo que iría en contravía de igual forma en contra de los principios de economía procesal, creándose instancias y reviviendo recursos, afectando el derecho constitucional fundamental a un debido proceso de mi representada JACQUELINE MOLANO SEGURA. En el mencionado numeral, se establece lo siguiente:

“(…) Séptimo. – Previo a pronunciarse de fondo sobre la exceptiva de pago efectivo, se remitirá el expediente digital al Área Contable, para atender lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Que como consecuencia de la nulidad de las providencia de fecha 12 de noviembre de 2024 y la de fecha 4 de febrero de 2025, se ordene mantener incólume la providencia de mandamiento de pago de fecha 28 de agosto de 2024, la cual cobró ejecutoria, siendo esta la garantía para las partes de que dicha providencia no sea atacada, ni modificada al no existir vicios de nulidad que la dejen sin efectos, estando esta providencia sustentada legalmente en el experticia contable ordenado y practicado en el proceso.

5. No tener en cuenta memorial presentado como recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por el señor Capitán de la Policía Nacional JOSE ALFREDO RODRÍGUEZ DURAN, además de ser extemporáneo al ser presentado el día 12–09–24, y ser improcedente al presentarse los recursos de reposición y apelación contra la providencia de pago, no se encuentra suscrito con la firma del señor Capitán RODRÍGUEZ DURAN, desconociendo si en tal sentido si efectivamente es de su autoría, sin observarse dentro del expediente SAMAI, ningún poder debidamente otorgado de la Entidad demandada a este señor, para interponer estas impugnaciones en su nombre y representación.

6. Se tenga en cuenta todas las consideraciones y argumentos planteados en mi escrito de fecha 18 de noviembre de 2024, donde se exponen de forma clara argumentos sobre puntos de esta apelación, el cual se anexa.

7. Que ante la renuencia del pago por parte de la entidad demanda, se ordene continuar sin más trabas y delaciones con la ejecución del proceso.»

1. Aspectos procesales relevantes

7. Que ante la renuencia del pago por parte de la entidad demanda, se ordene continuar sin más trabas y delaciones con la ejecución del proceso.»

1. Aspectos procesales relevantes

Revisada la solicitud presentada, con el propósito de ilustrar con claridad a las partes trabadas en la litis, es necesario abarcar el estudio integral de la actuación y hacer la recopilación cronológica del trámite dado al proceso, estableciendo los siguientes aspectos relevantes:

| | | | --- | --- | | Fecha | Acto Procesal | | 12/10/2023 | Presentación de la demanda ejecutiva[[3]](#footnote-4) | | 23/10/2023 | Auto ordena remitir expediente al área contable[[4]](#footnote-5) | | 24/06/2024 | Auto Ordena remitir expediente al área contable – Reconoce personería al apoderado del Fondo Rotatorio PONAL[[5]](#footnote-6) | | 28/10/2024 | Auto libra mandamiento de pago[[6]](#footnote-7) | | 02/09/2024 | Notificación por estado[[7]](#footnote-8) - Observación: Anotación del 30 de agosto de 2024, con comunicación remitida el 02/09/2024 | | 11/09/2024 | Poder Fondo Rotatorio PONAL[[8]](#footnote-9). Observación: sin cumplimiento de formalidades. | | 12/09/2024 | Fondo Rotario PONAL – Solicitud revocatoria de mandamiento de pago – Indebida notificación[[9]](#footnote-10). Extracto: «En segundo lugar, es importante señalar que, dentro del proceso 25000-23-42-000-2023-00376-00 en el cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora Jackeline Molano Segura, no se efectuó la notificación en debida forma de la liquidación elaborada por el área contable del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección 'B', tal como lo establece el procedimiento legal.» |

| 12/09/2024 | Fondo Rotario PONAL – Ampliación recurso de reposición, subsidio apelación[[10]](#footnote-11). Extracto: «El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, como entidad vinculada directamente a este proceso, debió ser informado oportunamente del informe técnico, para así ejercer los derechos de defensa y contradicción, cosa que no ocurrió en esta oportunidad, lo cual puede generar un perjuicio al Derecho al debido proceso.» | | 24/09/2024 | Memorial ejecutante - Oposición argumentos Fondo Rotatorio PONAL[[11]](#footnote-12) | | 01/10/2024 | Informe paso a Despacho[[12]](#footnote-13). Extracto: «PREVIO A NOTIFICAR PERSONALMENTE EL AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO, LA ENTIDAD ACCIONADA SOLICITA OTORGAR UN TÉRMINO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN, ASIMISMO, ALLEGÓ ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN, PRESENTÓ RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO. LA PARTE ACCIONANTE ALLEGÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL RECURSO PRESENTADO POR LA CONTRAPARTE.» | | 17/10/2024 | Auto[[13]](#footnote-14) Rechaza, por extemporáneos, los recursos de reposición y apelación incoados por el extremo pasivo, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; ordena dar continuidad a lo ordenado en el auto fechado veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), que libró mandamiento de pago. |

| 12/11/2024 | Notificación personal demanda Fondo Rotatorio PONAL. Extracto: «En la ciudad de Bogotá, D.C., el 12 de NOVIEMBRE de 2024 el suscrito Oficial Mayor, debidamente autorizado por el señor Secretario de la Sección Segunda, y en cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal en el auto del VEINTIOCHO (28) de agosto de DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se le NOTIFICA el Auto que libra mandamiento de pago y se le corre traslado por el término de cinco (5) días a partir de la notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 431 de la Ley 1564 de 2012. Se anexa copia escaneada del auto y los respectivos anexos del proceso[[14]](#footnote-15).» | | 18/11/2024 | Memorial ejecutante – Recuso de reposición[[15]](#footnote-16) contra notificación personal del 12/11/2024. Extracto: «Por lo expuesto anteriormente, respetuosa se solicita en el presente recurso de reposición al Honorable Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se declare la nulidad y se revoque dejando sin efectos jurídicos la notificación del 12–11–24, donde se comunica por segunda vez el mandamiento ejecutivo de pago a la parte Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fondo Rotatorio de la Policía.» | | 26/11/2024 | Contestación demanda Fondo Rotatorio PONAL – Poder con cumplimiento requisitos Ley 2213/21[[16]](#footnote-17) |

| 04/02/2025 | Auto resuelve recurso de reposición[[17]](#footnote-18) | | 11/02/2025 | Recurso de apelación contra auto del 04/02/2025[[18]](#footnote-19) | | 27/02/2025 | Auto concede recurso de apelación[[19]](#footnote-20) |

1. CONSIDERACIONES

2. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 125 numeral 3, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.

1. Procedencia y oportunidad del recurso

Según lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 243 del CPACA, en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan.

1. Trámite del recurso

1. La providencia se notificó por estado del 07 de febrero de 2025[[20]](#footnote-21), ii) acorde con el artículo 302 del CGP, el término de ejecutoria transcurrió entre el 10 y el 12 de febrero de 2025, iii) La parte ejecutante presenta memorial interponiendo recurso de apelación en fecha 11 de febrero de 2025, iv) Por auto del 27 de febrero de 2025, se concede el recurso en el efecto suspensivo.

1. Problema jurídico

Radica en definir si es procedente tramitar el recuro de apelación presentado por la parte ejecutante, contra el auto de fecha 04 de febrero de 2025, que resolvió un recurso de reposición presentado por el mismo extremo procesal, contra el acto de notificación personal de la demanda ejecutado en fecha 12 de noviembre de 2024.

1. Requisitos Indispensables para la viabilidad del recurso

Por tal, se han de entender el cumplimiento de exigencias legales y formarles que, posibilitan su trámite, haciendo procedente su revisión.

1. Requisitos Indispensables para la viabilidad del recurso

Por tal, se han de entender el cumplimiento de exigencias legales y formarles que, posibilitan su trámite, haciendo procedente su revisión.

En el caso concreto, se debe mantener la línea argumentativa según la cual, en virtud del principio de remisión normativa, al trámite de los procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa se deben aplicar las reglas de los artículos 422 y siguientes del CGP. En tal sentido, los artículos 320 a 321 de dicho estatuto procesal, precisan los fines y el alcance de la apelación, el interés para interponerla, la procedencia del recurso y la oportunidad y requisitos, en los siguientes términos:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia; […].»

«Artículo 321. Procedencia.Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.

2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.

3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.

5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.

6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.

5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.

6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.

7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.

10. Los demás expresamente señalados en este código.»

«Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:

[…]»

Ahora bien, todo recurso, debe cumplir ciertas exigencias de tipo formal sobre las cuales ha expresado el doctrinante Hernán Fabio López Blanco[[21]](#footnote-22), que:

«Esos requisitos son concurrentes necesarios, es decir, que todos deben reunirse y basta que falte tan solo uno de ellos para que se niegue el trámite del mismo o, iniciada la actuación, se disponga su terminación antes de llegar a decidir el respectivo recurso y son, a saber: la capacidad para interponer el recurso, el interés para recurrir; la procedencia del mismo; la oportunidad de su interposición; la sustentación del recurso y la observancia de las cargas procesales que impidan la declaratoria de deserción del mismo.»

Por encontrar implícitamente cumplidos algunos requisitos, en esta oportunidad se concentrará el Despacho, en las reglas de procedencia y sustentación del recurso.[[22]](#footnote-23) El maestro López Blanco, referente al requisito de procedencia ha expresado:

«Teniendo en cuenta los diversos tipos de providencias que se dictan y las instancias en que se profieren, el legislador señala como adecuados ciertos recursos en contra de ellas, de modo que, debe el abogado tener el máximo cuidado en emplear el recurso que corresponde, debido a que, si por equivocación se interpone un recuso no previsto por la ley, es decir, un recurso improcedente, es deber del juez negar su trámite […]»

Referente al requisito de sustentación manifiesta:

«Al estudiar las diversas clases de recursos se observa que todos deben ser motivados, es decir, que no basta el deseo de la parte de recurrir de una determinada providencia, sino que debe indicar el porqué de su inconformidad debidamente fundamentada. Así, por ejemplo, la reposición debe ser sustentada por escrito, u oralmente si es en audiencia, la casación mediante una demanda, la revisión igualmente; también la súplica, en suma, ha sido criterio de nuestro legislador no dejar en un plano puramente hipotético el saber cuál es el motivo del desacuerdo que se tiene para con determinada providencia, con el fin de que el recurrente oriente con una serie de argumentaciones la labor de estudio de las peticiones hechas al juez.

Se encuentra así que, si se interpone un recurso y no se sustenta dentro de la ocasión determinada por la ley procesal, igualmente será ineficaz el mismo, pues no podrá llegar a ser decidido. Ahora bien, las bases de la sustentación en veces, tal como sucede en los de apelación, casación, revisión y anulación, fijan el alcance del poder decisorio del juez pues queda limitado por las causales que se hayan alegado sin que le esté permitido ir más allá de ellas, mientras que, en los restantes recursos, le dan una mayor amplitud a su análisis, como se verá en el estudio de cada recurso en particular»

En esa línea, la Sección Segunda, Subsección B[[23]](#footnote-24), de esta corporación, ha expresado que:

«Al sustentar la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades frente a la decisión del a quo para que, el superior revise los posibles errores en que, se haya podido incurrir en la primera instancia. Frente al punto, la jurisprudencia se ha referido a la carga procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia, para precisar[[24]](#footnote-25):

“Esta Corporación ha sostenido que, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior significa que, las competencias funcionales del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que, no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia […]»

19. En ese orden, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia lógica ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.

20. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual señala la competencia del superior en los siguientes términos:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.

Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

21. En esas condiciones, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta sección ha explicado lo siguiente:

“[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de Estado, así: […] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de

fondo el caso por la vía de la apelación. […]”[[25]](#footnote-26).

1. El derecho fundamental al debido proceso

Sobre esta garantía, es pertinente resaltar lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia T – 323 del 02 de agosto de 2024:

«1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental del debido proceso, el cual a su vez está conformado por una serie de garantías aplicables a todo tipo de procedimientos. Desde este punto de vista, las normas procesales que se refieren a los derechos fundamentales que conforman el debido proceso no pueden ser tenidas como normas adjetivas, sino que ellas son normas sustanciales.

2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como «el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia»[[26]](#footnote-27).

3. Algunas de las garantías que componen el debido proceso son la «legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho»[[27]](#footnote-28); entre estas también se ha incluido la jurisdicción o libre acceso a la administración de justicia[[28]](#footnote-29). Esta corporación ha admitido que en ciertas áreas los diferentes amparos en que se manifiesta el debido proceso pueden aplicar con una mayor rigurosidad[[29]](#footnote-30).

4. En el siguiente cuadro, se indica, de manera preliminar, el contenido de dichas garantías:

| | | | --- | --- | | Derecho | Contenido | | El derecho a la jurisdicción o al libre acceso a la administración de justicia | Conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. | | El derecho al juez natural | El juez natural es aquel funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley[[30]](#footnote-31). | | El derecho a la defensa | Se entiende como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. | | El derecho a un proceso público | Pretende garantizar el desarrollo del proceso o actuación dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que estos no se vean sometidos a dilaciones injustificadas o inexplicables. | | Principio de legalidad o formas propias de cada juicio | No existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Los servidores públicos, como los jueces, siempre deben sujetarse a lo prescrito por la ley, la Constitución y demás normas o reglas jurídicas. |

| Non bis in idem | Pretende asegurar que los conflictos sociales que involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan identidad de sujeto, objeto y causa, siendo su finalidad última la de racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio en general y, especialmente, del poder punitivo. |

5. El quebrantamiento de