CE - Auto interlocutorio 41001233300020140017908 de 2025

Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: Marco Fidel Velásquez Durán y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: MARCO FIDEL VELÁSQUEZ DURÁN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (C.R.E.G.) Y OTROS Asunto: Resuelve recurso súplica

La Sala resuelve el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 9 de octubre de 2024 por el Magistrado ponente Jaime Enrique Rodríguez Navas1, mediante el cual rechazó la solicitud de pruebas en segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

La demanda y su trámite

1. El 30 de abril de 20142, el señor Marco Fidel Velásquez Durán y otros, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, formuló demanda contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG),

a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, formuló demanda contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG), el municipio de Neiva y la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., con la que pretende que se declare administrativamente responsable a las demandadas por la imposición y recaudo indebido del impuesto de alumbrado público en la ciudad de Neiva desde el año 1998 , ya que este no fue ap robado por la Asamblea

1 Actualmente la magistrada Adriana Polidura Castillo. 2 Índice 1, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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Departamental del Huila, como lo exige el literal a del artículo 1º de la Ley 84 de

1915. En consecuencia, solicitó que se condene a las demandadas a reconocer y a pagar los perjuicios morales y materiales ocasionados al grupo.

2. Surtido el trámite de rigor, el 12 de octubre de 2017 3 el Tribunal Administrativo del Huila abrió el proceso a pruebas y decidió, entre otros asuntos, no decretar por impertinentes e inútiles las inspecciones judiciales con exhibición de documentos solicitadas por la parte accionante (numeral 3.1.4).

3. La anterior decisión fue objeto de impugnación y, en la alzada, esta Corporación, mediante auto de 14 de enero de 20224, revocó parcialmente el proveído de 12 de

3. La anterior decisión fue objeto de impugnación y, en la alzada, esta Corporación, mediante auto de 14 de enero de 20224, revocó parcialmente el proveído de 12 de octubre de 2017. En consecuencia, y de relevancia para el caso que se analiza, se decretó la inspección judicial con exhibición de documentos en la CREG, respecto a los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, registros, reportes, circulares, acuerdos, antecedentes, estudios, controles fiscales, interventorías, actas, balances comerciales y contables, bitácoras, requerimien tos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre : (i) el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva ; (ii) la Resolución No. 043 de 1995, “por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público”; (iii) la Resolución No. 122 de 2011, “por la cual se regula el contrato y costo de facturación y recaudo conjunto al servicio de energía para efecto de liquidar el impuesto destinado a la financiación de alumbrado público ”. En la providencia en mención se estableció que se debía incluir el sustento técnico, fundamentos y antecedentes que sobre las resoluciones obraren en la entidad.

4. En esa secuencia, mediante auto de 6 de mayo de 2022 5, el a quo resolvió obedecer lo dispuesto por esta Corporación (numeral primero) y decretó la práctica

obraren en la entidad.

4. En esa secuencia, mediante auto de 6 de mayo de 2022 5, el a quo resolvió obedecer lo dispuesto por esta Corporación (numeral primero) y decretó la práctica de las inspecciones judiciales con exhibición de documentos 6. Puntualmente,

3 Índice 211, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 4 Radicación número: 1001-23-33-000-2014-00179-06 (65960) del Consejo de Estado. 5 Índice 366, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 6 En la providencia se resolvió:Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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respecto a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía , comisi onó al Juzgado Administrativo de Bogotá Sección Tercera – reparto, para llevar las a cabo de

“SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes inspecciones judiciales:

1. En la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA el día miércoles 18 de mayo de 2022 a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) para que previa exhibición de los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, circulares, antecedentes, ordenanzas, estudios, controles f iscales, interventorías, actas, balances comerciales y contables, bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, para establecer la responsabilidad de las entidades demandadas.

bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, para establecer la responsabilidad de las entidades demandadas.

2. En la ELECTRIFICADORA DEL HUILA el día 25 de mayo de 2022 a las ocho de la mañana (8:00 am) para que previa exhibición del contrato de suministro de energía para el servicio de alumbrado público celebrado con el municipio de Neiva y el recaudo del precio que se cobra como contraprestación del 31 de diciembre de 1997, sus prorrogas, otrosí, actas, y demás documentos que se hubieren recibido o emitido en relación con el referido contrato, objet o establecer la responsabilidad de la entidad demandada.

3. En la ALCALDÍA DE NEIVA el día 08 de junio de 2022 a las ocho de la mañana (8:00 am) para que previa exhibición de los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, circulares, antecedentes, ordenanzas, estudios, controles fiscales, interventorías, actas, balances comerciales y contables, bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, con el objeto establecer la responsabilidad de dicha entidad.

4. Practicar inspección judicial con exhibición de documentos e n el CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA, el día 15 de junio de 2022 a las ocho de la mañana (8:00 am) con el fin de constatar los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, circulares,

NEIVA, el día 15 de junio de 2022 a las ocho de la mañana (8:00 am) con el fin de constatar los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, circulares, antecedentes, ordenanzas, estudios, controles fiscales, interventorías, actas, balances come rciales y contables, bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, con el objeto establecer la responsabilidad de dicha entidad.

TERCERO: COMISIONAR de conformidad con los artículos 37 y 171 inciso 2 del CGP, al Juzgado Administrativo de Bogotá Sección Tercera – reparto, para llevar a cabo la inspección judicial CON exhibición de documentos en la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS para constatar los actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, registros, reportes, circulares, acuerdos, antecedentes, estudios, controles fiscales, interventorías, actas, balances comerciales y contables, bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre: a) el impuesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, b) la Resolución No. 043 de 1995, “por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público”, c) la Resolución No. 122 de 2011, “por la cual se regula el contrato y costo de facturación y recaudo

Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público”, c) la Resolución No. 122 de 2011, “por la cual se regula el contrato y costo de facturación y recaudo conjunto al servicio de energía para efecto de liquidar el impuesto destinado a la financiación de alumbrado público”; se debe incluir el sustento técnico, fund amentos y antecedentes que sobre las resoluciones obren en la entidad, con el objeto establecer la responsabilidad de dicha entidad. OCTAVO (sic): COMISIONAR de conformidad con los artículos 37 y 171 inciso 2 del CGP al Juzgado Administrativo de Bogotá Sección Tercera – reparto, para llevar a cabo la inspección judicial exhibición de documentos en el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA para constatar LOS actos administrativos, comunicaciones, oficios, directivas, pronunciamientos, memorandos, registros, reportes, circulares, acuerdos, antecedentes, estudios, controles fiscales, interventorías, actas, balances comerciales y contables, bitácoras, requerimientos, conceptos, intervenciones y en general cualquier documento que la entidad haya proferido sobre: a) el imp uesto de alumbrado público cobrado en el municipio de Neiva, b) la Resolución No. 043 de 1995, “por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de e nergía eléctrica que se destine para alumbrado público”, c) la Resolución No. 122 de 2011, “por la cual se regula el contrato y costo de facturación y recaudo conjunto al servicio de energía para efecto de liquidar el impuesto destinado a la financiación d e

Resolución No. 122 de 2011, “por la cual se regula el contrato y costo de facturación y recaudo conjunto al servicio de energía para efecto de liquidar el impuesto destinado a la financiación d e alumbrado público”; se debe incluir el sustento técnico, fundamentos y antecedentes que sobre las resoluciones obren en la entidad, con el objeto establecer la responsabilidad de dicha entidad ”.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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conformidad con los artículos 37 y 171 inciso 2 del CGP (numeral tercero y “octavo”).

5. El 15 de mayo de 2022 la parte actora interpu so recurso de reposición 7, en relación con el cronograma de fechas propuestas para llevar a cabo la práctica de las inspecciones judiciales, decisión que fue confirmada el 25 del mismo mes y año8.

6. Por consiguiente, el 7 de junio de 20229, la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila libró despacho comisorio a los Juzgados Administrativos de Bogotá Sección Tercera – reparto, para efectos de materializar la orden contenida en el numeral tercero y “octavo” del auto de 6 de mayo de 2022.

7. El despacho comisorio para llevar a cabo la inspección judicial con exhibición de documentos en la CREG correspondió al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de

Bogotá10, quien mediante auto de 6 de octubre de 2022 manifestó no auxiliar la comisión11, en razón a que , en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el único que tiene la facultad para comisionar es el Consejo de Estado, de

comisión11, en razón a que , en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el único que tiene la facultad para comisionar es el Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 117 del CPACA.

8. Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, que fue resuelto mediante auto de 1º de diciembre de 202212, en el que el juzgado confirmó su decisión , precisando que si el objeto de la prueba es documental —ante la CREG — se puede hacer uso de los medios tecnológicos y de comunicaciones que garanticen la inmediación, concentración y contradicción a voces del artículo 171 del C GP. Además, rechazó por improcedente el recurso de alzada, atendiendo a que: (i) el artículo 243 del CPACA no prevé como apelable el auto que no auxilia una comisión y; (ii) la aceptación o no de comisiones se trata de un asunto entre despachos judiciales. El demandante inconforme con dicha

7 Índice 370, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 8 Índice 378, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 9 Índice 388, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 10 Mientras que, el despacho comisorio , para llevar a cabo la inspección judicial con exhibición de documentos en el Ministerio de Minas y Energía fue repartido al Juzgado 59 Administrativo del Circuito de Bogotá. 11 Índice 408, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 12 Ibídem.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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11 Índice 408, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 12 Ibídem.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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determinación presentó recurso reposición y en subsidio el de queja, respecto de lo cual el juzgado en auto de 23 de febrero de 202313, indicó que debía estarse a lo resuelto en el proveído del 1º de diciembre de 2022.

9. Mediante auto del 22 de marzo de 2023 14, el Tribunal Administrativo del Huila incorporó los documentos obtenidos y corrió traslado a las partes, con el objeto de que emitieran pronunciamiento en relación con la documentación aportada por el municipio de Neiva, la Electrificadora del Huila y el Mi nisterio de Minas y Energía, atendiendo lo señalado en los artículos 275 y 277 del CGP . De igual forma, incorporó los despachos comisorios remitidos por los Juzgados 31 y 59

Administrativos de l Circuito de Bogotá, para los fines previstos en el artículo 40 inciso 2 del CGP.

10. El 28 de marzo de 202315, el actor promovió acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa técnica judicial, a la igualdad, a la contradicción de pruebas y a la práctica de prueba judicial ”, cuya vulneración le atribuyó al auto de 6 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el interior del proceso de acción de grupo . En

atribuyó al auto de 6 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el interior del proceso de acción de grupo . En primera instancia , la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicación: 25000 -23-15-000 2023 -00194-00), profirió sentencia el 13 de abril de 2023 mediante la cual negó las pretensiones , luego de considerar que no se vulneraron las garantías iusfundamentales de la parte actora16. El accionante apeló la decisión y, mediante sentencia de 19 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado, revocó el fallo, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción constitucional, por incumplimiento del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional17.

13 Ibídem. 14 Índice 409, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 15 Índice 1, SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 16 “Para la Sala las actuaciones del Juzgado 31 Administrativo de Bogotá se ajustaron a las nuevas realidades procesales y en ningún cas o negó la práctica de la prueba, sino que efectuó una interpretación de la prueba decretada y consideró que al tratarse de una prueba documental se puede practicar atendiendo al uso de los medio tecnológicos y de comunicaciones, y ello es coherente con lo explicado respecto de la virtualidad en las actuaciones administrativas que se ajusta a una realidad procesal y el uso de los medios de la tecnología, información y comunicación”. 17 “Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la disc usión que se expone a

coherente con lo explicado respecto de la virtualidad en las actuaciones administrativas que se ajusta a una realidad procesal y el uso de los medios de la tecnología, información y comunicación”. 17 “Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la disc usión que se expone a través del escrito de tutela, según lo dicho por la Corte Constitucional, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron debatidos en su sede natural”.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

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11. A través de memorial de 30 de marzo de 202318, la parte actora pidió aclaración y complementación de la documentación incorporada a través del proveído del 22 del mismo mes y año. La anterior solicitud fue negada por el tribunal mediante auto de 26 de abril de 202319, de un lado, porque la petición fue extemporánea y de otro, porque se trataba de una nueva solicitud de pruebas por fuera de la oportunidad procesal.

12. Contra la anterior decisión, el grupo actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación 20. Mediante auto de 27 de julio de 2023 21, el Tribunal Administrativo del Huila no repuso la decisión y concedió el recurso de apelación.

En ese orden, el 15 de noviembre de 2023 esta Corporación confirmó la decisión22, al considerar que se trataba de una solicitud de pruebas efectuada por fuera de las oportunidades establecidas en el CGP.

13. Una vez agotado el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Huila , el 22 de agosto de 2023 dictó sentencia mediante la cual negó las

oportunidades establecidas en el CGP.

13. Una vez agotado el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Huila , el 22 de agosto de 2023 dictó sentencia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda23.

14. El 13 de octubre de 2023, los integrantes del grupo actor Marco Fidel Velásquez Durán 24 y la sociedad Procelácteos Ltda.25 formularon recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, los cuales fueron concedidos por el tribunal el 26 de abril de 202426 y admitidos por el Consejo de Estado el 31 de julio siguiente27.

La solicitud probatoria en segunda instancia

15. El 9 de agosto de 202428, la parte actora solicitó la práctica de la inspección judicial con exhibición de documentos ante la CREG, en los términos en los que fue

18 Índice 415, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 19 Índice 416, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 20 Mediante memorial del 2 de mayo de 2023, índice 422, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 21 Índice 428, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 22 Radicación número: 1001-23-33-000-2014-00179-07 (70266) del Consejo de Estado. 23 Índice 437, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 24 Índice 443, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 25 Índice 446, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 26 Índice 478, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 27 Índice 12, SAMAI del Consejo de Estado.

25 Índice 446, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 26 Índice 478, SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila. 27 Índice 12, SAMAI del Consejo de Estado. 28 Índice 18 y 19, SAMAI del Consejo de Estado.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: Marco Fidel Velásquez Durán y otros

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decretada en el auto de 14 de enero de 2022 por esta Corporación, con fundamento en el artículo 327-2 del CGP que dispone la procedencia de las pruebas en segunda instancia “cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió”.

El auto suplicado

16. El 9 de octubre de 202 429, el Consejero sustanciador negó la solicitud probatoria, dado que, el interesado, a pesar del traslado surtido en providencia del 22 de marzo de 2023, no agotó todos los mecanismos con que contaba dentro de las oportunidades legales, para insistir en obtener la prueba.

En tal sentido explicó que el grupo accionante se pronunció sobre lo recaudado en las otras entidades , pero no respecto a la imposibilidad de materialización de la prueba decretada hacía la CREG. Entonces, como correspondía al interesado garantizar el recaudo de las pruebas que solicitó , carga impuesta por la normatividad procesal civil , debió gestionar lo necesario para llevar a cabo la práctica del medio probatorio decretado y, su inactividad impide que la prueba sea practicada en esta etapa procesal, bajo las causales excepcionales previstas por el artículo 327 del CGP.

práctica del medio probatorio decretado y, su inactividad impide que la prueba sea practicada en esta etapa procesal, bajo las causales excepcionales previstas por el artículo 327 del CGP.

En sustento, se citó un “caso análogo” en el que la Subsección A de esta Sección negó el decreto de una prueba en segunda instancia porque el interesado “no agotó todos los mecanismos procesales para cuestionar la decisión del tribunal de no practicar la prueba”30.

29 Índice 22, SAMAI del Consejo de Estado. 30 “Todo lo anterior hace necesario que el juez deba hacer una interpretación de las normas procesales, de forma tal que tengan claridad para las partes. La causal de prueba en segunda instancia solo podrá aplicarse cuando se refiera a una prueba decretada en primera instancia y que fue dejada de practicar “sin culpa” de la parte que la solicitó. 14.- Debe entenderse que, para efectos del caso, “sin culpa” de la parte que la solicitó si gnifica que ella haya hecho uso de los recursos pertinentes contra la decisión que la negó, estos son, los de reposición y apelación. 15. - La Sala advierte que en este caso la solicitante únicamente interpuso recurso de reposición, es decir, se sometió exclusivamente a las consideraciones del tribunal frente a la práctica de la prueba. 16.- Así las cosas, como la recurrente no agotó todos los mecanismos procesales para cuestionar la decisión del tribunal de no practicar la prueba, la Sala concluye que no actuó “sin culpa” y, en consecuencia, no se configura la hipótesis del numeral 2 del artículo 212 del CPACA ”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 17 de junio

consecuencia, no se configura la hipótesis del numeral 2 del artículo 212 del CPACA ”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 17 de junio de 2024. Radicado núm. 15001-23-33-000-2017-00076-02 (68810).Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: Marco Fidel Velásquez Durán y otros

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Recurso de súplica

17. El 21 de octubre de 2024 31, la parte demandante interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión. Sus argumentos están encaminados a acreditar la falta de culpa del grupo actor en el recaudo de la prueba, con fundamento en los

siguientes aspectos:

• Manifestó que, no existe norma que imponga a la parte el deber de “insistir” o “instar” en el recaudo o práctica de un medio probatorio legalmente decretado. No obstante, precisó que el grupo actor si ejerció todos los mecanismos legales a que había lugar dentro del cauce de la figura procesal de la comisión -recursos ordinarioslos cuales fueron despachados desfavorablemente por el Juzgado 31

Administrativo del Circuito de Bogotá. Por tal razón, promovió acción de tutela, para que se ordenara al juzgado practicar la inspección judicial con exhibición de documentos. Empero, el amparo constitucional fue negado.

• Afirmó que, no devenía procedente esgrimir una nulidad, porque: (i) el juez comisionado, dispuso su decisión de no auxiliar la comisión referida dentro del

documentos. Empero, el amparo constitucional fue negado.

• Afirmó que, no devenía procedente esgrimir una nulidad, porque: (i) el juez comisionado, dispuso su decisión de no auxiliar la comisión referida dentro del marco competencial y de facultades que le asistía y que la Ley le autoriza; (ii) dicha decisión fue recurrida por los mecanismos legalmente habilitados en sede de l a figura de la comisión por esta parte accionante y; (iii) incluso, en sede de tutela, los operadores jurídicos determinaron que el juez comisionado y allí accionado, con su decisión de no auxiliar la comisión probatoria dispuesta, no incurrió en agravio alguno; como que tampoco vulneró disposición normativa, decisión que se dio en su “sede natural”.

• Argumentó que, el auto de 22 de marzo de 2023, ordenó incorporar los despachos comisorios “expresa y perentoriamente”, para los fines previstos por el inciso 2 del artículo 40 CGP, esto es, únicamente para los efectos de “nulidad” bajo el supuesto que el comisionado extralimitara sus funciones, lo que no resultaba “aplicable ni ejercitable” al sub lite.

31 Índice 26, SAMAI del Consejo de Estado.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: Marco Fidel Velásquez Durán y otros

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• Concluyó que, conforme lo acreditado en el plenario, se cumplen los presupuestos -de orden público - previstos en el artículo 327 -2 del CGP , porque la prueba se decretó y dejó de practicar en primera instancia y, su no práctica o recaudo, se dio

-de orden público - previstos en el artículo 327 -2 del CGP , porque la prueba se decretó y dejó de practicar en primera instancia y, su no práctica o recaudo, se dio sin culpa de la parte que la pidió.

• Con el recurso aportó los fallos proferidos en primera y segunda instancia por los jueces de tutela.

18. El 24 de octubre de 202 432, la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación fijó en lista el recurso de súplica, por el término comprendido entre el 25 y 28 del mismo mes y año33, plazo dentro del cual Electrificadora del Huila34, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 35 y la CREG 36, descorrieron el traslado, solicitando confirmar la decisión impugnada.

II. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable

El parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA37, adicionado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, dispuso que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales -como es el caso de la reparación de perjuicios causados a un grupo - y en el proceso ejecutivo, la apelación procede y se tramita de conformidad con las normas especiales que los regulan.

Si bien la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dispuso mediante el auto del 6 de agosto de 2020 38 que la integración normativa en la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo debía efectuarse con el CPACA y

32 Índice 27, SAMAI del Consejo de Estado. 33 Índice 36, SAMAI del Consejo de Estado.

reparación de perjuicios causados a un grupo debía efectuarse con el CPACA y

32 Índice 27, SAMAI del Consejo de Estado. 33 Índice 36, SAMAI del Consejo de Estado. 34 Memorial de 25 de octubre de 2024, índice 29 y 31, SAMAI del Consejo de Estado. 35 Memoriales de 28 y 29 de octubre de 2024, índice 30 y 35, SAMAI del Consejo de Estado. 36 Memorial de 25 de octubre de 2024, índice 32, SAMAI del Consejo de Estado. 37 “Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. […] Parágrafo 2°. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir [...]” [aclaración añadida]. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 6 de agosto de 2020, expediente No. 64.778, C.P. María Adriana Marín.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00179-08 (71255)

Demandante: Marco Fidel Velásquez Durán y otros

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que las normas procesales civiles solo serían aplicables en los casos en que esa normativa no regulara la materia, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 el legislador estableció que el régimen jurídico a aplicar en ese punto correspondía al establecido en la normativa especial que se ocupaba de esos

normativa no regulara la materia, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 el legislador estableció que el régimen jurídico a aplicar en ese punto correspondía al establecido en la normativa especial que se ocupaba de esos trámites, por lo que tal criterio jurisprudencial no resulta aplica ble a los asuntos sometidos al último estatuto mencionado.

En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA -reformadoy en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, la procedencia y el trámite de la apelación en las acciones de grupo se rige por la Ley 472 de 1998 y en lo no regulado en ella por el CGP, sin perjuicio, además, de que el CPACA se aplique en lo no regulado en ambas normas.

Aunado a lo anterior, es necesario anotar que la jurisprudencia de esta Corporación39 también ha señalado que, en vigencia del CPACA, a los procesos adelantados en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, se les aplica de manera directa lo previsto en este cuerpo normativo en lo que atañe: i) a las características del medio de control; ii) a la jurisdicción y competencia y iii) al término para ejercer el derecho de acción.

Como dentro del trámite de los recursos de apelación formulado