CE - Auto interlocutorio 41001333300620230030301 de 2025

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONFLICTO DE COMPETENCIA Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Demandada: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDADRES

Auto que resuelve conflicto negativo de competencia

El Despacho decide sobre el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -Sección Primera - y el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva (Huila).

I. ANTECEDENTES

1. La E.S.E. Carmen Emilia Ospina 1 presentó demanda ante la Superintendencia Nacional de Salud , en adelante Supersalud, contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en adelante ADRES,

cuyas pretensiones son las siguientes:

“[…] 1. Declarar que la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en su condición de prestador de servicios de salud , prestó servicios médicos a víctimas de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito.

2. Condenar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES y/o quien haga sus veces, a pagar a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA la suma DE SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($60.141.444) por los servicios médicos quirúrgicos prestados a

MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($60.141.444) por los servicios médicos quirúrgicos prestados a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos que se relacionan en el acápite de hechos;

3. Condenar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA •GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES y/o quien haga sus veces al pago de los Intereses Moratorios causados desde el momento en que cada una de las sumas atrás referidas se hicieron exigibles; y,

4. Condenar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA •GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES y/o quien haga sus veces, al pago de las costas procesales. […]” (negrilla del texto).

2. El Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la Supersalud en decisión de 23 de febrero de 2023 rechazó la demanda y

1 A través de apoderado judicial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA2

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina

ordenó que se remitiera el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá (reparto), por ser los competentes para conocer de la controversia.

3. Expuso que , de acuerdo con el Auto número 861 de 27 de octubre de 2021 proferido por la Corte Constitucional, “[…] la competencia judicial para conocer

(reparto), por ser los competentes para conocer de la controversia.

3. Expuso que , de acuerdo con el Auto número 861 de 27 de octubre de 2021 proferido por la Corte Constitucional, “[…] la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de reclamaciones judiciales al Estado por servicios prestados a pacientes que entran en la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -ECATrecae en los jueces contencioso-administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una entidad del SGSSS un acto administrativo proferido por la ADRES.

[…]”.

II. CONFLICTO DE COMPETENCIA

II.1. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -Sección Primera4. El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -Sección Primeraen providencia de 30 de octubre de 2023 2 declaró la falta de competencia para conocer del asunto y dispuso “[…] remitir de manera inmediata el expediente de la referencia a los Jueces Administrativos, del Circuito Judicial Administrativo (sic) de Neiva (Reparto). […]”.

5. Manifestó que según el numeral 2. del artículo 156 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho la competencia se determina por el lugar donde se expidió el acto o el domicilio del demandante.

6. Señaló que con la demanda se pretende el pago por concepto de prestación de

competencia se determina por el lugar donde se expidió el acto o el domicilio del demandante.

6. Señaló que con la demanda se pretende el pago por concepto de prestación de servicios médicos quirúrgicos prestados a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, sin que en el expediente obre copia de los actos administrativos demandados, por lo que no es posible establecer cuál es el lugar donde estos fueron expedidos.

7. Indicó que, como el domicilio de la demandante es la ciudad de Neiva , los competentes para conocer de la controversia son los Juzgados Administrativos de

Neiva (reparto).

II.2. Juzgado Sexto Administrativo de Neiva

8. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva por auto de 15 de diciembre de 2023 5 declaró su falta de competencia y propuso conflicto negativo de competencia.

2 Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento PROCESO DESCARGADO SAMAI(.zip) NroActua 2. 3 Modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 ,“[…] Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 5 Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento PROCESO DESCARGADO SAMAI(.zip) NroActua 2.3

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

5 Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento PROCESO DESCARGADO SAMAI(.zip) NroActua 2.3

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina

9. Sostuvo que el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -Sección Primerano tuvo en cuenta que la demandante presentó ante la ADRES solicitud de pago de los servicios prestados a las víctimas de accidentes de tránsito sin recibir respuesta a tal requerimiento , razón por la que dicha omisión dio lugar a la configuración de un acto administrativo ficto susceptible de control judicial , y es con base en dicho acto que se puede determinar la competencia en este proceso.

10. Consideró que, ante la existencia del acto ficto, el conocimiento de la controversia corresponde a “[…] la jurisdicción contencioso administrativa según las reglas definidas por la Corte Constitucional, y su competencia se define por el factor territorial, que corresponde al lugar donde se expidió el acto […] que es en el lugar físico de la dependencia, que en el caso del ADRES y antes FOSYGA es

la ciudad de Bogotá D.C., ya que estas entidades no tienen oficina o dependencia en la ciudad de Neiva […]”.

III. CONSIDERACIONES

III.1. Competencia y trámite

11. Este Despacho es competente para decidir el conflicto de competencia de la referencia, de conformidad con el artículo 1586 de la Ley 1437, teniendo en cuenta que se presenta entre dos jueces administrativos de diferentes distritos judiciales

(Bogotá y Neiva).

referencia, de conformidad con el artículo 1586 de la Ley 1437, teniendo en cuenta que se presenta entre dos jueces administrativos de diferentes distritos judiciales (Bogotá y Neiva).

12. Mediante auto de 16 de diciembre de 2024 7 se corrió traslado a las partes por el término común de tres (3) días, dentro del cual guardaron silencio.

III.2. Caso concreto

13. Las autoridades judiciales que promovieron el conflicto de competencia coinciden en que el proceso debe seguirse según el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para resolver la litis.

14. La diferencia radica en cuanto al juez competente para conocer del asunto; el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -Sección Primera - considera que la competencia se determina por el lugar del domicilio de la demandante ante la ausencia de los actos administrativos acusados que permitan definir el lugar de su expedición y el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva estima que esta se determina por el lugar de expedición del acto ficto demandado que es la ciudad de Bogotá por ser este el domicilio de la entidad que lo expidió , la cual no tiene sede en la ciudad de Neiva.

15. La Corte Constitucional respecto de la jurisdicción competente para conocer de las demandas que pretenden el pago de facturas y reclamaciones derivadas de

6 Modificado por el artículo 33 de la Ley 2080. 7 Cfr. Índice 5 del expediente digital.4

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina

7 Cfr. Índice 5 del expediente digital.4

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina

servicios médicos prestados a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, en auto núm. 861 de 27 de octubre de 20218 precisó que:

“[…] La competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de reclamaciones judiciales al Estado por servicios prestados a pacientes que entran en la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -ECATrecae en los jueces contencioso-administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 , por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una entidad del SGSSS un acto administrativo proferido por la ADRES.

Este tipo de controversias no corresponden a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social9, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores. […]”.

16. En el sub examine, la demandante pretende que se condene a la ADRES al pago de 309 facturas y reclamaciones de servicios médicos prestados a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos , relacionadas en los hechos de la demanda, que “[…] fueron devueltas sin pago por la Demandada, aduciendo glosas

de 309 facturas y reclamaciones de servicios médicos prestados a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos , relacionadas en los hechos de la demanda, que “[…] fueron devueltas sin pago por la Demandada, aduciendo glosas injustificadas. […]”.

17. Si bien en el expediente no obra copia de las glosas realizadas por la ADRES, a través de las cuales se niega el pago antes mencionado, de acuerdo con lo expuesto en la demanda y la jurisprudencia citada supra, se puede determinar que lo que se pretende es: i) la nulidad de los actos que negaron a la demandante el pago de varias facturas y reclamaciones por concepto de servicios médicos prestados a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, y ii) el restablecimiento del derecho.

18. Así las cosas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de dicha demanda, que corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. El numeral 3. del artículo 15 5 de la Ley 1437 dispone que los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los procesos “[…] de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”.

20. El numeral 2. del artículo 156 de la Ley 1437 sobre la competencia por factor del territorio establece que: “[…] En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar. […]”.

territorio establece que: “[…] En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar. […]”.

8 Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Auto 861 de 27 de octubre de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 9 Modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso.5

Radicación núm.: 41001-33-33-006-2023-00303-01

Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina

21. Por lo tanto, en razón a que : i) la cuantía de la demanda no excede de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes10; y ii) los actos fueron expedidos por la ADRES o tienen origen en esta entidad cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá , la cual no tiene sede en otro lugar del territorio, los juzgados administrativos de Bogotá son los competentes para conocer de este proceso.

22. En consecuencia, se dirimirá el conflicto negativo de competencia, declarando que el competente para continuar conociendo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -

Sección Primera-.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia, en el sentido de DECLARAR que la competencia para continuar conociendo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al Juzgado Tercero

Administrativo de Bogotá -Sección Primera-.

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia, en el sentido de DECLARAR que la competencia para continuar conociendo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al Juzgado Tercero

Administrativo de Bogotá -Sección Primera-.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá -

Sección Primera-.

TERCERO: COMUNICAR la presente providencia al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva.

CUARTO: Por Secretaría REALIZAR las anotaciones de rigor en la Sede

Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10 Según la pretensión 2. de la demanda, se solicita la condena al pago de: “[…] SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA

Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($60.141.444) […]”.