CE - Auto interlocutorio 47001233300020220024301 de 2025

Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

Demandante: Jorge Luis Guerrero Castillo y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Reparación directa Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884) Demandante: Jorge Luis Guerrero Castillo y otros Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otros Asunto: Resuelve recurso de apelación

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto del 8 de febrero de 20231, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa, de conformidad con lo establecido en el numeral 1o del artículo 169 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 20 de octubre de 2022 2, los señores Jorge Luis Guerrero Castillo, Deisy Esther Viloria Martínez, Carmen Delfina Ariza Robles, Jorge Luis Guerrero Ariza, Sebastián de Jesús Guerrero Ariza, Lía Carolina Guerrero Ariza, Kevin Alexander Guerrero Viloria, Em elis Guerre ro Viloria y Pedro J oaquín Guerrero Viloria , a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Viloria, Em elis Guerre ro Viloria y Pedro J oaquín Guerrero Viloria , a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, Departamento del Magdalena, Ruta del Sol II S.A., Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Municipio de Pueblo Viejo (Magdalena) y Transportes y Combustibles «La Caribeña S.A.S.», con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables y se les condene a pagar los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con la muerte del señor Jorge Luis Guerrero Viloria, ocurrida el 6 de julio de 2020 como consecuencia de la explosión de un camión tipo cisterna derivada, a su vez, de un accidente que tuvo lugar el día

1 Índice 12 registrado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la plataforma Samai. 2 Índices 1 y 10 ibidem.Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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anterior3 cerca al kilómetro 47 de la vía Santa Marta - Barranquilla en el corregimiento de Tasajera, perteneciente al municipio de Pueblo Viejo (Magdalena). La parte actora atribuyó la causación del daño a la falla del servicio por omisión en que habrían incurrido las entidades accionadas.

2. El auto apelado

Mediante auto del 8 de febrero de 2023 4, el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó la demanda5 por haber operado el fenómeno de la caducidad, conforme a

2. El auto apelado

Mediante auto del 8 de febrero de 2023 4, el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó la demanda5 por haber operado el fenómeno de la caducidad, conforme a lo establecido en el numeral 1o del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.

El a quo estimó que el plazo de dos años para presentar el medio de control de reparación directa , previsto en el artículo 164 (numeral 2, literal i) ejúsdem, transcurrió entre el 7 de julio de 2020 -día siguiente a cuando acaeció el hecho generador del daño reclamado en la demanday el 7 de julio de 2022.

El tribunal puntualizó que «dentro del plazo con el que contaba la parte actora para demandar, no se hizo uso de la conciliación extrajudicial, pues esta solicitud fue presentada en la fecha del día 25 de julio de 2022, motivo por el cual no operó la suspensión del término de caducidad».

3. El recurso de reposición y de apelación

El 28 de febrero de 20236, la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión anterior, y en su lugar, solicitó que se admita la demanda.

El recurrente a rgumentó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa en el presente caso no debe computarse desde la fecha en que ocurrió la explosión del carro cisterna, toda vez que debe tenerse en cuenta que existe una denuncia penal por lesiones personales, homicidio culposo y otros delitos

3 En la subsanación de la demanda se expresó lo siguiente: «Es importante también aclarar al despacho que la

existe una denuncia penal por lesiones personales, homicidio culposo y otros delitos

3 En la subsanación de la demanda se expresó lo siguiente: «Es importante también aclarar al despacho que la tragedia acontecida que ha dado lugar a todas estas reclamaciones, ocurrió el día 5 de julio del 2020, pues por un error involuntario, se expresó en la demanda que el día de la tragedia había sido el 6 de julio del año 2020» (se destaca). Índice 8 ibidem (folio 3). 4 Índice 12 ibidem. 5 La demanda fue previamente inadmitida en auto del 9 de noviembre de 2022 (índice 3 ibidem), para que fuera subsanada en lo referente al cumplimiento del requisito de la conciliación extrajudicial , las pruebas que se pretendían hacer valer, la ausencia de poder otorgado en debida forma y el deber de enviar copia de la demanda junto con sus anexos a la parte accionada. El extremo demandante, por su parte, procedió a subsanar el escrito inicial (índice 8 ibidem). 6 Índice 17 ibidem.Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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ante la Fiscalía General de la Nación, radicada el 7 de agosto de 2022 por José de Jesús Ibáñez Cahuana, herido y sobreviviente del suceso.

En criterio de la parte actora, lo anterior, junto con el hecho de que el ente acusador inició de oficio investigaciones por el fallecimiento y las lesiones de todos los afectados, permite concluir que el término de caducidad no ha vencido y que este

En criterio de la parte actora, lo anterior, junto con el hecho de que el ente acusador inició de oficio investigaciones por el fallecimiento y las lesiones de todos los afectados, permite concluir que el término de caducidad no ha vencido y que este presupuesto procesal puede estudiarse al dictar el fallo, en la medida en que , al estar en trámite dichas diligencias, todavía no se han esclarecido los hechos relativos al accidente y posterior incendio que produjo el deceso del señor Guerrero Viloria, y tampoco se cuenta con la certeza suficiente frente a la configuración de responsabilidad penal en cabeza de los involucrados.

El demandante m anifestó que, en caso de que eventualmente se declare la caducidad, esta operaría solo respecto de las instituciones de carácter público y, por ende, el proceso debería remitirse a la jurisdicción ordinaria o civil, dado que en esta no se configura dicho fenómeno sino el de la prescripción.

4. La resolución del recurso de reposición interpuesto

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante providencia del 26 de abril de 20237, no repuso la decisión contenida en el auto recurrido, al considerar que el término de caducidad empezó a contabilizarse a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño, que corresponde al fallecimiento del señor Guerrero Viloria , acaecido el 6 de julio de 2020 según se expuso en la demanda, por lo que el plazo máximo para su presentación vencía el 7 de julio de 2022.

El tribunal no acogió los planteamientos de la parte accionante en cuanto a que es necesario tener certeza del resultado de las investigaciones penales en curso ante

máximo para su presentación vencía el 7 de julio de 2022.

El tribunal no acogió los planteamientos de la parte accionante en cuanto a que es necesario tener certeza del resultado de las investigaciones penales en curso ante la Fiscalía General de la Nación, puesto que los resultados que puedan arrojar no autorizan la aplicación de las reglas especiales que gobiernan el término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de desaparición forzada.

El a quo encontró que la denuncia instaurada por José de Jesús Ibáñez Cahuana contra personas indeterminadas en relación con las lesiones personales que sufrió por cuenta de la explosión fue «presentada con posterioridad a la fecha límite de

7 Índice 19 ibidem.Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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caducidad de la acción, es decir, en fecha 7 de septiembre de 2022», por lo que no era dable tener en cuenta esta circunstancia en el análisis de la caducidad, como lo pretende la parte recurrente.

Por último, en lo atinente a la solicitud de remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria para que continúe frente a las empresas Transportes y Combustibles «La Caribeña S.A.S.» y Ruta del Sol II S.A., el Tribunal Administrativo del Magdalena advirtió que «existe un recurso de apelación interpuesto en subsidio del recurso de reposición del cual se abordó estudio en esta providencia, el cual debe ser resuelto por el superior, razón por la cual resultaría incluso improcedente que esta Corporación se pronunciase sobre la misma».

del cual se abordó estudio en esta providencia, el cual debe ser resuelto por el superior, razón por la cual resultaría incluso improcedente que esta Corporación se pronunciase sobre la misma».

Por último, el a quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES

1. Normatividad aplicable

En atención a que la demanda se presentó el 20 de octubre de 2022 y el recurso de apelación se formuló el 28 de febrero de 2023, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 202 18, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011 , con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 20219.

2. Procedencia, competencia y oportunidad del recurso de apelación

De conformidad con el artículo 150 del CPACA10, en concordancia con el numeral 1 del artículo 243 del mismo estatuto11, el Consejo de Estado es competente para

8 Publicada el 25 de enero de 2021. 9 «Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación , con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado (…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en

Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (…)» (se destaca). 10 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación [modificado por el artículo 22 de la Ley 2080 de 2021] . El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)» (se destaca). 11 «Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma (...)» (se destaca).Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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conocer en segunda instancia de las apelaciones de autos susceptibles de ese medio de impugnación, entre los cuales se encuentra el que rechaza la demanda.

En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante providencia del 8 de febrero de 2023, dispuso rechazar la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa, de manera que se trata de una decisión apelable.

Asimismo, según lo previsto en el literal g) del artículo 125 (numeral 2)12 del CPACA,

operado la caducidad del medio de control de reparación directa, de manera que se trata de una decisión apelable.

Asimismo, según lo previsto en el literal g) del artículo 125 (numeral 2)12 del CPACA, se advierte que a la Sala le asiste competencia para resolver la impugnación.

Adicionalmente, dado que el auto censurado se notificó por estado electrónico del 22 de febrero de 202313 y el recurso se interpuso el 27 de febrero siguiente14, en los términos del artículo 244 (numeral 3) del CPACA15 es válido concluir que se formuló dentro de la oportunidad legal16.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, el medio de control de reparación directa se encontraba caducado al momento de la presentación de la demanda.

4. Caducidad del medio de control de reparación directa

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos términos para poder ejercer

12 «Artículo 125. De la expedición de providencias [modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021 ]. La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas (…)» (se destaca).

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas (…)» (se destaca). 13 Índices 15 y 16 registrado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la plataforma Samai. 14 Índice 17 ibidem. 15 «Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos [modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021]. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: (…)

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición.

En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días. De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele e l auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo (…)». 16 Los días 25 y 26 de febrero de 2023 correspondieron a días no hábiles. 17 Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002: « La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho queRadicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento sin que el interesado hubiese elevado la respectiva solicitud judicial implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, racionalizar la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18 y ofrecer estabilidad jurídica, de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por parte de los órganos judiciales adquieran firmeza y seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tant o se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caduci dad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la

tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se ha lla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un inter és general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia». 18 Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006 , expediente: 6871-05: «[E]l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…) El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos».

impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos». 19 Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013: «Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidadRadicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad de accionar.

El artículo 164 (numeral 2, literal i)) del CPACA señala que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su acaecimiento.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la

posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su acaecimiento.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 21, y sólo se interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en la ley22.

5. Caso concreto

En el sub lite , los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, Departamento del Magdalena, Ruta del Sol II S.A.,

opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial». 20 Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998: «Si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado».

causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado». 21 «Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable». 22 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: «Articulo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el man damiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado».Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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notificación al demandado».Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Municipio de Pueblo Viejo (Magdalena) y Transportes y Combustibles «La Caribeña S.A.S.» por los perjuicios materiales e inmateriales causados como consecuencia del deceso del señor Jorge Luis Guerrero Viloria.

De acuerdo con los hechos narrados en la demanda, se observa que el fallecimiento del señor Guerrero Viloria se presentó el 6 de julio de 2020 23, con ocasión de la explosión del camión cisterna afiliado a la empresa Transportes y Combustibles «La Caribeña S.A.S.», ocurrida el 5 de julio de 2020 24 cerca al kilómetro 47 de la vía Santa Marta - Barranquilla en el corregimiento de Tasajera, perteneciente al municipio de Pueblo Viejo (Magdalena).

Con base en lo anterior, se advierte que el término de caducidad para ejercer el derecho de acción , contemplado en el artículo 164 (numeral 2, literal i)) del CPACA25, empezó a correr a partir del 7 de julio de 2020 , fecha que corresponde al día siguiente a aquel en que acaeció el deceso del señor Guerrero Viloria, hecho causante del daño cuya indemnización se pretende, de modo tal que el plazo para promover el medio de control de reparación directa venció el 7 de julio de 2022, sin que se acreditara la existencia de motivos razonablemente fundados que le hubieran impedido a los demandantes conocer el daño desde el momento mismo de su ocurrencia.

que se acreditara la existencia de motivos razonablemente fundados que le hubieran impedido a los demandantes conocer el daño desde el momento mismo de su ocurrencia.

Además, de la demanda se desprende que el daño se atribuye a la falla del servicio por omisión de las entidades accionadas, la cual condujo a su concreción el 6 de julio de 2020 , cuando ocurrió el fallecimiento del señor Guerrero Viloria . D icha manifestación, realizada de manera expresa, consciente y libre por el apoderado de los accionantes en ejercicio de las facultades conferidas26, constituye una confesión

23 Conforme al certificado de defunción 10078696 visible en el índice 8 registrado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la plataforma Samai (folio 62). 24 Esta fecha fue corregida en el escrito de subsanación de la demanda visible en el índice 8 ibidem (folio 3). 25 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño , o de cuando el demandan te tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia» (se destaca). 26 Según el artículo 77 (inciso 3°) del Código General del Proceso, «[e]l poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar

26 Según el artículo 77 (inciso 3°) del Código General del Proceso, «[e]l poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita (…)» (se destaca).Radicación: 47001-23-33-000-2022-00243-01 (69884)

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con pleno valor probatorio 27 y acredita el conocimiento del daño por parte del extremo activo.

En efecto, en el escrito inicial la parte demandante elevó la pretensión de responsabilidad patrimonial de las entidades accionadas en relación con los hechos acaecidos el 5 de julio de 2020 28. Igualmente, como sustento fáctico indicó que la víctima directa transitó por el lugar donde ocurrió el accidente y sufrió quemaduras ocasionadas con la explosión del vehículo, las cuales le produjeron la muerte29. Asimismo, en la demanda se identificó como el hecho causante del daño el fallecimiento del señor Guerrero Viloria30.

Adicionalmente, según el recuento fáctico esbozado en el escrito inicial, la falla del servicio atribuida a las entidades demandadas se presentó en el mismo momento en que ocurrieron los hechos que rodearon la producción del daño reclamado -el accidente y la explosión del camión cisterna-, en la medida en que, por su «trabajo escueto» y «falta de preparación», no se activaron «los protocolos de seguridad de

en que ocurrieron los hechos que rodearon la producción del daño reclamado -el accidente y la explosión del camión cisterna-, en la medida en que, por su «trabajo escueto» y «falta de preparación», no se activaron «los protocolos de seguridad de aislamiento, cierre de vías y acordonamiento del lugar» y no se evitó «la circulación de transeúntes y carros por la troncal»31.

27 De acuerdo con el artículo 193 del Código General del Proceso, «[l]a confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita» (se destaca). 28 En la subsanación la parte actora aclaró que «la tragedia acontecida que ha dado lugar a todas estas reclamaciones [refiriéndose al accidente y a la explosión del camión cisterna] ocurrió el día 5 de julio de 2020, pues por un error involuntario, se expresó en la demanda que el día de la tragedia había sido el 6 de julio del año 2020» (índice 8 ibidem (folio 3)). Así fue como se redactó el hecho: « Primero: El día [5 de julio de 2020, según la subsanación de la demanda] en el kilómetro 47 de la vía Santa Marta – Barranquilla en Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo, Magdalena, un camión tipo cisterna de Placas WGV -913, afiliado a la empresa TRANSPORTES Y COMBU STIBLES LA CARIBEÑA LTDA y conducido por el señor MANUEL ENRIQUE

corregimiento de Pueblo Viejo, Magdalena, un camión tipo cisterna de Placas WGV -913,