CE - Auto interlocutorio 47001233300020240027901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

Actor: Municipio de Plato Demandado: Desarrollo Urbano de Colombia SA Dolmen SA ESP Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

Tema: Apelación de auto que negó medida cautelar de suspensión de un contrato estatal

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del Auto de 10 de abril de 2025 , mediante el cual el Tribunal Administrativo de Magdalena negó la medida cautelar de suspensión provisional de un contrato estatal.

La Subsección es competente para resolver el recurso de apelación , de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 20191 y el artículo 150 de la Ley 1437 de 20112 . Adicionalmente, según el artículo 125 de esa ley3, el Auto que resuelve el recurso de apelación que se interpone contra el que resolvió las medidas cautelares, debe ser proferido por la Sala.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Demanda, solicitud de las medidas cautelares y su trámite. 1.2. La providencia

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Demanda, solicitud de las medidas cautelares y su trámite. 1.2. La providencia apelada. 1.3. El recurso de apelación y su trámite.

1 Artículo 13. Distribución de procesos entre las secciones. “(…) Sección Tercera: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros. 2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero.” 2 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.” 3 Artículo 125. Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. De la expedición de providencias.” La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia

sentencias y las siguientes providencias: h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.”Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

Actor: Municipio de Plato Demandado: Desarrollo Urbano de Colombia SA Dolmen SA ESP Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) __________________________________________________________________________________________________________________

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1.1. Demanda, solicitud de las medidas cautelares y su trámite

1. El 28 de agosto de 2024 , el Municipio de Plato , mediante apoderado judicial, presentó demanda de controversias contractuales contra Desarrollo Urbano de Colombia DOLMEN SA ESP , en la que formuló las siguientes

pretensiones4:

“PRIMERO: Se declare la nulidad absoluta del Contrato de Concesión CCAMU-MP001 de 2014, cuyo objeto es “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN,

MODERNIZACIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,

ADMINISTRACIÓN, REPOSICIÓN, EXPLOTACIÓN, EXPANSIÓN, DEL SISTEMA DE MOBILIARIO URBANO, INCLUYENDO SISTEMAS DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA Y LA EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE MANERA EXCLUSIVA EN EL

MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA.

SEGUNDO: Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo No. 101 de junio 24 del 2014, “por medio del cual se otorgan unas facultades protempore y expresas al alcalde Municipal de Plato – Magdalena, y se conceden unas autorizaciones”

No. 101 de junio 24 del 2014, “por medio del cual se otorgan unas facultades protempore y expresas al alcalde Municipal de Plato – Magdalena, y se conceden unas autorizaciones” TERCERO. Que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en caso de advertir una causal de nulidad absoluta, diferente a la invocada en esta demanda, declare la nulidad absoluta del Contrato CCAMU -MP-001 de 2014, en virtud de lo señalado en el artículo 141 del CPACA.”

2. Los hechos que fundamentan las pretensiones, en síntesis, son los siguientes. Se explicó que, en el año 2014, el Concejo Municipal de Plato expidió el Acuerdo No. 101, mediante el cual se otorgó facultades pro tempore al alcalde para contratar, mediante co ncesión, la implementación de un sistema de mobiliario urbano y publicidad exterior visual 5. Además, se facultó al alcalde para comprometer vigencias futur as en los términos de la Ley 14 83 de 2011 6. Sin embargo, el municipio no incluyó en el Plan de Desa rrollo el compromiso derivado del contrato, ni se obtuvo autorización previa del CONFIS para comprometer vigencias futuras, como lo exige la Ley. Pese a ello, el contrato fue adjudicado a DOLMEN SA ESP por veinte años, sin que el

4 Índice 2 en SAMAI del tribunal. Visible en el archivo “005ED_01Demanda” 5 Se estableció como fuente de financiación del servicio de amoblamiento urbano los siguientes ingresos: ✓ 100% del impuesto de avisos y tableros. ✓ 25% del impuesto de industria y comercio. ✓ 100% de los ingresos por explotación de publicidad exterior visual.

✓ 100% del impuesto de avisos y tableros. ✓ 25% del impuesto de industria y comercio. ✓ 100% de los ingresos por explotación de publicidad exterior visual. ✓ 50% de los ingresos netos por multas de dispositivos electrónicos de control de tránsito. 6 Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura , energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. d)Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autor ización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración,

futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

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concesionario asumiera riesgos financieros, lo que , en su criterio, desvirtúa la naturaleza de la concesión. Para el demandante, lo expuesto, configura un objeto ilícito del contrato y, en esa medida, debe anularse.

3. Mediante escrito separado, la parte actora presentó solicitud de medida cautelar de suspensión de la ejecución del contrato de concesión . Sus argumentos se pueden sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, la parte actora indicó que la medida cautelar era procedente, en los términos del ar tículo 230.2 del CPACA 7. Posteriormente, explicó que la ejecución del contrato obliga ba al Municipio a ceder al concesionario una porción sustancial de sus ingresos tributarios y de libre destinación 8 lo cual causaba un detrimento patrimonial. Agregó que ese contrato de concesión en los términos pactados “ atenta contra las normas de presupuesto (…) al comprometerse vigencias futuras sin la autorización del CONFIS y sin incluir ese compromiso en

detrimento patrimonial. Agregó que ese contrato de concesión en los términos pactados “ atenta contra las normas de presupuesto (…) al comprometerse vigencias futuras sin la autorización del CONFIS y sin incluir ese compromiso en el plan de desarrollo 9 y permite que la ejecución del contrato se financie, no con la inversión privada, sino con los recursos públicos, sin que asumiera ningún riesgo el contratista lo cual desnaturalizó el supuesto contrato de concesión entre las partes”. Dicho lo anterior, aunque no se citó el artículo 231 del CPACA que alude a los requisitos para decretar una medida cautelar, se refirió a cada uno de ellos.

4. Explicó que la solicitud cumplía con la apariencia de buen derecho porque exist ían serios indicios de violación normativa y precedentes del Consejo de Estado que han declarado nulos “ contratos idénticos o similares”.

También se cumplía el requisito de urgencia, porque la continuidad del contrato expon ía “día a día ” los recursos municipales al riesgo de pérdida definitiva; por lo que resultaba necesario detener la ejecución para preservar el patrimonio público. Finalmente, señaló que el perjuicio de no suspender la ejecución sería mayor que el de decretar la medida, pues la desviación de ingresos esenciales para la inversión social del Municipio continuaría.

7 “ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relació n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relació n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A es ta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señala rá las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.” 8 1) 100% del impuesto de avisos y tableros. 2) 25% del Impuesto de Industria y Comercio. 3) 100% del producto de los ingresos que obtenga el concesionario por concepto de la explotación de la publicidad exterior visual. 4) El 50% de los ingresos netos por concepto de comparendos pagados por multas de dispositivos electrónicos de control de tránsito (cámaras de detección electrónica). 9 Explicó que se comprometieron vigencias futuras y el contrato No fue incluido en el Plan de Desarrollo Municipal. No se obtuvo aprobación del CONFIS municipal. No se declaró el proyecto de importancia estratégica, como lo exige el Decreto 2767 de 2012 que reglamenta la Ley 1483 de 2011.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

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5. El 14 de febrero de 202510, el Tribunal Administrativo de Magdalena corrió traslado de la solicitud de medida cautelar a los demandados por el término de 5 días. El término inició a correr el 5 de marzo de 2025 y, dentro de la oportunidad, la parte demandada se pronunció11.

6. Dolmen SA ESP., en síntesis, señaló que la demanda no tiene apariencia de buen derecho, ya que se basa en afirmaciones subjetivas y no demostraba de manera clara la ilegalidad del contrato ni la existencia de un perjuicio irremediable. Además, señal ó que el demandante omitió información relevante, como la modificación de los porcentajes de cesión de tributos

mediante el Otrosí No. 3 de 2023, lo que desvirtuaba la supuesta lesividad del contrato. Asimismo, sostuvo que negar la medida cautelar no afecta ba el interés públi co, pues la suspensión del contrato impediría la prestación de servicios esenciales como el mantenimiento del mobiliario urbano y la semaforización, con lo que se afectaría al municipio. Por el contrario, la ejecución del contrato permit ía continuar con ob ligaciones contractuales necesarias para el desarrollo local.

1.2. La providencia apelada

7. El 10 de abril de 2025 , el tribunal decidió negar la solicitud de medida cautelar de suspensión de la ejecución del contrato de concesión 12. En una

1.2. La providencia apelada

7. El 10 de abril de 2025 , el tribunal decidió negar la solicitud de medida cautelar de suspensión de la ejecución del contrato de concesión 12. En una primera parte, el despacho estudi ó todo lo relativo a la medida cautelar de “suspensión de actos administrativos ”. Posteriormente señal ó “Ahora bien, revisado el libelo genitor y el escrito contentivo de la solicitud de la medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos administrativos cuya nulidad se impetra” y, posteriormente, concluyó lo siguiente: en el present e caso no existen motivos para considerar que, de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia resulten nugatorios. Además, no es posible abordar el estudio de una posible vulneración directa a la constitución como lo sugiere la parte demandante, sino que se requiere analizar las normas legales. Finalmente, afirmó que no se demostró el riesgo para el interés público de no decretar la medida cautelar.

1.3. El recurso de apelación y su trámite

8. El 21 de abril de 2025 , el demandante interpuso recurso de apelación13.

Sus argumentos se pueden sintetizar así: 1) Aseguró que existía una vulneración al interés público y la posibilidad de “ perpetuar” una nulidad absoluta del contrato. Agregó que el riesgo al interés público era inminente y se derivaba

10 Índice 11 en SAMAI del tribunal. 11 Índice 37 en SAMAI del tribunal. 12 Índice 42 en SAMAI del tribunal.

contrato. Agregó que el riesgo al interés público era inminente y se derivaba

10 Índice 11 en SAMAI del tribunal. 11 Índice 37 en SAMAI del tribunal. 12 Índice 42 en SAMAI del tribunal. 13 Índice 48 en SAMAI del tribunal.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

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de una solicitud de conciliación extrajudicial de DOLMEN en la que reclamaba $5.115 millones al Municipio por supuestos costos de este contrato (allegó con el recurso de apelación copia de la citación a audiencia de conciliación extrajudicial radicada al 14 -03-2025). 2) Además, afirmó que existía un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado ; citó para ello una decisión de 12 de julio de 202314, mediante la cual, según afirmó la “Sección Tercera declaró la nulidad de un contrato idéntico suscrito entre DOLMEN y el Municipio de Sabanalarga, por simular una concesión sin riesgo y violar la legalidad presupuestal .” 3) finalmente, señaló que existía una desnaturalización del contrato de concesión, porque Dolmen no realiza ba inversión propia, sino que ejecuta ba el contrato con los mismos recursos públicos que recaudaba, actuando como administrador de tributos y no como concesionario que asumía un riesgo empresarial 15. Aseguró que se cumplían

inversión propia, sino que ejecuta ba el contrato con los mismos recursos públicos que recaudaba, actuando como administrador de tributos y no como concesionario que asumía un riesgo empresarial 15. Aseguró que se cumplían todos los requisitos de una medida cautelar en los términos del artículo 231 del CPACA.

9. Mediante Auto de 1 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo 16. El asunto ingresó a este Despacho el 17 de octubre de 2025 para resolver el recurso17.

2. CONSIDERACIONES

10. De conformidad con el artículo 243 del CPACA, numeral 5, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante es procedente 18 y, además, se interpuso dentro del término oportuno19.

11. En esta providencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante. Para ello, en primer lugar, la Sala se referirá a la procedencia de la medida cautelar de suspensión de un contrato estatal en vigencia del CPACA. En segundo lugar, revisará los argumentos del recurso de apelación de cara a los requisitos de la medida cautelar previstos en el artículo 231 del CPACA.

12. Procedencia de la medida cautelar. La Sala considera que es posible, en vigencia del CPACA, solicitar como medida cautelar la suspensión de un contrato porque: las medidas cautelares previstas en el artículo 230 del CPACA no son taxativas , entender lo contrario significa ría efectuar una

14Rad 08001-23-31-002-2011-00893-01),

contrato porque: las medidas cautelares previstas en el artículo 230 del CPACA no son taxativas , entender lo contrario significa ría efectuar una

14Rad 08001-23-31-002-2011-00893-01), 15 Agregó que el contrato garantiza pagos al contratista aun sin recaudo suficiente, trasladando el riesgo financiero al municipio y violando los principios de eficiencia, planeación y equilibrio económico. 16 Índice 54 en SAMAI del tribunal. 17 Índice 3 en Samai de este despacho. 18 Artículo 243. Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. Apelación. “ Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…) 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.” 19 El Auto se notificó por estado el 11 de abril de 2025 (índice 45 en SAMAI del tribunal), cuyo término de ejecutoria transcurrió entre el 21 a 23 de de abril de 2025. El recurso se interpuso el 21 de abril de 2025.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

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interpretación regresiva y, finalmente, existen antecedentes de esta Corporación que muestran que esta medida cautelar resulta posible.

13. Las medidas cautelares del artículo 230 del CPACA no son taxativas. Una interpretación que incluya la revisión de los artículos 103 20, 229 21 y 230 22 del

Corporación que muestran que esta medida cautelar resulta posible.

13. Las medidas cautelares del artículo 230 del CPACA no son taxativas. Una interpretación que incluya la revisión de los artículos 103 20, 229 21 y 230 22 del CPACA, permite entender que las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo no se limitan al listado taxativo que propone el artículo 230 del CPACA. Incluso, debe tenerse en cuenta: a) que así lo han entendido difer entes decisiones de esta Corporación que han señalado que las medidas cautelares en el CPACA no son taxativas 23; b) que esa interpretación se acompasa con el querer del legislador que buscaba darle herramientas al juez de lo contencioso administrativo para lograr la efectividad de los derechos24; c) Que la medida cautelar de suspensión de un

20 “OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. (…)” 21 “En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en pro videncia motivada, las medidas cautelares que considere necesaria s para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. (…)” 22 “Las medidas cautelares podr án ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener

proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. (…)” 22 “Las medidas cautelares podr án ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: (…)” 23 A) Rad. 52804. Sección Tercera. Sub C. Auto de ponente: Roberto Sáchica: “Cabe señalar que, si bien la inscripción de la demanda no se encuentra enlistada en el artículo 230 del CPACA, ello no impide que pueda ser decretada como parte de las medidas cautelares dentro del procedimiento contencioso administrativo –siempre que cumplan con los requisitos para ellopues este artículo no establece un listado cerrado o taxativo (…)” B) Rad. 67258. Sección Tercera. Sub. C. Auto de Sala. Ponente Jaime Rodríguez. “cabe resaltar, que el legislador no pretendió como esta enunciación de modalidades, la constitución de un numerus clausus. Por el contrario, se propuso instaurar un sistema innominado, abierto y extendido de medidas cautelares que permitan asegurar una respuesta oportuna y adecuada a la necesidad que demande cada situación particular y concreta.” C) Rad. 0740 -15 Sección Segunda. Sub A. Auto de ponente: William Hernández: “ En efecto, el legislador, en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), optó por superar la típica, taxativa y formalista suspensión provisional de los efectos del acto administrativo contenida en el artículo 152 del CCA como única medida cautelar posible de ser decretada por el juez,

1437 de 2011 (CPACA), optó por superar la típica, taxativa y formalista suspensión provisional de los efectos del acto administrativo contenida en el artículo 152 del CCA como única medida cautelar posible de ser decretada por el juez, para implementar un esquema de protección c autelar que obedezca a la necesidad de asegurar la tutela judicial efectiva.” D) Rad. 2016-01029 Sección Segunda. Subsección A. Auto de ponente: Gabriel Valbuena. “Es del caso resaltar que el listado de medidas cautelares contenido en el artículo 230 no co nstituye propiamente un numerus clausus, pues la intención del legislador fue justamente la de instaurar un sistema innominado, abierto y extensivo de medidas cautelares que permitan asegurar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades que demande cada situación particular y concreta”. E) Rad. 2017 -00212. Sección Segunda. Subsección B. Auto de ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. “ La norma anteriormente trascrita (artículo 230 Ley 1437 de 2011) consagra un listado enunciativo de cautelas, tales com o, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa y ordenar la adopción de una decisión administrativa, entre otras”. F) Rad. 65979. Sección Tercera. Subsección B. Auto de Sala. Ponente: Alberto Montaña Plata. “La Sala advierte que, pese a que el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, le permite al juez decretar medidas cautelares innominadas, la solicitud de este tipo de medidas debe ser específica, es decir, el interesado d ebe concretar el contenido de la medida cautelar cuyo decreto pretende.”

solicitud de este tipo de medidas debe ser específica, es decir, el interesado d ebe concretar el contenido de la medida cautelar cuyo decreto pretende.” G) Rad. 67.986. Sección Tercera. Subsección B. Auto de Sala. Ponente: Alberto Montaña Plata. “Por lo anterior, habida cuenta de que los argumentos planteados en el recurso de apelación no desvirtuaron los requisitos planteados del artículo 231 del CPACA, se confirmará la decisión de primera instancia, que decretó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público [medida que consistió en pedirle a una parte que constituya caución]] H) Rad. 67.512. Sección Tercera. Subsección B. Auto de Sala. Ponente: Fredy Ibarra. “La Sala pone de presente también que la solicitud de medida cautelar cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia, se confirmará el auto (…) que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos y toda forma de ejecución de las obligaciones contenidas en el arreglo directo celebrado” entre las partes y el contrato de transacción también suscrito por ellas. 24 Incluso, en este punto, se resalta que, en el texto aprobado por la Comisión Primera del senado para el proyecto No. 198 de 2009 se había fijado: “Artículo 225. Contenido y alcance de las medidas cautelares: las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar, según el caso, entre otras una o varias de las siguientes medidas (…)”.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

Actor: Municipio de Plato

podrá decretar, según el caso, entre otras una o varias de las siguientes medidas (…)”.Radicación: 47001-2333-000-2024-00279-01 (73.528)

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contrato guarda relación directa y necesaria con la pretensión de la demanda que busca la nulidad de un contrato como lo exige el artículo 231 del CPACA.

14. Entender lo contrario, significaría una interpretación regresiva. Aceptar esa lectura rígida del artículo 229 y 230 del CPACA desconoce el propósito de la Ley 1437 de 2011 que fue superar las limitaciones materiales25 y temporales26 que contenía el Decreto 1 de 1984 y permitir que, de verdad, se protegiera el derecho de quienes acudían a la jurisdicción; de tal forma que se evitara que se causaran perjuicios irremediables o sentencias con efectos nugatorios.

15. Finalmente, existen antecedentes de esta Corporación que muestran que la medida cautelar de suspensión de un contrato estatal es posible . En es e punto, se quiere destacar que , tanto la Subsección A 27 como la Subsección C28, recientemente, han estudiado de fondo la medida cautelar de suspensión del contrato. Se destaca que la Subsección A indicó que, si la medida cautelar de suspensión del contrato permitía proteger el objeto de la sentencia y, con ello, “ intereses superiores, entre otros, el d el medio ambiente, o el del patrimonio público”, debía estudiarse de fondo y revisar el cumplimiento de requisitos.

de suspensión del contrato permitía proteger el objeto de la sentencia y, con ello, “ intereses superiores, entre otros, el d el medio ambiente, o el del patrimonio público”, debía estudiarse de fondo y revisar el cumplimiento de requisitos.

16. Requisitos de la medida cautelar previstos en el artículo 231 del CPACA .

Ese artículo, señaló que, si la medida cautelar era diferente a la suspensión de actos administrativos, como en este caso, que se pretende la suspensión de un contrato estatal, se debían reunir los requisitos ahí previstos para su decreto29. En esa medida, procede la Sala a revisar su cumplimiento.

17. 1) El primero de ellos, es que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. En este caso, se alega que se cumple este requisito porque hay suficientes argumentos para concluir que el contrato no se sujetó a lo previsto en el estatuto de contratación estatal y las normas que lo integran y que, en esa medida, podría estar viciado de nulidad.

25 Solo era procedente decretar una medida cautelar (suspensión de acto administrativo) 26 Únicamente se podía pedir la medida cautelar con la presentación de la demanda. 27 Radicado 1700123330002022-00031-01 (68.956) y 52001-23-33-000-2016-00143-02(65819) 28 Radicado 4100123330002020-00763-02 (67258) 29 En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fu