CE - Auto interlocutorio 50001233100020024039902 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

Actor: Hernando Martínez Novoa Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación directa – Incidente de liquidación de perjuicios (Decreto 1 de 1984)

Tema: Apelación en contra de un auto que negó la liquidación de perjuicios por concepto de daño emergente y lucro cesante, a favor de la parte demandante.

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el Auto de 19 de septiembre de 2024, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Meta negó la liquidación de perjuicios solicitada por la parte actora y declaró probada la objeción por error grave, proferida dentro del proceso de reparación directa No. 50001-23-31-000-2002-4039900/01.

Este Despacho es competente para resolver el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 129 1 del Código Contencioso Administrativo, y según los artículos 146A 2 y 181 3 del mismo estatuto, la decisión debe ser adoptada por el magistrado ponente.

Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones. 3. Resuelve.

según los artículos 146A 2 y 181 3 del mismo estatuto, la decisión debe ser adoptada por el magistrado ponente.

Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones. 3. Resuelve.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda y sentencia condenatoria . 1.2. Trámite surtido en el incidente para la liquidación de la condena en abstracto. 1.3. La providencia apelada. 1.4. El recurso de apelación y su trámite.

1.1. La demanda y sentencia condenatoria

1. El 21 de noviembre de 2002, el señor Hernando Martínez Novoa y su grupo familiar , mediante apoderado judicial, present aron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Departamento de Vichada, con el fin de que se les declarara

1 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Admini strativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.” 2 “Artículo 146-A. Artículo adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010. Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado,

2 “Artículo 146-A. Artículo adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010. Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.” 3 “ARTÍCULO 181. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos: (…) 4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas".Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

Actor: Hernando Martínez Novoa

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responsables de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos, con ocasión de la detonación de un artefacto explosivo en el municipio de Puerto Carreño, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que causó la destrucción del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 540-0000548 y el establecimiento de comercio “La Vecina”, bienes que pertenecían al demandante.

2. El 15 de abril de 2009, e l Tribunal Administrativo de Meta, mediante Sentencia4, negó las pretensiones de la demanda . Señaló que el régimen

pertenecían al demandante.

2. El 15 de abril de 2009, e l Tribunal Administrativo de Meta, mediante Sentencia4, negó las pretensiones de la demanda . Señaló que el régimen de imputación aplicable al caso era el de riesgo excepcional, conforme con el cual la responsabilidad se originaba cuando un administrado es sometido a sufrir un perjuicio que no tiene el deber jurídico de soportar. Dicho régimen contenía tres5 elementos6. Dicho esto, concluyó que, a partir del material probatorio allegado al proceso , no se configuraba los elementos de la responsabilidad por riesgo excepcional. Por el contrario, se evidenció que el lugar en el que ocurrieron los hechos era un espacio abierto al público donde se encontraba un grupo de militares que realizaba actos comunes, ajenos a su labor de servicio. En consecuencia, determinó que el atentado no tenía como objetivo atacar al personal militar, a servidores públicos o a entidades estatales, sino que estaba dirigido a generar perjuicios y zozobra de manera general al conglomerado allí reunido.

3. El 2 de julio de 200 97, l a parte demandante interpuso recurso de apelación, donde solicitó su revocatoria y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, reiteró que, con base a los hechos de la demanda y las pruebas que los respaldan, se encontraba acreditado que la Fuerza Pública tuvo conocimiento del atentado y no adoptó medidas de prevención necesarias. Asimismo, argumentó que el atentado estuvo dirigido contra los militares que se encontraban en el establecimiento y , el hecho de que se encontraran en franquicia no les

adoptó medidas de prevención necesarias. Asimismo, argumentó que el atentado estuvo dirigido contra los militares que se encontraban en el establecimiento y , el hecho de que se encontraran en franquicia no les privaba de su calidad de militares ni los eximía de ser objetivo de atentados de la guerrilla. Concluyó que le asist ía plena responsabilidad a la administración, dado que las lesiones sufridas por el demandante, así como la destrucción del bien inmueble y el establecimiento de comercio , constituían un daño antijurídico cuyo nexo causal se configura con el hecho de que el objetivo del atentado terrorista hubieran sido los militares que se encontraban en el establecimiento.

4. El 2 de mayo de 201 68, la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa9 por los daños

4 Folios 418-443 del Cuaderno 1. 5 a) la existencia de un riesgo de naturaleza excepcional, b) la ocurrencia de un daño sobre un bien jurídicamente tutelado y, c) un nexo de causalidad. 6 El tribunal allegó una Sentencia de esta Corporación en la que se afirma que, para que el hecho violento de un tercero sea imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido, expresamente, contra un objetivo estatal específico, pues no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cuando son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y descontento social. Consejo de Estado. Sección Tercera. 28 de junio de 2006. Exp. 16630.

indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y descontento social. Consejo de Estado. Sección Tercera. 28 de junio de 2006. Exp. 16630. 7 Folio 114 del Cuaderno 2. 8 Folios 576-606 del Cuaderno 1. 9 En la providencia se advirtió que en el expediente no se encontraba acreditado que el atentado hubiera estado dirigido contra miembros de la Policía Nacional. En consecuencia, se condenó al Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que el ataque estuvo dirigido a miembros de la Armada Nacional, institución que integra a este sector.Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

Actor: Hernando Martínez Novoa

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causados a l señor Martínez Novoa y su grupo familiar, con ocasión a atentado perpetrado por insurgentes dentro del establecimiento de comercio “La Vecina”, el cual estuvo dirigido contra un objetivo claramente identificable como el Estado lo que supuso la materialización de un riesgo excepcional10.

1.2. Trámite surtido en el incidente para la liquidación de la condena en abstracto

5. El 10 de octubre de 201 6, según los artículos 172 y 178 del CCA y en concordancia con los artículos 135 y 137 del CPC, la parte actora promovió el incidente de liquidación de perjuicios de la Sentencia por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En el incidente se aportaron pruebas para acreditar los perjuicios11 y se solicitaron otras12.

el incidente de liquidación de perjuicios de la Sentencia por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En el incidente se aportaron pruebas para acreditar los perjuicios11 y se solicitaron otras12.

6. El 15 de marzo de 2017 13, m ediante Auto, se corrió traslado del incidente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por cumplir con los requisitos del artículo 172 del CCA y el numeral 2 del artículo 137 del CPC. La parte demandada guardó silencio.

10 La Subsección B , Sección Tercera del Consejo de Estado condenó en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional al pago del daño emergente y lucro cesante ocasionados al señor Hernando Martínez Novoa, los cuales indicó que debían liquidarse mediante un trámite incidental , bajo los parámetros establecidos en esa providencia, a saber: 1) Daño emergente. Determinó que no era procedente reconocerse (se transcribe) “ una suma que sea superior a la que por ese concepto se solicitó en la demanda, esto es $200.000.000” (negrilla fuera del texto original), monto que debía ajustarse según el índice de precios al consumidor y la fórmul a de actualización que ha sido aplicada por el Consejo de Estado. Asimismo, indicó que, dentro del trámite incidental, podría ordenarse un nuevo dictamen para evaluar el contrato de reconstrucción celebrado por el demandante, donde se analizara si cada uno de los ítems contemplados en el contrato correspondía a labores propias de la restauración del bien inmueble o, por el contrario, a la construcción de estructuras diferentes. Así, en relación con

donde se analizara si cada uno de los ítems contemplados en el contrato correspondía a labores propias de la restauración del bien inmueble o, por el contrario, a la construcción de estructuras diferentes. Así, en relación con los trabajos estrictamente necesarios para la reconstrucció n, el perito debía tasar su valor de manera independiente, con consideración de los costos de mano de obra y materiales a la fecha de los hechos. Ahora bien, respecto del contrato de suministro, se estableció que debía verificarse que los bienes allí relac ionados correspondieran a los que se perdieron como consecuencia del atentado, donde se determinara si su naturaleza y cantidad eran compatibles con las características del establecimiento de comercio. El peritaje debía incluir los soportes utilizados para la valoración de los bienes muebles destruidos . 2) Lucro cesante. Dispuso que el perito debía calcular, con base en criterios técnicos y científicos, la utilidad que hubiera podido generar la explotación del establecimiento de comercio, donde debía considerar variables como su ubicación, afluencia de público y capacidad económica de los clientes, entre otros factores. De hecho, el auxiliar de justicia debía allegar los soportes que sustentaran la estimación del lucro cesante. Finalmente, para la liquidación del lucro cesante el tribunal debía multiplicar la utilidad mensual del establecimiento de comercio, determinada por el perito, por un periodo de 11,16 meses. 11 Las pruebas que aportó la incidentante fueron las siguientes: A. Fotocopia de la providencia del 15 de abril de 2.009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta ; B. Fotocopia de la sentencia del 2 de mayo de 2.016,

11 Las pruebas que aportó la incidentante fueron las siguientes: A. Fotocopia de la providencia del 15 de abril de 2.009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta ; B. Fotocopia de la sentencia del 2 de mayo de 2.016, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado ; C. Fotocopia del Edicto, donde expresa el término de ejecutoria; D. Fotocopia de los testimonios de: PEDRO JOSE CONTRERAS HERNANDEZ, o brante a Folio 195 y s.s., y de HENRY CAÑON MONTAÑO, obrante a folio 269, respectivamente; E. Cámara de comercio de Establecimiento comercial "La Vecina", matrícula No. 77785, bien afectado y sobre el cual se reclaman los perjuicios en abstracto.

F. Certificado de Libertad y Tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 540-0000548; inmueble afectado por los hechos demandados, y sobre los cuales se reclaman los perjuicios reconocidos en abstracto; G. Fotocopia del Acta de Inspección al Lugar de los Hechos, practicada el día 31 de marzo de 2.002, por el Fiscal 31 Seccional de Puerto Carreño, Vichada; H. Fotocopia del Contrato de Obra Cívil de fecha octubre 24 de 2.002, suscrito entre HERNANDO MARTINEZ NOVOA y HENRY CAÑON MONTAÑO . I. Fotocopia del Contrato de Suministro o dotación suscrito entre PEDRO JOSE CONTRERAS HERNANDEZ y HERNANDO MARTINEZ NOVOA, el 29 de octubre de 2.002. J.

Fotocopia del Acta de Inspección Judicial, practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, el 1° de abril de 2.002, fotografías y filmaciones tomadas en dicha. 12 Las pruebas que solicitó fueron las siguientes: A. Se oficie al alcalde de puerto Carreño, Vichada para que certifique si el establecimiento "La Vecina", para el año 2001 y año 2002, liquidó y pagó el impuesto de Industria y Comercio, determinando el valor declarado y cancelado ; B. Se oficie a la DIAN para que remita copia de las declaraciones de renta y complementarios del señor Martinez Novoa y, formularios del pago de Impuestos de IVA, correspondiente a los años 2001 y 2002, por el establecimiento de comercio “La Vecina”; C. Se decrete y practiquen los testimonios de los señores: 1. HENRY CAÑON MONTAÑO, 2. PEDRO JOSE CONTRERAS HERNANDEZ, 3. EDGAR ORLANDO MARIÑO MARTINEZ y, 4. MARLENY AVELLA BOSSA. D. Solicitó al Magistrado que, conforme a los artículos 244 al 246 del CPC, decrete y practique dos dictamenes o conceptos de técnicos para determinar los perjuicios de daño emergente y lucro cesante. 13 Folio 10 del Cuaderno Incidente de Liquidación de Perjuicios.Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

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7. El 24 de mayo de 201714, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante

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7. El 24 de mayo de 201714, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante Auto, resolvió lo siguiente : 1) tener como pruebas aquellas que fueron oportunamente practicadas en el proceso principal por obrar en el expediente, 2) decretar los dos oficios solicitados , al considerarlos pertinentes, conducentes y eficaces, 3) decretar los testimonios requeridos, al cumplir los requisitos del artículo 219 del CPC y, 4) decretar los dictámenes periciales solicitados y oficiar al presidente de la Asociación Colombiana de Avaluadores para que remitiera un listado de profesionales , así como a la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia para que design ara un profesional calificado, de conformidad con lo dispuesto en el literal b, númeral 1 del artículo 9 y en el artículo 243 del CPC, estatuto aplicable al caso.

8. El 11 de octubre de 2022 15, el Ingeniero Industrial Juan José Cendales presentó propuesta comercial para ofrecer sus servicios profesionales como especialista en avalúos. El 2 de noviembre de 2022 16, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante Auto, puso a disposición de la parte actora el contenido de la propuesta comercial, otorgándole un plazo de 10 días para manifestar si la acepta ba o no. En caso de no pronunciarse, se entendería aceptada la misma, con el propósito de dar se continuidad a la práctica de la pericia.

9. El 9 de febrero de 202317, sin que la apoderada de la parte actora, se

entendería aceptada la misma, con el propósito de dar se continuidad a la práctica de la pericia.

9. El 9 de febrero de 202317, sin que la apoderada de la parte actora, se pronunciara, allegó al tribunal el dictamen pericial elaborado por Juan José

Cendales.

10. El 15 de junio de 2023 18, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante Auto, subsanó las irregularidades del proceso por el actuar de la apoderada, designó a Juan José Cendales como perito para el presente caso y fijó fecha para llevar a cabo la posesión del perito.

11. El 8 de septiembre de 202319, se llevó a cabo la diligencia de posesión del perito20, donde el señor Juan José Cendales tomó posesión del cargo de perito para el presente proceso y se le corrió traslado del dictamen que allegó la parte demandante a las partes, por un término de 3 días, para que se manifestaran; tal y como lo establece el numeral 1 del artículo 238 del

CPC.

12. Dictamen judicial decretado y practicado21. Por resultar importante se destaca que, en el dictamen judicial, el ingeniero Juan José Cendales aseguró que, en la Sentencia proferida por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado , se “reconoció” al demandante los perjuicios de daño emergente por un valor de $200.000.000 y lucro cesante por un valor de $420 .000.000. Para llegar a tal conclusión citó textualmente las

14 Folios 11 y 12 del Cuaderno Incidente de Liquidación de Perjuicios. 15 Índice 43 en SAMAI del tribunal. 16 Índice 56 en SAMAI del tribunal.

14 Folios 11 y 12 del Cuaderno Incidente de Liquidación de Perjuicios. 15 Índice 43 en SAMAI del tribunal. 16 Índice 56 en SAMAI del tribunal. 17 Índice 55 en SAMAI del tribunal. 18 Índice 63 en SAMAI del tribunal. 19 Índice 87 en SAMAI del tribunal. 20 Conforme a lo estipulado en el artículo 263 del CPC. 21 Índice 55 en SAMAI del tribunal.Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

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pretensiones de la demanda que se transcribieron en la providencia y las entendió como reconocidas dentro del proceso. Posteriormente, ajustó los dos anteriores valores conforme a los intereses causados desde abril de 2002 hasta diciembre de 2022, más el IPC desde abril de 2002 hasta diciembre de

2022. Con base a lo ante rior, concluyó que el total reconocido por daño emergente y lucro cesante fue $3.078.196.667.

13. El 13 de septiembre de 202322, la apoderada de la parte demandante solicitó la aclaración de diversos aspectos del dictamen: 1) Daño emergente. Solicitó precisar la fuente utilizada en el dictamen para determinar la suma relacionada, así como aclarar si , en la estimación del perjuicio, se tuvo en cuenta lo señalado en la demanda, el contrato de obra aportado al proceso inicial y la fórmula de actualización establecida por el Consejo de Estado. Asimismo, se solicitó informar cuáles fueron las

perjuicio, se tuvo en cuenta lo señalado en la demanda, el contrato de obra aportado al proceso inicial y la fórmula de actualización establecida por el Consejo de Estado. Asimismo, se solicitó informar cuáles fueron las instituciones comerciales consultadas para determinar el valor de los bienes perdidos a causa de la explosión. 2) Lucro cesante . Solicitó aclarar si la liquidación del "daño emergente" se realizó exclusivamente a favor del señor Martínez Novoa. Requirió precisar los criterios técnicos y científicos aplicados en la estimación de dicho daño, la fórmula matemática utilizada, las variables consideradas para determinar el lu cro cesante y los soportes empleados en la elaboración del dictamen.

14. El 13 de septiembre de 2023 23, la parte demandada solicitó que el perito aclarara los siguientes aspectos: los soportes, fórmulas matemáticas y demás criterios empleados para la determinación del daño emergente; los documentos objeto de estudio utilizados para establecer los valores consignados en el dictamen; y las razones por las cuales no se tuvo en cuenta lo señalado en la sentencia del Consejo de Estado, en relación con la multiplicación de la utilidad mensual del establecimiento de comercio — determinada por el perito — por un período total de 11,16 meses, en lo concerniente al lucro cesante y, las variables como la ubicación del inmueble, la afluencia de público y la capacidad económica de sus usuarios.

15. El 25 de septiembre de 202324, el perito Juan José Cendales allegó los memoriales en los que dio respuesta a las aclaraciones solicitadas por las partes, en los siguientes términos: 1) Respecto a la parte demandante.

usuarios.

15. El 25 de septiembre de 202324, el perito Juan José Cendales allegó los memoriales en los que dio respuesta a las aclaraciones solicitadas por las partes, en los siguientes términos: 1) Respecto a la parte demandante.

Señaló que fundamentó su dictamen en los valores reconocidos en la Sentencia, la cual se encuentra en firme y goza de plena validez. Indicó que esta providencia fue la única fuente utilizada para la elaboración de su dictamen y, de hecho, el perjuicio no fue liquidado por él, sino que “ya había sido reconocido en la sentencia ”. 2) Respecto a la parte demandada. Reiteró que su actuación se basó exclusivamente en el contenido de la providencia proferida por el Consejo de Es tado. Además, citó la transcripción de las pretensiones de la demanda realizada en la Sentencia, con el fin de señalar que el valor reconocido correspondió a investigaciones previas del Consejo de Estado. Por último, afirmó que la condena impuesta

22 Índice 89 en SAMAI del tribunal. 23 Índice 90 en SAMAI del tribunal. 24 Índice 92 y 93 en SAMAI del tribunal.Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

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a la Nación – Ministerio de Defensa se fundamentó únicamente en las pretensiones en firme y, en cuanto a l resto de solicitudes relativas los perjuicios, expuso que se debían llevar a cabo las respectivas técnicas valuatorias en su debido momento, pues resulta d ifícil realizar su

pretensiones en firme y, en cuanto a l resto de solicitudes relativas los perjuicios, expuso que se debían llevar a cabo las respectivas técnicas valuatorias en su debido momento, pues resulta d ifícil realizar su determinación después de 21 años.

16. El 2 de octubre de 202325, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante Auto, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público de la aclaración del dictamen rendido por el perito, por el término de 3 días, para que se formulara la objeción por error grave , en conformidad con lo establecido por el artículo 238 del CPC.

17. El 9 de octubre de 2023 26, la parte demandada solicitó al tribunal no tener en cuenta los valores expresados en el dictamen, dado a que, ni este documento, ni las aclaraciones realizadas al mismo cumplieron con las pautas y requisitos establecidos por el Consejo de Estado en la Sentencia de 2 de mayo de 2016.

18. El 30 de octubre de 202327, el perito Juan José Cendales señaló que la objeción por error grave presentada por la parte demandada no demostraba que los valores de condena de la providencia del Consejo de Estado no fueran ciertos o no est uvieran vigentes a la hora de realizar la valuación probatoria.

1.3. La providencia apelada

19. El 19 de septiembre de 2024 28, el Tribunal Administrativo de Meta, mediante, mediante Auto, declaró probada la objeción por error grave contra el dictamen realizado y negó la liquidación de perjuicios solicitada por la parte autora. Para fundamentar esa decisión, indicó que la parte actora no cumplió con su deber de aportar las pruebas para determinar el

contra el dictamen realizado y negó la liquidación de perjuicios solicitada por la parte autora. Para fundamentar esa decisión, indicó que la parte actora no cumplió con su deber de aportar las pruebas para determinar el valor de los perjuicios, pues del material probatorio allegado al proceso no se puede determinar el valor de los perjuicios por concepto de daño emergente y lucro cesante, en los términos de la providencia de 2 de mayo de 2016 del Consejo de Estado.

20. En lo que respecta al dictamen pericial practicado con el incidente, determinó que este se basó en la premisa errónea de que el Consejo de Estado había reconocido un monto específico por daño emergente y lucro cesante y que el objeto de su pericia se limitaba a actualizar dicho valor. De esta manera, indicó que el dictamen carecía de la debid a sustentación y sus conclusiones no eran claras ni concordantes con los análisis y estudios realizados por el perito. Lo anterior, debido a que en el dictamen no se aplicaron los lineamientos fijados por el Consejo de Estado para valorar el daño emergente y el lucro cesante reconocidos en favor del demandante.

Asimismo, señaló que las declaraciones de renta e IVA, así como los

25 Índice 94 en SAMAI del tribunal. 26 Índice 98 en SAMAI del tribunal. 27 Índice 101 en SAMAI del tribunal. 28 Índice 106 en SAMAI del tribunal.Radicación: 50001-23-31-000-2002-40399-02 (72.181)

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testimonios allegados al proceso, no cumplían con los requisitos establecidos por el Consejo de Estado para la tasación de dichos perjuicios.

1.4. El recurso de apelación y su trámite

21. El 30 de septiembre de 202429, la parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en el que solicitó que se revocara el Auto que declaró como probada la objeción por error grave y, en su lugar, se procediera con las valuaciones relacionadas en la experticia.

22. Manifestó que, de acuerdo con el inciso 4 del artículo 228 del CGP 30, tanto el trámite de aclaraciones y complementaciones del dictamen como la objeción por error grave no se ajustan a lo establecido en la ley, vulnerando de manera directa el derecho al debido proceso de la parte.

23. Además, sostuvo que, para que prospere una objeción por error grave contra un dictamen pericial, es necesario que exista una falla que conduzca a conclusiones erróneas, circunstancia que no se configuraba en el presente caso, pues el perito había realizado un análisis técnico basado en los valores fijados en la sentencia del Consejo de Estado. Finalmente, indicó que el dictamen se fundamentó en un hecho cierto, a saber, la destrucción de un inmueble, el cual ya había sido valorado previamente por el Consejo de Estado, por lo que el perito no podía especular sobre dicho aspecto.

24. El 31 de octubre de 2024 31, Mediante Auto, el Tribunal Administrativo

inmueble, el cual ya había sido valorado previamente por el Consejo de Estado, por lo que el perito no podía especular sobre dicho aspecto.

24. El 31 de octubre de 2024 31, Mediante Auto, el Tribunal Administrativo de Meta rechazó por improcedente el recurso de reposición, conforme con el artículo 180 del CCA y, en su lugar, concedió el recurso de apelación presentado y sustentado oportunamente por el apoderado de la parte actora contra el Auto de 19 de septiembre de 2024. El proceso fue asignado por reparto a este despacho, quien, mediant e Auto de 6 de diciembre de 202432, admitió el recurso de apelación. Una vez notificada la providencia, ingresó nuevamente al despacho el 21 de enero de 202533.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Régimen procesal aplicable. 2.2. Análisis sustantivo.

2.1. Régimen procesal aplicable

25. El incidente de liquidación de perjuicios promovido por la parte actora se instauró en 2016, situación que, en principio, podía implicar que le fuera aplicable el Código General del Proceso (CGP). No obstante, el Despacho mantendrá el régimen procesal previsto en el Código de Procedimiento Civil, bajo el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Meta en dos autos proferidos dentro del trámite incidental en los que dispuso la

29 Índice 111 en SAMAI del tribunal. 30 “Artículo 228. Contradicción del dictamen. (…) En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.” 31 Índice 115 en SAMAI del tribunal. 32 Índice 3 SAMAI.

30 “Artículo 228. Contradicción del dictamen. (…) En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.” 31 Índice 115 en SAMAI del tribunal. 32 Índice 3 SAMAI. 33 Índice 11 SAMAI.Radicación: 50001-23-