CE - Auto interlocutorio 50001233100020110007701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 65239

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00077-01

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Asunto: Reparación directa

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO PARA CONCILIACIÓN JUDICIAL-El régimen procesal aplicable es el CCA, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 2220 de 2022. CONCILIACIÓN JUDICIALCompetencia del Consejo de Estado para aprobar el acuerdo conciliatorio al que lleguen las partes en el curso de la segunda instancia. CONCILIACIÓN JUDICIAL-Presupuestos para aprobar el acuerdo conciliatorio.

Corresponde a la Sala decidir sobre la aprobación o improbación d el acuerdo conciliatorio presentado por las partes en sede judicial.

I. ANTECEDENTES

El 16 de febrero de 20 111, Óscar Javier Garzón Aponte y otros , a través de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por las lesiones físicas sufridas por el señor Garzón Aponte en ejercicio de su labor como soldado profesional. Solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la entidad, así como la respectiva indemnización por daños morales, materiales, a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia2.

Solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la entidad, así como la respectiva indemnización por daños morales, materiales, a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia2.

El 29 de octubre de 2018 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sala Transitoria4 profirió sentencia de primera instancia en la que concedió las

1 Folio 115, cuaderno 1. 2 Apartado 1 de la demanda. Folios 2-13, cuaderno 1. 3 Folios 518-536, cuaderno del Consejo de Estado. 4 Creada mediante Acuerdo PCSJA18-10920 del 22 de marzo de 2018, actuando en descongestión del Tribunal Administrativo del Meta, autoridad judicial que conoció del proceso y lo admitió a través de auto del 6 de octubre de 2011 (folios 118 y 119, cuaderno 1).2 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

pretensiones de la demanda. Esta decisión fue notificada el 28 de enero de 2019 , por edicto que fue desfijado el 30 de enero de la misma anualidad5.

El 31 de enero de 20196, la parte demandante solicitó «aclaración» de la sentencia, en relación con la condena por daño a la salud, que si bien fue analizada y determinada en la parte motiva, no quedó incluida en la parte resolutiva. El Tribunal Administrativo del Meta –al reasumir el conocimiento del asunto –, en providencia del 30 de mayo de 2019 7, corrigió la sentencia para incluir en la parte resolutiva el pago de 100 SMLMV a título de indemnización por daño a la salud.

del 30 de mayo de 2019 7, corrigió la sentencia para incluir en la parte resolutiva el pago de 100 SMLMV a título de indemnización por daño a la salud.

Las partes demandante y demandada presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, el 78 y 139 de febrero de 2019. Los recursos fueron concedidos por el Tribunal el 29 de octubre de 2019 10 y admitidos por esta Corporación el 28 de febrero de 202011.

Surtido el trámite correspondiente y pendiente de proferir sentencia de segunda instancia, el 1 de agosto de 2023 12, los apoderados de las partes demandada y demandante allegaron fórmula de conciliación emitida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa. En consecuencia, el 4 de agosto siguiente13, el Despacho adelantó audiencia de conciliación, que se suspendió por falta de pronunciamiento sobre el pago de la condena por daño a la salud en la fórmula de acuerdo.

El 22 de noviembre de 2023 14, se continuó con el desarrollo de la audiencia, en la cual la parte demandante se pronunció y aceptó la fórmula de arreglo presentada por la parte demandada, que consistió en el pago del 85% del valor de la condena proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y corregida por el Tribunal Administrativo del Meta; además de $485.039.020 por

5 Folio 538, cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folio 539 ibidem. 7 Folios 571-572 ibidem. 8 Folio 541-548 ibidem. 9 Folio 557-561 ibidem.

5 Folio 538, cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folio 539 ibidem. 7 Folios 571-572 ibidem. 8 Folio 541-548 ibidem. 9 Folio 557-561 ibidem. 10 Folio 601 ibidem, en desarrollo de la audiencia de conciliación declarada fallida. 11 Folio 605 ibidem. 12 SAMAI, índices 33 y 34. 13 SAMAI, índice 36. 14 SAMAI, índice 60.3 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

perjuicios materiales y 85 SMLMV por daños a la salud en favor de Óscar Javier Garzón Aponte.

En auto del 29 de julio de 2024 15, el Despacho requirió al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional para que corrigiera la fórmula de arreglo en relación con la forma de pago del valor del acuerdo conciliatorio . En cumplimiento de lo ordenado, el 24 de septiembre de 2024 la parte demandada informó que, según lo decidido por el Comité de Conciliación, el pago se realizará conforme al artículo 177 del CCA y al artículo 143 de la Ley 2220 de 2022 16. El 26 de septiembre de 2024, el proceso se fijó en lista para correr traslado de la anterior actuación17. La parte demandante , en memorial del 27 de septiembre siguiente, descorrió el traslado y manifestó aceptar la forma de pago propuesta 18. El expediente reingresó al Despacho sustanciador el 8 de octubre de 202419.

II. CONSIDERACIONES

descorrió el traslado y manifestó aceptar la forma de pago propuesta 18. El expediente reingresó al Despacho sustanciador el 8 de octubre de 202419.

II. CONSIDERACIONES

Régimen procesal y normativo

1. La demanda se presentó el 16 de febrero de 201120, por ello, el régimen procesal aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante, CCA–. Conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21 los procesos, promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, «seguirán rigiéndose y culminarán» por las normas procesales contenidas en el «régimen jurídico anterior», es decir, por el Código Contencioso Administrativo (CCA); el Código de Pro cedimiento Civil (CPC), en virtud de la integración normativa prevista por el artículo 267 del primero de los estatutos mencionados, y demás normas aplicables.

15 SAMAI, índice 69. 16 SAMAI, índice 75. 17 SAMAI, índice 76. 18 SAMAI, índice 78. 19 SAMAI, índice 79. 20 Folio 115, cuaderno 1. 21 «Artículo 308 del CPACA. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia

se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».4 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

2. En cuanto al régimen procesal aplicable a la conciliación judicial, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 22 ha determinado que, en casos de conciliaciones, en sede judicial, y pagos de condenas, el procedimiento aplicable a estas será el mismo que reguló el proceso que dio origen a la condena o conciliación. Por lo tanto, la conciliación bajo estudio se regula por el CCA. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de conciliación judicial se presentó el 1 de agosto de 202323, de modo que resultan aplicables las previsiones sustantivas de la Ley 2220 de 2022, Estatuto de Conciliación, que entró en vigor el 1 de enero de 202324.

Competencia

3. El Consejo de Estado es competente para aprobar o improbar el acuerdo conciliatorio al que lleguen las partes en el curso de la segunda instancia , de conformidad con el inciso tercero del artículo 70 25 y el artículo 131 de la Ley 2220 de 202226. Asimismo, es competente para conocer de este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA27, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

El proceso tiene vocación de segunda instancia en razón a la cuantía puesto que,

con el artículo 129 CCA27, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

El proceso tiene vocación de segunda instancia en razón a la cuantía puesto que, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, radicación: 5200123-31-000-2001-01371-02 (AG). C.P. Enrique Gil Botero. Criterio reiterado por la Subsección A en auto del 9 de julio de 2021, expediente 66.814, C.P. J osé Roberto Sáchica Méndez y auto del 6 de mayo de 2024, auto del 6 de mayo de 2024, expediente 70.546, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez y, recientemente, en sentencia del 24 de abril de 2024 de la Subsección C, expediente 66.122. 23 SAMAI, índices 33 y 34. 24 Conforme al artículo 145 de la Ley 2220 de 2022, que estableció su entrada en vigor seis meses después de su promulgación (30 de junio de 2022). 25 «Artículo 70. Cumplimiento del requisito de procedibilidad. (…) Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, 180 de la Ley 1437 de 2011 y de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso. Sin embargo, en cualquier estado del proceso las partes de común acuerdo, o el Ministerio Público, podrán solicitar la realización de una audiencia de conciliación, o el

contemplen como obligatoria en el trámite del proceso. Sin embargo, en cualquier estado del proceso las partes de común acuerdo, o el Ministerio Público, podrán solicitar la realización de una audiencia de conciliación, o el Juez podrá acudir a ella, conforme a lo previsto en el artículo 131 de la presente ley» (se destaca). 26 «Artículo 131. Fórmulas de arreglo. En cualquier estado del proceso el juez o magistrado podrá autorizar al Ministerio Público para realice labores de avenimiento entre las partes, con el fin de estructurar fórmulas de arreglo que serán sometidas a su posterior consideración» (se destaca). 27«Artículo 129 del CCA, Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión».5 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

1395 de 201028, el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA 29, esto es, $257.500.000 30. La Sala profiere este auto de conformidad con los artículos 146A y 181.3 del CCA, ya que pondrá fin al proceso.

Presupuestos para aprobar el acuerdo conciliatorio

La Sala profiere este auto de conformidad con los artículos 146A y 181.3 del CCA, ya que pondrá fin al proceso.

Presupuestos para aprobar el acuerdo conciliatorio

4. En auto del 17 de junio de 2024, la Subsección C decidió la aprobación de un acuerdo conciliatorio presentado en vigencia de la Ley 2220 de 2022 . Determinó que, con arreglo a la jurisprudencia de la Corporación, el ac uerdo conciliatorio requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

(i) que no haya operado la caducidad de la acción; (ii) que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar; (iii) que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes; (iv) legitimación en la causa de las partes; (v) que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación y que no resulte abiertamente lesivo para las partes31.

La Sala precisa, en esta oportunidad, que los anteriores presupuestos sustanciales encuentran fundamento normativo expreso en los artículos 7, 89, 90, 91 y 100 de la Ley 2220 de 2022. Lo anterior resulta importante dado que los artículos 70, 73 y 81 de la Ley 446 de 1998 –normas que, con anterioridad, servían de fundamento jurídico a los requisitos jurisprudenciales expuestos – fueron derogados expresamente por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022.

Caso concreto

5. La Sala abordará el estudio del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en el proceso de reparación directa de la referencia. Este acuerdo, contenido en la

expresamente por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022.

Caso concreto

5. La Sala abordará el estudio del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en el proceso de reparación directa de la referencia. Este acuerdo, contenido en la certificación 24-033 MDNSGDALGPPDA del 19 de septiembre de 2024 32, dispone

28 Artículo 20. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así: […] 2. Numeral modificado por la Ley 1395 de 2010, artículo 3º. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda […]. 29 Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales […]. 30 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de junio de 2024, rad. 56.880. 32 SAMAI, índice 75.6 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

el reconocimiento del 85% de la condena ordenada por el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 29 de octubre de 2018 y corrección del 30 de mayo de 2019, de acuerdo con lo siguiente:

(i) Daño moral, cuyo reconocimiento se efectuó así en la sentencia de primera instancia:

Demandante Calidad SMLMV Óscar Javier Garzón Aponte Lesionado 100

2019, de acuerdo con lo siguiente:

(i) Daño moral, cuyo reconocimiento se efectuó así en la sentencia de primera instancia:

Demandante Calidad SMLMV Óscar Javier Garzón Aponte Lesionado 100 Eudoro Garzón González Padre del lesionado 100 María Gloria Aponte Herrera Madre del lesionado 100 Emilce Garzón Aponte Hermana del lesionado 50 Wilson Ernesto Chivara Aponte Hermano del lesionado 50 Nidia Bibiana Aponte Tercera damnificada 15

TOTAL 415

Conforme a la disminución del 85% contenida en la fórmula conciliatoria, las sumas definitivas serían:

Demandante Calidad SMLMV Óscar Javier Garzón Aponte Lesionado 85 Eudoro Garzón González Padre del lesionado 85 María Gloria Aponte Herrera Madre del lesionado 85 Emilce Garzón Aponte Hermana del lesionado 42.5 Wilson Ernesto Chivara Aponte Hermano del lesionado 42.5 Nidia Bibiana Aponte Tercera damnificada 12.75

TOTAL 352.75

(ii) Daño a la salud, cuya previsión está expresamente contenida en el acuerdo conciliatorio a favor de Oscar Javier Garzón Aponte, en calidad de lesionado, por la suma de 85 SMLMV.

(iii) Perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro). La sentencia condenó en abstracto y, en ese sentido, el acuerdo conciliatorio contiene una suma de $485.039.020 a favor de Óscar Javier Garzón Aponte.7 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

una suma de $485.039.020 a favor de Óscar Javier Garzón Aponte.7 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

El acuerdo conciliatorio dispuso que el pago se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del CCA y el artículo 143 de la Ley 2220 de 2022. A renglón seguido, autorizó repetir en contra de Luis Fernando Perea Perea.

6. El primer presupuesto jurisprudencial exige que no haya operado la caducidad del término para formular la acción o medio de control correspondiente. Esta exigencia resulta coherente con el artículo 90.3 de la Ley 2220 de 2022, ya que no resulta susceptible de conciliación judicial en asuntos de lo contencioso administrativo, entre otros, aquellos en los que se haya configurado el fenómeno de la caducidad.

El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo 136.8 del CCA33, es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo –16 de febrero de 201134– porque el daño ocurrió el 25 de marzo de 2009, cuando Óscar Javier Garzón Aponte sufrió lesiones durante el ejercicio de su labor como soldado profesional. En efecto, el término para presentar la demanda vencía el 26 de marzo de 2011, fecha para la cual la parte demandante ya había ejercido el derecho de acción. Aún más, el 14 de

sufrió lesiones durante el ejercicio de su labor como soldado profesional. En efecto, el término para presentar la demanda vencía el 26 de marzo de 2011, fecha para la cual la parte demandante ya había ejercido el derecho de acción. Aún más, el 14 de enero de 201 1 se presentó la solicitud de conciliación prejudicial, diligencia que suspendió el término de caducidad hasta el 16 de febrero siguiente, fecha en la que se declaró fallida la audiencia y se interpuso la demanda35.

7. El segundo requisito jurisprudencial corresponde a que las partes que concilian estén debidamente representadas y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar . No está de más precisar que este requisito se subsume en el artículo 100 de l a Ley 2220 de 2022, según el cual el interesado en la conciliación judicial deberá presentarla a través de abogado inscrito con facultad expresa para conciliar –ius postulandi–.

33 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajen a por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa […]. 34 Folio 115, cuaderno 1. 35 Folio 113 ibidem.8 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

También es concordante con los artículos 115 a 130 de la Ley 2220 de 2022, que definen los Comités de Conciliación como una instancia administrativa que decide,

Aprueba conciliación judicial

También es concordante con los artículos 115 a 130 de la Ley 2220 de 2022, que definen los Comités de Conciliación como una instancia administrativa que decide, en cada caso concreto, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. El artículo 121.7 establece puntualmente, como una de las funciones del secretario del Comité de Conciliación, remitir el acta o certificado en el que conste la decisión del Comité de Conciliación de la entidad pública sobre la solicitud de conciliación.

En el presente asunto, la certificación 24 -033 MDNSGDALGPPDA del 19 de septiembre de 2024 –versión definitiva del acuerdo conciliatorio– fue elaborada por Jorge Iván Reyes Barrera, secretario Técnico del Comité de Conciliación de la Nación–Ministerio de Defensa Nacional. Se dejó constancia de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación en sesi ón del 19 de septiembre de 2024 36. La actuación fue aportada al proceso por José Daniel Bayona Puerto 37, que es apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional38.

A su turno, la fórmula de arreglo definitiva fue aceptada por el apoderado39 de la parte demandante , que tiene facultad expresa para «conciliar judicial o prejudicialmente»40.

8. El tercer requisito jurisprudencial exige que el acuerdo conciliatorio verse sobre derechos económicos disponibles por las partes. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, que establece así los asuntos conciliables:

Serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo

derechos económicos disponibles por las partes. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, que establece así los asuntos conciliables:

Serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición (se subraya).

Según el artículo 89 siguiente , en materia de lo contencioso administrativo, serán

36 SAMAI, índice 75. 37 Ibidem. 38 Según poder aportado al proceso en folio 562 del cuaderno del Consejo de Estado, reconocido por el Tribunal Administrativo del Meta en auto del 10 de julio de 2019 (folio 576 ibidem). 39 SAMAI, índice 78. 40 Poder visible en folio 37 del cuaderno 1 . El poder fue otorgado por Óscar Javier Garzón Aponte, Eudoro Garzón Gonzáles, Gloria Aponte Herrera, Nidia Viviana Aponte, Wilson Ernesto Chivara Aponte y Emilce Garzón Aponte –quienes integran la totalidad de la parte demandante – y fue reconocido por el Tribunal Administrativo del Meta en el auto admisorio de la demanda (folio 118 ibidem).9 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

conciliables «todos los conflictos que puedan ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley».

En este punto, se tiene que el acuerdo conciliatorio versa sobre el 85% del valor de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta , con ocasión de una

Contencioso Administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley».

En este punto, se tiene que el acuerdo conciliatorio versa sobre el 85% del valor de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta , con ocasión de una demanda de reparación directa, mediante sentencia del 29 de octubre de 2018 –y corregida el 30 de mayo de 2019–, por los conceptos de daño moral, daño a la salud y lucro cesante consolidado y futuro. Visto lo anterior, e l contenido del acuerdo conciliatorio gira en torno a derechos económicos de libre disposición , que son reclamables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de reparación directa (o acción de reparación directa), de modo que este requisito se encuentra cumplido.

9. El cuarto requisito jurisprudencial exige estudiar la legitimación en la causa de las partes. Este aspecto también tiene fundamento normativo en el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, en concreto, en la capacidad de disposición del titular del derecho que se pretende conciliar.

Se tiene satisfecho este requisito en relación con Óscar Javier Garzón Aponte , porque resultó herido por proyectil de arma de fuego en incidente de «fuego amigo», el 25 de marzo de 2009, de conformidad con el informativo administrativo por lesión No. 15571 del 8 de julio de 200941. También existe legitimación por activa respecto de Eudoro Garzón González y María Gloria Aponte Herrera, porque acreditaron su condición de padres42; de Emilce Garzón Aponte y Wilson Ernesto Chivara Aponte, que acreditaron su condición de hermanos 43, y de Nidia Bibiana Aponte, que

condición de padres42; de Emilce Garzón Aponte y Wilson Ernesto Chivara Aponte, que acreditaron su condición de hermanos 43, y de Nidia Bibiana Aponte, que acreditó su vínculo afectivo y el dolor producido por las lesiones que sufrió Óscar Javier Garzón Aponte44.

En cuanto a la Nación -Ministerio de Defensa , Ejército Nacional, esta autoridad

41 Folio 44, cuaderno 1. 42 Ver registro civil de nacimiento de Óscar Javier Garzón Aponte, folio 40, cuaderno 1. 43 Ver registros civiles de nacimiento de Óscar Javier Garzón Aponte, Emilce Garzón Aponte y Wilson Ernesto Chivara Aponte, folios 40-42, cuaderno 1. 44 Conforme a los testimonios de María Flor González Herrera (folios 424-428, cuaderno 3), Leydi Liliana Bernal Aguirre (folios 429-432, cuaderno 3) y Óscar Javier Alarcón Velásquez (folios 434-437, cuaderno 3).10 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

cuenta con legitimación en la causa por pasiva, en tanto las lesiones sufridas por Óscar Javier Garzón Aponte ocurrieron durante su vinculación como militar y fueron ocasionadas con un arma de dotación oficial.

10. El quinto requisito jurisprudencial exige que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación y que no resulte abiertamente lesivo para las partes. Este requisito se encuentra totalmente subsumido en el artículo 91 de la Ley 2220 de 2022, que establece los siguientes postulados especiales de la

debidamente respaldado en la actuación y que no resulte abiertamente lesivo para las partes. Este requisito se encuentra totalmente subsumido en el artículo 91 de la Ley 2220 de 2022, que establece los siguientes postulados especiales de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo : (i) la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general; (ii) la salvaguarda y protección de los derechos ciertos e indiscutibles y (iii) la protección reforzada de la legalidad, según la cual la fórmula de arreglo se debe ajustar a la Constitución, la ley y el interés público o social, además de no causar un agravio injustificado a una de las partes o a un tercero, o sea lesivo para el patrimonio público.

Así, aunque desapareció del orden jurídico el artículo 73 de la Ley 446 de 1998 –según el cual se improbará el acuerdo conciliatorio que no contenga «las pruebas necesarias para ello» –, este requisito es concordante con lo dispuesto en el mencionado artículo 91 de la Ley 2220 de 2022, en aras de procurar que la fórmula acordada no resulte lesiva a las partes, terceros, al interés general o al erario. También debe tenerse en cuenta que (i) el artículo 107 de la Ley 2220 de 2022 faculta al operador que conozca de la conciliación para solicitar las pruebas necesarias en relación con los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio, (ii) el artículo 218 del CCA exige que el allanamiento de la Nación esté autorizado por el Gobierno Nacional, y (iii) el artículo 199 del CPC prohíbe la

necesarias en relación con los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio, (ii) el artículo 218 del CCA exige que el allanamiento de la Nación esté autorizado por el Gobierno Nacional, y (iii) el artículo 199 del CPC prohíbe la confesión de los representantes judiciales de la Nación o de quienes ejerzan la representación administrativa de las entidades.

El artículo 91 del Estatuto de Conciliación remite, además, a los principios generales previstos en la misma ley –artículo 4 –, así como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución, aunado a los principios de que trata el CPACA en cuanto resulten compatibles con la naturaleza y características de la conciliación.11 Expediente No. 65.239

Actor: Óscar Javier Garzón Aponte y otros Aprueba conciliación judicial

La indemnización del daño antijurídico que se pretende conciliar, consistente en las lesiones sufridas por Óscar Javier Garzón Aponte, cuenta con respaldo suficiente en documentos públicos elaborados por la entidad demandada 45, así como en la investigación penal adelantada ante el Juzgado Setenta y Siete de Instrucción Penal Militar, sumario No. 275, y la indagación disciplinaria militar No. 001/2009 BACOT112, actuaciones aportadas a este proceso como pruebas trasladadas46.

Se allegaron al plenario dictámenes periciales relacionados con la pérdida de capacidad laboral del soldado profesional Garzón Aponte, así como los daños a su salud física y mental47. Para efectos del daño moral, t ambién se practicaron

Se allegaron al plenario dictámenes periciales relacionados con la pérdida de capacidad laboral del soldado profesional Garzón Aponte, así como los daños a su salud física y mental47. Para efectos del daño moral, t ambién se practicaron testimonios relacionados con las relaciones filiales y afecti vas que se pretendían hacer valer, así como las afectaciones emocionales derivadas del hecho dañoso48.

Los medios de prueba relacionados resultan pertinentes, conducentes y útiles en relación con los elementos demostrativos de la responsabilidad del Estado para el caso bajo estudio, a tal punto que la sentencia de primera instancia la encontró configurada a título de falla del servicio. La suma reconocida por la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional no resulta abiertamente lesiva a sus intereses, ni al erario, porque esta se deriva