CE - Auto interlocutorio 52001233300020190023101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Ejecutivo Radicación: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025)

Ejecutante: Isaac Castro Capurro

Ejecutada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio1

Apelación contra medida cautelar de embargo __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto del 18 de febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual se decretó la medida cautelar de embargo contra el Fomag.

1. Antecedentes

1.1. La demanda ejecutiva

1.1.1. Las pretensiones

1. Isaac Castro Capurro presentó una solicitud ejecutiva, seguida del proceso declarativo, en orden a que se librara mandamiento de pago contra el Fomag por las siguientes sumas: i) $122.571.802 correspondiente a cesantías; ii) $ 2.544.371 por concepto de costas procesales ; y iii) los intereses moratorios causados desde el 2 de diciembre de 2022 hasta que se verifique el pago de las cesantías. Asimismo, pidió condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Los fundamentos fácticos

2. En el acápite de hechos, se indicó los siguientes:

pidió condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Los fundamentos fácticos

2. En el acápite de hechos, se indicó los siguientes: 2.1. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 8 de julio de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto i) declaró la nulidad del acto demandado; ii) ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales liquidadas bajo el régimen de retroactividad a favor del

1 En adelante Fomag.2

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro ejecutante; y ii i) condenó en costas a la demandada. La sentencia quedó ejecutoriada el 2 de diciembre de 2022, por lo tanto, contiene una obligación clara, expresa y exigible.

2.2. El 9 de febrero de 2023 se liquidaron las costas por valor de $2.544.371.

2.3. El 15 de febrero de 2023 s e s olicitó el cumplimiento de la sentencia; sin embargo, la Secretar ía de Educación de Tumaco , mediante oficio del 1 de septiembre de 2023 , señaló que la solicitud de cesantías definitivas se había radicado por el aplicativo Humano en Línea , plataforma que no ha bía sido desarrollada en su totalidad, lo cual ha bía impedido continuar con su trámite respectivo.

2.4. La demandada no ha bía pagado suma alguna correspondiente a la condena impuesta en su contra.

1.2. Solicitud de medida cautelar

respectivo.

2.4. La demandada no ha bía pagado suma alguna correspondiente a la condena impuesta en su contra.

1.2. Solicitud de medida cautelar

3. Isaac Castro Capurro solicitó en la demanda, como medida cautelar, el embargo de los «[…] dineros que posea la entidad demandada NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en las siguientes entidades bancarias. Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, Banco BBVA, Davivienda, Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Colpatria, hasta por la suma de

$200.000.000».

1.3. Auto que libró parcialmente el mandamiento de pago

4. En auto del 28 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo Nariño libró mandamiento de pago contra el Fomag por las siguientes sumas: i) $ 122.571.802 por concepto de capital correspondiente a las cesantías retroactivas; ii) $15.097.111 por intereses moratorios causados entre el 14 de diciembre de 2022 y el 14 de octubre de 2023; iii) $41.650.911 por intereses moratorios causados entre el 15 de octubre de 2023 y el 28 de octubre de 2024. En esta oportunidad se abstuvo de librar mandamiento por las costas procesales.

1.4. Oposición a la medida cautelar

5. El Fomag contestó la dem anda el 18 de diciembre de 2024 y se opuso a las pretensiones del ejecutante. Al respecto, indicó que i) había cumplido con lo

1.4. Oposición a la medida cautelar

5. El Fomag contestó la dem anda el 18 de diciembre de 2024 y se opuso a las pretensiones del ejecutante. Al respecto, indicó que i) había cumplido con lo ordenado en la sentencia del 8 de julio de 2022 pues ordenó el pago mediante el oficio 1116 del 30 de septiembre de 2024, que fue desembolsado el 21 de noviembre de ese año, por un valor de $120.712.022; y ii) no procedía la condena3

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro en costas, especialmente en lo relativo a agencias en derecho, ya que no se había demostrado objetivamente su causación dentro del expediente.

En relación con la medida cautelar señaló que el embargo de recursos públicos era improcedente según el artículo 594 del CGP, el cual estableció que no p odían embargarse bienes, rentas o recursos del presupuesto general de la Nación, incluidos los destinados a la seguridad social o al sistema general de participaciones. Afirmó que cualquier medida de embargo sobre estos recursos debía estar sustentada en una norma legal expresa, lo cual no ocurría en este caso. Además, recordó que los recursos del Fomag eran constitucionalmente inembargables porque c ontaban con una destinación específica y forma ban parte de un patrimonio autónomo manejado mediante un contrato de fiducia, cuya única finalidad era el pago de las prestaciones sociales del magisterio.

1.7. Auto que decretó la medida cautelar – decisión apelada

6. El Tribunal Administrativo de Nariño, en providencia del 18 de febrero de 2025,

finalidad era el pago de las prestaciones sociales del magisterio.

1.7. Auto que decretó la medida cautelar – decisión apelada

6. El Tribunal Administrativo de Nariño, en providencia del 18 de febrero de 2025, estudió la solicitud de medida cautelar. En relación con ello, consideró lo siguiente:

6.1. Los recursos del presupuesto general de la Nación, el sistema general de participaciones y los de la seguridad social están protegidos por el principio de inembargabilidad; sin embargo, este principio no resulta absoluto, ya que existen excepciones legales que permiten decretar embargos en determinadas circunstancias.

6.2. En el caso concreto se buscó el pago de una obligación reconocida a través de una sentencia judicial, lo cual constituy ó una excepción al principio de inembargabilidad. Por lo tanto, resultaba admisible la procedencia de la medida cautelar solicitada, especialmente porque la entidad ejecutada no ha bía cumplido plenamente con el pago de la obligación, lo que reforzaba la necesidad de decretar el embargo.

6.3. El embargo deb ía recaer únicamente sobre los recursos que la entidad ejecutada tuviera o llegare a tener en cuentas de ahorro o corriente abiertas con recursos del presupuesto general de la Nación en determinadas entidades bancarias [como el Banco Agrario, BBVA, Davivienda, entre otros]. Se excluye ron expresamente las cuentas a nombre de la Nación, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, así como las partidas presupuestales destinadas al pago de sentencias, conciliaciones y al fondo de conti ngencias, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA.

Público y Tesoro Nacional, así como las partidas presupuestales destinadas al pago de sentencias, conciliaciones y al fondo de conti ngencias, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA.

6.4. Al momento de hacer efectiva la medida cautelar, las entidades debían tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 594 del CGP, es decir, la inembargabilidad de4

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro cuentas que contuvieran recursos del sistema general de participaciones, regalías y fondos de la seguridad social.

6.5. En cuanto a la identificación de los bienes embargables, el artículo 83 del CGP estableció que en la solicitud de medidas cautelares debía indicarse la persona o los bienes sobre los cuales recae la medida, así como su localización. Aunque en este caso la parte ejecutante mencionó de forma general las entidades bancarias, el Consejo de Estado ha señalado que no resulta indispensable precisar el tipo ni el número de las cuentas bancarias a embargar. Basta con identificar que se trata de productos financieros del ejecutado y el lugar donde se encuentran, lo que permite al juez decretar válidamente la medida cautelar.

6.6. De conformidad con el numeral 10 del artículo 594 del CGP, si se decreta el embargo de dineros depositados en bancos, se debe comunicar la medida a la entidad bancaria correspondiente, indicando la cuantía máxima, que no puede superar el valor del crédito, las costas y un 50% adicional. El banco debe expedir un certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez. Además, el artículo 599

entidad bancaria correspondiente, indicando la cuantía máxima, que no puede superar el valor del crédito, las costas y un 50% adicional. El banco debe expedir un certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez. Además, el artículo 599 ibidem faculta al juez para limitar el embargo a lo estrictamente necesario, sin que el valor de los bienes supere el doble del crédito, sus intereses y las costas estimadas, salvo en casos especiales como bienes únicos o gravados con garantía.

7. En atención de ello, el a quo resolvió:

«PRIMERO. Decretar la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este pronunciamiento.

SEGUNDO. En consecuencia, ordenar el embargo de los dineros que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio posea o llegare a tener en las cuentas de ahorro o corrientes abiertas a su nombre con recursos del Presupuesto General de la Nación en las sig uientes entidades bancarias: Banco Agrario, Bancolombia, Banco BBVA, Davivienda, Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Caja Social y Banco Colpatria.

Se advierte que por tratarse de la ejecución de una sentencia judicial en firme, se constituye en una excepción a la imposibilidad de embargar recursos públicos de naturaleza inembargable, conforme a la dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C – 1154 de 2008 y C – 539 de 2010. Dicha excepción a la inembargabilidad, en todo caso, NO procede respecto a los recursos depositados para atender el rubro de

sentencias C – 1154 de 2008 y C – 539 de 2010. Dicha excepción a la inembargabilidad, en todo caso, NO procede respecto a los recursos depositados para atender el rubro de sentencias y conciliaciones judiciales y al fondo de contingencias. Así mismo, lo establecido en el Artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015 referente a los recursos depositados en las cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o cualquier establecimiento de crédito

Se advertirá, además, a dichas entidades bancarias que al momento de hacer efectiva la medida cautelar decretada tengan en cuenta las restricciones del art. 594 del CGP, en5

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro el sentido de que son inembargables las cuentas del sistema general de participaciones, regalías y recursos de la seguridad social.

TERCERO. Poner de presente a las siguientes entidades bancarias: Banco Agrario, Bancolombia, Banco BBVA, Davivienda, Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Caja Social y Banco Colpatria que la cuantía máxima de la medida cautela r decretada no podrá exceder el valor del crédito más un 50%, el cual se determinó en el auto del 28 de octubre de 2024 […]»

1.8. La «solicitud de levantamiento de embargo»

8. El Fomag presentó el 20 de febrero de 2025 un escrito titulado «solicitud de

cual se determinó en el auto del 28 de octubre de 2024 […]»

1.8. La «solicitud de levantamiento de embargo»

8. El Fomag presentó el 20 de febrero de 2025 un escrito titulado «solicitud de levantamiento de embargo», mediante el cual pidió que i) se declarara la inembargabilidad de sus recursos; ii) se ordenara el levantamiento de las medidas cautelares de embargo decretadas; y iii) se autorizara la entrega de dichos recursos mediante los respectivos títulos judiciales. Al respecto, señaló lo siguiente:

8.1. De conformidad con el artículo 597 del CGP una de las causales para levantar un embargo es que este recaiga sobre los recursos públicos previstos en el artículo 594 ibidem y que con ello se produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado. En efecto, el artículo 594 dispuso que no podrían embargarse bienes, rentas o recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, incluidos aquellos destinados a la seguridad social o provenientes del sistema general de participaciones.

8.2. Resulta improcedente el embargo de recursos públicos sin una disposición legal que lo autorice expresamente, por lo tanto, los funcionarios judiciales deben abstenerse de decretar medidas cautelares sobre recursos inembargables, y en caso de hacerlo, deben justificar legalmente su procedencia, lo cual no se presenta en el presente caso.

9. Los recursos del Fomag tienen un origen constitucionalmente protegido. El artículo 63 de la Constitución Política los califica como inembargables por su destinación específica, y por estar incorporados en el presupuesto nacional. A esto se suma su manejo como patrimonio autónom o, constituido mediante contrato de

artículo 63 de la Constitución Política los califica como inembargables por su destinación específica, y por estar incorporados en el presupuesto nacional. A esto se suma su manejo como patrimonio autónom o, constituido mediante contrato de fiducia, lo que refuerza su carácter inembargable, ya que tales bienes están destinados exclusivamente al cumplimiento de la finalidad para la cual fueron constituidos: el pago de prestaciones sociales del magisterio.

1.9. Pronunciamiento frente a la solicitud y su adecuación al recurso de apelación

10. El Tribunal Administrativo de Nariño se pronunció en auto del 25 de marzo de 2025 en relación con la solicitud de la entidad ejecutada. Indicó lo siguiente:6

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025)

Demandante: Isaac Castro Capurro

10.1. El memorial presentado por la ejecutada no precisó sí se trataba de i) un incidente de levantamiento de embargo, ii) una solicitud de desembargo en los términos del artículo 597 del CGP; o iii) un recurso de apelación contra el auto que decretó el embargo de las cuentas bancarias. En atención a ello, debía analizarse en cuál escenario podría encuadrar el escrito presentado por el Fomag.

10.2. En primer lugar, en caso de que se tratara de un incidente, aquel no podría tramitarse bajo esa figura procesal. Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el CPACA no estableció la posibilidad de que el levantamiento de medidas cautela res se pudiera tramitar como un incidente, esto porque este mecanismo solo procede cuando la ley lo prevé de forma expresa. El CGP en el

Consejo de Estado, el CPACA no estableció la posibilidad de que el levantamiento de medidas cautela res se pudiera tramitar como un incidente, esto porque este mecanismo solo procede cuando la ley lo prevé de forma expresa. El CGP en el artículo 127 señaló que únicamente «[…] se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale» y el artículo 597 ibidem, aunque estableció la posibilidad de levantar embargos sobre recursos públicos, no abrió la posibilidad de que se tramitara como un incidente.

10.3. En segundo lugar, de entenderse que la solicitud correspondió a una petición de levantamiento de embargo con fundamento en el numeral 11 del artículo 597 del CGP, la demandada no estaba legitimada para formularla. Según la norma, solo pueden presentar esta solicitud ciertos funcionarios públicos como el procurador general, ministros, alcaldes, gobernadores o el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por tanto, el Fomag carecía de competencia para solicitar el levantamiento.

10.4. En tercer lugar, de comprenderse que lo presentado fue un recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar, aquel se encontraba interpuesto en término legal y también resultaba procedente.

11. En atención a ello, adecuó la solicitud presentada como un recurso de apelación y lo concedió en el efecto devolutivo ante el Consejo de Estado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la entidad ejecutada contra el auto que decretó la medida cautelar, de conformidad con los artículos 125, 150 y 243 del CPACA.7

para conocer del recurso de apelación presentado por la entidad ejecutada contra el auto que decretó la medida cautelar, de conformidad con los artículos 125, 150 y 243 del CPACA.7

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025)

Demandante: Isaac Castro Capurro 2.2. Problemas jurídicos

13. El estudio de l a Sala se centrará en resolver si en el presente asunto ¿ el embargo decretado sobre los recursos del Fomag debe revocarse?

14. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará el marco normativo y jurisprudencial de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo; y luego de ello analizará el caso en concreto.

2.3. Las medidas cautelares en el proceso ejecutivo y la inembargabilidad de los recursos

15. La medida cautelar es un instrumento que protege la integridad de una obligación o derecho que es controvertido ante el juez. La Corte Constitucional ha señalado que estas tienen por objeto «garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían d esprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual abogado»2.

16. En los procesos ejecutivos, el artículo 599 del CGP prevé que i) desde la presentación de la demanda, el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro

actividad o conducta maliciosa del actual o eventual abogado»2.

16. En los procesos ejecutivos, el artículo 599 del CGP prevé que i) desde la presentación de la demanda, el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado; ii) al decretar los embargos, el juez podrá limitarlos a lo necesario y, el valor de los bienes, no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad; y iii) el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercero afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el 10% del valor de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento.

17. Ahora, el artículo 63 de la CP estableció que «[l]os bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley , son inalienables, imprescriptibles e inembargables». Asimismo, el artículo 72 dispuso que «[e]l patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. [...].»

2 Sentencia C-523 de 2009.8

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. [...].»

2 Sentencia C-523 de 2009.8

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025)

Demandante: Isaac Castro Capurro

18. De igual forma, el artículo 594 del CGP estableció que los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales no se podrán embargar.

Estos son, entre otros, los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. Adicionalmente, en el parágrafo, dispuso lo que se transcribe:

«PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto

administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.» [se resalta]

19. A su turno, el literal del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 «por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto» , señaló que son inembargables las rentas incorporadas al presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman; no obstante, los funcionarios competentes debían adoptar las medidas conducentes al pago de las sent encias en contra de los

incorporadas al presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman; no obstante, los funcionarios competentes debían adoptar las medidas conducentes al pago de las sent encias en contra de los órganos respectivos dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarían en su integridad l os derechos reconocidos a terceros en estas instancias. En esta prohibición se incluyeron las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII ibidem [de la distribución de recursos y de las competencias].

20. El canon citado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-354 de 1997. En esta oportunidad, se remitió a la sentencia C -546 de 1992, en la cual se expuso el criterio de la embargabilidad de los bienes y rentas incorporadas al presupuesto de la Nación cuando se pretendía hacer efectiva una9

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro obligación de naturaleza laboral, «cuya satisfacción e[ra] necesaria para realizar el principio de la dignidad humana y hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental al trabajo en condiciones justas y dignas» ; asimismo, consideró que i) si bien la regla general era la inembargabilidad, tenía excepciones cuando se trataba de sentencias judiciales con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en aquellas; ii) los créditos a cargo del Estado que constaran en sentencias o en otros títulos legalmente válidos (como actos administrativos, por ejemplo), debían ser pagados y, cuando fueran exigibles, era posible adelantar la

reconocidos en aquellas; ii) los créditos a cargo del Estado que constaran en sentencias o en otros títulos legalmente válidos (como actos administrativos, por ejemplo), debían ser pagados y, cuando fueran exigibles, era posible adelantar la ejecución «con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos - y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos».

21. De otro lado, el artículo 21 del Decreto Ley 028 de 2008 3 previó que i) los recursos del sistema general de participaciones eran inembargables y que, para «evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afect[aran] la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopt[aran] las autoridades judiciales relacionadas con obligacio nes laborales, se har[ían] efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial» ; y ii) para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial debía presupuestar el monto del recurso a comprometer y pagar el respectivo crédito judicial en la siguiente vigencia fiscal.

22. Este postulado fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, bajo el supuesto de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debía efectuarse dentro de los 18 meses [en razón a que estaba vigente el CCA4] a partir de la ejecutoria y «de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».

«de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».

23. Del mismo modo, se refirieron a la inembargabilidad de los recursos, los artículos 318 del Decreto 1222 de 19865, 134 de la Ley 100 de 19936, 25 de la Ley 80 de 19937, 18 y 91 de la Ley 715 de 2001 8, 275 [parágrafo 2] de la Ley 1450 de

1. «Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos al Sistema General de Participaciones» 4 Código Contencioso Administrativo. 5 «Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental». 6 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones». 7 «Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública». 8 «[P]or la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salu d, entre otros».10

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00231-01 (0912-2025) Demandante: Isaac Castro Capurro 20119, 45 de la Ley 1551 de 2012 10, 25 de la Ley 1751 de 2015 11, 357 de la Ley

Demandante: Isaac Castro Capurro 20119, 45 de la Ley 1551 de 2012 10, 25 de la Ley 1751 de 2015 11, 357 de la Ley 1819 de 2016 12, 133 de la Ley 2056 de 2020 13 y, en especial, el 2.8.1.6.1.1. del

Decreto 1068 de 201514, que dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 2.8.1.6.1.1. Inembargabilidad en cuentas abiertas a favor de la Nación. Cuando un embargo de recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación sea ordenado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sólo se podrá practicar sobre la cuenta o cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, abiertas a favor de la entidad u organismo condenado en la sentencia respectiva.

Parágrafo. En ningún caso procederá el embargo de los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de crédito.»

24. Igualmente, la Sala Plena de esta corporación, desde el auto proferido el 22 de julio de 1997 15 prohijó el criterio consistente en que la «no ejecución de la Nación» tiene 3 excepciones que son: i) el cobro compulsivo de las sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa; ii) los créditos laborales contenidos en actos administrativos; y iii) los créditos provenientes de contratos estatales.

tiene 3 excepciones que son: i) el cobro compulsivo de las sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa; ii) los créditos laborales contenidos en actos administrativos; y iii) los créditos provenientes de contratos estatales.

25. En otras oportunidades, se ha conciliado el concepto de inembargabilidad con los derechos reconocidos por el Estado a través de distintos medios, de