CE - Auto interlocutorio 52001233300020240023701 de 2025

Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977)

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977) Medio de control: Controversias contractuales

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

Demandada: Universidad Nacional de Colombia y Compañia Mundial De

Seguros S.A.

Asunto: Apelación de auto (CPACA - Ley 2080 de 2021) Resuelve apelación en contra de la denegatoria de pruebas en primera instancia El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Nacional de Colombia en contra del auto del 14 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño negó el decreto de una prueba testimonial solicitada en el trámite de primera instancia.

|. ANTECEDENTES

4. El trámite procesal y las solicitudes probatorias negadas El 31 de julio de 20241, la Agencia de Desarrollo Rural -en adelante ADR-, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra de la Universidad Nacional de Colombia -en lo que sigue UNALy la Compañía Mundial de Seguros S.A. -en adelante Mundial de Seguroscon el objeto de que se declarara el incumplimiento del convenio No. 1090 de 2015 suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Universidad

lo que sigue UNALy la Compañía Mundial de Seguros S.A. -en adelante Mundial de Seguroscon el objeto de que se declarara el incumplimiento del convenio No. 1090 de 2015 suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Universidad Nacional de Colombia, se ordenara su liquidación judicial y, como consecuencia de ello, se condenara a la UNAL a reintegrar la suma de $1.576'.111.872. 1.2. Previa inadmisión de la demanda?, en auto del 16 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Nariño admitió el escrito inicial?. 1 Índice No. 3 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal Administrativo de Nariño. 2 Índice No. 5 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo. 3 Índice No. 10 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo.Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977) .

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR 1.3. El 19 de febrero de 2025, la UNAL contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, al considerar que cumplió con rigor técnico las obligaciones contractuales estipuladas en el convenio 1090 de 2015.

Además de lo anterior, solicitó se decretaran, entre otras, la siguiente prueba: “TESTIMONIALES Solicito se tengan como prueba el testimonio técnico y que se practique a la siguiente persona:

Ingeniero CARLOS A. SALAZAR MOLINA

Director Convenio - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Dirección: Calle 59% N° 63 -20 Bloque 14 piso 4 oficina 412

Teléfono: 4309000 ext: 49007

Ingeniero CARLOS A. SALAZAR MOLINA

Director Convenio - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Dirección: Calle 59% N° 63 -20 Bloque 14 piso 4 oficina 412

Teléfono: 4309000 ext: 49007

Celular: 3176445373 casalaza@unal. edu.co Testigo técnico que teniendo en cuenta su cualificación especial, percibió de manera personal el objeto de controversia y otros relacionados directa o indirectamente que se refieren a cada uno de los hechos de la demanda y la presente contestación teniendo en cuenta su conocimiento técnico en cuanto a su condición de Director del Convenio 1090 de 2015 y conoció de primera mano las solicitudes efectuadas por la ADR así como las justificaciones que derivaron posteriormente en las ampliaciones del convenio, y su respectiva ejecución”.

2. La decisión impugnada Surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Nariño a través de auto del 25 de abril de 20255 adecué el trámite a sentencia anticipada, al considerar que se acreditó el supuesto establecido en el literal C del artículo 182 del

CPACA. En ese sentido, fijó el litigio en los siguientes términos: “Corresponde a la Corporación determinar, si procede declarar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio No. 1090 de 2015 y realizar la liquidación judicial del mencionado instrumento contractual. De igual forma, se decidirá si es procedente condenar a la Universidad Nacional de Colombia y a la Compañía Mundial de Seguros S.A. a pagar mil quinientos setenta y seis millones ciento once mil ochocientos setenta y dos pesos ($1.576'111.872), que presuntamente adeudan por el incumplimiento contractual, su correspondiente

Colombia y a la Compañía Mundial de Seguros S.A. a pagar mil quinientos setenta y seis millones ciento once mil ochocientos setenta y dos pesos ($1.576'111.872), que presuntamente adeudan por el incumplimiento contractual, su correspondiente indexación y los intereses moratorios que se causen”, Adicionalmente, denegó la prueba testimonial de la institución universitaria UNAL, al estimar que no se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 212 del CGP y, a su vez, expuso que “los hechos de conocimiento del testigo se pueden comprobar con los documentos que se hicieron llegar con la demanda y el escrito de contestación, lo que permite establecer el carácter de inútil y superflua de la prueba”. : 4indice No. 16 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo. 5 Índice No. 20 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo.Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977)

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3. El recurso de apelación presentado Inconforme con la anterior decisién®, la UNAL interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación y solicitó revocar la determinación.

Argumentó que, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo -según el cual no se cumplió con lo previsto en el artículo 212 del CGP-, la UNAL sí expuso las razones por las cuales era necesario recepcionar el testimonio técnico del señor Carlos Salazar Molina dentro del trámite judicial. En particular, indicó que dicho profesional contaba con la trazabilidad completa de la ejecución del convenio, desde la presentación de la propuesta hasta su terminación y el cruce de información relacionado con su liquidación.

Salazar Molina dentro del trámite judicial. En particular, indicó que dicho profesional contaba con la trazabilidad completa de la ejecución del convenio, desde la presentación de la propuesta hasta su terminación y el cruce de información relacionado con su liquidación. En ese sentido, manifestó que para la institución universitaria resultaba indispensable que su testigo técnico explicara metodológicamente cómo se desarrolló la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el referido convenio interadministrativo. Señaló, además que, de acuerdo con la doctrina, el testigo técnico es aquel “que está en condiciones de efectuar deducciones o inferencias de los hechos objeto del testimonio, cuando estos están relacionados con cuestiones científicas, técnicas o artísticas, en las cuales es experto por razón de su profesión, oficio o afición”. Precisamente esa experiencia específica es la que le permitiría al señor Salazar Molina formular inferencias sobre las causas determinantes de ciertos hechos objeto de debate, lo que constituye la esencia y característica distintiva de este tipo de testimonio. Finalmente, insistió en que el tribunal de primera instancia corrió traslado para presentar alegatos sin haber resuelto previamente las solicitudes probatorias, por lo que resultaba necesario decidir sobre-estas últimas y convocar la audiencia para la práctica de pruebas. 3.1. El Tribunal Administrativo de Nariño confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Consejo de Estado. $ Índice No. 20 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo.Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977)

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

I CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

I CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -31 de julio de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 20217-, asi como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306% del primero de los estatutos mencionados.

2. La competencia del Magistrado Ponente para resolver el recurso En los términos del artículo 150° del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación.

Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-3'° del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, ? De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el proceso objeto de análisis se presentó el 31 de julio de 2024, es evidente

de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el proceso objeto de análisis se presentó el 31 de julio de 2024, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 si le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)” (aclaración añadida). 8 "Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida). 2 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación (modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. (...)” (aclaración añadida). 19 “Artículo 125. De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080

formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. (...)” (aclaración añadida). 19 “Artículo 125. De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (énfasis y aclaración añadida).Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977) Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125-211 del CPACA -con su respectiva modificación-.

3. La procedencia y oportunidad del recurso de apelación Según lo dispuesto en el artículo 243-71? del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandante.

Ahora bien, el auto que adecuó a sentencia anticipada y negó la prueba testimonial fue notificado en estado electrónico del 28 de abril de 2025 y, por su parte, el recurso de apelación se presentó el 2 de mayo de la misma anualidad!3, razón por la cual se concluye que su presentación fue oportuna, en virtud de lo señalado en el artículo 244-3 del CPACA", modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.

4. El objeto del recurso de apelación interpuesto De conformidad con lo planteado en la impugnación, le corresponde al despacho

244-3 del CPACA", modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.

4. El objeto del recurso de apelación interpuesto De conformidad con lo planteado en la impugnación, le corresponde al despacho determinar si era procedente o no decretar la prueba testimonial solicitada por la parte demandada. 11 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica.

En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; 9) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)” (aclaración añadida). .

instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)” (aclaración añadida). . 12 "Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)” (énfasis y aclaración añadida). 13 El 1° de mayo de 2025 no fue día hábil. 14 “Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021). (...) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977)

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

5. Caso concreto Revisadas las solicitudes probatorias de la parte actora, la decisión impugnada y los cargos de apelación, el despacho considera que se debe confirmar la decisión, por las razones que se explican a continuación.

En virtud de lo prescrito en el artículo 168 del CGP?5, a efectos de determinar la procedencia de los medios probatorios solicitados por las partes, le corresponde al juez analizar si estos cumplen los requisitos legales de licitud, conducencia,

En virtud de lo prescrito en el artículo 168 del CGP?5, a efectos de determinar la procedencia de los medios probatorios solicitados por las partes, le corresponde al juez analizar si estos cumplen los requisitos legales de licitud, conducencia, pertinencia y utilidad, motivo por el cual, si los medios de convicción no satisfacen las caracteristicas citadas deben ser rechazados. Al respecto, se precisa que las pruebas lícitas son aquellas cuya obtención no viola el derecho al debido proceso de las partes"®. La conducencia se refiere a la idoneidad o aptitud de determinado medio probatorio para probar o, establecer determinada circunstancia fáctica!?. La pertinencia implica que la prueba debe tener conexión directa con el problema jurídico a resolver'®. En tanto la utilidad atañe “al poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”. En el caso bajo estudio, el tribunal a quo negó el testimonio del señor Carlos Salazar Molina porque, en su criterio, la parte demandada no cumplió lo establecido en el artículo 212 del CGP y, adicionalmente, estimó que ya obraban en el expediente elementos de convicción que daban cuenta del procedimiento contractual que dio origen del litigio y, por ese motivo, no era necesario que se rindiera una declaración sobre las mismas circunstancias. En relación con la prueba testimonial conviene recordar que según lo previsto en el artículo 212 del CGP, “feJuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba (...)” (énfasis añadido). En el caso objeto de estudio, conviene recordar cuáles fueron los términos exactos

nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba (...)” (énfasis añadido). En el caso objeto de estudio, conviene recordar cuáles fueron los términos exactos en los que la institución demandada solicitó el decreto de la prueba testimonial, así: “Ingeniero CARLOS A. SALAZAR MOLINA 18“Articulo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. 16 Constitución Política, artículo 29. 17 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código Genera! del Proceso: Pruebas, Dupre Editores, Bogotá, 2017, Pág. 108 18 LOPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 110. 19 LÓPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 112.Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977)

Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR

Director Convenio - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellin

Dirección: Calle 59° N° 63 -20 Bloque 14 piso 4 oficina 412

Teléfono: 4309000 ext: 49007

Celular: 3176445373 casalazaQunal.edu.co Testigo técnico que teniendo en cuenta su cualificación especial, percibió de manera personal el objeto de controversia y otros relacionados directa o indirectamente que se refieren a cada uno de los hechos de la demanda y la presente contestación teniendo en cuenta su conocimiento técnico en cuanto a su condición de Director del Convenio 1090 de 2015 y conoció de primera mano las solicitudes efectuadas por la

se refieren a cada uno de los hechos de la demanda y la presente contestación teniendo en cuenta su conocimiento técnico en cuanto a su condición de Director del Convenio 1090 de 2015 y conoció de primera mano las solicitudes efectuadas por la ADR así como las justificaciones que derivaron posteriormente en las ampliaciones del convenio, y su respectiva ejecución”. Contrastadas las solicitudes probatorias en cita con las exigencias legales fijadas en el artículo 212 del CGP, el despacho considera que las peticiones formuladas por la entidad demandada no acreditaron los requisitos -mínimospara su decretoartículo 213 de la misma codificación procesal-29, puesto que, si bien se indicó la calidad del testigo y su condición como “director del convenio 1090 de 2025”, lo cierto es que no se enunciaron concretamente cuáles serían los hechos sobre los que versaría su declaración ni las circunstancias que se pretenden acreditar con su testimonio. En efecto, en la petición probatoria solo se mencionó el cargo que ostentaba el declarante y que tenía conocimiento de los hechos de la demanda y de la contestación, sin que de ello se pueda derivar los fundamentos fácticos específicos sobre los cuales aludiria el testimonio, razón por la cual, se concluye que no se acreditó lo dispuesto en la norma mencionada. Además de lo anterior, tal y como lo expuso el Tribunal Administrativo de Nariño, la prueba testimonial es superflua ya que obran en el proceso otros medios de convicción que dan cuenta de los hechos que se pretenden demostrar con el testimonio y, por ello, este último resulta inútil. Sobre este aspecto, se precisa que la información que se pretende traer al trámite

convicción que dan cuenta de los hechos que se pretenden demostrar con el testimonio y, por ello, este último resulta inútil. Sobre este aspecto, se precisa que la información que se pretende traer al trámite judicial con el testimonio del señor Salazar Molina está relacionada con: i) el debido cumplimiento de las obligaciones del Convenio 1090 de 2015 por parte de la UNAL; ii) las justificaciones para las posteriores ampliaciones del convenio y; iti) las circunstancias de ejecución del convenio señalado. Sobre estos hechos ya se encuentran incorporados al proceso, entre otras, las siguientes pruebas documentales que evidencian tales situaciones y que fueron 20 “Artículo 213. Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente (artículo 212), el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente” (aclaración añadida).Radicado: 52001-23-33-000-2024-00237-00 (72977) Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR solicitadas por la UNAL: i) Estudios Previos; ii) Propuesta Técnica Economica 01090; iii) Convenio Nariño 1090; iv) Acta Inicio 1090; v) Plan Operativo Final; vi) Actas Convenio 1090; vii) Informes Finales. En estas condiciones, el despacho concluye que con las pruebas documentales aportadas y decretadas en el trámite judicial es posible extraer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló el Convenio 1090 de 2015; negocio jurídico que supuestamente fue incumplido y que generó los perjuicios que se reclaman por la entidad demandante.

tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló el Convenio 1090 de 2015; negocio jurídico que supuestamente fue incumplido y que generó los perjuicios que se reclaman por la entidad demandante. Por las razones señaladas, se confirmará la decisión que negó la prueba testimonial. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 25 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño le negó a la parte demandada el decreto de la prueba testimonial del señor Carlos Salazar Molina.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de

Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOL CORRALES Consejero de E jo