CE - Auto interlocutorio 54001233300020160020301 de 2025

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405)

Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCION C

Consejera Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco Referencia: Reparación directa Radicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405)

Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Niega solicitud

1. Aracely Navarro Peñaranda y otros, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del. medio de control de reparación directa en contra de la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables por el secuestro, desaparición y muerte del señor Astolfo Vega Navarro, así como por el desmantelamiento y destrucción parcial de la finca “La Fortuna”, de propiedad de Manuel Benjamín Vega Guerrero, en hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1994.

2. Mediante sentencia del 26 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no. se acreditó que el daño fuese imputable a la entidad demandada. Por otra parte, sostuvo que los hechos eran atribuibles al hecho exclusivo y determinante de un tercero.

3. A través de providencia del 24 de abril de 2024, la Subsección C de la Sección

sostuvo que los hechos eran atribuibles al hecho exclusivo y determinante de un tercero.

3. A través de providencia del 24 de abril de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su . lugar, condenó a la Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por los perjuicios ocasionados a los señores Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega

Vega, Camilo Andrés Vega Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero.

4. El 5 de marzo de 2025', Martha Vega Acosta y otros?, presentaron solicitud para que se “resolviera conflicto de competencia” y, en ese sentido, manifestaron lo siguiente: 1 Índice No. 34 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. ? Las personas que presentaron la solicitud fueron: Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega, Camilo Andrés Vega Vega y los herederos del señor Manuel Benjamín Vega Guerrero conformadosRadicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405) Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros i) Expusieron que el 25 de mayo de 2022, la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia confirmó sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a través de la cual se resolvió de manera favorable el incidente de reparación integral de perjuicios promovido por Martha Vega Acosta y otros por la desaparición y muerte de Astolfo Vega Navarro perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia. ii) Indicaron que el 24 de abril de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la que declaró administrativamente

perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia. ii) Indicaron que el 24 de abril de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la que declaró administrativamente responsables a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional por la desaparición y muerte del señor Astolfo Vega Navarro y, a su vez, reconoció perjuicios en la modalidad de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales a Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega, Camilo Andrés Vega Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero. iii) Expresaron que como beneficiarios de los derechos litigiosos decidieron “vender la sentencia” a Aritmetika S.A.S, sociedad que como requisito para el desembolso de la suma referenciada les exigió renunciar parcialmente a los derechos reconocidos en la sentencia de incidente de reparación integral, porque “existe un doble reconocimiento entre la sentencia proferida por justicia transicional y la sentencia proferida por el Consejo de Estado”. iv) Manifestaron que, de acuerdo con la instrucción de la compañía mencionada, presentaron la renuncia de algunos derechos ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá — Sala de Justicia y Paz y la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, entidades que les indicaron que ho son competentes para dirimir dicha controversia y que debían dirigir la solicitud Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. v) Sostuvieron que elevaron la petición al Juzgado Penal del Circuito con Función - de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional,

Justicia y Paz del Territorio Nacional. v) Sostuvieron que elevaron la petición al Juzgado Penal del Circuito con Función - de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, el cual expresó que tampoco tenía competencia y no les dio respuesta de fondo. por: Miriam Vega Acosta, Carmen Rosa Vega Acosta, Ana Lucila Vega de Suárez, Miguel Ángel : Vega Casadiegos, Yan Carlos Vega Casadiegos y Yurbe Torcoroma Vega Galeano.os Radicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405) Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros Con base lo anterior solicitaron lo siguiente (transcripción literal, incluidos posibles errores): PRIMERO. Que se dirima la controversia existente entre los reconocimientos por parte de la sentencia de reparación integral proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y la sentencia de REPARACIÓN DIRECTA proferida por el honorable CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Y SUBSECCIÓN C.

SEGUNDO: (...) [SJe de respuesta congruente y de fondo, por parte de ustedes como superior jerárquico, si esta sentencia hace mención al doble reconocimiento del que sustenta también el incidente de reparación integral, o en su defecto si las dos no tienen ninguna relación, esto con el fin que no se sigan vulnerando nuestros derechos como víctimas y podamos acceder al desembolso que nos corresponde por parte de la empresa ARITMETIKA S.A.S.

TERCERO: Que se garanticen nuestros derechos como víctimas y se evite que seamos revictimizados por las entidades e instituciones involucradas en el caso,

la empresa ARITMETIKA S.A.S.

TERCERO: Que se garanticen nuestros derechos como víctimas y se evite que seamos revictimizados por las entidades e instituciones involucradas en el caso, asegurando que no se nos sigan ocasionando perjuicios por la falta de respuesta del derecho de petición correspondiente a este asunto, toda vez que la sentencia proferida por JUSTICIA TRANSICIONAL, no va ser pagada de acuerdo a lo reconocido, pues al acogerla la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, la misma solo desembolsaría hasta 40 SMMLV”.

5. El despacho precisa que, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 19963 en armonía lo establecido en el segundo inciso del artículo 158 del CPACA?, las situaciones fácticas descritas por los solicitantes no se enmarcan en un conflicto de competencia, toda vez en este caso no existe una controversia entre autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto de su competencia o incompetencia para conocer de un litigio. Al respecto, según lo previsto en el artículo 158 del CPACA: Conflictos de competencia: Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento: Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez 3 “Parágrafo. Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones

de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez 3 “Parágrafo. Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones de distintos Tribunales Administrativos, entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo Tribunal Administrativo serán decididos por el correspondiente Tribunal en pleno”. 4 “Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto”.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405) Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto. Ahora bien, según lo descrito por los demandantes, estos cuentan con dos sentencias debidamente ejecutoriadas que fueron proferidas por autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, razón por la cual, como se evidencia no existe ningun conflicto de competencia que le corresponda resolver al Consejo de Estado. Además, se debe poner de presente que esta corporación no es superior funcional

judiciales de distintas jurisdicciones, razón por la cual, como se evidencia no existe ningun conflicto de competencia que le corresponda resolver al Consejo de Estado. Además, se debe poner de presente que esta corporación no es superior funcional de los jueces que resuelven los casos de justicia transicional, en específico los litigios de justicia y paz y, en ese sentido, no está facultada puede emitir ningún pronunciamiento respecto de sus providencias. Por lo anterior, contrario a lo expuesto por los actores, el Consejo de Estado no tiene competencia para definir si existe “un doble reconocimiento (...), o en su defecto si las dos providencias no tienen ninguna relación, con el fin que no se sigan vulnerando nuestros derechos (...) y podamos acceder al desembolso que nos corresponde por parte de la empresa ARITMETIKA S.A.S”.

6. Sobre este punto, se debe resaltar que la controversia puesta en conocimiento ante esta corporación consistió en determinar la responsabilidad administrativa de la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional con ocasión de la desaparición y muerte del señor Astolfo Vega Navarro. El referido litigio concluyó con la sentencia dictada el 24 de abril de 2024, la cual a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriada, de ahí que, a esta autoridad judicial no le sea posible emitir ninguna consideración sobre este mismo asunto.

Se recuerda que una vez los funcionarios judiciales administran justicia a través de las sentencias, se pierde competencia funcional respecto del caso que han resuelto, motivo por el cual solo en las circunstancias que ha previsto la ley, de manera excepcional, se encuentran facultados para atender las solicitudes encaminadas a la aclaración, corrección o adición de la providencia?.

motivo por el cual solo en las circunstancias que ha previsto la ley, de manera excepcional, se encuentran facultados para atender las solicitudes encaminadas a la aclaración, corrección o adición de la providencia?. Así las cosas, como en este caso en concreto las peticiones elevadas por la actora no se enmarcan en aquellos eventos regulados en los artículos 285, 286 y 287 del CGP, que se refieren a errores puramente aritméticos o conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la providencia, no 3 Corte Constitucional. Auto 191 de 2018.A Radicación: 54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405) Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros resulta procedente emitir ningún pronunciamiento sobre lo que se pone a consideración en la solicitud mencionada. Al respecto, se insiste, el juez al decidir sobre un litigio deja de tener competencia en relación con el mismo y, además, lo atinente a la ejecución de las sentencias es un asunto del que le corresponde gestionar a la parte interesada según los procedimientos establecidos para ello. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE NEGAR por improcedente la solicitud elevada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

_ NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

_ ICOLAS YEPES CO ES Consejero de Es , P.9