CE - Auto interlocutorio 66001233300020200043901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 66001-23-33-000-2020-00439-01 (71898)

Ejecutante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

Ejecutado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Referencia: Ejecutivo

Asunto: Auto que remite expediente

Habiendo recibido el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 23 de mayo de 2024, que modificó y actualizó la liquidación de crØdito, el despacho advierte que la decisión respectiva le compete al ponente de la sentencia cuya ejecución se pretende, por lo que procede a remitir el asunto de la referencia al magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, de la Subsección A de la Sección Tercera de est a Corporación, en consideración al criterio de competencia por el factor de conexidad.

I. ANTECEDENTES

El 2 de septiembre de 2020 1 Luis FroilÆn Perea Asprilla, en nombre propio y en representación de sus hijos Vicky Milena Perea Lemus, Dora Germania Perea Lemus, Oscar William Perea Córdoba y Luisa Fernanda Perea Córdoba presen tó demanda ejecutiva, con el fin de obtener el pago de la condena impuesta a la

representación de sus hijos Vicky Milena Perea Lemus, Dora Germania Perea Lemus, Oscar William Perea Córdoba y Luisa Fernanda Perea Córdoba presen tó demanda ejecutiva, con el fin de obtener el pago de la condena impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, en sentencia del 12 de marzo de 2014, proferida dentro de l proceso de reparación directa identificado con el nœmero 66001-23-31-000200500824-01 (34967).

Mediante auto del 26 de octubre de 2020 2, el Tribunal Administrativo de Risaralda libró mandamiento de pago a favor de la parte ejecutante por un valor total de ciento diecisØis millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($116.439.259).

El 26 de mayo de 20213, el tribunal de primera instancia ordenó seguir adelante con la ejecución en los tØrminos del mandamiento de pago, condenó en costas a la

1 ˝ndice No. 23 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda, archivo titulado “1_001DEMANDAEJECUTIVA11FL(.PDF) NroActua 23(.PDF) NroActua 23”. 2 ˝ndice No. 23 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda, archivo titulado “12_012LIBRAMANDAMIENTOPAGO(.PDF) NroActua 23(.PDF) NroActua 23”.

3 ˝ndice No. 8 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00439-01 (71898)

Demandante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

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ejecutada y ordenó la liquidación del crØdito de acuerdo con lo establecido e n el artículo 446 del Código General del Proceso.

El 28 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la Nación consignó en la cuenta de depósitos judiciales del Tribunal Administrativo de Risaralda la suma de noventa y ocho millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos dos pesos ($98.837.602)4.

Por auto del 20 de septiembre de 2023 5, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó el pago del depósito judicial constituido por la ejecutada y requir ió a las partes para que presentaran la liquidación del crØdito, teniendo en cu enta el pago efectuado.

El 27 de septiembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó la liquidación del crØdito y solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación6. La parte ejecutante tambiØn presentó la correspondiente liquidación 7.

A travØs del auto del 23 de mayo de 2024 8, el Tribunal Administrativo de Risaralda, con fundamento en la cuenta que efectuó el contador pœblico de a quella Corporación, modificó la liquidación del crØdito.

El 27 de mayo de 20249, la entidad ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 23 de mayo de 2024.

Corporación, modificó la liquidación del crØdito.

El 27 de mayo de 20249, la entidad ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 23 de mayo de 2024.

Mediante auto del 10 de septiembre de 2024 10, el tribunal modificó la liquidación realizada por el contador público de esa Corporación, “ œnicamente en lo concerniente a la fecha del abono”, y concluyó que la entidad demandada le adeuda a la parte ejecutante, con corte al 22 de mayo de 2024, la suma de treinta y nueve millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos ($39.389.236). En dicha providencia tambiØn concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada.

II. CONSIDERACIONES

1. Normas aplicables

A este recurso le son aplicables la Ley 1437 de 2011 (CPACA) con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, de conformidad con su artículo 8611, teniendo en cuenta que la parte ejecutada lo interpuso el 27 de mayo

4 ˝ndice No. 42 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 5 ˝ndice No. 48 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 6 ˝ndice No. 54 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 7 ˝ndice No. 53 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 8 ˝ndice No. 61 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 9 ˝ndice No. 66 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda.

7 ˝ndice No. 53 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 8 ˝ndice No. 61 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 9 ˝ndice No. 66 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 10 ˝ndice No. 70 en Samai – Tribunal Administrativo de Risaralda. 11 “Artículo 86. RØgimen de vigencia y transición normativa. La presente ley ri ge a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados yRadicado: 66001-23-33-000-2020-00439-01 (71898)

Demandante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

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de 2024, esto es, en vigencia de la referida norma; sin embargo, se precisa que las reglas de competencia corresponden a las previstas en el CPACA -sin tener en cuenta la reforma-, dado que la demanda se presentó el 2 de septiembre de 2020.

En los asuntos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (en adelante CGP) por remisión del artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

2. Jurisdicción

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del presente asunto, en el cual se discute la ejecución de una condena judicial impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, numeral 6, del CPACA12.

3. Competencia

En punto a la competencia para decidir el recurso de apelación que la parte

a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, numeral 6, del CPACA12.

3. Competencia

En punto a la competencia para decidir el recurso de apelación que la parte ejecutada interpuso contra el auto del 23 de mayo de 2024, median te el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda modificó y actualizó la liquidación de crØdito, se advierte que, de acuerdo con el criterio de competencia por conexidad, el asunto debió ser repartido al despacho del magistrado ponente de la providencia qu e constituye el título ejecutivo.

En efecto, el artículo 156.9 del CPACA, en su redacción original dispu so lo siguiente:

“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, serÆ competente el juez que profirió la providencia respectiva” (se destaca).

tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley . (…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las ante riores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tØrminos

iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los tØrminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (se destaca). 12 “ARTÍCULO 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estÆ instituida para conocer, ademÆs de lo dispuesto en l a Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn involucradas las entidades pœblicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerÆ de los siguientes proces os: (…) 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de l audos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pœblica; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades (…)”.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00439-01 (71898)

Demandante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

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De igual manera, el artículo 298 del CPACA prevØ que “transcurrido un (1) año

Demandante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

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De igual manera, el artículo 298 del CPACA prevØ que “transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella seæale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenarÆ su cumplimiento inmediato.

A su turno, de manera previa a la expedición de la Ley 2080 de 2021, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia de unificación del 29 de enero de 2020 13, confirmó la aplicación del criterio de conexidad para el conocimiento de los procesos ejecutivos derivados de sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la siguiente forma:

“la unificación de la regla de competencia por conexidad deberá entenderse en el siguiente sentido: conocerÆ de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció de la primera instancia del proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación”.

Precisado lo anterior, vale la pena seæalar que, si bien es cierto que el CPACA no contiene expresamente la aplicación del criterio de conexidad en lo a tinente a la segunda instancia, no resulta razonable una distinción en tal sentido, teniendo en cuenta que el objetivo de las disposiciones normativas y el fundamento d e la jurisprudencia de unificación mencionada se orientan a la eficiencia, celeridad y coherencia en las decisiones judiciales, en la medida que el juez q ue conoció el proceso ordinario cuenta con el conocimiento previo de la controversia, a tal punto

jurisprudencia de unificación mencionada se orientan a la eficiencia, celeridad y coherencia en las decisiones judiciales, en la medida que el juez q ue conoció el proceso ordinario cuenta con el conocimiento previo de la controversia, a tal punto que dio lugar a la conformación del título ejecutivo.

En suma, el Despacho estima pertinente extender el criterio de con exidad a la autoridad judicial de segunda instancia en el proceso en el cual se profirió la sentencia que constituye el título ejecutivo, en atención al principio de economía procesal y como consecuencia del conocimiento previo del caso14.

Así las cosas, en aplicación del factor de conexidad, el conocimiento de la segunda instancia del presente proceso ejecutivo le corresponde a la Subsección A de la Sección Tercera, por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia del 12 de marzo de 2014, proferida en el proceso de reparación directa con radicad o No. 66001-23-31-000-2005-00824-01 (34967), puesto que aquell a constituye el título ejecutivo en el presente asunto.

De conformidad con lo que hasta aquí se ha indicado, corresponde remitir el expediente al despacho del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, dad o que

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 29 de enero de 2020, consejero ponente Alberto Montaæa Plata, Radicado No. 47001 - 2333-000-2019-00075-01 (63931). 14 Al respecto consultar, entre otros, el auto del 21 de abril de 2025, expediente 72.207, así como

33-000-2019-00075-01 (63931). 14 Al respecto consultar, entre otros, el auto del 21 de abril de 2025, expediente 72.207, así como las providencias expedidas el 16 de mayo de 2025 en los procesos identificados con nœmero interno 72.555, 72.482, 71.444, 71.221, 71.004 y 67.600.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00439-01 (71898)

Demandante: Luis FroilÆn Perea Asprilla y otros

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actualmente es el titular del despacho que conoció la segunda instancia del proceso ordinario15.

En mØrito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE

REMITIR el expediente de la referencia al despacho del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, para lo de su cargo.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

AET

15 El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación direc ta fue el entonces consejero de estado Mauricio Fajardo Gómez.