CE - Auto interlocutorio 68001233300020130076102 de 2025

Radicación: 680012333000201 30076102 (69067)

Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Consejero Ponente: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Demandada: Nación — Rama Judicial y otro Asunto: Auto que resuelve recurso de reposición (CPACA). AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN El despacho resuelve los recursos de reposición y en subsidio súplica formulados por Bernardo Francisco Vesga Santos. be l. ANTECEDENTES “4A, El 12 de agosto de 2013', Bernardo Francisco Vesga Santos, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación — Ministerio de Justicia y del Derecho - Rama Judicial, para que se les declarara patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional contenido en la providencia del 2 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al respecto, expuso que la autoridad judicial señalada: i) en el caso concreto no aplicó el Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de vejez por los aportes privados y; ii) desatendió lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, con el fin de reliquidar la pensión reconocida teniendo en cuenta los aportes privados efectuados en las últimas 100 semanas de cotización.

aportes privados y; ii) desatendió lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, con el fin de reliquidar la pensión reconocida teniendo en cuenta los aportes privados efectuados en las últimas 100 semanas de cotización. 1.2. A través de sentencia del 27 de enero de 20222, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, decisión frente a la cual la parte actora interpuso recurso de apelación. 1 Folios 350 a 366 del cuaderno 1. 2 Índice 64 de la plataforma tecnológica SAMAI del tribunal de origen.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos 4.3. Mediante sentencia del 18 de junio de 20253, la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la sentencia del 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, dispuso: “PRIMERO: DECLARAR la indebida representación de la Nación por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, en favor de la Nación

— Rama Judicial. Para el efecto, las agencias en derecho en esta se fijan en el cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, monto que deberá pagar la parte actora, en favor de la Nación - Rama Judicial.”

2. Solicitud de nulidad elevada por la parte demandante El 15 de julio de 2025, el demandante elevó solicitud de nulidad por considerar que en este caso el juez afectó el principio de congruencia y desconoció el artículo 29

2. Solicitud de nulidad elevada por la parte demandante El 15 de julio de 2025, el demandante elevó solicitud de nulidad por considerar que en este caso el juez afectó el principio de congruencia y desconoció el artículo 29 de la Constitución Política de 1991.

En concreto, expuso que, de manera previa esta Corporación mediante auto admisorio del 14 de octubre de 2014 le había dado “viabilidad a la presente demanda de reparación directa por haber cumplido plenamente todos los requisitos”, no obstante, de manera posterior, se declaró la indebida representación de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, lo cual, según adujo, desconoció el principio de congruencia. Adicionalmente, el actor sostuvo que se configuró una vulneración del debido proceso (art. 29 de la Constitución Política), en tanto la sentencia se omitió realizar un análisis integral del acervo probatorio. Señaló que se presumieron hechos contrarios a la realidad y se desconocieron operaciones aritméticas objetivas relacionadas con el cálculo pensional. En consecuencia, consideró que fa providencia incurrió en una causal de nulidad absoluta, pues “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

3. Decisión cuestionada A través de auto del 8 de septiembre de 20255, el despacho negó la solicitud de nulidad propuesta por la parte demandante. 3 Índice No. 27 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 4 Índice No. 33 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 5 Indice No.38 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 68001233300020130076102 (69067)

Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos

4 Índice No. 33 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 5 Indice No.38 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Al respecto se precisó que, contrario a lo expuesto por el demandante, la declaratoria de la indebida representación de la Nación por el Ministerio de Justicia y del Derecho no vulneró el principio de congruencia, toda vez que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal que el juez debe examinar de oficio con el fin de “determinar si la relación procesal se encuentra debidamente conformada. En el caso concreto, en la sentencia se concluyó que el Ministerio de Justicia y del Derecho no participó en la expedición del fallo objeto de reproche, razón por la cual se declaró la indebida representación de la Nación respecto de esta cartera. En relación con la causal de nulidad invocada con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, se expuso que la parte demandante no señaló de manera concreta qué pruebas se habían obtenido con violación del debido proceso, limitándose a reiterar las inconformidades del recurso de apelación. Asimismo, se aclaró que la nulidad procesal no constituye una tercera instancia y que no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre la valoración probatoria ya resuelta en sede de apelación. Por último, se destacó que las nulidades solo proceden en los casos expresamente previstos en la Constitución y la ley, de ahí que, como en el asunto sometido a estudio no se configuraba ninguna de las causales invocadas por la parte actora, lo procedente era denegar la solicitud.

previstos en la Constitución y la ley, de ahí que, como en el asunto sometido a estudio no se configuraba ninguna de las causales invocadas por la parte actora, lo procedente era denegar la solicitud.

4. Recurso de reposición y en subsidio súplica Inconforme con la anterior decisión, el 15 de septiembre de 2025, la parte demandante interpuso “recurso de reposición y en subsidio apelación y/o súplica”, para lo cual argumentó que en el auto objeto de cuestionamiento se había incurrido en una serie de errores sustanciales y formales que vulneran el debido proceso y el derecho a una aplicación judicial efectiva. En ese sentido expresó (transcripción literal, incluidos posibles errores): 4.-) Incongruencia en la Representación de la Nación. La providencia desestima la nulidad alegando que el Ministerio de Justicia no tenía legitimación para representar a la Nación. Sin embargo, dicha entidad fue ádmitida como parte procesal desde el inicio del trámite, incluso se le permitió interponer recurso de apelación. Esta contradicción genera una evidente incongruencia procesal, pues se invalida una actuación previamente avalada por el mismo despacho. 6 Índice No.42 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos 2.-) Falta de Valoración Probatoria. Se omitió el análisis técnico de los documentos aportados con la demanda, especialmente aquellos relacionados con el régimen pensional y los aportes privados. Esta omisión constituye una vulneración al artículo 29 de la Constitución Política que consagra el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, al no valorar pruebas relevantes que sustentaban la pretensión principal.

pensional y los aportes privados. Esta omisión constituye una vulneración al artículo 29 de la Constitución Política que consagra el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, al no valorar pruebas relevantes que sustentaban la pretensión principal. 3.-) Errores Formales en la Redacción de la providencia. Se evidencia una inconsistencia en la fecha de la sentencia objeto de nulidad, mencionándose erróneamente como “28 de junio de 2025” en lugar de “18 de junio de 2025”. Si bien se trata de un error menor, este tipo de imprecisiones afectan la claridad y coherencia del acto judicial. 4.-) Desnaturalización del Incidente de Nulidad. El despacho afirma que el incidente de nulidad no puede convertirse en una “tercera instancia”. No obstante, el incidente de nulidad tiene como finalidad corregir errores sustanciales que afectan derechos fundamentales, y no debe ser desestimado por una interpretación restrictiva de su alcance. . Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente le solicito al Despacho, se reconsidere el contenido del auto en mención, en aras de garantizar el respeto al debido proceso, la congruencia procesal y la correcta valoración probatoria. La nulidad no debe ser tratada como una formalidad sin sustancia, sino como un mecanismo legítimo para corregir fallos que afectan gravemente los derechos de las partes”. ll. CONSIDERACIONES

1. El régimen jurídico aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -9 de febrero de 2022las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones

1. El régimen jurídico aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -9 de febrero de 2022las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021’-, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

2. Competencia del despacho y procedencia de la reposición De conformidad con io dispuesto en el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, al magistrado ponente le corresponde dictar el auto de la referencia, por tratarse de una providencia que no se encuentra dentro de las asignadas a las salas de decisión?, 7 Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su promulgación, entró a regir al día siguiente. La citada ley corresponde a una normativa de orden público, de aplicación inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor, salvo frente algunos supuestos especificos estipulados en el artículo 86 ejusdem. 8 “Artículo 125: De la expedición de providencias. La expedición de providencias judiciales se

sujetará a las siguientes reglas: (..)

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.Radicación: 68001233300020130076102 (69067)

Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos

sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Al respecto, previa constatación de los supuestos de procedencia®, oportunidad! y sustentación?! del recurso interpuesto, el despacho concluye que se cumplen los presupuestos para pronunciarse de fondo, por lo que procederá en tal sentido.

3. Caso concreto En el sub-lite, la parte demandante solicitó revocar el auto a través del cual se negó la nulidad procesal con fundamento en tres argumentos principales: i) se vulneró el principio de congruencia al haberse declarado la indebida representación de la Nación por el Ministerio de Justicia y del Derecho; ii) se incurrió en falta de valoración probatoria, lo cual vulneró el artículo 29 de la Constitución Política de 1991; iii) se efectuó una interpretación restrictiva que, a su juicio, desnaturalizó el incidente de nulidad.

De entrada, el despacho advierte que se debe confirmar el auto del 8 de septiembre de 2025, por las razones que se pasan a explicar: Tal como se indicó en la providencia cuestionada, las causales de nulidad procesal son de carácter taxativo, lo que implica que corresponde a la parte interesada identificar y sustentar la irregularidad dentro de las causales expresamente previstas en el ordenamiento jurídico. Dicho marco normativo se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y en el artículo 133 del Código General del Proceso, estatuto aplicable por integración normativa del artículo 306 del CPACA. En el caso objeto de estudio, el extremo activo indicó que se incurrió en la causal

de la Constitución Política de 1991 y en el artículo 133 del Código General del Proceso, estatuto aplicable por integración normativa del artículo 306 del CPACA. En el caso objeto de estudio, el extremo activo indicó que se incurrió en la causal prevista en el artículo 29 de la Carta Política, según la cual, “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”; no obstante, tal y como se expuso en aquello oportunidad, el demandante no señaló cuáles pruebas fueron obtenidas en contravención de dicha garantía constitucional y, por el contrario, realizó una serie de cuestionamientos tendientes a controvertir nuevamente la valoración probatoria efectuada por la Sala en sede de segunda instancia. 2 De conformidad con lo previsto en el artículo 242 del CPACA -con su modificaciónel recurso de reposición es procedente. 10 El auto objeto de impugnación fue notificado por estado el 11 de septiembre de 2025, por lo que el término de ejecutoria corrió entre el 12 y el 16 de septiembre de la misma anualidad. El recurso fue presentado el 15 de septiembre de 2025, de ahí que su interposición se dio en la oportunidad legal. 11 La parte actora sustentó el recurso al momento de su formulación, como lo prevé el artículo 242 del CPACA en concordancia del artículo 318 del CGP.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Al respecto, el despacho reitera que la solicitud de nulidad no está instituida para reabrir el debate procesal, ya que la sentencia de segunda instancia pone fin al litigio e implica la ejecutoriedad de la providencia, lo cual supone que es inmodificable por el juez que la profirió1?.

reabrir el debate procesal, ya que la sentencia de segunda instancia pone fin al litigio e implica la ejecutoriedad de la providencia, lo cual supone que es inmodificable por el juez que la profirió1?. Ahora bien, frente al cargo relacionado con la supuesta incongruencia de la sentencia por haber declarado la indebida representación de la Nación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, este despacho considera necesario enfatizar que la legitimación en la causa por pasiva constituye un presupuesto procesal de carácter sustancial, en tanto condiciona la posibilidad de emitir una decisión de mérito favorable al demandante. En efecto, aunque se admitió el recurso de apelación por haber cumplido los supuestos de procedencia y oportunidad, es en la sentencia donde corresponde al juez examinar si la parte (persona natural o entidad) vinculada al proceso es, en realidad, la llamada a soportar las consecuencias jurídicas de la controversia. En ese orden de ideas, la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva no comporta desconocimiento del principio de congruencia, puesto que este último se circunscribe a la necesaria correlación entre lo pedido por tas partes y lo resuelto en la providencia, mientras que la legitimación constituye un presupuesto objetivo que el juez debe verificar de oficio!3, En consecuencia, cuando en la sentencia se determinó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho y, por tal motivo, se declaró la indebida representación de la Nación, no se está resolviendo sobre un aspecto extraño o ajeno a las pretensiones, sino que se cumple el deber funcional de garantizar que la decisión recaiga únicamente respecto de quien ostenta la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico sustancial debatida.

sino que se cumple el deber funcional de garantizar que la decisión recaiga únicamente respecto de quien ostenta la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico sustancial debatida. 12 De conformidad con el principio de seguridad jurídica, las sentencias son inmodificables por el mismo juez que las dictó, razón por la cual, una vez proferida la decisión, el operador judicial pierde la competencia funcional sobre el asunto que ha resuelto y con ello finaliza su actividad jurisdiccional. 13 Tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación: “(...) [La legitimación material supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahi que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, radicado No. 52001-23-31-000-1997-0862501(19753).Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Por último, el despacho precisa que en el presente caso no se adoptó una interpretación restrictiva que desnaturalizara el incidente de nulidad, sino que, por

Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos Por último, el despacho precisa que en el presente caso no se adoptó una interpretación restrictiva que desnaturalizara el incidente de nulidad, sino que, por el contrario, se atendió al principio de taxatividad que rige en esta materia. En efecto, el análisis realizado se enmarcó en las causales expresamente previstas por el ordenamiento jurídico para la declaratoria de nulidades procesales, a partir de lo cual se concluyó que la sentencia cuestionada no incurrió en irregularidad alguna que afectara su validez.

Así las cosas, el despacho confirmará el auto del 8 de septiembre de 2025. 3.1 Sobre el recurso de súplica La parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio súplica; sin embargo, el despacho advierte que el recurso de súplica no resulta procedente, tal y como se pasa a explicar: Como se expuso de manera previa, el régimen aplicable a este trámite judicial es el correspondiente al CPACA con las modificaciones introducidas en la Ley 2080 de

2021. Aclarado lo anterior, una vez revisado el artículo 246 el CPACA, que determina las providencias susceptibles del recurso de súplica, se observa que es procedente respecto de los siguientes autos: ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de

2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.

3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos. .

4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.

Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja. La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos (...) (énfasis añadido). Ahora bien, revisado el artículo 243 del mismo estatuto procesal, el cual enlista taxativamente las providencias susceptibles de apelación, es claro que dicho articulo no enumera como apelable el auto que niega una solicitud de nulidad. Además, no hay lugar a acudir al CGP en relación con el trámite de dichaRadicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos providencia, porque ese tema se encuentra integramente regulado en el artículo 210 del CPACA. De igual forma, el despacho observa que la improcedencia del recurso de apelación respecto de las providencias que resuelven nulidades procesales obedece a una decisión expresa y consciente del legislador, tal y como se desprende de la exposición de motivos de la Ley 2080 de 2021. En efecto, al revisar las gacetas del Congreso de la República no. 726 del 9 de agosto de 2019 y la 1054 del 23 de

exposición de motivos de la Ley 2080 de 2021. En efecto, al revisar las gacetas del Congreso de la República no. 726 del 9 de agosto de 2019 y la 1054 del 23 de agosto de 202115, se constata que en el artículo 25 se dispuso la eliminación de la apelación del auto que resuelve nulidades procesales. Por lo anterior y, atendiendo al espíritu del legislador’®, no es posible:hacer extensivo este medio de impugnación al mencionado auto. Así las cosas, se rechazará por improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 8 de septiembre de 2025, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 14 Al respecto, en la página 74 de la Gaceta No. 726 del 2019 se consignó: “(...) b) Al recurso de apelación se introducirán los siguientes ajustes: i, Modificar el efecto general en que se conceden las apelaciones, del suspensivo al devolutivo. ii. Se reduce el número de providencias apelables para que el sistema procesal por audiencias fluya. Por ello solo serán apelables aquellas decisiones que definitivamente trunquen el acceso a la administración de justicia (en total serán 6 autos y una regla general residual)”. Por su parte, en el pie de página número 89 se mencionó lo siguiente: “se suprime la apelación del auto que decreta una nulidad procesal, el que prescinde de la audiencia de pruebas y del auto que niega el decreto o práctica de pruebas. Sin embargo, en las corporaciones esta última decisión será

auto que decreta una nulidad procesal, el que prescinde de la audiencia de pruebas y del auto que niega el decreto o práctica de pruebas. Sin embargo, en las corporaciones esta última decisión será susceptible de recurso de súplica. —reforma a los artículos 243 y 246y se adicionará una causal para que la parte interesada pueda solicitar su decreto o práctica en el trámite de segunda instancia sin que sea obligatorio haber pedido reposición o súplica de la decisión que la negó en primera instancia. -numeral 2 del artículo 212 contenido en el artículo 21 del proyecto”. 15 En el trámite legislativo, el representante a,la Cámara Juan Diego Echavarria pidió incorporar un numeral 9 a ese artículo 62 y "que aquellos autos que decidan las nulidades procesales o a favor o en contra, puedan ser apelables”, no obstante, después de surtido el debate parlamentario, los legisladores votaron en contra de la misma y, por consiguiente, el texto de la Ley 2080 de 2021 eliminó del catálogo de proveidos apelables el que se pronuncia sobre el asunto en cuestión, tal y como se puede encontrar en las páginas 69 a 76 de la Gaceta No. 1054 del 23 de agosto de 2021. 16 «ARTÍCULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Jurisprudencia Vigencia. Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-054-16 de 10 de febrero de 2016: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,

Sentencia C-054-16 de 10 de febrero de 2016: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.Radicación: 68001233300020130076102 (69067) Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el recurso de suplica interpuesto por la parte demandante.

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