CE - Auto interlocutorio 68001233300020180092301 de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

Demandante: José Fernando Suárez Duque

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

Actor: JOSÉ FERNANDO SUÁREZ DUQUE

Demandado: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER E.S.P.

S.A. – ENSANT.

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Asunto: Aclaración y adición de sentencia

La Sala resuelve la s solicitudes de aclaración y complementación de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por esta Subsección, formuladas por el abogado José Ángel Martínez Castro como apoderado de Jesús Alberto Almeida Saaibi y Jairo Efraín Cerón Martínez, integrantes del Consorcio VASCA.

I. ANTECEDENTES

1.1. El 9 de noviembre de 20181, José Fernando Suárez Duque, integrante del consorcio VASCA, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. , con el fin de que se declarara la nulidad de la

VASCA, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. , con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018, mediante la cual se declaró el incumplimiento de la obligación de garantía de la estabilidad de la obra y la ocurrencia del siniestro, así como la Resolución No. 56 del 29 de mayo de 2018, por medio de la cual se confirmó la anterior decisión. De igual forma, a título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó el reintegro de los valores descontados y/o cobrados, relacionados con la devolución de los dineros ordenados en los actos administrativos enjuiciados u ordenar

1 Folios 2015 a 2044 del cuaderno principal.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

Demandante: José Fernando Suárez Duque

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a la entidad demandada abstenerse de descontar y/o cobrar por la vía administrativa o judicial dichos recursos.

Además, solicitó que se cancelen las comunicaciones enviadas a la Procuraduría General de la Nación y a las Cámaras de Comercio en donde se encuentran inscritos los miembros del consorcio.

1.2. El asunto le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Santander, quien el 12 de septiembre de 202 32 profirió sentencia, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1.3. El 1º de febrero de 20243, la parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión.

las pretensiones de la demanda.

1.3. El 1º de febrero de 20243, la parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión.

1.4. El 11 de agosto de 202 54, esta Subsección profirió sentencia en la que dispuso modificar la decisión de primera instancia en los siguientes términos:

“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

“PRIMERO: ANULAR el artículo primero de la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018 -correspondiente a la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra No. 2003 del 10 de noviembre de 2011-.

SEGUNDO: ANULAR el artículo tercero de la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018 -correspondiente a la indemnización ordenada con ocasión de la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra No. 2003 del 10 de noviembre de 2011-.

TERCERO: ANULAR PARCIALMENTE el artículo sexto de la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018 -correspondiente a la publicación de la sanción por el incumplimiento del contrato de obra No. 2003 del 10 de noviembre de 2011 en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993-, únicamente en lo que respecta al señor José Fernando

Suárez Duque.

2 Samai del Tribunal Administrativo de Santander, índice 178. 3 Ibidem, índice 181.

el artículo 31 de la Ley 80 de 1993-, únicamente en lo que respecta al señor José Fernando Suárez Duque.

2 Samai del Tribunal Administrativo de Santander, índice 178. 3 Ibidem, índice 181. 4 Samai índice 18.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

Demandante: José Fernando Suárez Duque

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CUARTO: ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER E.S.P. S.A. -ESANTabstenerse de descontar y/o cobrar al señor José Fernando Suárez Duque, por la vía administrativa o judicial, suma alguna de dinero derivada de la declaratoria de incumplimiento d el contrato de obra No. 2003 del 10 de noviembre de 2011, dispuesta en la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018, confirmada mediante Resolución No. 56 del 29 de mayo de 2018. En caso de que el demandante haya pagado alguna suma por el referido concepto, la enti dad demandada deberá reintegrar el valor pagado debidamente indexado.

QUINTA: ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER E.S.P. S.A. -ESANTcomunicar la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio en la que se encuentra inscrito el señor José Fernando

Suárez Duque.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…)”.

La anterior providencia se notificó electrónicamente el 4 de septiembre de 2025, por lo que el término de ejecutoria transcurrió entre el 5 y el 9 de septiembre de la misma

La anterior providencia se notificó electrónicamente el 4 de septiembre de 2025, por lo que el término de ejecutoria transcurrió entre el 5 y el 9 de septiembre de la misma anualidad5.

1.5. El 5 de septiembre de 20256, el abogado José Ángel Martínez Castro como apoderado de Jesús Alberto Almeida Saaibi y Jairo Efraín Cerón Martínez 7, integrantes del Consorcio VASCA, solicitó la aclaración y complementación de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, con el fin de que sean ampliados los efectos de la referida providencia y esta les sea aplicable a los miembros del referido consorcio, a saber:

“(…) La solicitud se encamina a que la totalidad de los efectos de la sentencia proferida por su Despacho tenga efectos a todos los miembros del CONSORCIO V.A.S.C.A., especialmente a nuestros poderdantes JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI y JAIRO EFRAIN CERÓN MARTÍNE Z, así como al CONSORCIO. Esto toda vez que los fundamentos de hecho nos son similares y tenemos proceso de controversias contractuales en el Tribunal Administrativo de Santander, MP. CAROLINA ARIAS FERREIRA bajo radicado número 68001233300020190005000 el cual tiene idénticos hechos y fundamentos, así como las mismas pretensiones. Este proceso se encuentra en etapa de espera para fijación de fecha de audiencia inicial.

Se insiste en que de conformidad con los artículos 61 y 62 del Código General del Proceso, las resultas de la sentencia son dables a que nos cobijen por identidad de hechos y fundamentos toda vez que al igual que el demandante, mis poderdantes son miembros

Se insiste en que de conformidad con los artículos 61 y 62 del Código General del Proceso, las resultas de la sentencia son dables a que nos cobijen por identidad de hechos y fundamentos toda vez que al igual que el demandante, mis poderdantes son miembros

5 Samai, índice 23. 6 Samai índice 25. 7 Se advierte que el memorial presentado ante esta Corporación se mencionan a los abogados Ana Milena Albarracín Sarmiento y César Augusto Romero Molina , no obstante la solicitud de aclaración y adición solo fue suscrita por el abogado José Ángel Martínez Castro .Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

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del CONSORCIO VASCA y fueron afectados por los actos administrativos que su Despacho decidió anular, esto es la Resolución número 52 y 56 de mayo de 2018. (…)”.

1.6. Mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2025 8, el abogado José Ángel Martínez Castro reiter ó la solicitud de aclaración y complementación de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025.

II. CONSIDERACIONES

1. De la aclaración y adición de las sentencias

De conformidad con el principio de seguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por el mismo juez que la dictó, pues una vez proferida la decisión pierde la competencia funcional sobre el asunto que ha resuelto y con ello finaliza su actividad jurisdi ccional9. En consecuencia, el juez carece de la facultad de revocarla o reformarla, quedando

funcional sobre el asunto que ha resuelto y con ello finaliza su actividad jurisdi ccional9. En consecuencia, el juez carece de la facultad de revocarla o reformarla, quedando revestido únicamente, de manera excepcional, de la facultad de aclararla, corregirla y adicionarla en los precisos términos de los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso.

1.1. La figura de la aclaración de sentencias se erige en un instrumento que confiere el ordenamiento jurídico a las partes del proceso, e inclusive al propio juez, para lograr una mayor comprensión intersubjetiva de la decisión en los eventos en que en la mism a se plasmen “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”, tal como lo dispone el artículo 285 del CGP10. Dicha figura resulta procedente, siempre y cuando los pasajes que se acusen de oscuros sean relevantes o esenciales para la determinación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia, pues la regla jurídica en cita permite el uso de la aclaración de las providencias judiciales cuando tales frases o conceptos “estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.

8 Samai índice 28. 9 Corte Constitucional. Auto 191 de 2018. 10 "Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o

embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. (…)"Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

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Como lo prevé el artículo señalado, la aclaración procede de oficio o a solicitud de parte, la cual deberá ser presentada “ dentro del término de la ejecutoria” de la providencia correspondiente.

1.2. Por su parte, la adición de sentencias tiene como finalidad que el juez de oficio, o a petición de parte, se manifieste sobre aspectos que debieron ser objeto de pronunciamiento expreso en la providencia y no lo fueron. Al respecto, el artículo 287 del CGP11, establece que procede la adición de providencias judiciales “cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”. En esos casos, el juez deberá expedir una “sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

2. Caso concreto

El 5 de septiembre de 2025, el abogado José Ángel Martínez Castro como apoderado de Jesús Alberto Almeida Saaibi y Jairo Efraín Cerón Martínez, integrantes del Consorcio VASCA solicitó aclaración y complementación de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, con el fin de que los efectos de la referida providencia les sean aplicables a ellos.

VASCA solicitó aclaración y complementación de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, con el fin de que los efectos de la referida providencia les sean aplicables a ellos.

En primer lugar, la Sala precisa que lo que el solicitante denomina complementación de la sentencia, corresponde a la categoría jurídica de adición de providencias . Por lo anterior, la solicitud de complementación elevada por ellos será resuelta como adición de sentencia.

Por otra parte, la Sala procede a determinar si las solicitudes de aclaración y adición de sentencia se present aron dentro del término procesal dispuesto para ello . Sobre este particular, se evidencia que la sentencia fue proferida el 11 de agosto de 2025 y se notificó por estado del 4 de septiembre de 202512, por lo que el término de ejecutoria transcurrió

12 Samai, índice 23.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

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entre el 5 y el 9 de septiembre de la misma anualidad. Comoquiera que las solicitudes de aclaración y adición fueron presentadas el 5 de septiembre de 2025, se concluye que las mismas fueron radicadas en tiempo.

Descendiendo en el caso objeto de estudio, la Sala advierte que el abogado José Ángel Castro no aport ó junto con la solicitud poder para actuar, por lo que no cuenta con mandato para promover las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia, de donde se desprende, sin asomo de duda, que no se encuentra facultado para pretender la aplicación de los efectos de la sentencia de segundo grado a favor de Jesús Alberto

mandato para promover las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia, de donde se desprende, sin asomo de duda, que no se encuentra facultado para pretender la aplicación de los efectos de la sentencia de segundo grado a favor de Jesús Alberto Almeida Saaibi y Jairo Efraín Cerón Martínez, de lo que deviene el rechazo de esta.

No obstante lo anterior, resulta importante precisar que, el memorial presentado por el mencionado abogado no tiene por objeto la aclaración de la sentencia. Lo anterior, toda vez que no mencion ó los conceptos o frases relevantes o esenciales para la determinación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia que generaban duda, por lo que no es dable aplicar la figura de aclaración de sentencias.

Asimismo, el solicitante tampoco estableció cuáles fueron los aspectos que debieron ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia y no lo fueron . Por lo anterior, no resulta procedente aplicar la figura jurídica de la sentencia complementaria, dado que dicha institución solo resulta viable en el evento en el que el juez de la causa omita resolver sobre alguno de los extremos de la litis , situación que no ocurrió en el presente asunto.

Por el contrario, el contenido del escrito estuvo dirigido a solicitar que los efectos de la sentencia de 11 de agosto de 2025 se hicieran extensivos a los integrantes del Consorcio VASCA, Jesús Alberto Almeida Saaibi y Jairo Efraín Cerón Martínez, bajo el ropaje de las figuras procesales de la aclaración y adición de sentencia . Sin embargo, tales mecanismos tienen un alcance estrictamente limitado y no constituyen una vía para

las figuras procesales de la aclaración y adición de sentencia . Sin embargo, tales mecanismos tienen un alcance estrictamente limitado y no constituyen una vía para alterar o ampliar los efectos jurídicos de la decisión adoptada, ni modificar los aspectos que fueron objeto del proceso. Ello, ya que su finalidad únicamente es la de asegurar la claridad y completitud del fallo y no modificar su contenido sustancial.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554)

Demandante: José Fernando Suárez Duque

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Por lo anterior, se rechazarán las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 , por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DEVOLVER al Tribunal de origen el expediente, una vez se encuentre en firme esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Presidente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado