CE - Auto interlocutorio 68001233300020210062901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2021-00629-01 (3233-2025) Demandante: José Rafael Silva Medina Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Resuelve recurso de apelación contra auto que negó el decreto o la práctica de pruebas.

El Despacho decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 22 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el decreto del dictamen pericial solicitado.

ANTECEDENTES

1. El señor José Rafael Silva Medina instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se

acceda a las siguientes pretensiones:

nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes pretensiones:

2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. S-2021-006400/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021, por medio del cual se negó la solicitud de reliquidación o reajuste de la asignación mensual de retiro, con base en la inflación causada y no reconocida por la entidad en los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

3. Solicitó el decreto de una prueba pericial, de la que trata el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011 , con el fin de probar el mantenimiento y poder adquisitivo que a la fecha posee la asignación básica y los gastos de representación fijados a un ministro de despacho mediante el parágrafo, del artículo 2 del Decreto 872 de 1992; así como la consecuente implicación que esta tien e en la asignación básica de un oficial en el grado de general y almirante, y de esta respecto a los sueldos básicos de los miembros de la fuerza pública en el periodo comprendido entre el año 1992 y la fecha.

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

4. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 22 de agosto de 2025,Radicado: 68001-23-33-000-2021-00629-01 (3233-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 2 decidió: impartir el trámite de sentencia anticipada; declarar no probada la excepción de inepta demanda; fijar el litigio; decretar e incorporar las pruebas documentales que se aportaron con la demanda y la contestación; y negar el decreto del dictamen pericial solicitado por el demandante.

EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN

5. El demandante argumentó que el dictamen pericial sí es necesario, porque el juez no cuenta con la experticia económica y estadística para estudiar los métodos de evaluación de las políticas salariales del sector público, así como para realizar un análisis comparado de la evolución salarial frente a los índices macroeconómicos, como el IPC y el promedio ponderado.

6. Que la importancia de decretar esa prueba está en que el experto no se ocupará de la interpretación jurídica, sino en determinar, con criterios científicos y técnicos, la existencia de afectaciones salariales objetivas sobre la asignación básica mensual en actividad, las prestaciones sociales y la asignación mensual de retiro del demandante, derivadas: de una parte, de los incrementos salariales decretados por el Gobierno nacional a partir de 1993 sobre el sueldo básico y los gastos de representación de los ministros de despacho, el sueldo básico del grado de general o almirante y la asignación básica fijada en la escala gradual porcentual al grado de coronel; y de otra, de la normativa del derecho de la asignación de retiro.

7. Considera que la prueba pericial permitiría verificar y establecer si, de manera

o almirante y la asignación básica fijada en la escala gradual porcentual al grado de coronel; y de otra, de la normativa del derecho de la asignación de retiro.

7. Considera que la prueba pericial permitiría verificar y establecer si, de manera objetiva y concreta, se causó un detrimento en el reconocimiento de la prestación, al no haberse establecido el sueldo básico de conformidad con la jurisprudencia y la normativa, con independencia de las interpretaciones jurídicas que competen al despacho.

La decisión del recurso de reposición

8. El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia del 31 de octubre de 2025, no repuso la decisión que negó la práctica del dictamen pericial . Señaló que la práctica de la prueba pericial está orientada a verificar hechos que interesen al proceso y que requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos; que, no está pensada para proponer una determinada interpretación de las normas que rigen el régimen especial en materia salarial, prestacional y de asignaciones de retiro del que gozan los miembros de la fuerza pública, como pretende el demandante.

9. Que la solicitud del dictamen pericial no resulta conducente, ni útil, para demostrar si existió una indebida aplicación de la escala gradual porcentual basada en la asignación básica del grado de general, conforme a la inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004, en los términos de la fijación del litigio.

CONSIDERACIONES

10. Corresponde revisar, en segunda instancia, si la decisión de negar el decreto del dictamen pericial, en los términos expresados por el Tribunal, se ajusta o no a

CONSIDERACIONES

10. Corresponde revisar, en segunda instancia, si la decisión de negar el decreto del dictamen pericial, en los términos expresados por el Tribunal, se ajusta o no a derecho.Radicado: 68001-23-33-000-2021-00629-01 (3233-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 3 Sobre la negativa del dictamen pericial

11. De conformidad con el artículo 168 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 211 del CPACA, las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y se rechazarán las legalmente prohibidas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas.

12. Lo anterior significa que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes, eficaces y aptas jurídicamente para demostrar los hechos alegados. Por ello, podrá negarse el decreto o práctica de la prueba cuando la misma no cumpla con las mencionadas condiciones, teniendo, siempre que ello ocurra, el deber de manifestar las razones por las que se niega el decreto y práctica de la misma.

13. La finalidad de la prueba es llevar al juez a la certeza o conocimiento de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación , por lo que su objetivo es soportar las pretensiones o las razones de la defensa. Así lo expresó el Consejo

de Estado:

«[…] La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las

de Estado:

«[…] La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas “deben versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia”»1.

14. El derecho de acceso a la administración de justicia también supone el derecho a probar todos los hechos relevantes en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda y, conforme al principio de economía procesal, las pruebas solicitadas oportunamente deben decretarse en el momento procesal correspondiente, de acuerdo con su pertinencia y conducencia.

15. Respecto a las cualidades de la prueba, esta Corporación ha indicado que la

misma debe ser:

1. Conducente, que se refiere a la «[…] capacidad legal que tiene una prueba para demostrar cierto hecho […] » y se encuentra en «[…] el examen que pueda realizar el juez entre la ley y el uso de ese medio probatorio sin ninguna dificultad legal que anule el valor probatorio que se procura».

1. Pertinente, que versa sobre «[…] la definición de su objeto al momento de su solicitud, ya que este requisito constituye el único juicio válido para que el juez considere la procedencia o no del medio probatorio, en atención al artículo 178 del C.P.C.».

1. Útil, que se manifiesta «[…] en el servicio que preste para la convicción de un hecho que aún no se encuentra demostrado con otro medio probatorio»2.

1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 5 de marzo de 2015. Rad. 11001-03-28-000-2014-00111-00(S).

de un hecho que aún no se encuentra demostrado con otro medio probatorio»2.

1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 5 de marzo de 2015. Rad. 11001-03-28-000-2014-00111-00(S). C.P. Alberto Yepes Barreiro (E). 2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 7 de febrero de 2007. Exp. 30.138. C.P. Enrique Gil Botero.Radicado: 68001-23-33-000-2021-00629-01 (3233-2025)

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16. Ahora bien, el artículo 226 del Código General del Proceso , aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala la procedencia del

dictamen pericial en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 226. PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.

No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma

asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. […]».

17. En este caso, el demandante solicitó la práctica de un dictamen pericial con el fin de probar el mantenimiento y poder adquisitivo que a la fecha posee la asignación básica y los gastos de representación fijados a un ministro de despacho mediante el parágrafo, del artículo 2 del Decreto 872 de 1992; así como la consecuente implicación que esta tien e en la asignación básica de un oficial en el grado de general y almirante, y de esta respecto a los sueldos básicos de los miembros de la fuerza pública en el periodo comprendido entre 1992 y la fecha presente.

18. Consecuente con ello, el Despacho confirmará la decisión del juez de primera instancia porque, respecto al objeto de litigio, el dictamen pericial no corresponde con aquellos medios que el legislador dispuso para acreditar la ocurrencia de un hecho y, en ese orden, no se satisface el requisito de la conducencia. Igualmente, al no avizorarse una relación directa entre la prueba solicitada y el objeto del

con aquellos medios que el legislador dispuso para acreditar la ocurrencia de un hecho y, en ese orden, no se satisface el requisito de la conducencia. Igualmente, al no avizorarse una relación directa entre la prueba solicitada y el objeto del proceso, tampoco se satisface el requisito de la pertinencia.

19. Y, en cuanto a la utilidad, como la decisión sobre la nulidad del acto demandado implica una confrontación de su forma y contenido con el ordenamiento jurídico, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, se estima que dicha prueba no tiene la virtualidad de brindarle al juez los parámetros interpretativos y valorativos que se requieren para tomar una decisión en derecho , Además, que por ser un asunto de pleno derecho, el operador judicial cuenta con el conocimiento jurídico que se precisa para estudiar lo pretendido por el demandante.

20. En atención a las consideraciones que anteceden, se confirmará el auto del 22 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el decreto del dictamen pericial solicitado.Radicado: 68001-23-33-000-2021-00629-01 (3233-2025)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 5 En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

Primero. CONFIRMAR el auto del 22 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el decreto del dictamen pericial solicitado.

Segundo. Realizar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y, una vez ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

Administrativo de Santander, que negó el decreto del dictamen pericial solicitado.

Segundo. Realizar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y, una vez ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente