CE - Auto interlocutorio 68001233300020240026601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 68001233300020240026601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Radicación: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: ÓSCAR ROMÁN BECERRA VARGAS
Convocado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN
La Sala se pronuncia frente a los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la parte convocante y por la agente del Ministerio Público en contra del auto proferido el 28 de junio de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander, que improbó el acuerdo de conciliación extrajudicial logrado entre las partes1.
I. ANTECEDENTES
1.1. El señor Óscar Román Becerra Vargas, actuando por conducto de apoderado, presentó solicitud de conciliación extrajudicial, con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio con la Contraloría General de la República sobre los efectos de los actos expedidos dentro del proceso de
1 Ingresó a despacho el 13 de septiembre de 2024. Visto en el índice 3 de la Sede
llegar a un acuerdo conciliatorio con la Contraloría General de la República sobre los efectos de los actos expedidos dentro del proceso de
1 Ingresó a despacho el 13 de septiembre de 2024. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 01.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 responsabilidad fiscal nro. 2018-00401, y para ello formuló las siguientes pretensiones 2:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo AUTO No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, notificado el 25 de agosto de 2023, mediante el cual el Contralor Delegado Intersectorial No 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, decide revocar el artículo primero del Auto No.003 de fecha 17 de julio de 2023 expedido por la Gerencia Departamental de Santander de la Contraloría General de la República, es decir revocó la decisión que repuso parcialmente el fallo del 6 de junio de 2023 que había exonerado de responsabilidad fiscal a mi poderdante, por lo que se le declara responsable fiscal por la suma de OCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
2023 que había exonerado de responsabilidad fiscal a mi poderdante, por lo que se le declara responsable fiscal por la suma de OCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
($8.397.370.268).
SEGUNDA: A título de restablecimiento de derecho se condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a pagar mensualmente la suma de $6.500.000 a favor de mi mandante desde la fecha de ejecutoria del Acto Administrativo AUTO No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, notificado el 25 de agosto de 2023, hasta la fecha en que se elimine la Inhabilidad generada por la Responsabilidad Fiscal que es reportada en el Boletín de Responsables Fiscales, suma que corresponde a los ingresos mensuales que mi poderdante generaba como ingeniero civil contratista.
TERCERA: A título de restablecimiento de derecho se condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a pagar a favor de mi mandante por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente la suma equivalente a los honorarios de abogado que se generaran como consecuencia del eventual proceso judicial que se adelante.
CUARTA: A título de restablecimiento de derecho se condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a pagar a favor de mi mandante por concepto de perjuicios inmateriales así:
- PERJUICIOS POR EL DAÑO MORAL ocasionados al señor [Ó]SCAR ROM[Á]N BECERRA VARGAS, la suma de dinero equivalente a 100
Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
ROM[Á]N BECERRA VARGAS, la suma de dinero equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
- PERJUICIOS A LA VIDA EN RELACIÓN causados al señor [Ó]SCAR ROM[Á]N BECERRA VARGAS, que son aquellos que se conocen como la disminución del Goce de Vivir, hacen referencia a aquellos daños que impiden a la persona el desarrollo de su vida en forma agradable, ocasionados al señor [Ó]SCAR ROM[Á]N BECERRA VARGAS, la suma
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00. Archivo PDF “01. Exp.Conciliacion (…)”.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 dinero equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Deberán reconocerse y cancelarse estos perjuicios puesto que con este injusto proceso penal se causó un perjuicio a la vida exterior de [Ó]SCAR ROM[Á]N BECERRA VARGAS a quien ahora le cuesta mucho trabajo relacionarse por la predisposición que le dejo el haber sido injustamente declarado responsable por un detrimento al estado en cuantía de OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
declarado responsable por un detrimento al estado en cuantía de OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
($8.397.370.268).
- DAÑO AL BUEN NOMBRE, HONRA Y HONOR para [Ó]SCAR ROM[Á]N BECERRA VARGAS, la suma de dinero equivalente a 100
Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
QUINTA: A título de restablecimiento de derecho se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, abstenerse de realizar cobro alguno a mi poderdante por concepto de la declaratoria de responsabilidad fiscal en cuantía de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS ($8.397.370.268).
SEXTA: Que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, condénese en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
III. FÓRMULA DE CONCILIACIÓN QUE SE PROPONE
Comedidamente, con base en los anteriores hechos solicito que por vía de esta convocatoria de conciliación extrajudicial, se cite a AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada legalmente por el señor Contralor General
esta convocatoria de conciliación extrajudicial, se cite a AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada legalmente por el señor Contralor General de la República, para que proceda a revocar la decisión contenida en el Acto Administrativo AUTO No URF 2 -990 del 22 de agosto de 2023, notificado el 25 de agosto de 2023, mediante el cual el Contralor Delegado Intersectorial No . 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, decide revocar el artículo primero del Auto No.003 de fecha 17 de julio de 2023 expedido por la Gerencia Departamental de Santander de la Contraloría General de la República, es decir , revocó la decisión que repuso parcialmente el fallo del 6 de junio de 2023 que había exonerado de responsabilidad fiscal a mi poderdante, por lo que se le decl ara responsable fiscal por la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($8.397.370.268).Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 En el evento de lograr de que la convocada acced [a] a la f [ó]rmula anteriormente propuesta, mi poderdante está dispuesto a no realizar ningún tipo de reclamación económica por perjuicios materiales y/o
4 En el evento de lograr de que la convocada acced [a] a la f [ó]rmula anteriormente propuesta, mi poderdante está dispuesto a no realizar ningún tipo de reclamación económica por perjuicios materiales y/o inmateriales que se le causaron, es decir, si la convocada accede a este acuerdo conciliatorio ello no le generaría erogación de dinero alguna, con lo que evidentemente estaría previniendo un daño antijurídico que podría generar altos costos para el Estado.
[…]” (negrillas y subrayas propias de la cita).
1.2. El 20 de marzo de 20243, se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 159 Judicial ll para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, en la cual las partes convinieron:
“[…] Se concede el uso de la palabra al apoderado(a) de la parte convocada CONTR[A]LOR[Í]A GENERAL DE LA REP[Ú]BLICA con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad en relación con la solicitud incoada, se consigna un extracto de la decisión: EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CERTIFICA Que la solicitud de conciliación bajo el radicado No. E - 2023 – 808579 IUC I2023-3398591 interno 2023 -087, presentada por [Ó]SCAR ROMAN BECERRA VARGAS y que cursa en la Procuraduría 159 Judici al II Para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, como requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho controvirtiendo la legalidad del Auto No URF
Asuntos Administrativos de Bucaramanga, como requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho controvirtiendo la legalidad del Auto No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, proferido dentro del PRF 201800401 por la Contraloría Delegada Intersectorial No 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República (…); fue estudiada en la sesión ordinaria virtual No. 5 llevada a cabo el 22 de febrero de 2024, resolviendo CONCILIAR PARCIALMENTE las pretensiones de la convocante . Ahora bien, atendiendo el requerimiento hecho en audiencia del 28 de febrero de 2024, se informa que, del contenido de la ficha presentada al comité, hay lugar a proponer la siguiente fórmula:
La Contraloría General de la República, por configuración de la causal primera (…) del artículo 93 CPACA, ofrece revocar directa y únicamente la decisión de fallo con responsabilidad fiscal en contra de [Ó]SCAR ROMÁN BECERRA VARGAS, que está contenida en el artículo segundo del Auto No. URF 2-990 del 22 de agosto de 2023 proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo dentro del proceso de responsabilidad fiscal 2018 -00401 adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República. Esta oferta de conciliación se hace
Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo dentro del proceso de responsabilidad fiscal 2018 -00401 adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República. Esta oferta de conciliación se hace aplicando un criterio garantista. Pese a ser evidente que el señor BECERRA VARGAS fue determinante en la realiza ción del daño fiscal censurado, la
3 Ibidem. Archivo PDF “01 CONCILIACIÓN NR OSCAR BECERRA vrs CGR.pdf (…)”.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 dependencia que fungió como superior funcional incurrió en un error de trámite al desatar un recurso de alzada que ya no resultaba procedente; y por lo tanto ha de quedar en firme la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor del convocante, adoptada mediante Auto No. 003 de 17 de julio de 2023 por la Gerencia Departamental Santander de la Contraloría General de la República, al resolver el recurso de reposición . La fórmula conciliatoria propuesta está condicionada a que [Ó]SCAR ROMÁN BECERRA VARGAS se comprometa a [i] no ejercer ningún tipo de acción judicial o extrajudicial tendiente a lograr la nulidad de la decisión de fallo con responsabilidad fiscal; y/o [ii] a no ejercer ningún tipo de acción judicial o extrajudicial encaminada a obtener rep aración de tipo patrimonial o extrapatrimonial o reconocimiento de perjuicio alguno
con responsabilidad fiscal; y/o [ii] a no ejercer ningún tipo de acción judicial o extrajudicial encaminada a obtener rep aración de tipo patrimonial o extrapatrimonial o reconocimiento de perjuicio alguno derivado de la decisión de revocatoria del fallo con responsabilidad fiscal en su contra. En caso de acuerdo conciliatorio y de aprobación judicial del mismo, la revocatoria directa de la decisión de fallo con responsabilidad fiscal en contra de [Ó]SCAR ROMÁN BECERRA VARGAS será realizada por la Contraloría Delegada Intersectorial 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, en el término de (30) días, lueg o de la notificación del auto aprobatorio que emita el despacho judicial de conocimiento; e involucra las gestiones necesarias para hacer cesar los efectos del fallo con responsab ilidad fiscal. ‘La aludida certificación en la que se exponen los motivos de la decisión es allegada en dos (02) folios que data del quince (15) de marzo de 2024.
El apoderado del convocante solicita de manera expresa en esta audiencia y en el presente documento de la aceptación de la propuesta de conciliación ofrecida por la Contraloría General de la República con la modificación que se realizó en el acta del primer comité al expresarse que la revocatoria se sustenta en el causal 1° de revocatoria de los actos administrativos prevista en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011. Como medida de saneamiento se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte conv ocante para que se pronuncie respecto a la propuesta presentada por la parte convocada, quien señala que una vez sostenida la
medida de saneamiento se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte conv ocante para que se pronuncie respecto a la propuesta presentada por la parte convocada, quien señala que una vez sostenida la conversación sostenida con el poderdante manifiesta que se acepta la fórmula de arreglo presentada por la Contraloría General de la República conforme a la certificación expedida por el comité de conciliación con fecha 15 de marzo de 2024.
[…]” (mayúsculas y negrillas propias de la cita)
1.3. El acuerdo conciliatorio fue avalado por la Procuraduría 159 Judicial ll para Asuntos Administrativos de Bucaramanga y, posteriormente, se remitieron las presentes diligencias al Tribunal Administrativo de Santander para su estudio y eventual aprobación; el mismo fue asignado por reparto del 22 de marzo de 20244 al despacho de la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes.
4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6
1.4. La providencia apelada
Por auto proferido el 28 de junio de 2024 5, el Tribunal Administrativo de Santander improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 20 de marzo de 2024 entre el señor Óscar Román Becerra Vargas y la Contraloría General
Por auto proferido el 28 de junio de 2024 5, el Tribunal Administrativo de Santander improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 20 de marzo de 2024 entre el señor Óscar Román Becerra Vargas y la Contraloría General de la República, por considerar que el mismo no cumplía los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación para su aprobación, por lo cual explicó:
Que el Consejo de Estado en auto del 7 de marzo de 20116 fijó una serie de presupuestos procesales necesarios para el estudio de los acuerdos conciliatorios y así determinar si es procedente aprobar o improbar lo, entre los que mencionó: i) que no haya operado la caducidad de la acción; ii) que las partes que concilia n estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar; iii) que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes y iv) que exista respaldo probatorio del acuerdo y que no sea violatorio de la ley, ni lesivo del patrimonio público.
(i) Frente al primer presupuesto indicó que, acorde con el numeral 3 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 7, se debía verificar que la respectiva acción no haya caducado, lo que en este caso no ha bía ocurrido, ya que la solicitud de conciliación fue presentada en oportunidad.
(ii) Acerca del segundo presupuesto, est o es, que las partes estén debidamente representadas y cuent en con capacidad para conciliar, explicó que también se cumplía.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00.
explicó que también se cumplía.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00. 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección
C. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente radicación nro. 05001 23 31 000 2010 00169 01. 7 “Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones”.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 (iii) Respecto del tercer presupuesto, es decir, que el acuerdo verse sobre derechos económicos disponibles por las partes , consideró que no se cumplía, toda vez que “(…) lo que se concilió en este caso fue la legalidad parcial del Auto No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, proferido dentro del PRF 201800401 por la Contraloría Delegada Intersectorial No 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República (…)”.
Añadió que “(…) en estricto rigor el presente asunto no se trata sólo de un conflicto de carácter particular entre las partes , sino que el mismo trasciende el interés general representado en el patrimonio público que se estima afectado con la presunta deficiente gestión fiscal ejecutada por
un conflicto de carácter particular entre las partes , sino que el mismo trasciende el interés general representado en el patrimonio público que se estima afectado con la presunta deficiente gestión fiscal ejecutada por el convocante; pues tal como lo señala el artículo 4º de la Ley 610 de 2000, la responsabi lidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante e l pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Y justamente, es en el mismo acuerdo conciliatorio que se sostiene que « [e]sta oferta de conciliación se hace aplicando un criterio garantista. Pese a ser evidente que el señor BECERRA VARGAS fue determinante en la realización del daño fiscal censurado» (…)”.
(iv) Frente al cuarto presupuesto consideró que el mismo tampoco se cumplía ya que “(…) el caso sub examine lo conciliado no son los efectos económicos y/o patrimoniales del acto administrativo cuestionado sino la legalidad del mismo en cuanto imputó responsabilidad fiscal al convocante, en su condición de supervisor del convenio No. 48 de 2011, es decir, se concilia la petició n de nulidad de la sanción fiscal por el detrimento patrimonial presuntamente producido al erario según los hechos que son objeto del proceso de responsabilidad fiscal PRF – 201800401, contemplada en el auto No. URF 2990 del 22 de agosto de 2023Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
00401, contemplada en el auto No. URF 2990 del 22 de agosto de 2023Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 proferido por el Contralor Delegado Intersectorial 3 Unidad de Responsabilidad Fiscal (…)”.
Agregó que, “(…) al verificar los elementos probatorios a fin de determinar la configuración en el sub lite de alguna de las causales de revocación que haga procedente la expulsión del ámbito jurídico del acto administrativo expedido por el Contralor Delegado Intersectoria l No. 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, relacionado con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el señor [Ó]scar Román Becerra Vargas, no se encuentra demostrada ninguna de las contempladas en el orden legal (…)”.
Por ende, consideró que no existía respaldo probatorio para aprobar el acuerdo conciliatorio y, además, en estricto sentido no atendía con el presupuesto que no sea violatorio de la ley, ni lesivo del patrimonio público, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 , 4 inciso 8, 7, 91 inciso 1 y 95 de la Ley 2220 de 2022.
1.5. Los recursos de apelación
1.5.1. La parte convocante
Por escrito radicado vía electrónica el 11 de julio de 2024 8 la parte
1.5. Los recursos de apelación
1.5.1. La parte convocante
Por escrito radicado vía electrónica el 11 de julio de 2024 8 la parte convocante solicitó que la decisión fuera revocada y, en consecuencia, se dispusiera la aprobación del acuerdo conciliatorio.
Indicó que “(…) a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, es esta disposición normativa la que va a marcar y a definir los asuntos conciliables en Derecho Administrativo, por lo que siguiendo su derrotero serán conciliables todos aquellos asuntos que sean susceptibles de ser
8 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, excepto aquellos frente a los cuales la ley haya dispuesto su prohibición, como por ejemplo los asuntos tributarios (…)”.
Adujo que “(…) la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por mi poderdante ante la Procuraduría 159 Judicial II de Bucaramanga, es absolutamente susceptible de ser conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y que la conciliación en este medio de
absolutamente susceptible de ser conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y que la conciliación en este medio de control no ha sido prohibida por el legislador, se hace forzoso concluir que ha debido aprobarse el acuerdo conciliatorio, a[ú]n a pesar de que no se haya acordado reconocimiento patrimonial alguno, pues la ley [2]220 de 2022 no restringe la conciliación extrajudicial en este medio de control únicamente al tema económico (…)”.
Por último, alegó “(…) es evidente el yerro del Tribunal al considerar que el hecho de que se haya dado tr ámite al recurso de apelación cuando a todas luces no era procedente, no vulnera el debid o proceso de mi poderdante, pues es claro que sí lo vulnera porque contraría lo dispuesto en la ley 610 de 2000, máxime si se tiene en cuenta que la decisión del recurso de apelación resultó ser desfavorable para él”.
1.5.2. El Ministerio Público
La agente del Ministerio Público por escrito radic ado el 19 de julio de 20249, igualmente apeló la decisión en el que manifestó que “(…) por información proveniente de un tercero, la suscrita Procuradora 159 Judicial II para la conciliación administrativa tuvo conocimiento de la improbación del acuerdo conciliatorio (…) revisado el correo electrónico de esta Procuraduría, no se advirtió que la providencia proferida por la Sala de decisión de la Corporación, haya sido notificada a ésta agencia
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con
Sala de decisión de la Corporación, haya sido notificada a ésta agencia
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00266 00.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 del Ministerio Público tal como lo ordena el inciso 6 del artículo 113 de la ley 2220 de 2022 (…)”, por ende “(…) la suscrita procuradora se entiende notificada por conducta concluyente en la fecha e interpone recurso de APELACIÓN (…)”, solicitando que se revoque la providencia del 28 de junio de 2024 y en consecuencia se apruebe el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes.
Sostuvo que el acto administrativo sobre el cual recae el acuerdo es de contenido particular y concreto, de naturaleza patrimonial y de carácter patrimonial, por ende “(…) contrario a lo expuesto por la sala de decisión, considera el Ministerio Público que el Auto No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, proferido dentro del PRF 2018 - 00401 por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República; es un acto administrativo de contenido particular, de naturaleza económica, de
la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República; es un acto administrativo de contenido particular, de naturaleza económica, de carácter resarcitorio (…)”, por lo cual, “(…) [e]l conflicto no tiene carácter público, como tampoco lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en contra del acto administrativo que lo origina (…)”.
Afirmó que en este caso, existe respaldo probatorio del acuerdo y que el mismo no es violatorio de la ley, ni lesivo del patrimonio público, para lo cual señaló que “(…) [e]n el caso que se estudia se cuestiona la legalidad del acto administrativo que imput ó responsabilidad fiscal al convocante, en su condición de supervisor del convenio No. 48 de 2011, cuando este ya había sido absuelto de responsabilidad en auto por el cual se resolvió el recurso de reposición según auto del 17 de julio de 2023 por el cual se decidió reponer parcialmente el fallo del 6 de junio de 2023, ordenando la desvinculación de Oscar Ro mán Becerra (…) encontrarse demostrado que el apoyo a la supervisión no comporta gestión fiscal (…)”.Radicado: 68001 23 33 000 2024 00266 01
Convocante: Oscar Román Becerra Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Advirtió que “(…) al reponerse la decisión, el convocante fue favorecido con un fallo sin responsabilidad fiscal, por lo que el funcionario que
www.consejodeestado.gov.co 11 Advirtió que “(…) al reponerse la decisión, el convocante fue favorecido con un fallo sin responsabilidad fiscal, por lo que el funcionario que produjo la Decisi ón debió enviar el expediente para surtir el grado de consulta (…) remisión que fue realizada por la Gerencia Departamental de Santander de la CGR el 19 de julio de 2023 y que fuera recibido el mismo día; significando ello, que la consulta debía resolverse antes del día 19 de agosto de 2023. Sin embargo, tal como está demostrado en el expediente, la Decisión aparece suscrita el 22 de agosto de 2023, notificada el 25 de agosto de 2023; por lo que operó la consecuencia jurídica establecida en el art. 18 de la ley 610 de 2000, esto es; quedó en firme el fallo o auto materia de la consulta (…)”.
Finalmente, a firmó que “(…) [a]l no resolverse la consulta dentro del término previsto en la ley, la Decisión contenida en el Auto No URF 2-990 del 22 de agosto de 2023, notificado el 25 de agosto de 2023, no podía ser objeto de conocimiento por el Contralor Delegado Intersectorial No. 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, en cuanto perdió competencia para pronunciarse sobre el objeto de la consulta y en consecuencia, el acto administrativo por el cual se resolvió a favor del convocante, sin responsabilidad fiscal, adquirió firmeza (…) por consiguiente “(…) la
pronunciarse sobre el objeto de la consulta y en consecuencia, el acto administrativo por el cual se resolvió a favor del convocante, sin responsabilidad fiscal, adquirió firmeza (…) por consiguiente “(…) la decisión de revocar se produjo con violación manifiesta a la constitución Política de Colombia art. 29 y lo dispuesto en el art. 18 de la ley 610 de 2000, esto es, con violación al debido proceso, desco
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