CE - Auto interlocutorio 68001233300020250005701 de 2025

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 68001233300020250005701 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros Medio de control: Pérdida de investidura

Tema: Impedimentos

Decisión: Niega impedimento

La Sala se pronuncia frente a la nueva manifestación de impedimento presentada por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta para conocer del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Por escrito del 24 de noviembre de 2025 el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta manifestó su impedimento para conocer del asunto, invocando las causales previstas en los numerales 1 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, relacionadas con la existencia de interés indirecto en el proceso y la posible enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Manifestó que, de la revisión del proceso en referencia, observó que el apoderado del demandado José Fernando Sánchez Carvajal , es el doctor Juan Carlos Novoa Buendía, abogado que conoce de manera ocasional por motivos relacionados con su

Manifestó que, de la revisión del proceso en referencia, observó que el apoderado del demandado José Fernando Sánchez Carvajal , es el doctor Juan Carlos Novoa Buendía, abogado que conoce de manera ocasional por motivos relacionados con su ejercicio profesional y académico antes de asumir el cargo de magistrado en la Sección Primera del Consejo de Estado.

Arguyó que «(…) encontré que en los meses de abril y mayo de 2025, con fines meramente informativos, le envié al señor José Fernando Sánchez Carvajal dos providencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procesos en los que se encontraba registrado como demandado. Vale la pena señalar que una de ellas se refiere a la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de la referencia, aclarando de todas maneras que no la leí como tampoco emití opinión ni consejo sobre la misma (…)»1.

Finalmente, señaló que pone estas circunstancias en conocimiento de la Sala, para que, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, se determine si la garantía de imparcialidad requerida para decidir el asunto justifica su separación del conocimiento del caso.

1 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónico para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 68001 23 33 000 2025 00057 01.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala es competente para decidir sobre la manifestación de impedimento formulada por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, acorde con lo señalado por los artículos 125 2 y 131 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados, respectivamente, por los artículos 20 y 21 de la Ley 2080 de 2021.

En ese sentido, la Sala, para resolver, se referirá a: (i) la figura del impedimento, (ii) la causal de impedimento prevista por el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, (iii) la causal de impedimento prevista por el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, para luego abordar (iv) el caso concreto.

2.1. La figura del impedimento

Los impedimentos y las recusaciones establecidas en la ley son mecanismos jurídicos con los que se pretende garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha reconocido una doble dimensión a la noción de imparcialidad: (i) subjetiva, relacionada con «(…) la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos

independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto (…)»; y (ii) objetiva, «(…) esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto. No se pone con ella en duda la rectitud personal de los jueces que lleven a cabo la instrucción sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue (…)»4.

Por lo tanto, las causales de impedimento y recusación están llamadas a prosperar sólo en aquellos eventos en los que el juez encuentre comprometida su imparcialidad debido a un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación con el caso que es objeto de juzgamiento y le impida que su decisión sea imparcial, afecte su

2 «Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […] b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código». 3 «Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las

las siguientes providencias: […] b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código». 3 «Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: […] 3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno». 4 Corte Constitucional. Sentencia C-600-11 M.P. María Victoria Calle Correa, reiterado en sentencia C496 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

criterio, comprometa su independencia o transparencia para resolver el proceso. (se destaca)

Ahora bien, por tratarse de una excepción al ejercicio de la administración de justicia, el impedimento está sujeto a las causales expresamente previstas en la ley (taxatividad) y su interpretación es restrictiva 5, «(…) con el fin de evitar que (…) se

Ahora bien, por tratarse de una excepción al ejercicio de la administración de justicia, el impedimento está sujeto a las causales expresamente previstas en la ley (taxatividad) y su interpretación es restrictiva 5, «(…) con el fin de evitar que (…) se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (…)»6 que pueda implicar la deslegitimación desproporcionada e injustificada de las autoridades judiciales para el conocimiento de los asuntos a su cargo, así como volver inoperante e ineficiente la función que éstas ejercen.

En consonancia con lo anterior, frente a las situaciones que no se encuentran previstas en las causales de impedimento establecidas por el legislador, por un lado, se ha considerado que permanece el deber de imparcialidad de las autoridades judiciales para conocer de los asuntos a su cargo, y, por el otro, se ha destacado «(…) la presencia en el ordenamiento jurídico de una amplia gama de controles frente a las decisiones judiciales, especialmente los recursos ordinarios y extraordinarios que se ven complem entados por la procedencia (excepcional) del amparo frente a las providencias judiciales (…)»7.

2.2. La causal de impedimento establecida en el numeral primero del artículo 141 del Código General del Proceso

La causal de impedimento invocada por el Consejero es la señalada en el numeral primero del artículo 141 del Código de General del Proceso, que establece:

«[…]Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, su cónyuge, compañero permanente o alguno de

«[…]Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso […]» (se destaca)

En cuanto a la referida causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación ha explicado que el interés debe ser actual, esto es, que el beneficio se encuentre latente o sea concomitante al momento de proferir una decisión, razón por la que no puede fundarse en hechos pasados ni futuros. Igualmente ha explicado que, para que se configure la causal se requiere la concurrencia de dos elementos: (i) el subjetivo, que consiste en que con la actuación se beneficie o perjudique el juez y/o uno de sus parientes en el grado determinado por la ley; y (ii) el objetivo, relacionado con la situación fáctica concreta que origina este interés actual y particular en las resultas del proceso8.

5 Corte Constitucional, C -496 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. Así mismo, Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015. 6 Corte Constitucional, sentencia C -881 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, referida: Corte Constitucional, sentencia C-496 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. 7 Corte Constitucional, sentencia C -365 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de Unificación del 24 de mayo

sentencia C-450 de 2015. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de Unificación del 24 de mayo de 2023. C.P. Milton Chavés García. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2020 00471 00.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la palabra «interés» se refiere a la «expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no solo de índole patrimonial sino también de índole intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador9», indicando que la causal invocada alude al interés directo o indirecto del juez en el resultado del proceso, esto es, en la sentencia.

2.3. La causal de impedimento establecida en el numeral noveno del artículo 141 del Código General del Proceso

La causal de impedimento invocada en el presente caso es la prevista en el numeral noveno del artículo 141 del Código de General del Proceso, así:

«[…] Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

(…)

noveno del artículo 141 del Código de General del Proceso, así:

«[…] Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

(…)

9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado […]». (se destaca)

Frente a esta causal, la Corporación ha explicado que «(…) la existencia de la amistad estrecha o de la enemistad grave entre el Juez y alguna de las partes, su representante o apoderado, es una manifestación que tiene un nivel de credibilidad que se funda en aquello que expresa el operador judicial, pues no es ju rídicamente posible, comprobar los niveles de amistad íntima o enemistad grave que un funcionario pueda llegar a sentir por otra persona. Lo anterior, debido a que tales situaciones se conocen y trascienden el ámbito subjetivo, cuando el Juzgador mediante su afirmación la pone de presente para su examen, sin que sea del caso que su amigo o enemigo, lo ratifique (…)»10.

2.4. El caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala estima que no se configuran las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso.

En relación con la del numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, las circunstancias expuestas por el Consejero de Estado, consistentes en haber remitido al señor José Fernando Sánchez Carvajal, durante los meses de abril y mayo de 2025, dos providencias proferidas por la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo en procesos donde figuraba como demandado , una de ellas

remitido al señor José Fernando Sánchez Carvajal, durante los meses de abril y mayo de 2025, dos providencias proferidas por la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo en procesos donde figuraba como demandado , una de ellas correspondiente a la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en el presente asunto, «con fines meramente

9 Ibidem. 10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto del 17 de julio de 2014. C.P. Susana Buitrago Valencia. Expediente radicación nro. 11001 03 28 000 2014 00022 00.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

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informativos y sin emitir opinión ni consejo sobre su contenido », no dan lugar a la causal.

Lo anterior, en la medida en que dicha circunstancia, por sí sola, no configura un interés directo o indirecto en el resultado del proceso de pérdida de investidura, toda vez que este tipo de interés debe traducirse en un beneficio o utilidad para el juzgador respecto de la decisión final, es decir, la sentencia. De lo manifestado no se desprende que la i mparcialidad del Consejero se vea comprometida, pues las situaciones descritas no implican ni generan provecho o ventaja alguna frente al sentido de la decisión que habrá de adoptarse.

Asimismo, la Sala observa que, al analizar el elemento subjetivo, no se evidencia en

descritas no implican ni generan provecho o ventaja alguna frente al sentido de la decisión que habrá de adoptarse.

Asimismo, la Sala observa que, al analizar el elemento subjetivo, no se evidencia en el escrito de impedimento cuál sería el provecho o utilidad particular que obtendría el señor Consejero con la decisión que se adopte en la acción de pérdida de investidura promovida, entre otros, contra el señor José Fernando Sánchez Carvajal, concejal del municipio de Floridablanca (Santander) para el período constitucional 2020-2023, por la causal de indebida destinación de dineros públicos.

Por otra parte, en lo que respecta al elemento objetivo, relacionado con la situación fáctica que podría generar un interés actual y particular en el resultado del proceso, la manifestación de impedimento se fundamenta en el hecho de haber remitido al señor José Fernando Sánchez Carvajal, durante los meses de abril y mayo de 2025, dos providencias proferidas por la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo en procesos donde figuraba como demandado, una de ellas correspondiente a la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en el presente asunto, con fines exclusivamente informativos y sin emitir opinión ni consejo sobre su contenido, no obstante, como se explicó anteriormente, el beneficio derivado del resultado del proceso debe ser actual, es decir, concomitante al momento de adoptar la decisión, por lo que no puede sustentarse en hechos pasados ni en circunstancias futuras.

En conclusión, la Sala, conforme a lo manifestado por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta respecto de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141

circunstancias futuras.

En conclusión, la Sala, conforme a lo manifestado por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta respecto de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, advierte que esta no se encuentra configurada, razón por la cual procede analizar la segunda causal alegada en el mismo escrito.

El Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta también manifestó su impedimento para conocer del asunto invocando la causal señalada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, argumentando que el apoderado del demandado, José Fernando Sánchez Carvajal, es el profesional del derecho Juan Carlos Novoa Buendía, a quien conoce de manera ocasional por motivos relacionados con su ejercicio profesional y académico antes de asumir el cargo de magistrado en la Sección Primera del Consejo de Estado.

Conforme a lo explicado, la Sala considera que la causal de impedimento invocada tampoco está configurada, toda vez que, verificados los presupuestos exigidos para su procedencia, el hecho de conocer de manera ocasional al apoderado del demandado en el marco del ejercicio profesional y académico previo a la posesión como magistrado de la Sección Pr imera no constituye, por sí mismo, una razón suficiente para entender acreditada la causal prevista en el numeral 9 del artículo 141Radicación: 68001-23-33-000-2025-00057-01

Demandante: Diego Waldrón Guerrero

Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal y otros

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del Código General del Proceso, relativa a la existencia de amistad íntima o enemistad

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del Código General del Proceso, relativa a la existencia de amistad íntima o enemistad grave entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Por consiguiente, se declarará infundado el impedimento presentado por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, al no encontrarse configuradas las causales invocadas, esto es, la existencia de interés directo o indirecto en el proceso, ni la existencia de amistad íntima con el apoderado del demandado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, acorde con las razones analizadas en la parte motiva de la esta providencia.

SEGUNDO: En firme vuelvan las diligencias al despacho del Consejero Ponente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de l 4 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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