CE - Auto interlocutorio 68001233300020250057301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte Demandada: Asamblea Departamental de Santander Tema: Medidas de saneamiento del proceso.

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN

El despacho decide sobre el recurso de reposición presentado por el demandante, contra el auto del 26 de noviembre del 2025, por medio del cual se adoptaron medidas de saneamiento en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. El ciudadano Carlos Arturo Guevara Villacorte, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, presentó demanda en la que solicitó la nulidad de la Resolución 077 de 22 de agosto del 2025, acto en el cual se convocó y reglamentó el trámite para la designación del contralor departamental de Santander.

1.2. Trámite procesal relevante

2. En auto del 7 de octubre del 2025 2, el despacho conductor del proceso en primera instancia admitió la demanda y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto

1.2. Trámite procesal relevante

2. En auto del 7 de octubre del 2025 2, el despacho conductor del proceso en primera instancia admitió la demanda y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

3. La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación por parte de los apoderados del Departamento de Santander3 y de la corporación pública que expidió el acto demandado4; también fue impugnada por la parte demandante5.

4. El 29 de octubre del 2025 6, se confirmó la decisión adoptada y se concedió ante esta corporación judicial los recursos de apelación.

5. En auto del 26 de noviembre del 20257, este despacho adoptó medidas de saneamiento del proceso, al evidenciarse que la suspensión provisional ordenada no fue adoptada por la sala de decisión del Tribunal Administrativo de Santander, como lo dispone el literal f) del numeral 2º del artículo 125 de la Ley 1437 del 2011. Por lo anterior se resolvió:

1 Índice 003. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 2 Índice 005. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 3 Índice 019. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 4 Índice 018. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 5 Índice 010 y 011. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 6 Índice 022. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos.

5 Índice 010 y 011. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 6 Índice 022. Expediente digital SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos. 7 Índice 004. Expediente digital SAMAI.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte

Demandada: Asamblea Departamental de Santander

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co

«PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO lo actuado en el medio de control de nulidad con radicación 68001 -23-33-000-2025-00573-01, desde el auto del 7 de octubre del 2025, inclusive, conservando la validez de lo decidido sobre la admisión del medio de control.

SEGUNDO: En firme la presente providencia, DEVOLVER, de manera inmediata, el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que retome la actuación, dado aplicación al trámite consagrado en las normas procesales pertinentes frente a la solicitud de medida cautelar».

1.3. Recurso de reposición y en «subsidio apelación»8

6. La parte demandante recurrió la última de las decisiones antes mencionada. Sustentó su

inconformidad con los siguientes argumentos:

7. Señaló que el artículo 207 del CPACA, que fundamentó la decisión cuestionada, señala que se pueden sanear únicamente los vicios que acarrean nulidad, más no, otro tipo de irregularidades. Con fundamento en ello, refirió que el artículo 133 del Código General del

que se pueden sanear únicamente los vicios que acarrean nulidad, más no, otro tipo de irregularidades. Con fundamento en ello, refirió que el artículo 133 del Código General del Proceso, no consagra la «falta de competencia funcional» como causal de nulidad, sino que, por el contrario, lo que se sanciona bajo esa figura es la actuación de funcionario judicial después de que aquella es declarada.

8. Hizo mención del contenido de los artículos 16 y 133 del Código General del Proceso, que hacen referencia a la improrrogabilidad de la competencia por ese factor, pero resalta que los efectos otorgados por el legislador a esa situación, es la anulación de alguna actuación posterior a que aquella se configura, conservando validez lo actuado, las pruebas y medidas cautelares decretadas.

9. Refirió que «el despacho no declaro la falta de competencia funcional, sino, que prefirió el saneamiento del proceso sin estar conforme al artículo 207 del cpaca por lo ya señalado, entiende el suscrito que la declaración de falta de competencia debe ser la medida adecuada en el presente asunto, con el fin de mantener el decreto de la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander, y estar acorde con lo previsto en el artículo 207 ibidem y demás normas referidas, lo que protege la eficacia del proceso, el acceso a la administración de justicia y asegura el objeto del proceso» (sic).

10. Indicó que no resultaba acertado adoptar una medida de saneamiento por una situación que es ajena al régimen de nulidades vigente y resaltó que:

«[…]para que proceda la nulidad enlistada en el numeral 1 del artículo 133 del C. G. del P.,

situación que es ajena al régimen de nulidades vigente y resaltó que:

«[…]para que proceda la nulidad enlistada en el numeral 1 del artículo 133 del C. G. del P., se requiere que concurran dos requisitos: el primero, que haya sido declarada la falta de competencia funcional, y segundo, que el funcionario hubiera actuado con posterioridad a dicha declaración, lo que ciertamente no ocurrió en el presente evento, comoquiera, que la segunda instancia prefirió sanear el proceso sin consideración a los artículos 16, 133, 138 del C. G. del P., y dándole un alcance extensivo al artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, cuando incluso el legislador a tolerado el actuar sin competencia funcional, y en caso de presentarse, se conserve con validez lo actuado, y específicamente la medida cautelar decretada» (sic).

11. Estimó que lo procedente era declarar la falta de competencia funcional de la magistrada ponente en el Tribunal Administrativo de Santander, manteniendo la medida cautelar decretada, lo que no impide que esta judicatura resuelva los recursos de apelación presentados en contra de esa decisión, en tanto ello si responde a los asuntos que son del conocimiento de esta Corporación.

8 Índice 008. Expediente digital SAMAI.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte

Demandada: Asamblea Departamental de Santander

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12. Cuestionó que se hubiere concluido que la decisión de la medida cautelar, solicitada

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12. Cuestionó que se hubiere concluido que la decisión de la medida cautelar, solicitada de urgencia, sea considerado como un asunto de sala, ya que «al requerir que la misma sea decidida con prontitud, siendo el efecto útil de la norma 234 de la Ley 1437 de 2011 es que la misma se tramite de manera expedita con el fin de asegurar el objeto del proceso, y la efectividad de la sentencia y, por lo tanto, decidida por el ponente, y sin aplicar extensiones a la norma, aun cuando lo atacado sea de naturaleza electoral».

13. Solicitó:

1. Reponer el auto de fecha 26 de noviembre de 2025 que DEJO SIN EFECTO lo actuado en el medio de control de nulidad con radicación 68001 -23-33-000-2025-00573-01, desde el auto del 7 de octubre del 2025.

2. En su lugar, declarar la falta de competencia funcional de la Magistrada de conocimiento de primera instancia en lo referente al auto de fecha 7 de noviembre de 2025 que decreto la medida cautelar de suspensión de los efectos de acto demandado, y sobre el auto que decidió el recurso de reposición de fecha 29 de octubre de 2025.

3. Conservar vigente la medida cautelar decretada en auto de fecha 7 de noviembre de 2025, y decidir por ser de competencia de la Sección Quinta del H. Consejo de Estado el recurso de apelación propuesto por los sujetos procesales (sic).

1.4. Traslado del recurso

2025, y decidir por ser de competencia de la Sección Quinta del H. Consejo de Estado el recurso de apelación propuesto por los sujetos procesales (sic).

1.4. Traslado del recurso

14. La Asamblea Departamental de Santander 9 descorrió el traslado del recurso .

Alegó la improcedencia de la impugnación presentada, en tanto el artículo 318 del Código General del Proceso dispone que el recurso de reposición se puede presentar «contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica», lo cual no ocurre en el presente asunto. Así mismo, indicó que el artículo 243 del CPACA establece los autos susceptibles de apelación, listado en el que no se encuentra el auto cuestionado.

15. De otra parte, solicitó confirmar el auto del 26 de noviembre del 2025, indicando que el recurrente expone una interpretación limitada del artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, desconociendo otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como el numeral 5º del artículo 42 del Código General del Proceso, que refiere a la posibilidad del juez para adoptar medidas frente a cualquier tipo de irregularidad en el trámite de la actuación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con lo señalado en el numeral 1º del artículo 152 del mismo cuerpo normativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 10, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en segunda instancia el proceso de la referencia.

17. De igual manera, la ponente es competente para resolver sobre el recurso de

Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en segunda instancia el proceso de la referencia.

17. De igual manera, la ponente es competente para resolver sobre el recurso de reposición presentado en contra del auto del 26 de noviembre del 2025, de conformidad con lo señalado en el artículo 242 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 125 ibidem y en los artículos 318 y siguientes del Código General del Proceso.

9 Índice 11. Expediente digital SAMAI. 10 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte

Demandada: Asamblea Departamental de Santander

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2.2. Procedencia y oportunidad

18. De conformidad con el contenido del artículo 242 del CPACA, el recurso de reposición es procedente contra todos los autos, salvo norma en contrario, razón por la cual se concluye el cumplimiento de este criterio.

19. De otro parte, el memorial fue presentado el 1 de diciembre del 2025. Considerando que la decisión recurrida fue notificada con estado del 27 de noviembre anterior, por lo que se concluir que aquel fue radicado en el término de ejecutoria, el cual transcurrió entre el 1, 2 y 3 de diciembre.

2.3. Caso concreto

20. Se anticipa que no se repondrá la providencia cuestionada, con fundamento en los

siguientes argumentos:

2 y 3 de diciembre.

2.3. Caso concreto

20. Se anticipa que no se repondrá la providencia cuestionada, con fundamento en los

siguientes argumentos:

21. Por un lado, no se comparte la premisa de la cual parte el recurrente, al señalar que de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, las medidas de saneamiento en cabeza del juez se limitan únicamente respecto de aquellas irregularidades que constituyen nulidad, de conformidad con el artículo 133 del Código General del Proceso.

22. Debe considerarse que, el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, pone de presente que los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tienen como objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley.

Este parámetro guía la interpretación que realiza el funcionario judicial, tal y como lo dispone el artículo 11 del Código General del Proceso.

23. En concordancia con lo anterior, el artículo 42 de la Ley 1564 del 2012, refiere a que corresponde al juez, como un deber, «[d]irigir el proceso […] adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización» e incluso, «adoptar las medidas autorizadas por este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos» (numerales 1 y 5).

24. Esta Corporación11, ha referido que:

«En virtud de la finalidad del proceso judicial -la efectividad de los derechos - el Juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de

«En virtud de la finalidad del proceso judicial -la efectividad de los derechos - el Juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al momento de estudiar la demanda para su admisión o en la audiencia inicial, etapa procesal en la cual, acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437, el Juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

Así, la facultad de saneamiento le impone al Juez la obligación de revisar la regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito».

25. En consideración a lo expuesto, se entiende que la potestad dispuesta en el artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, en una lectura integral con el objeto del proceso y las

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 26 de septiembre del 2013. Radicación 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135). M.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte

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potestades en cabeza del juez, permite al funcionario judicial efectuar un control de legalidad, no solamente de aquellos aspectos que constituyan causales de nulidad de conformidad con la lista taxativa que se dispone en el artículo 133 del Código General del Proceso, sino que también se extiende a todas aquellas irregularidades que incidan de manera sustancial el correcto desarrollo del proceso.

26. Precisado lo anterior, es importante señalar que, en el auto del 26 de noviembre de 2025, que ahora se cuestiona, el despacho adoptó una medida de saneamiento y no de nulidad procesal, dado que, como bien lo pone de presente el memorialista, lo cierto es que la falta de competencia sólo tiene dicha sanción frente a las actuaciones posteriores al momento en que aquella se decreta.

27. En esta medida, le asiste razón al recurrente en esta oportunidad, al señalar que el legislador dispuso cuáles son los eventos precisos en los cuales la falta de competencia, entre ellas la funcional, genera nulidad, e incluso, que los artículos 16, 133 y 138 de la Ley 1564 del 2012, refieren expresamente las consecuencias de la declaratoria en punto de las actuaciones posteriores del juez y la conservación de lo actuado, de las pruebas decretadas y las medidas cautelares ordenadas.

28. Sin embargo, esta última circunstancia no es óbice para que esta judicatura pase por alto el desconocimiento expreso de las normas procesales que se presentó respecto del

decretadas y las medidas cautelares ordenadas.

28. Sin embargo, esta última circunstancia no es óbice para que esta judicatura pase por alto el desconocimiento expreso de las normas procesales que se presentó respecto del trámite de la medida cautelar solicitada en el medio de control de la referencia, el cual, al estar dirigida en contra de un auto de contenido electoral, debe ser resuelta por la sala, tal y como lo dispone el literal f) del numeral 2º del artículo 125 de la Ley 1437 del 2011.

29. Por lo anterior, lo que se puso de presente en el auto recurrido fue que en el proceso de la referencia se presentó un trámite irregular respecto de la suspensión provisional decretada por la magistrada ponente, en tanto aquella debía someter el asunto a discusión del órgano colegiado que integre al interior del tribunal de primera instancia.

30. En este punto, debe resaltarse que las normas procesales son de orden público, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Código General del Proceso, de lo cual se deriva que son de obligatorio cumplimiento, y, «en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley».

31. Ante esta circunstancia, si bien es cierto la situación descrita en la providencia cuestionada no responde a una causal de nulidad propiamente dicha, aquella refleja una grave circunstancia de índole procesal que no puede pasarse por alto, en tanto la misma evidencia un desconocimiento de las reglas que el legislador fijó para la expedición de providencias judiciales.

32. No sobra indicar que lo anterior, también pone en evidencia una vulneración de la

evidencia un desconocimiento de las reglas que el legislador fijó para la expedición de providencias judiciales.

32. No sobra indicar que lo anterior, también pone en evidencia una vulneración de la garantía del debido proceso de las partes en el proceso, dado que aquel parte de la adecuación de los trámites judiciales a las ritualidades que les son propias, aspecto que no fue observado en esta oportunidad.

33. Finalmente, se reitera el argumento expuesto en el auto impugnado, en donde se indicó que, el haber solicitado el carácter de urgencia respecto de la medida cautelar solicitada (art. 234 del CPACA), lo único que habilita es que no se rija por el trámiteRadicación: 68001-23-33-000-2025-00573-01

Demandante: Carlos Arturo Guevara Villacorte

Demandada: Asamblea Departamental de Santander

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ordinario que se establece respecto de las mismas, pero en ninguna medida, varía la atribución de la sala para resolver sobre el particular, cuando se trata de asuntos electorales.

2.4. Del recurso de apelación

34. Revisado el artículo 243 de la Ley 1437 del 2011, norma que dispone qué providencias son susceptibles el recurso de apelación, no se observa que dicho listado disponga aquellas providencias que contienen medidas de saneamiento del proceso, razón por la cual la impugnación presentada no es procedente, por lo que se procederá a su rechazo.

35. Por lo expuesto, la magistrada ponente,

III. RESUELVE:

cual la impugnación presentada no es procedente, por lo que se procederá a su rechazo.

35. Por lo expuesto, la magistrada ponente,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER 26 de noviembre del 2025, por medio del cual se adoptaron medidas de saneamiento en el proceso de la referencia.

SEGUNDO: Por secretaria, dar cumplimiento a lo ordenado en el auto del 26 de noviembre del 2025.

TERCERO: RECHAZAR, por improcedente, el recurso de apelación presentado en subsidio.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada “Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.