CE - Auto interlocutorio 70001233100020100023401 de 2025

Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806)

Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía y otros Asunto: Solicitud de pruebas en segunda instancia (CCA -CPC) SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA El despacho resuelve las solicitudes probatorias formuladas en esta instancia por la parte demandante.

|. ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia del 18 de julio de 2024", el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda formulada por Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros? en contra de la Nación - Ministerio de Minas y EnergíaMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías (Invías) - Instituto Colombiano de Geología y Minas (Ingeominas), la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, el Departamento de Sucre y los municipios de Guaranda y Majagual.

Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad de las mencionadas entidades “por falla del servicio de la administración que directa o

Sostenible de la Mojana y el San Jorge, el Departamento de Sucre y los municipios de Guaranda y Majagual. Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad de las mencionadas entidades “por falla del servicio de la administración que directa o indirectamente condujo a la pérdida de cultivos, semovientes, inmuebles y pastos 1 Índice 10 de la plataforma tecnológica SAMA! del Tribunal a quo. 2 La parte demandante está conformada por: Cándido Segundo Suárez Sánchez; Guillermo León Morales Bello, Humberto Manuel Rodríguez Sánchez, José Eusebio Salgado Barbosa, Eugenio Manrique Serna, Jairo Modesto Torres Morales, Olimpo José Cárcamo Álvarez, Gratiniano Chávez Zabaleta, Ludis Yadith Villamizar Bueno, Rosa Amalia De Hoyos Aguas, Nuris Isabel Deart Meneses, Enoth Guevara Chávez, Jorge Fidel Guevara Baldovino, Pedro Francisco Vargas Gamarra, Samuel Enrique Palencia Tovar, Manuel De Jesús Sierra Muñoz: Milagros Del Carmen Manrique Mercado; Valerio Sierra Barrios; Álvaro José Mendoza Bohórquez; Anilerto Manuel Rángel Fernández; Roberto Torres Fernández; Walberto Aguilar Sierra; Marcial Eugenio Vilia Real; Angela María Ospino Niño; Edilberto José Guerrero Severiche; Robinson Manuel García Jaraba; Wiison García Meza; Aída María Palomino Benitez; Farid Abrahán Diaz Rondón y Narlis Manjarrez Muñoz.Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros de los predios de los demandantes, debido a las inundaciones en la Mojana en ellos años 2007 y 2008”.

Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros de los predios de los demandantes, debido a las inundaciones en la Mojana en ellos años 2007 y 2008”.

Solicitaron por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante $1.359'.373.086 y, por perjuicios morales, $1.545'.000.000.

2. En el escrito contentivo del recurso de apelación? interpuesto por los demandantes, se formuló la solicitud probatoria que se enuncia a continuación

(transcripción literal, incluidos posibles errores): “Pruebas sin practicar, por falta de decreto.

1. Al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Medio Ambiente para que remitan documentación sobre censos, estudios e investigaciones relacionados con las zonas de explotación minera. Esta información es crucial para establecer la responsabilidad de las entidades en la gestión de recursos y en la prevención de desastres.

2. Certificación del Ministerio de Hacienda. Se solicitó que se oficie al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para certificar sobre los presupuestos destinados a obras para evitar inundaciones en la Subregión de la Mojona. La falta de esta información limitaria la capacidad del alto tribunal para evaluar adecuadamente las responsabilidades.

3. Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES, al Departamento Nacional de PlaneaciónDNP, al Departamento de Planeación Departamental, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público e INVIAS, para que con destino al proceso otorguen información relacionada a estudios, proyectos, contratos, el objeto de los contratos, obras y apropiaciones presupuestales, destinados a evitar y erradicar las inundaciones en la zona de la Mojama antes del

destino al proceso otorguen información relacionada a estudios, proyectos, contratos, el objeto de los contratos, obras y apropiaciones presupuestales, destinados a evitar y erradicar las inundaciones en la zona de la Mojama antes del mes de mayo de 2007 y de no existir sirvase certificarlo así.

4. También se solicitó al Honorable Tribunal que se oficiara al IDEAM, CORPOMOJANA, INGEOMINAS, FEDEARROZ, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y DESASTRES con el fin de que se allegaran informes, planes y documentos con carácter probatorio relacionados con los hechos de la demanda los cuales parecen ser ausentes.

Estas pruebas fueron pedidas, no decretadas, y ahora las rogamos pudiéndose atender para el esclarecimiento de la verdad, de conformidad con el Art. 213 CPACA. Deben aparecer las pruebas. Trascribimos lo pertinente No obstante, lo anterior, al responder el requerimiento realizado por este Tribunal, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante Oficio núm. JA03-00045-19 del 30 de enero de 2020, manifestó lo siguiente: «En atención a lo requerido en los oficios 1418-(2010-00234-00)-RCA-RD de 16 de octubre de 2019 y 0150-(2010-00234-00)-RCA-RD, recibido el 22 de enero de 2020, en el sentido de que se remitan a esa Corporación las pruebas que obran en el expediente indicado en la referencia, y que están relacionadas en el escrito de contestación del INVÍAS,

que se remitan a esa Corporación las pruebas que obran en el expediente indicado en la referencia, y que están relacionadas en el escrito de contestación del INVÍAS, 3 Índice No. 16 de la de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros informo que una vez examinado el expediente solo se encontró dicha contestación, pero sin las pruebas documentales anexas al mismo [negrillas del texto citado)”. Il. CONSIDERACIONES La procedencia de las solicitudes probatorias en segunda instancia y su análisis en el caso concreto : : El despacho precisa que según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA, los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, “seguirán rigiéndose y culminarán” por las normas procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, es decir, por el CCA y el CPC. Así las cosas, como la demanda de reparación directa se presentó el 3 de septiembre de 20104, el régimen señalado -CCA y CPCdebe gobernar todas las actuaciones hasta su culminación, lo que incluye los trámites posteriores a la sentencia -adición, aclaración de fallo e incidentes-5, Aclarado lo anterior, se pone de presente que, contrario a lo expuesto por la parte demandante, en el presente proceso no resulta aplicable el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 -CPACAtoda vez que, como se señaló, esta no es la normativa procedente para el caso objeto de estudio. Ahora bien, resulta oportuno señalar que, si bien las partes pueden pedir pruebas

1437 de 2011 -CPACAtoda vez que, como se señaló, esta no es la normativa procedente para el caso objeto de estudio. Ahora bien, resulta oportuno señalar que, si bien las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, su decreto procederá -únicamenteen los eventos que prevé el artículo 214 del CCA, cuando: i) decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; ii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; iii) se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y; iv) con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata la causal anterior. 4 Índice No. 14 de la de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo. 5 Al respecto tener en cuenta que esta Corporación ha establecido que: “[E! incidente de liquidación de perjuicios complementa la sentencia, [por lo que] se hace necesario dejar en claro que la providencia impugnada, esto es la que resuelve el incidente de liquidación, previamente ordenada, no hace nada distinto a tornar en liquida y exigible la condena. Huelga concluir, además, que no se trata de un nuevo asunto, de manera que, habiendo sido proferida la sentencia acorde con el Decreto 01 de 1984, no podría radicarse la solicitud incidental, como un proceso nuevo y menos pretender que iniciado conforme al decreto ya citado se someta a las directrices de la Ley

con el Decreto 01 de 1984, no podría radicarse la solicitud incidental, como un proceso nuevo y menos pretender que iniciado conforme al decreto ya citado se someta a las directrices de la Ley 1437 de 2011”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de agosto de 2018, Radicado: 25000-23-26-000-2001-01264-02(58790).Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros En el caso objeto de estudio, tal y como se expuso, la parte actora argumentó que elevaba su solicitud respecto de pruebas “que fueron pedidas, pero no decretadas”. A su vez, mencionó que “debían aparecer” los elementos de convicción que se habían solicitado como pruebas de oficio frente al Juzgado a Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo. Al respecto, el despacho encuentra que las solicitudes probatorias no se enmarcan en ninguna de las causales de procedencia para su decreto, razón por la cual deben ser negadas, por los motivos que pasan a explicarse: En el sub lite, los elementos de convicción que señalaron en los numerales 1 a 4 y que ahora se piden nunca se decretaron e, incluso, revisado el expediente, se advierte que no se elevaron estas solicitudes en el curso de la primera instancia; razón por la cual no se trata de pruebas que se hubiesen decretado y no se hubieren practicado por causas ajenas a la parte que la pidió, por la elemental razón de que los actores no solicitaron estos documentos en las oportunidades probatorias correspondientes. En efecto, revisado el proceso, se observa que el extremo activo no pidió estas

razón de que los actores no solicitaron estos documentos en las oportunidades probatorias correspondientes. En efecto, revisado el proceso, se observa que el extremo activo no pidió estas pruebas en su escrito inicial ni de manera posterior en cualquiera de los siguientes hitos procesales de la primera instancia: i) en la demanda y/o en su reforma y/o ii) en la oposición a las excepciones planteadas por la parte pasivaf; motivo por el cual este no es el momento procesal oportuno para incorporar o intentar recaudar nuevos elementos de convicción. Por su parte, el despacho advierte que los medios probatorios no se enmarcan en ninguno de los otros supuestos establecidos en el artículo 214 del CCA, toda vez que los elementos de juicio referidos no se encuentran orientados a demostrar hechos sobrevinientes a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia y, contrario sensu, tienen como propósito probar circunstancias presentadas con anterioridad a la presentación de la demanda, por cuanto las pruebas solicitadas pretenden evidenciar la supuestas omisiones en que incurrieron las entidades demandadas. $ De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil: "Artículo 183. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de tos <sic> términos y oportunidades señalados para ello en este código”.Radicación: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros Adicionalmente, no se acreditó ningún evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que haya impedido que se aportaran los documentos en el trámite judicial,

Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros Adicionalmente, no se acreditó ningún evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que haya impedido que se aportaran los documentos en el trámite judicial, motivo por el cual tampoco se configura este supuesto.

Ahora bien, frente a la solicitud de la parte recurrente, en el sentido de que se decreten los documentos aportados como prueba de oficio, se indica que la autoridad judicial se encuentra facultada para proceder de esa manera si-lo estima pertinente en cualquier instancia del proceso, tal como lo prevé el artículo 169 del CCA”; no obstante, ello corresponde a una atribución del operador judicial y no depende de la solicitud de parte, como pareciera entenderlo el extremo activo. En lo referido a las pruebas de oficio que se decretaron frente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, el despacho pone de presente que, si bien dicha autoridad judicial en efecto, informó que “una vez examinado el expediente solo se encontró dicha contestación, pero sin las pruebas documentales anexas al mismo”, por lo cual no las aportó, lo cierto es que cuando el Tribunal Administrativo de Sucre ordenó cerrar el periodo probatorio, la parte demandante no cuestionó dicha determinación, de ahi que si consideraba que debían practicarse las pruebas, lo procedente era presentar el recurso correspondiente en la oportunidad pertinente. En las condiciones expuestas, ante la evidencia de que no se cumple lo dispuesto en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para el decreto de pruebas en segunda instancia, la petición de pruebas materia de análisis será negada. En virtud de todo lo anterior, se 7 “Artículo 169. Modificado por el art. 37, Decreto Nacional 2304 de 1989, En cualquiera de las

pruebas en segunda instancia, la petición de pruebas materia de análisis será negada. En virtud de todo lo anterior, se 7 “Artículo 169. Modificado por el art. 37, Decreto Nacional 2304 de 1989, En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista. Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso”.Radicacién: 700012-33-1000-2010-00234-00 (72806) -

Demandante: Cándido Segundo Suárez Sánchez y otros RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria de segunda instancia formulada por fa parte demandante, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente determinación, INGRESAR el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Consejero de Es Po