CE - Auto interlocutorio 70001233300020200026501 de 2025

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918)

Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918)

Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez

Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Asunto: Apelación auto que negó pruebas en primera instancia Resuelve apelación en contra del auto que negó pruebas en primera instancia El despacho procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto del 23 de mayo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, a través del cual se decidió prescindir de una prueba, cerrar el período probatorio del proceso y continuar con el trámite judicial.

I. ANTECEDENTES

4. El 30 de julio de 2020', la señora Lilia Inés Uribe Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el objeto de que se le declarara administrativamente responsable por el supuesto error jurisdiccional cometido en la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del

que se le declarara administrativamente responsable por el supuesto error jurisdiccional cometido en la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 70-001-33-33-004-2014-00092-01. Al respecto, se indicó que en la sentencia se incurrió en un defecto fáctico ya que el juez de segunda instancia no valoró la totalidad del expediente y, en concreto, las pruebas existentes en el mismo, “To cual afectó directamente el fallo”.

2. Surtidas las etapas procesales correspondientes, mediante providencia del 2 de junio de 20212, el Tribunal Administrativo de Sucre en aplicación de “los deberes de celeridad y eficacia que deben permear las actuaciones surtidas en los procesos judiciales” ordenó prescindir de la audiencia inicial y, en su lugar, realizó la fijación

Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo. 2 Índice No. 20 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez del litigio; ordenó incorporar las pruebas documentales aportadas y decretó el siguiente medio probatorio: “Se admite y ordena la prueba consistente en oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo para que envíe copia digital del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado 700013333000420140009200, seguido por la señora Lilia Inés Uribe Gutiérrez en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN”.

Restablecimiento del Derecho radicado 700013333000420140009200, seguido por la señora Lilia Inés Uribe Gutiérrez en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN”.

3. El 20 de mayo de 20249, la parte demandante elevó solicitud de impulso procesal en el siguiente sentido: “ANA KARINA PACHECO CARO, mayor de edad, identificada con cedula de

ciudadanía No. 1.069.473.105, y portadora de la Tarjeta Profesional No. 199.316 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la demandante, muy respetuosamente, mediante el presente escrito solicito impulso procesal en el presente proceso, para que se proceda con la etapa procesal pertinente, toda vez que, la última actuación registrada en el expediente es de fecha 22 de junio de 2021”.

4. En auto del 23 de mayo de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo de Sucre ordenó prescindir de la prueba decretada en providencia del 27 de mayo del 2021 y cerrar el periodo probatorio. Al respecto expuso que esta determinación se efectuó en consideración a que la parte actora solicitó “continuar con la siguiente etapa procesal”,

5. Inconforme con la anterior decisión, el extremo activo interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

Argumentó que su solicitud de impulso procesal no estuvo encaminada a desistir de la prueba ni a que la autoridad judicial ordenara correr traslado para presentar alegatos de conclusión, puesto que, lo que pretendía era que se continuara e insistiera con la práctica del medio probatorio, “esto es oficiar y en caso tal de ya haberlo realizado, requerir con el fin de que se aporte la documentación”.

alegatos de conclusión, puesto que, lo que pretendía era que se continuara e insistiera con la práctica del medio probatorio, “esto es oficiar y en caso tal de ya haberlo realizado, requerir con el fin de que se aporte la documentación”. En ese sentido, enfatizó en que la prueba —consistente en que se incorpora la totalidad del expedienteera necesaria, conducente y pertinente, puesto que el objeto del litigio está dirigido a determinar si existió o no el error jurisdiccional en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, señaló que si bien en la demanda se 3 Índice No. 23 de la plataforma tecnológica SAMA! del Tribunal a quo. 4 Índice No. 24 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo. 5 Índice No. 28 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez aportaron los documentos del proceso que la parte tenía en su poder “no era la totalidad del expediente”. Mencionó que, según lo previsto en el artículo 175 del CPACA, la entidad pública demandada debió allegar el expediente administrativo con todos los antecedentes que se encentraban en su poder. Por último, expuso queen la providencia el juzgador de primer grado no explicó las razones de su decisión y se limitó a manifestar que la determinación fue consecuencia de la solicitud de la parte actora, cuando la demandante no pretendía que se prescindiera de una prueba pedida y decretada en el trámite judicial.

6. Previo traslado del recurso interpuesto por la señora Lilia Inés Uribe Gutiérrez, la

consecuencia de la solicitud de la parte actora, cuando la demandante no pretendía que se prescindiera de una prueba pedida y decretada en el trámite judicial.

6. Previo traslado del recurso interpuesto por la señora Lilia Inés Uribe Gutiérrez, la parte demandada se opuso? al mismo al considerar que frente a la carga procesal de aportar un expediente judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, no aplica lo dispuesto en el artículo 175 del CPACA, que determina que la entidad pública debe aportar todos los antecedentes administrativos que se encuentren en su poder, precisamente porque lo que se discute son actuaciones judiciales y no administrativas.

Además, señaló que la demandante fue fa que solicitó que se continuara con la siguiente etapa procesal, de manera que lo seguía era la audiencia de alegaciones y juzgamiento (artículos 181 y 182 del CPACA) que fue lo que ordenó el despacho,

7. En auto del 10 de abril de 2025’, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la providencia del 23 de mayo de 2024, Planteó que la parte demandante quien solicitó la prueba, fue la misma que, posteriormente, en memorial elevado el 20 de mayo de 2024, pidió “continuar con la siguiente etapa del proceso”; razón por la cual se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, en la medida era la etapa subsiguiente según el artículo 179 del CPACA.

Frente a lo manifestado por la demandante en el sentido de indicar que no pretendía desistir de la prueba, expresó que, de acuerdo con el artículo 164 del CGP “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, razón por la cual consideró que no era viable mantener

desistir de la prueba, expresó que, de acuerdo con el artículo 164 del CGP “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, razón por la cual consideró que no era viable mantener 8 Índice No. 31 de la plataforma tecnológica SAMA) del Tribunal a quo. 7 Índice No. 33 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez paralizado el proceso por la inactividad del extremo activo quien no había desplegado ninguna actuación para el recaudo del elemento probatorio. Por último, advirtió que si bien la demandante expresó que “en la demanda se aportaron las actuaciones que tenía en su poder pero no la totalidad del proceso”; no obstante, en la paginación de este aparece desde la demanda hasta la sentencia de instancia, por lo cual estimó que se podía proferir una decisión de fondo en este asunto y, como consecuencia, negó el recurso de reposición. ll. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -30 de mayo de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 20218-, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306° del primero de los estatutos mencionados.

2. Procedencia del recurso de apelación y competencia del Magistrado Ponente para resolverlo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243-710 del CPACA, modificado por

estatutos mencionados.

2. Procedencia del recurso de apelación y competencia del Magistrado Ponente para resolverlo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243-710 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó la decisión que negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la parte demandada. $ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues,.como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 30 de mayo de 2024, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)” (aclaración añadida). ? "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida).

el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida). 10 "Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)” (aclaración añadida).Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-311 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado Ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que niega el decreto de pruebas no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125-212? del CPACA -con su respectiva modificación. Por último, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, en concordancia con el artículo 244 ibidem, se observa que el recurso se interpuso de manera oportuna y debidamente sustentado”,

3. Caso concreto El extremo apelante cuestionó el auto del Tribunal a quo que prescindió de una prueba decretada y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, al considerar que no había desistido del medio probatorio que ya con anterioridad había sido

El extremo apelante cuestionó el auto del Tribunal a quo que prescindió de una prueba decretada y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, al considerar que no había desistido del medio probatorio que ya con anterioridad había sido decretado y, por ello, solicitó que se revocará la decisión. Por su parte, el juzgador de primer grado estimó que actuó conforme lo pedido por el extremo activo y que, en todo caso, el proceso no podía seguir paralizado por la inactividad de la parte demandante en el recaudo de la prueba consistente en el expediente procesal. 11 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (aclaración añadida). 12 "Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que

conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)" (aclaración añadida). 13 El auto recurrido se notificó a las partes mediante estado del 28 de mayo de 2024 y el recurso de apelación se interpuso el 30 de mayo de la misma anualidad, conforme con lo establecido en el artículo 244 del CPACA. :Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez De entrada, el despacho observa que se debe revocar la decisión de primera instancia, por cuanto la solicitud de la parte actora no tenía el alcance de un desistimiento probatorio, como lo entendió el Tribunal y, en consecuencia, no se le podía dar tal efecto, como se pasa a explicar a continuación: De conformidad con el artículo 316 del CGP, aplicable por remisión expresa del 306 del CPACA, las partes están facultadas para desistir de ciertos actos

podía dar tal efecto, como se pasa a explicar a continuación: De conformidad con el artículo 316 del CGP, aplicable por remisión expresa del 306 del CPACA, las partes están facultadas para desistir de ciertos actos procesales, para lo cual deben elevar manifestación que conste de forma expresa, puesto que, de aceptarse tal situación, ello podría dar lugar al reconocimiento de costas procesales para la contraparte, tal y como se evidencia a continuación: “ARTÍCULO 316. Desistimiento de ciertos actos procesales. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de fas pruebas practicadas. El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario. El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas (...)”. En el mismo sentido, el artículo 178 del CPACA que regula lo correspondiente al desistimiento tácito, determina lo siguiente: “Artículo 178. Desistimiento tácito. Transcurrido un plazo de treinta (30) días sin que se hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el Juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes.

que se hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el Juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes. Vencido este último término sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud, según el caso, y el juez dispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente, condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares (...)” (Enfasis añadido). En el caso objeto de estudio, el Tribunal a quo, frente a la solicitud de continuar con la siguiente etapa procesal, entendió que la parte desistió de la prueba; no obstante, 14 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez ello no fue lo que se pidió por la demandante, pues en ningún aparte de su memorial indicó tal situación. Además, tal y como lo establece el artículo 178 del CPACA, para aplicar la figura del desistimiento tácito, el operador judicial debe requerir - de manera previaa la parte para que adelante las gestiones que considera le corresponden; sin embargo, en este caso el Tribunal a quo en ningún momento requirió al extremo activo.

del desistimiento tácito, el operador judicial debe requerir - de manera previaa la parte para que adelante las gestiones que considera le corresponden; sin embargo, en este caso el Tribunal a quo en ningún momento requirió al extremo activo. Por lo anterior, si bien el juzgador de primer grado planteó que la inactividad de la parte demandante fue la que generó la consecuencia procesal que aplicó; lo cierto es que tal consecuencia no se encuentra prevista en la normatividad y, en esa medida, si la prueba ya había sido decretada, lo procedente era realizar las gestiones tendientes a su incorporación y no prescindir de la misma, puesto que no había motivo para ello. Por otra parte, frente al argumento del Tribunal consistente en que el expediente se encuentra completo toda vez que la numeración del mismo aparece desde la demanda hasta la sentencia, el despacho pone de presente que la parte actora en su escrito inicial, reiterado en el recurso de apelación, indicó que aportó algunas piezas procesales que tenía en su poder y no la totalidad del expediente y, en ese sentido, este fue el motivo por el que se decretó la prueba consistente en oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo para que remitiera la totalidad del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

700013333000420140009200. Por tal razón, el despacho encuentra que persiste la situación por la que se hace necesaria el decreto de la prueba.

Así las cosas, se concluye que, contrario a lo planteado por el Tribunal a quo, en este caso no había motivos fácticos ni jurídicos para aplicar el desistimiento probatorio y, en esa medida, lo procedente sería revocar la decisión de primera

Así las cosas, se concluye que, contrario a lo planteado por el Tribunal a quo, en este caso no había motivos fácticos ni jurídicos para aplicar el desistimiento probatorio y, en esa medida, lo procedente sería revocar la decisión de primera instancia; no obstante, se observa que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia el 26 de junio de 2025 y, en esa medida, ya perdió competencia sobre el litigio, de tal manera que se debe aplicar lo establecido en el artículo 330 del CGP, a cuyo tenor literal: “Artículo 330. Efectos de la decisión del superior sobre el decreto y práctica de pruebas en primera instancia. Si el superior revoca o reforma el auto que había negado el decreto o práctica de una prueba y el juez no ha proferido sentencia, este 15 Índice No. 40 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.Radicación: 70001-23-33-000-2020-00265-01 (72918) Demandante: Lilia Inés Uribe Gutiérrez dispondrá su práctica en la audiencia de instrucción y juzgamiento, si aún no se hubiere realizado, o fijará audiencia con ese propósito. Si la sentencia fue emitida antes de resolverse la apelación y aquella también fue objeto de este recurso, el superior practicará las pruebas en la audiencia de sustentación y fallo” (énfasis añadido). Por lo anterior, en atención del deber de practicar las pruebas cuya negativa se hubiese revocado y no se pudieren incorporar en primera instancia, el despacho ordenará oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo con el objeto de que remita la totalidad del proceso nulidad y restablecimiento del

hubiese revocado y no se pudieren incorporar en primera instancia, el despacho ordenará oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo con el objeto de que remita la totalidad del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 700013333000420140009200. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO. REVOCAR el auto del 23 de mayo de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre prescindió de una prueba y ordenó cerrar el período probatorio del proceso.

SEGUNDO: INCORPORAR la prueba documental solicitada por la parte demandante, para lo cual, por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación se ordena OFICIAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo con el objeto de que remita la totalidad del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001 3333000420140009200, conforme la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez aportada la copia del expediente señalado, por Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, CORRER traslado de este por el término de tres días a la parte contraria.

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ICOLÁS YE C, LES Consejero de stado