CE - Auto interlocutorio 76001233300020130028301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A. —antes, Industrias del Maíz S.A.,

Corn Products Andina—

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Referencia: Controversias contractuales

La Sala decide la solicitud de aclaración y adición de la sentencia proferida por esta Subsección el 16 de junio de 2025, formulada por la parte dem andada -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo sucesivo ICBF-.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 13 de marzo de 20131, Ingredion Colombia S.A. —antes Industrias del Maíz S.A., Corn Products Andina — presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra el ICBF, con la pretensión de que se declara ra la nulidad de las Resoluciones 314 y 2240 de 2011, por medio de la s cuales dicha entidad le impuso una multa en el marco del contrato 894 de 20 07, y, en tal virtud, se ordenara la restitución del valor descontado, debidamente actualizado y con los intereses correspondientes, así como la adopción de medidas complement arias orientadas al restablecimiento de su buen nombre.

2. La sentencia de primera instancia

se ordenara la restitución del valor descontado, debidamente actualizado y con los intereses correspondientes, así como la adopción de medidas complement arias orientadas al restablecimiento de su buen nombre.

2. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de febrero de 2014 2, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca: (i) declaró la nulidad de las Resoluciones 314 y 2240 de 2011, expedidas por el ICBF; (ii) reconoció a favor de Ingredion Colombia S.A. la suma de $1.363’544.102, correspondiente al valor actualizado de la multa impuesta, mÆs los intereses moratorios respectivos; (iii) como medida de restablecimiento al buen nombre, ordenó al ICBF difundir, a travØs de diferentes medios de comunicació n, las razones de ilegalidad que motivaron la nulidad de las resoluciones, así como comunicar la decisión adoptada a Colseguros S.A., a la CÆmara de Comercio de Cali y a la Procuraduría General de la Nación; y (iv) condenó al ICBF al pago de las costas procesales.

1 Fl 451 a 489, C.1. 2 Fl. 659 a 706, C. Ppal.Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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3. La sentencia de segunda instancia

A travØs de sentencia del 16 de junio de 2025 3 —notificada el 26 de agosto del mismo aæo 4—, esta Subsección: (i) declaró fundado el impedimento manifestado

3. La sentencia de segunda instancia

A travØs de sentencia del 16 de junio de 2025 3 —notificada el 26 de agosto del mismo aæo 4—, esta Subsección: (i) declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Nicolas Yepes Corrales y (ii) modificó la sentencia de primera instancia, œnicamente en lo relativo a la actualización de la condena, en e l sentido de disponer que el ICBF debía reconocer y pagar, como medida de restablecimiento del derecho a Ingredion Colombia S.A., la suma de $3.887’538.393,09, confirmando en lo demÆs los numerales restantes de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

4. La solicitud de aclaración y adición

El 2 de septiembre de 2025 5, el ICBF presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 16 de junio de 2025, en los tØrminos que a continuación se sintetizan:

(I) Aclarar la razón por la cual no se integró el «quorum decisorio [requerido] para proferir sentencia en segunda instancia», pues, aunque se declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado NicolÆs Yepes Corrales, no se designó conjuez para completar el nœmero legal exigido, «ya que se tiene un salvamento de voto a la ponencia de resolución del asunto en segundo grado». Lo anterior, en su criterio, desconoció, entre otras normas, lo dispuesto en el œltimo inciso del artículo 128 del CPACA, segœn el cual, cuando el nœmero de magistrados se reduzca por impedimento, recusación o causal legal de separación del cargo, deberÆ acudir se a

128 del CPACA, segœn el cual, cuando el nœmero de magistrados se reduzca por impedimento, recusación o causal legal de separación del cargo, deberÆ acudir se a la designación de conjueces para adoptar vÆlidamente la decisión.

(II) Aclarar lo relativo a la «presunta vulneración del debido proceso en el caso concreto», por estimar que la sentencia incurrió en imprecisiones al afirmar que durante la audiencia de descargos se incorporaron nuevos cargos que no habían sido contemplados en la citación realizada, A juicio del ICBF no hubo variaciones respecto de los cargos inicialmente formulados, el contratista fue escuchado en los debidos descargos sobre el posible incumplimiento contractual — que era el objeto de la citación— y contó, ademÆs, con la oportunidad posterior para solicitar y practicar pruebas dentro del trÆmite administrativo.

(III) Aclarar lo dispuesto en el ordinal tercero, literal b), de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto se ordenó informar la decisión adoptada, entre otras personas jurídicas, a Colseguros S.A., sin tener en cuenta que dicha socieda d ya no existe por haber sido absorbida por Allianz Colombia S.A., de modo q ue la comunicación respectiva debe dirigirse a esta œltima, quien asumió la totalida d de los derechos y obligaciones de la primera.

3 Samai, índice 121. 4 Samai, índice 123. 5 Samai, ˝ndice 128.Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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4 Samai, índice 123. 5 Samai, ˝ndice 128.Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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(IV) Adicionar la sentencia «en cuanto al acervo probatorio» , por considerar que no se valoraron adecuadamente las pruebas que demostraban el respe to de las garantías del debido proceso, toda vez que la entidad cumplió con dicho deber al citar a Industrias del Maíz S.A. a la audiencia de descargos prevista en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 87 del Decreto 2474 de 2008, con ocasión de la confirmación de la presencia de Æcido sórbico en el producto bienestarina; diligencia que habría observado los requisitos legales vigentes, mÆxime cuando, como se indicó en el fallo, el manual de contratación del ICBF, que preveí a la realización de una segunda audiencia, había perdido fuerza ejecutoria a raíz de la nulidad condicionada del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, por lo que la omisión en la realización de dicha audiencia no podía configurar una vulneración del derecho al debido proceso, ni justificaba la nulidad de los actos sancionatorios así como la tasación de perjuicios reconocidos.

III. CONSIDERACIONES

La Sala abordarÆ la solicitud de aclaración y adición formulada por el ICBF siguiendo el siguiente orden metodológico: (1) normas aplicables, (2) competencia y oportunidad de la solicitud, (3) problema jurídico y (4) caso concreto.

1. Normas aplicables

el siguiente orden metodológico: (1) normas aplicables, (2) competencia y oportunidad de la solicitud, (3) problema jurídico y (4) caso concreto.

1. Normas aplicables

Habida cuenta de que la demanda fue radicada el 13 de marzo de 2013 y la solicitud de aclaración y adición se presentó el 2 de septiembre de 2025, el trÆmite puesto a consideración de la Sala se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenido Administrativo —CPACA—, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, conforme con lo previsto en su artículo 866.

En los aspectos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposiciones del Código General del Proceso —CGP—, de acuerdo con la remisión contenida en el artículo 3067 del primero de los estatutos mencionado, y bajo la consideración de

6 « Artículo 86. RØgimen de vigencia y transición normativa. La presente ley ri ge a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competenc ias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se apli carÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarÆn a partir de la p ublicación de la presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado

presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 143 7 de 2011.En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convoc adas, las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, l os incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes c uando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, e mpezaron a correr los tØrminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones ». 7 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirÆ el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturalez a de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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que dicha codificación procesal general entró en vigor para la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 1” de enero de 20148.

2. Competencia y oportunidad de la solicitud

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que dicha codificación procesal general entró en vigor para la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 1” de enero de 20148.

2. Competencia y oportunidad de la solicitud

La Sala es competente para resolver la solicitud de aclaración y adición formu lada por el ICBF el 2 de septiembre de 2025, en la medida en que reca e sobre una sentencia proferida por esta Subsección y en tanto su presentación fue oportuna, al haberse efectuado dentro del tØrmino de ejecutoria de dicha providencia 9, comprendido entre del 29 de agosto y el 2 de septiembre de 202510.

3. Problema jurídico

De conformidad con la solicitud allegada, corresponde a la Sala verificar si procede la aclaración y adición de la sentencia proferida el 16 de junio de 2025.

4. Caso concreto

4.1. La Sala anticipa que la solicitud de aclaración y adición no estÆ llamada a prosperar, toda vez que los argumentos expuestos por el ICBF no evidencian la existencia de expresiones ambiguas o conceptos oscuros en la parte resolutiva de la sentencia que generen verdadero motivo de duda, ni revelan omisiones en e l pronunciamiento sobre los extremos de la litis. Por el contrario, las manifestaciones de la entidad se limitan a cuestionar el contenido sustantivo del fallo y la valoración probatoria efectuada, aspectos que desbordan el Æmbito propio de las figuras procesales invocadas, las cuales no constituyen medios para reabrir el debate jurídico ya resuelto.

Bajo este panorama, el anÆlisis de la Sala se desarrollarÆ abordando, en primer

procesales invocadas, las cuales no constituyen medios para reabrir el debate jurídico ya resuelto.

Bajo este panorama, el anÆlisis de la Sala se desarrollarÆ abordando, en primer lugar, la solicitud de aclaración —dividida en tres argumentos— y, en segundo lugar, la petición de adición.

4.2. En cuanto a la figura de la aclaración, el artíuclo 285 del CGP dispone que:

«La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. S in embargo, podrÆ ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estØn contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella […]».

De acuerdo con esta disposición, la Corporación ha precisado que la aclaración de sentencias constituye un mecanismo procesal de carÆcter restrictivo, que solamente procede cuando existen expresiones ininteligibles o ambiguas en la parte resolutiva

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio 2014, exp. 49299. 9 Tanto el artículo 285 como el 287 del CGP disponen que las solicitudes de aclaración y adición deben presentarse «dentro del tØrmino de ejecutoria de la providencia» . 10 Samai, ˝ndice 129.Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

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o en los considerandos que influyen directamente en ella, sin que se trate, por tanto,

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o en los considerandos que influyen directamente en ella, sin que se trate, por tanto, de un instrumento para reabrir el debate probatorio o jurídico ni para expresar inconformidad con el contenido del fallo, sino de una herramienta excep cional destinada a precisar el sentido literal de lo decidido, cuando ello resulte nece sario para su ejecución o comprensión11.

4.2.1. Definido el alcance de la figura de la aclaración, se observa que el ICBF la sustenta en tres aspectos: (i) la falta de integración del quorum decisorio al proferir el fallo de segunda instancia, por la no designación de conjuez tras la a ceptación del impedimento de uno de los magistrados que conforman la Sala; (ii) la supuesta imprecisión argumentativa en el anÆlisis de la vulneración del debido proceso, por considerar que no existió variación de cargos ni desconocimiento del principio de publicidad y contradicción de la prueba; y (iii) la referencia a la sociedad Colseguros S.A. en la parte resolutiva del fallo, pese a haber sido absorbida por Allianz Colombia S.A.

En relación con la supuesta falta de integración del quorum decisorio, la Sala advierte que el argumento planteado por la entidad no se enmarca en las hipótesi s previstas en el artículo 285 del CGP, toda vez que no se dirige a aclarar una expresión o concepto contenido en la parte resolutiva, sino a cuestionar la vali dez del procedimiento de adopción del fallo. Dicho reproche, por su naturaleza , constituye una inconformidad que desborda el Æmbito propio de la aclaración de

expresión o concepto contenido en la parte resolutiva, sino a cuestionar la vali dez del procedimiento de adopción del fallo. Dicho reproche, por su naturaleza , constituye una inconformidad que desborda el Æmbito propio de la aclaración de sentencias, razón por la cual no hay lugar a acoger el argumento del ICBF.

Sin perjuicio de lo anterior, se estima pertinente precisar que, contrario a lo afirmado por la entidad solicitante, la sentencia objeto de anÆlisis no fue objeto de salvamento de voto, sino de aclaración de voto, figuras que difieren sustancialmente entre sí, pues mientras la primera expresa disenso del magistrado con la decisión adoptada, al punto de no acompaæarla, la segunda implica adhesión al sentid o del fallo, aunque con matices o precisiones adicionales respecto de su motivación. En tal virtud, y conforme con lo previsto en el artículo 12812 del CPACA, la providencia fue adoptada vÆlidamente por la mayoría exigida, esto es, dos de los tres magistrados que integran la Subsección, teniendo en cuenta el impedimento manifestado por el magistrado NicolÆs Yepes Corrales, el cual se declaró fundado.

Frente a la petición de aclarar las supuestas imprecisiones advertidas en el anÆlisi s de la vulneración del debido proceso, debe destacarse que tampoco se con figura un motivo que habilite la procedencia de la figura procesal invocada, toda vez que

11 Consejo de Estado, Sección Primera, auto 17 de febrero de 2011, exp. 2004-00764-02 ; Sección Tercera, Subsección B, auto de 18 de octubre de 2018, exp. 57780; Sección Segunda, Subs ección

11 Consejo de Estado, Sección Primera, auto 17 de febrero de 2011, exp. 2004-00764-02 ; Sección Tercera, Subsección B, auto de 18 de octubre de 2018, exp. 57780; Sección Segunda, Subs ección A, auto del 6 de septiembre de 2018, exp. 1563-17; Sección Quinta, auto del 2 4 de junio de 2021, exp. 2021-00106-01. 12 «ART˝CULO 128. Quórum para otras decisiones en el Consejo de Estado. Toda decisión de carÆcter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tomen el Consejo de Estado en Pleno o cualquiera de sus salas, secciones, o subsecciones o los Tribunales Administrativos, o cualquiera de sus secciones, requerirÆ para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto favorable de la mayoría de sus miembros (…)».Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

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el ICBF no seæaló ninguna frase o concepto de la sentencia cuya redacció n generara ambigüedad o duda interpretativa y que, adicionalmente, tuviera incidencia en la parte resolutiva, sino que manifestó su desacuerdo con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por la Sala, aspectos que, de conformidad con el artículo 285 del CGP, exceden el Æmbito propio de la aclaración, por corresponder a cuestionamiento sobre el fondo de la decisión.

Finalmente, con respecto a la aclaración solicitada en torno a la referencia a

conformidad con el artículo 285 del CGP, exceden el Æmbito propio de la aclaración, por corresponder a cuestionamiento sobre el fondo de la decisión.

Finalmente, con respecto a la aclaración solicitada en torno a la referencia a Colseguros S.A. en la parte resolutiva, la Sala debe precisar que el seæalamiento de esa sociedad no obedece a un error de redacción ni a una e xpresión ambigua que genere incertidumbre sobre el alcance del fallo, sino a una modificació n sobreviniente en la situación jurídica de la sociedad mencionada, asunto que escapa al propósito de la aclaración de sentencias y que, valga advertir, no afecta el sentido ni la ejecutabilidad de la decisión, razón por la cual la solicitud tampoco estÆ llamada a prosperar.

Con todo lo anterior, forzoso es concluir que ninguna de las aclaraciones solicitadas por el ICBF cumple los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para su procedencia, por cuanto no se identificaron expresiones de la sentencia que ofrecieran verdadero motivo de duda ni que incidieran en su parte resolutiva, razón por la cual la Sala despacharÆ negativamente las aclaraciones planteadas.

4.3. En lo atinente a la adición de las providencias, el artículo 287 del CGP dispone lo siguiente:

«Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberÆ adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberÆ complementar la sentencia del inferior

pronunciamiento, deberÆ adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberÆ complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverÆ el expediente para que dicte sentencia complementaria […]».

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la adición de sentencias «habilita al juez o magistrado para pronunciarse sobre aspectos o temas que se plantearon, pero no fueron decididos, sin que esto implique una nueva oportunidad para abrir el debate probatorio o jurídico propio de la decisión que se adiciona, ya que, en caso contrario, la solicitud deberÆ ser rechazada por desnaturalizar el propósito de dicha figura»13.

4.3.1. Definido el alcance de la figura de adición, se observa que el ICBF la sustenta en la supuesta omisión de valoración de pruebas que, a su juicio, dem ostraban el respeto del debido proceso en la actuación administrativa sancionatoria.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 28 de septiembre de 202 3, exp. 1338-2020.Radicado: 76001-23-33-000-2013-00283-01 (55030)

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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Al punto, la Sala constata que la sentencia impugnada resolvió de manera expresa, completa y suficiente todos los aspectos sometidos a su conocimiento, valorando

Demandante: Ingredion Colombia S.A.

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Al punto, la Sala constata que la sentencia impugnada resolvió de manera expresa, completa y suficiente todos los aspectos sometidos a su conocimiento, valorando las pruebas allegadas al expediente y concluyendo, precisamente, que en el trÆmite administrativo sancionatorio adelantado por el ICBF no se observaron las garantías propias del debido proceso, por lo que no se evidencia omisión alguna que habilite la procedencia de la adición prevista en el artículo 287 del CGP, pues lo pretendido por la entidad equivaldría a reabrir el debate probatorio y jurídico ya d efinido, propósito incompatible con la naturaleza estrictamente complementaria de esta figura.

En ese orden de ideas, se despacharÆ negativamente la solicitud de adición elevada por el ICBF, por cuanto la sentencia objeto de anÆlisis no incurrió en om isión ni en falta de pronunciamiento sobre los extremos del litigio, sino que abordó y resolvió de manera íntegra los aspectos sometidos a su conocimiento, aunque no en la forma pretendida por dicho extremo procesal.

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencios o Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración y adición formulada por el ICBF respecto de la sentencia proferida el 16 de junio de 2025, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

en precedencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Presidente de la Sala Magistrada

CT2