CE - Auto interlocutorio 76001233300020170184501 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

Temas: Resuelve solicitud de aclaración y solicitud probatoria.

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración de la Sentencia de 2 de marzo de 2022 y una solicitud probatoria, presentados por Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Resuelve.

1. ANTECEDENTES

1. El 2 de marzo de 202 21, esta Subsección resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 22 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

2. En la parte motiva de esta providencia, al momento de determinar el grupo, se indicó que estaría conformado por los miembros de pueblo

que negó las pretensiones de la demanda.

2. En la parte motiva de esta providencia, al momento de determinar el grupo, se indicó que estaría conformado por los miembros de pueblo Wounaan de Aguaclara, Chanchajo y Chamapuro que se desplazaron el 24 de septiembre de 2014, entre el 27 y 29 de noviembre de 2014 y que retornaron sin garantías el 29 de noviembre de 2015 a su territorio; se agregó

1 Índice 40 en SAMAI.Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

2 de 6

que solo quienes estuvieron en condición de desplazamiento en Buenaventura padecieron los daños por los que se demandó y solo respecto a estas personas las causas de los daños fueron homogéneas.

3. Asimismo, se tuvo como miembros del grupo a quienes fueron censados por la Defensoría del Pueblo , cuyo contenido fue sistematizado por la UARIV, que determinó un máximo de personas afectadas de 405 (240 pertenecían a la comunidad de Ch achajo, 138 a Aguaclara y 27 a Chamapuro). En consecuencia, se ordenó a la Defensoría del Pueblo garantizar que el contenido de este censo se encontrara a disposición del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos con el fin de cumplir la Sentencia.

Chamapuro). En consecuencia, se ordenó a la Defensoría del Pueblo garantizar que el contenido de este censo se encontrara a disposición del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos con el fin de cumplir la Sentencia.

4. El 26 de marzo de 2025 2, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó una solicitud de aclaración y/o adición de Sentencia .

Indicó que no existe claridad respecto a cada uno de los demandantes a indemnizar, pues la providencia se refiere a un “censo presuntamente desconocido por la Defensoría del Pueblo ”. De tal manera, solicitó que se individualizara a las personas a indemni zar, se alleg ara el censo realizado por la Defensoría del Pueblo y se brind ara acceso total al expediente electrónico del proceso.

5. El 5 de junio de 2025 3, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos solicitó que se remit iera el “censo” por medio del cual se estimó el número de beneficiarios reconocidos en la sentencia de 2 de marzo de 2022; toda vez que , en la entidad , no obra ban antecedentes respecto de la conformación del grupo y desconocían los documentos que permitieran verificar las personas reconocidas como beneficiarias.

6. El 11 de agosto de 2025 4, en el marco de un procedimiento administrativo, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, mediante Auto, decretó la práctica de una prueba de oficio; donde solicitó que este Despacho allegara copia íntegra del “censo” que

2 Índice 88 en SAMAI. 3 Índice 94 en SAMAI.

Colectivos, mediante Auto, decretó la práctica de una prueba de oficio; donde solicitó que este Despacho allegara copia íntegra del “censo” que

2 Índice 88 en SAMAI. 3 Índice 94 en SAMAI. 4 Índice 96 en SAMAI.Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

3 de 6

sirvió de base para la identificación de los beneficiarios reconocidos en la Sentencia, en virtud del artículo 40 del CPACA. Manifestó que la entidad cumplía una función administrativa de “administrar y pagar” las indemnizaciones a los beneficiarios de las acciones de grupo y, en ejercicio de su labor, se comunicó con la UARIV para que allegara el censo por medio del cual se reconoció a un máximo de 405 personas afectadas, la cual indicó que no posee el censo oficial requerido.

7. Indicó que el Fondo no tiene conocimiento ni posee copia del censo completo que sirvió de base para la identificación de las 405 personas reconocidas como beneficiarias por esta Corporación y, dentro del expediente digital publicado en SAMAI solo se encuentra un informe incompleto remitido por la UARIV. De tal forma, en su criterio, existía incertidumbre sobre el procedimiento administrativo que se deb ía adelantar, específicamente respecto de los criterios de contar con información clara, completa y verificable para el cumplimiento efectivo de

incertidumbre sobre el procedimiento administrativo que se deb ía adelantar, específicamente respecto de los criterios de contar con información clara, completa y verificable para el cumplimiento efectivo de la sentencia, como lo son nombres y números de identificación de las personas reconocidas como beneficiarias. El asunto ingresó a este Despacho el 1 de abril de 2025.

2. CONSIDERACIONES

8. En esta providencia este Despacho se pronunciará respecto a la solicitud de aclaración y/o adición de Sentencia presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la solicitud probatoria allegada por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos , por resultar conexos.

9. En salvaguarda del principio de seguridad jurídica, las sentencias no son revocables ni reformables por el juez que las profirió 5; no obstante, de manera excepcional, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que el juez las aclare, corrija o adicione, de acuerdo con los artículos 285 a 286 del CGP (aplicables al presente caso).

5 Artículo 285 del Código General del Proceso (CGP).Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

4 de 6

10. De conformidad con el artículo 285 del CGP, las providencias pueden ser aclaradas, de oficio o a petición de parte, “formulada dentro del término

4 de 6

10. De conformidad con el artículo 285 del CGP, las providencias pueden ser aclaradas, de oficio o a petición de parte, “formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia ”, “cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la part e resolutiva de la sentencia o influyan en ella ”. De hecho, esta Corporación ha precisado que los conceptos o frases que se pueden aclarar “ no son los que surgen de dudas de las partes acerca de las afirmaciones del juez, sino aquellas provenientes de una redacción ininteligible o del alcance de un concepto o de frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que, como exige el artículo, estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”6.

11. En este caso el Despacho encuentra que la solicitud de aclaración fue presentada por fuera del término de ejecutoria de la providencia y; por tanto, resulta improcedente. No obstante, se resalta que la parte demandada, mediante la institución procesal invocada, no pretende aclarar puntos confusos en la providencia ; sino solicitar que se allegue una lista con todos los nombres de las personas beneficiadas con la providencia, el censo realizado por la Defensoría del Pueblo y el acceso a SAMAI por parte de la entidad, lo cual excede el fin de la solicitud de aclaración.

12. Por su parte, el artículo 287 del CG P establece que las providencias pueden ser adicionadas cuando se “omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”.

pueden ser adicionadas cuando se “omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”.

13. En relación con esta solicitud, se observa que también se realizó por fuera del término establecido para ello y, asimismo, la Sentencia no omitió el estudio de algún argumento de la parte demandada o que debería ser objeto de pronunciamiento. En este sentido, se advierte que la solicitud de aclaración y/o adición será declarada improcedente por haber sido presentada por fuera del término legal.

6 Consejo de Estado . Sección Cuarta. Auto de 4 de noviembre de 2010 . Rad. 25000-23-27-000-2007-00193-01 (17.461).Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

5 de 6

14. En gracia de discusión, si bien la solicitud es improcedente, esta Sala debe recalcar que la Sentencia estableció, de manera categórica, tanto en la parte motiva 7 como en la resolutiva 8, que la entidad encargada de proveer el censo9 con todas las personas beneficiarias de la indemnización era la Defensoría del Pueblo, cuyo número máximo de beneficiarios no podría exceder el establecido en la parte motiva y resolutiva de la providencia.

15. En esa medida, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses

era la Defensoría del Pueblo, cuyo número máximo de beneficiarios no podría exceder el establecido en la parte motiva y resolutiva de la providencia.

15. En esa medida, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y la parte demandada no pueden requerir a esta Sala para que les remita tal prueba o peor aún, para que , en esta etapa , decrete y practique una prueba , pues, conforme con lo establecido en la providencia, quien debe dejar a disposición la prueba es la Defensoría del Pueblo. Luego, es esta autoridad quien, por todos los medios posibles, debe actuar y cumplir la orden judicial.

16. Por tal razón, este Despacho negará la solicitud probatoria presentada por el Fondo, ya que, se insiste, la entidad que realizó el censo que sirvió de base para adoptar el fallo y que , además, recibió una orden consistente en dejar a disposición del Fondo el censo “con el fin de garantizar el control en el pago de las indemnizaciones individu ales” fue la

Defensoría del Pueblo.

Este Despacho, en consecuencia,

7 “Todos ellos quedaron registrados en el censo levantado por la Defensoría del Pueblo, según lo probado en el proceso. En consecuencia, se ordenará a esa entidad garantizar que dicho censo esté a disposición del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intere ses Colectivos, con el fin de garantizar el control en el pago de las indemnizaciones individuales”. 8 “TERCERO: (…) Se indemnizarán máximo 405 individuos. Se ORDENA a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que asegure al FONDO el acceso al Censo de las víctimas del desplazamiento por el que se impuso esta condena. Una vez

8 “TERCERO: (…) Se indemnizarán máximo 405 individuos. Se ORDENA a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que asegure al FONDO el acceso al Censo de las víctimas del desplazamiento por el que se impuso esta condena. Una vez finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEVOLVERÁ el dinero sobrante a la entidad demandada, en cumplimiento de lo DISPUESTO en el artículo 65.3 de la Ley 472 de 1998”. 9 Cuyo contenido no fue discutido por la parte demandada a lo largo del proceso y, en esta instancia procesal, no resulta procedente discutirlo.Radicación: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64.094) Demandante: Comunidad Unión Aguaclara, Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de grupo (Ley 472 de 1998)

6 de 6

3. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de aclaración y/o adición de la Sentencia de 2 de marzo de 2022, presentada por el apoderado de la parte demandada, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud probatoria realizada por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia mediante estado electrónico, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de Ley 2080 de 2021.

TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia mediante estado electrónico, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de Ley 2080 de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

FCG