CE - Auto interlocutorio 76001233300020220091001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandadas: Trinidad Pizarro Barbosa

Asunto: Apelación contra auto que decide una medida cautelar

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Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 6 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, por medio de l cual se negó la medida cautelar de suspensión de los actos acusados.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) RDP 18241 del 10 de junio

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) RDP 18241 del 10 de junio de 2014 mediante la cual reconoció una pensión de vejez a Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco a partir del 1 de enero de 2014 ; y ii) RDP 31557 del 16 de octubre de 2014, a través de la cual reconoció una pensión de sobreviviente en favor de Trinidad Pizarro Barbosa, en calidad de cónyuge del causante , a partir del 2 de junio de 2014.

1 En adelante UGPP. 2 En adelante CPACA.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

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2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la restitución de los valores pagados, debidamente indexados, con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez y su sustitución, la cual desconoció las normas que rigen la materia; y que se condenara en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La entidad demandante señaló como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco nació el 20 de abril de 1955 y prestó sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario3 desde el 24 de mayo de 1982 hasta el 31 de julio de 2009 con aportes a Cajanal y desde el 1 de agosto

sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario3 desde el 24 de mayo de 1982 hasta el 31 de julio de 2009 con aportes a Cajanal y desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de mayo de 2014 con aportes al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. El último cargo desempeñado fue de dragoneante en Bogotá.

3.2. A través de la Resolución RDP 18241 del 10 de junio de 2014 la Ugpp reconoció pensión mensual vitalicia de vejez a favor de Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco, de conformidad con lo establecido en la Ley 32 de 1986 por haber laborado más de 20 años «en cargos de excepción » y efectuó la liquidación con el 75% del promedio de salarios cotizados entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2013.

3.3. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco falleció el 1 de junio de 2014 y mediante Resolución RDP 31557 del 16 de octubre de 2014 la entidad reconoció pensión de sobreviviente en cuantía del 100% de lo que devengaba el causante a favor de Trinidad Pizarro Barbosa, en calidad de cónyuge, a partir del 2 de junio de 2014.

3.4. Mediante la Resolución RDP 22387 del 14 de junio de 2016 la Ugpp negó la reliquidación de la pensión de sobreviviente a Trinidad Pizarro Barbosa por no tener nuevos elementos de juicio que implicaran modificar la decisión inicial; posteriormente, por medio de auto ADP 8488 del 7 de noviembre de 2017 aclaró que el acto referido resolvió de fondo la petición presentada.

nuevos elementos de juicio que implicaran modificar la decisión inicial; posteriormente, por medio de auto ADP 8488 del 7 de noviembre de 2017 aclaró que el acto referido resolvió de fondo la petición presentada.

3.5. A través de la Resolución RDP 797 del 12 de enero de 2018 la Ugpp negó la reliquidación de la pensión de vejez postmortem a la demandada, en atención a que la prestación debía ser liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y factores salariales del Decreto 1158 de 1994, por lo que la liquidación arrojaba un valor inferior al que percibía.

3.6. Finalmente, por medio de la Resolución RDP 12911 del 12 de abril de 2018 la entidad resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar en todas sus

3 En adelante Inpec.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

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partes la Resolución RDP 797 de 2018 . Asimismo, que el causante no era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, le reconoció una pensión de vejez bajo el régimen especial del Inpec, razón por la cual, remitió el asunto al «grupo de lesividad» , para que allí se tomaran las acciones pertinentes.

1.2. Solicitud de medida cautelar

4. La entidad demandante solicitó la suspensión provisional de los actos acusados,

con fundamento en los siguientes argumentos:

tomaran las acciones pertinentes.

1.2. Solicitud de medida cautelar

4. La entidad demandante solicitó la suspensión provisional de los actos acusados,

con fundamento en los siguientes argumentos:

4.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco no cumplía con los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ya que a la entrada en vigor de dicha ley -1 de abril de 199 4-, no tenía 15 años de servicio ni 40 años de edad «como lo exige el artículo 36 ibidem para ser beneficiario del régimen de transición allí establecido, comoquiera que los 20 años de servicio en cargos de excepción del Inpec los cumplió el 03 de Julio de 2002, en vigencia del Decreto 407 de 1994, que exige 20 años de servicio sin edad y haber cumplido los requisitos de la transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, para ser beneficiario del régimen especial para los servidores del INPEC establecido en la Ley 32 de 1986».

4.2. De conformidad con el certificado de información laboral 2903 de fecha 20 de octubre de 2016 se observa que el causante a partir del 1 de agosto de 2009 realizó aportes a pensión al Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Colpensiones, por lo tanto, en el evento en que el causante cumpla con los requisitos señalados en los artículos 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003 y si a ello hubiera lugar la entidad competente para el reconocimiento de la pensión de vejez es Colpensiones y no la Ugpp.

1.4. Oposición de la medida cautelar

5. Trinidad Pizarro Barbosa se opuso a la medida cautelar presentada. Al respecto,

competente para el reconocimiento de la pensión de vejez es Colpensiones y no la Ugpp.

1.4. Oposición de la medida cautelar

5. Trinidad Pizarro Barbosa se opuso a la medida cautelar presentada. Al respecto,

indicó lo siguiente:

5.1. «El aparente, pero inexistente daño nace de la errada expedición de un acto administrativo por parte de la demandante UGPP, la Entidad no niega que el ciudadano es beneficiario de una prestación especial de pensión de jubilación, él no estaba obligado a saber bajo que sustento normativo o de la competencia del fondo de pensiones. Una medida cautelar que prive a su sobreviviente de sus ingresos, del mínimo vital, en t odo caso será irrazonable y desproporcionado, por más legal y formal que parezca».

5.2. «No es justificable que se suspenda el acto administrativo demandado que implicaría la sustracción del derecho a recibir mesadas pensionales, que constituyen el mínimo vital del demandado y la única posibilidad de sobrevivencia general. No se ve necesaria o útil para proteger o garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de laRadicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

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sentencia; toda vez que de llegarse a producir en el sentido que la invoca la demandante, el efecto causaría mayor daño a las partes».

5.3. De accederse a las pretensiones de la demanda, Colpensiones tendría que reconocer la pensión de sobrevivientes «con aplicación de numeral distinto de la norma

el efecto causaría mayor daño a las partes».

5.3. De accederse a las pretensiones de la demanda, Colpensiones tendría que reconocer la pensión de sobrevivientes «con aplicación de numeral distinto de la norma y si estuviese suspendida se debería pagar retroactivamente las mesadas dejadas de pagar con el ajuste que la sentencia ordene y sería COLPENSIONES la entidad que debería compensar las mesadas pagadas a través del acto administrativo erradamente expedido por UGPP. Con seguridad causando un mayor daño al causante y a los intereses económicos del Estado, mayor lesividad, que son el objeto del que se duele la demandante, pero no contribuyendo en nada para garantizar la efectividad de la sentencia».

5.4. La medida cautelar no cumple con los requisitos para ser decretada porque el acto demandado «se expidió con fundamento en el contenido de la Ley 32 de 1986, que erige un régimen de pensión de jubilación especial y exceptuado para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC. Si bien denomina la prestación como mensual vitalicia de vejez y se fundamenta en normas generales de pensión y no en las normas específicas de este régimen, finalmente lo que interesa es que reconoce materialmente el derecho que le asiste a mi mandante y se condiciona su renuncia servicio activo para incluirlo en nómina».

5.5. De las pruebas aportadas «no se identifica algún tipo de fraude o inducción a error por parte del ciudadano, quien en ejercicio del principio constitucional de confianza legítima causa un derecho para su beneficiaria, quien hoy recibe una humilde mesada pensional, pero que le aseguran su mínimo vital».

1.5. Auto objeto de recurso de apelación

causa un derecho para su beneficiaria, quien hoy recibe una humilde mesada pensional, pero que le aseguran su mínimo vital».

1.5. Auto objeto de recurso de apelación

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 6 de agosto de 2024, negó la medida cautelar con fundamento en las siguientes razones:

6.1. Del análisis de la medida cautelar y su oposición se observó que existía una controversia respecto de la aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1933 para el personal de custodia del Inpec, sin embargo, no se demostró de manera clara y contundente que los actos administrativos demandados fueran contrarios a las disposiciones legales y constitucionales invocadas en la demanda.

6.2. La entidad demandante no precisó la violación de normas de carácter constitucional, pues se limitó a indicar que se habían desconocido los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 96 de la Ley 32 de 1986, el Decreto 407 de 1994 y el Acto legislativo 001 de 2005, sin haber realizado la confrontación con los actos demandados.

6.3. No se tienen los elementos suficientes para determinar si los actos demandados son legales o no, pues para ello se requiere un análisis riguroso que supera el simple cotejo o confrontación de las normas invocadas.

6.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que para suspender actosRadicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

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administrativos debe indicarse de forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente contrariadas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida, omitiendo la confrontación normativa.

6.5. Comoquiera que no se cumplieron los requisitos necesarios para decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados y no se evidenció una violación clara y contundente de las normas invocadas , se negó la medida cautelar solicitada.

1.6. Recursos de reposición y apelación

7. La Ugpp interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación con

fundamento en los siguientes argumentos:

7.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio no cumplió con los requisitos para beneficiarse del régimen establecido en la Ley 32 de 1986, pues no se encontraba en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que a la entrada en vigor de esta norma no tenía 15 de años de servicio ni 40 años de edad.

7.2. La medida cautelar busca prevenir un perjuicio irremediable al patrimonio público, evitando el pago indebido de una pensión a una persona que no es beneficiaria del régimen especial.

1.7. Auto que resolvió el recurso de reposición y dio t rámite al recurso de apelación

8. Mediante auto del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no repuso la decisión recurrida por las siguientes razones:

apelación

8. Mediante auto del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no repuso la decisión recurrida por las siguientes razones:

8.1. La entidad demandante no logró acreditar la violación directa y evidente de las normas con stitucionales y legales invocadas en la demanda ni en la medida cautelar.

8.2. La Ugpp en la solicitud de suspensión provisional y en el escrito del recurso de reposición, se limitó solo a citar las disposiciones vulneradas , sin hacer un mayor análisis.

8.3. En ausencia de una demostración clara y manifiesta de la vulneración alegada, y en consideración de l carácter excepcional de la medida cautelar solicitada, no resulta procedente revocar el auto que negó la suspensión provisional de las resoluciones que reconocieron las pensiones.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

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9. Ahora bien, por encontrarlo procedente e interpuesto dentro del término legal, concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto que negó la solicitud de medida cautelar, de conformidad con los artículos 125, 150 y 243 del CPACA. Asimismo, por el criterio de especialización laboral, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 20194.

2.2. El problema jurídico

125, 150 y 243 del CPACA. Asimismo, por el criterio de especialización laboral, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 20194.

2.2. El problema jurídico

11. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante : ¿hay lugar a decretar la medida de suspensión provisional de las resoluciones RDP 18241 del 10 de junio de 2014 mediante la cual reconoció una pensión de vejez en favor de Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco a partir del 1 de enero de 2014 y RDP 31557 del 16 de octubre de 2014, a través de la cual reconoció una pensión de sobrev iviente en favor de Trinidad Pizarro Barbosa, en calidad de cónyuge del causante, a partir del 2 de junio de 2014, por haberse aplicado el régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986?

12. Con miras a resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente estructura expositiva: primero, se precisarán algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso–administrativo; y segundo, se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

2.3. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo

13. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

14. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para

del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

14. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un

4 Reglamento del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

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mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

15. Esta normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse esto s. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el resta blecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

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3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»

16. De las normas antes analizadas 5 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole materi al, y (iii) requisitos de

procedencia específicos6. Veamos:

16.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de « índole formal », en la medida en que solo requieren una

16.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de « índole formal », en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen p or finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la Jurisdicción de lo contencioso administrativo 7; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos en los que opera de oficio8.

16.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalme nte el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 9; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda10.

5 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231.

efectividad de la sentencia 9; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda10.

5 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 6 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente 11001 -03-25-000-2014-00942-00. Interno: 2905-2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 7 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 8 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 10 Artículo 230, Ley 1437 de 2011.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

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16.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandadomedida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda 11 así: (a) si

de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandadomedida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda 11 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 12; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios13.

16.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 14de la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariame nte, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el actor haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, de no otorgarse la medida, se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para

juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, de no otorgarse la medida, se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no concederse los efectos de la sentencia serían nugatorios15.

17. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que , por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso.

Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate,

11 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes p ara el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 12 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 13 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 14 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 15 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

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en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello

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en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

18. Teniendo claridad en lo relacionado con las medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso-administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

2.5. Solución del caso concreto

19. La Ugpp aseveró que se deben suspender los efectos de los actos acusados al considerar que se le aplicó indebidamente el régimen pensional del Inpec , establecido en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, pues el causante no cumplía con los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al no tener 15 años de servicio ni 40 años de edad al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la ley.

20. A efectos de resolver la solicitud de suspensión provisional, la Sala considera necesario exponer los siguientes antecedentes normativos y jurisprudenciales del régimen pensional de los servidores del Inpec.

21. El artículo 96 de la Ley 32 de 1986 16 dispuso que «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de

21. El artículo 96 de la Ley 32 de 1986 16 dispuso que «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad».

22. En este sentido , el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 17 aclaró que «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de l a pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 […]». Así, el artículo 127 ibidem dispone que para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones y derechos consagrados en este decreto, las categorías de oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados:

«a) Categoría de oficiales:

1. Comandante Superior.

2. Mayor.

3. Capitán.

4. Teniente;

16 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia» 17 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario».Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-01 (5910-2024)

Demandante: Ugpp

11

b) Categoría de Suboficiales:

1. Inspector Jefe.

Demandante: Ugpp

11

b) Categoría de Suboficiales:

1. Inspector Jefe.

2. Inspec