CE - Auto interlocutorio 76001233300020250068401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Parpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali

AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD

El despacho procede a resolver lo pertinente en el presente trámite constitucional, remitido para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de octubre de 2025, por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca .

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

1. La señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán, en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia, presentó escrito de tutela 1 con la pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, eficacia y supremacía de la solicitud de amparo , seguridad jurídica y confianza legítima, que consideró vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, con ocasión de los autos núms. 659 del 10 de septiembre de 2025 y 716 del 1 de octubre siguiente, proferidos dentro

Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, con ocasión de los autos núms. 659 del 10 de septiembre de 2025 y 716 del 1 de octubre siguiente, proferidos dentro del trámite de desacato iniciado en el curso de la acción de tutela radicada al número 76001-33-33-005-2025-00213-00.

1.2. Hechos relevantes y pretensiones

2. La accionante, en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia, radicó acción de tutela en contra de la Nueva EPS y la Clínica Rafael Uribe

1 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 2, 1ED_01TutelayAnexoszip(.zip) NroActua 3 , DEMANDA_8_10_2025, 8_29_47.pdf.Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

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Uribe con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

3. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali profirió sentencia , el 12 de agosto de 2025, en la que amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida del señor Orlando Martínez Murcia. En consecuencia, le ordenó a la Nueva EPS que hiciera efectivo el traslado del paciente a una institución de cuarto nivel que hiciera parte de la red hos pitalaria, y, en su

fundamentales a la salud y a la vida del señor Orlando Martínez Murcia. En consecuencia, le ordenó a la Nueva EPS que hiciera efectivo el traslado del paciente a una institución de cuarto nivel que hiciera parte de la red hos pitalaria, y, en su defecto, que contratara a una Institución Prestadora de Salud (IPS) externa que llevara a cabo la cirugía cardi ovascular que le fue ordenada a este . Igualmente resolvió que esta debía garantizarle una prestación del servicio integral de conformidad con su diagnóstico. Por su parte, dispuso que la Clínica Rafael Uribe Uribe debía practicarle una valoración al paciente con el fin de determinar si este requería de insumos médicos.

4. La parte accionante y la Clínica Rafael Uribe Uribe impugnaron la anterior decisión. El expediente fue remitido al Tribunal para lo pertinente.

5. Con ocasión al incumplimiento de la orden judicial dictada en primera instancia, la parte actora inició incidente de desacato. En razón a ello, el Juzgado dictó el auto núm. 565 del 21 de agosto de 2025 en el que abrió incidente de desacato contra los señores Luis Fernando Bernal Jaramillo, representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS y José Fernando Huertas Gamboa, representante legal de la Clínica Rafael Uribe Uribe.

6. Posteriormente, mediante auto núm. 596 del 29 de agosto de 2025, se impuso sanción en contra del señor Luis Fernando Bernal Jaramillo, en su calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, equivalente a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y se ordenó

impuso sanción en contra del señor Luis Fernando Bernal Jaramillo, en su calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, equivalente a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y se ordenó informar dicha decisión al señor Bernardo Armado Camacho Rodríguez , agente especial e interventor de la Nueva EPS. Por su parte, se cerró el trámite sancionatorio respecto del señor José Fernando Huertas Gamboa, re presentante legal de la Clínica Rafael Uribe Uribe.

7. Esta decisión se le remitió en consulta al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que la confirmó a través del auto núm. 140 del 5 de septiembre siguiente.

Sin embargo, mediante auto núm. 659 del 10 de septiembre de 2025 , el Juzgado inaplicó la sanción impuesta al señor Luis Fernando Bernal Jaramillo y dio por terminado el trámite incidental respecto de la Nueva EPS. Concretamente, a juicio del Juzgado la sanción se impuso cuando el referido ya no ostentaba la condición de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de esta última, en atención a que su vínculo contractual finalizó el 18 de agosto anterior. En este orden, correspondería requerir al funcionario competente, de no ser porque el señorRadicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

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Orlando Martínez Murcia falleció, motivo por el que se abstuvo de dar inicio al trámite

señor Orlando Martínez Murcia

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Orlando Martínez Murcia falleció, motivo por el que se abstuvo de dar inicio al trámite incidental.

8. Inconforme con esto, la señora María Josefina Mendoza, el 16 de septiembre de 2025, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que inaplicó la sanción, pero este se rechazó por improcedente en el auto núm. 716 del 1 de octubre de 2025.

9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 18 de septiembre de 2025, en la que modificó lo decidido en punto al amparo de los derechos fundamentales del señor Orlando Martínez Murcia y, en su orden, declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, en atención a que el titular de los derechos falleció. En lo demás, confirmó la sentencia de primera instancia.

10. Ahora bien, en sede de la presente acción de tutela, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales. Además, pidió que se declare la nulidad de los autos núms. 659 del 10 de septiembre de 2025 y 716 del 1 de octubre siguiente para, en su lugar, mantener incólume la sanción impuesta mediante el auto núm. 596 del 29 de agosto de 2025, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en grado jurisdiccional de consulta.

11. Asimismo, reclamó que, subsidiariamente, en caso de que no se acogiera lo anterior, se aplicara la sanción de desacato frente al nuevo funcionario de la Nueva

Valle del Cauca en grado jurisdiccional de consulta.

11. Asimismo, reclamó que, subsidiariamente, en caso de que no se acogiera lo anterior, se aplicara la sanción de desacato frente al nuevo funcionario de la Nueva EPS. Igualmente pidió que se exhortara a esta y a la Clínica Rafael Uribe Uribe para que adoptaran medidas encaminadas a prevenir las conductas omisivas y que se compulsara copias a la Nación, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Superintendencia Nacional de Salud para que adelantaran las investigaciones correspondientes.

1.3. Tramite de primera instancia

12. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado número 76001-23-33-0002025-00684-00, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El magistrado sustanciador2 avocó el conocimiento de esta acción de tutela mediante auto del 8 de octubre de 20253, ordenó notificar al despacho accionado y al Ministerio Público.

En este orden, únicamente el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali rindió informe de contestación4.

2 Oscar Alonso Valero Nisimblat 3 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 5. 4 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 9, 7Contestacionde_106_Constanciasecr_C(.pdf) NroActua 9.Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

9.Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

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13. Posteriormente, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 profirió sentencia el 27 de octubre de 20256 en la que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional. En contra de la anterior decisión, la parte tutelante presentó recurso de impugnación 7 que fue concedido en auto del 7 de noviembre de la misma anualidad8.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Nulidad por indebida integración del contradictorio y deber de vinculación y de notificación

14. De acuerdo con la Corte Constitucional, los derechos a la contradicción y a la defensa, dentro de un proceso judicial, hacen parte esencial del derecho fundamental al debido proceso. En ejercicio de estos, las personas pueden presentar sus propios argumentos y tienen la posibilidad de participar en el debate probatorio9. En términos del alto tribunal, estas garantías refieren «a la posibilidad de presentar las razones y las consideraciones pertinentes, y también a la facultad que tiene una persona para participar en la prueba»10.

15. Ahora bien, la integración del contradictorio también hace parte de las garantías esenciales del derecho al debido proceso, en la medida en que permite materializar los derechos a la defensa y contradicción. Por tal razón, para la Corte, el juez de tutela

15. Ahora bien, la integración del contradictorio también hace parte de las garantías esenciales del derecho al debido proceso, en la medida en que permite materializar los derechos a la defensa y contradicción. Por tal razón, para la Corte, el juez de tutela «tiene la obligación de integrar debidamente el contradictorio, es decir, notificar y vincular a las partes y a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso»11.

16. Además, la Corte Constitucional ha indicado que cuando el juez de primera instancia omite vincular a todo el contradictorio, existen dos opciones, a saber12:

La indebida integración del contradictorio no implica, per se, la invalidación del trámite y tampoco obliga al juez de segunda instancia o a la Corte Constitucional a retrotraer las actuaciones en todos los casos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos alternativas cuando se constata la indebida integración del contradictorio. Primero, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y la consecuente devolución del proceso al juez de primera instancia, para que se corrijan los errores procesales y se inicie nuevamente la actuación “con la concurrencia de la parte que no fue vinculada”. Segundo, la integración el contradictorio por medio de la vinculación del tercero con interés.

5 Integrada por los magistrados Óscar Alonso Valero Nisimblat , Patricia Feuillet Palomares y Luz Elena Sierra Valencia. 6 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 11. 7 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 17. 8 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 18. 9 Corte Constitucional, auto 1087 de 2022.

7 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 17. 8 Samai, exp. 76001233300020250068400, índice 18. 9 Corte Constitucional, auto 1087 de 2022. 10 Ibidem. 11 Corte Constitucional, auto 553 de 2021. 12 Corte Constitucional, auto A553 de 2021.Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

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17. Seguidamente, la Corte explicó que la vinculación en segunda instancia solo procede en casos excepcionales. Al respecto advirtió13:

El juez de segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión sólo pueden optar por la vinculación, sin necesidad de decretar la nulidad, cuando: (i) a pesar de la indebida integración del contradictorio existe una necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, o (ii) las circunstancias que dan lugar a la vinculación son posteriores a las decisiones de instancia y, por tanto, no era posible exigirle al juez de primera instancia notificar a terceros cuyo interés no era deducible del expediente. En este evento, la vinculación es procedente pues no supone una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del tercero vinculado.

18. En cuanto a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite

de tutela, la Corte argumentó que:

Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia

18. En cuanto a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite

de tutela, la Corte argumentó que:

Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la vida, la salud o la integridad física, o cuando están involucrados personas que son objeto de especial protección constitucional o personas en debilidad manifiesta, como la mujer cabeza de familia, los menores o las personas de edad avanzada, la Corte ha procedido a tramitar de manera directa el incidente de nulidad, con la integración directa del contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto.

19. El artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 no establecen causales de nulidad procesal, sus consecuencias o el procedimiento para solicitarlas o declararlas en trámites de tutela. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha definido que eso no significa que en el trámite de la solicitud de amparo no se puedan configurar irregularidades o vicios que afecten su validez y que impliquen un desconocimiento de las garantías del debido proceso de los sujetos que intervienen14.

20. De esta manera, la Corte ha precisado que, por analogía, se pueden aplicar las causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso

(CGP), siempre que no sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de tutela.

causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), siempre que no sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de tutela.

21. El artículo 61 del CGP dispone que es obligación para el juez notificar y dar traslado «a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado». Por su parte el artículo 133 de la misma codificación contiene, en su numeral 8, la causal de nulidad consistente en que:

13 Ibidem 14 Corte Constitucional. Sentencia T-661 de 2014.Radicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

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8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas , aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

2.2. Caso concreto

22. En el asunto bajo estudio, el despacho revisó el trámite dado a la presente acción por la primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y advirtió que no se vincularon, como terceros con interés, a la Nueva EPS, a Luis Fernando Bernal Jaramillo, a Bernardo Armando Camacho Rodríguez, a la Clínica Rafael Uribe Uribe y a José Fernando Huertas Gamboa. En general, únicamente se avocó el conocimiento de la acción constitucional en contra del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, pero no se vinculó y, por tanto, no se notificó a quienes fueron partes en la solicitud de amparo radicada al número 76001-33-33-005-2025-00213-00 y en el incidente de desacato formulado por la aquí accionante, en el que se profirieron las decisiones objeto de esta acción constitucional.

23. Pues bien, en atención al marco normativo y jurisprudencial contenido en esta providencia, el despacho encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió vincular al asunto de la referencia a las personas naturales y jurídicas referidas, y notificarles el auto admisorio del 8 de octubre de 2025 con la finalidad de integrar debidamente el contradictorio.

debió vincular al asunto de la referencia a las personas naturales y jurídicas referidas, y notificarles el auto admisorio del 8 de octubre de 2025 con la finalidad de integrar debidamente el contradictorio.

24. Lo anterior, en la medida en que, como quedó expuesto en los antecedentes, la Nueva EPS y la Clínica Rafael Uribe Uribe fueron accionadas en la solicitud de amparo radicada al número 76001-33-33-005-2025-00213-00, y a estas el Juzgado accionado les dictó órdenes concretas. En razón a ello , fue que esta autoridad judicial abrió incidente de desacato contra los señores Luis Fernando Bernal Jaramillo, representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS y José Fernando Huertas Gamboa, representante legal de la Clínica Rafael Uribe Uribe. Si bien este se cerró respecto de este último, el primero fue sancionado y, posteriormente, mediante el auto enjuiciado en este trámite se ordenó inaplicar la sanción impuesta en su contra.

25. Por consiguiente, se advierte que cualquier decisión que se profiera en este asunto tendría injerencia en los derechos fundamentales de quienes hicieron parteRadicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del

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del trámite incidental, máxime cuando los defectos que se le atribuyen a los autos están directamente relacionados con la representación y responsabilidad personal del representante legal de la Nueva EPS, aun en un escenario de terminación del

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del trámite incidental, máxime cuando los defectos que se le atribuyen a los autos están directamente relacionados con la representación y responsabilidad personal del representante legal de la Nueva EPS, aun en un escenario de terminación del vínculo contractual.

26. En ese orden, debido a que se configuró la causal descrita en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, se declarará la nulidad de todo lo actuado en el presente expediente con posterioridad a las notificaciones del auto admisorio del 8 de octubre de 2025, con el fin de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proceda a garantizar la debida vinculación de la Nueva EPS, de Luis Fernando Bernal Jaramillo, de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, de la Clínica Rafael Uribe Uribe y de José Fernando Huertas Gamboa. Esto es, de forma general, quienes hicieron parte de la acción de tutela radicada al número 76001-33-33-005-2025-00213-00 y su correspondiente incidente de desacato.

27. Por las razones expuestas, este despacho de la Subsección B de la Sección

Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado en el trámite de la referencia, con posterioridad a las notificaciones del auto admisorio del 8 de octubre de 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que vincule al presente trámite a la Nueva EPS, a Luis Fernando Bernal Jaramillo, a Bernardo Armando Camacho Rodríguez, a la Clínica Rafael Uribe Uribe y a José Fernando

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que vincule al presente trámite a la Nueva EPS, a Luis Fernando Bernal Jaramillo, a Bernardo Armando Camacho Rodríguez, a la Clínica Rafael Uribe Uribe y a José Fernando Huertas Gamboa y, en general, a quienes hicieron parte de la acción de tutela radicada al número 76001 -33-33-005-2025-00213-00 y su correspondiente incidente de desacato, y se asegure su debida notificación, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER por intermedio de la Secretaría General, el presente expediente al despacho de origen.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito posible.

Notifíquese y Cúmplase

(Firmado electrónicamente) ELIZABETH BECERRA CORNEJO MagistradaRadicado: 76001-23-33-000-2025-00684-01 (11231) Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán en calidad de agente oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia

Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx