CE - Auto interlocutorio 76001233300220160086701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1

Demandadas: Claudia Clavijo Noreña como sucesora procesal de Víctor Mario

Quijano Villaquiran

Asunto: Medida cautelar, retroactivo pensional, requisitos de la apelación para ser decidida, apelación fallida

Auto interlocutorio __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 20 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, por medio del cual se negó la medida cautelar de suspensión del acto acusado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que

1. Colpensiones presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a Víctor

Mario Quijano Villaquirán.

1 En adelante Colpensiones. 2 En adelante CPACA.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho solicitó la devolución de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales y aportes en salud, debidamente actualizadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La entidad demandante señaló como hechos relevantes los siguientes:

3.1. En la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013 Colpensiones reconoció una pensión de vejez a favor de Víctor Mario Quijano Villaquirán. Dicho reconocimiento se produjo pese a que, de conformidad con el expediente pensional y la información reportada por la administradora de fondos Porvenir S.A., el beneficiario se encontraba afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad 3 que hacía improcedente su reconocimiento.

3.2. A raíz de la verificación posterior de esta irregularidad, Colpensiones adelantó las gestiones administrativas tendientes a obtener la revocatoria directa del acto, en

que hacía improcedente su reconocimiento.

3.2. A raíz de la verificación posterior de esta irregularidad, Colpensiones adelantó las gestiones administrativas tendientes a obtener la revocatoria directa del acto, en atención al procedimiento previsto en el artículo 93 del CPACA. Sin embargo, tales actuaciones no prosperaron, al no contar con la autorización expresa del beneficiario. Por consiguiente, la entidad promovió el presente medio de control, encaminado a obtener la declaratoria de nulidad del acto enjuiciado.

1.1.3. Concepto de violación

4. Se indicó como concepto de violación lo siguiente:

4.1. La pensión de vejez reconocida mediante la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013 se efectuó en contravía de los preceptos constitucionales y legales que regulaban la competencia de las administradoras de pensiones en el sistema colombiano. Para la fecha de dicho reconocimiento, Víctor Mario Quijano Villaquirán se encontraba afiliado al RAIS, circunstancia que excluía la posibilidad de que Colpensiones, entidad del régimen de prima media con prestación definida 4, efectuara dicho reconocimiento pensional.

4.2. Esta situación conllevó una vulneración del principio de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, al generar un egreso de recursos públicos no justificado, en detrimento del equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones y, en consecuencia, de los derechos de todos sus afiliados.

4.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1299 de 1994, los afiliados al RAIS tienen derecho a recibir prestaciones únicamente bajo las

General de Pensiones y, en consecuencia, de los derechos de todos sus afiliados.

4.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1299 de 1994, los afiliados al RAIS tienen derecho a recibir prestaciones únicamente bajo las condiciones y reglas propias de ese régimen. El reconocimiento de una pensión bajo

3 En adelante RAIS. 4 En adelante RPM.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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parámetros distintos a los allí establecidos contraviene las disposiciones de afiliación y competencia previstas en la Ley 100 de 1993.

1.2. Solicitud de medida cautelar

5. La entidad demandante solicitó la suspensión provisional de l acto acusado, con

fundamento en los siguientes argumentos:

5.1. La nulidad de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013 se encuentra razonablemente fundada porque dicho acto administrativo se expidió en contravía de lo dispuesto en los artículos 10, 12, 13 literal b, 16, 31 y 32 de la Ley 100 de 1993, así como de las disposiciones contenidas en los Decretos 692 y 1299 de 1994.

5.2. La resolución demandada se apartó del marco normativo que rige el sistema general de pensiones porque el reconocimiento de la pensión de vejez debía corresponder a Porvenir SA, entidad administradora de RAIS a la cual se encontraba afiliado el beneficiario al momento del reconocimiento. Este desconocimiento de las nor mas de competencia legal implicó una trasgresión directa al orden jurídico vigente.

corresponder a Porvenir SA, entidad administradora de RAIS a la cual se encontraba afiliado el beneficiario al momento del reconocimiento. Este desconocimiento de las nor mas de competencia legal implicó una trasgresión directa al orden jurídico vigente.

5.3. El pago de una prestación pensional reconocida sin cumplimiento de los requisitos legales genera un detrimento económico al sistema general de pensiones y a los recursos de naturaleza parafiscal que lo conforman. Este perjuicio compromete principios estructurales del sistema, como la eficiencia, la solidaridad y la universalidad.

5.4. La solicitud de la medida cautelar tiene como finalidad evitar un perjuicio irremediable del fondo común que financia el sistema pensional, ya que la permanencia en el pago de la pensión reconocida irregularmente representa una afectación directa a la sostenibilidad del sistema.

5.5. El pago de prestaciones sin el lleno de los requisitos legales también vulnera el principio de estabilidad financiera establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual impone al Estado el deber de garantizar el manejo eficiente de los recursos destinados a asegurar el derecho irrenunciable a la seguridad social.

5.6. La asignación de recursos a personas que no cumplen los requisitos para el reconocimiento pensional afecta gravemente la capacidad del sistema para atender adecuadamente a quienes en efecto ostentan ese derecho, lo cual compromete los principios de progresividad y de acceso efectivo a la pensión por parte de la población afiliada.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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1.3. Oposición de la medida cautelar

población afiliada.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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1.3. Oposición de la medida cautelar

6. El a quo corrió traslado de la medida cautelar a la parte demandada del 3 al 9 de diciembre de 2024; sin embargo, no hubo pronunciamiento al respecto.

1.4. Auto objeto de recurso de apelación

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 20 de marzo de 2025, negó la medida cautelar con fundamento en las siguientes razones:

7.1. La confrontación directa entre las disposiciones legales y constitucionales invocadas como vulneradas y el contenido del acto no permite evidenciar una transgresión manifiesta del orden normativo. En consecuencia, no se configura la apariencia de buen derecho requerida para el decreto de la medida cautelar.

7.2. El otorgamiento de la medida cautelar podría comprometer los principios de confianza legítima y buena fe en favor del demandado, así como generar una afectación al derecho fundamental al mínimo vital del beneficiario de la pensión reconocida, lo cual impide su adopción sin afectar garantías fundamentales.

1.5. Recursos de reposición y apelación

8. Colpensiones interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación con

fundamento en los siguientes argumentos:

8.1. La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, toda vez que la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, resulta contraria a la Constitución y la ley.

fundamento en los siguientes argumentos:

8.1. La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, toda vez que la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, resulta contraria a la Constitución y la ley.

8.2. La solicitud de medida cautelar se encuentra debidamente sustentada, porque los argumentos normativos y jurisprudenciales expuestos guardan correspondencia con las pretensiones formuladas.

8.3. Desde la perspectiva del interés público, el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la seguridad social, la vida digna y el mínimo vital de los ciudadanos. Paralelamente, el principio de sostenibilidad fiscal impone la obligación de gestionar los recursos del sistema pensional de manera eficiente, en atención a su carácter limitado y a la necesidad de preservar su viabilidad para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos.

8.4. El pago de una prestación sin el cumplimiento de los requisitos legales compromete la estabilidad financiera del sistema general de pensiones, lo que contraría el marco establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005. Tal situación afecta la capacidad del si stema para atender a quienes sí cumplen con los requisitosRadicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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legales, y quebranta principios como el de progresividad y el acceso efectivo a la pensión.

8.5. El e nriquecimiento sin causa se configura cuando concurren los siguientes elementos: un incremento patrimonial, un empobrecimiento correlativo de otro sujeto y la inexistencia de una justificación jurídica para dicho traslado patrimonial,

8.5. El e nriquecimiento sin causa se configura cuando concurren los siguientes elementos: un incremento patrimonial, un empobrecimiento correlativo de otro sujeto y la inexistencia de una justificación jurídica para dicho traslado patrimonial, elementos que permiten sustentar una eventual devolución de los recursos indebidamente percibidos.

1.6. Auto que resolvió el recurso de reposición y dio t rámite al recurso de apelación

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto del 10 de abril 2025 no repuso la decisión recurrida por las siguientes razones:

9.1. La providencia recurrida exp uso razones concretas para negar la medida cautelar, pues concluyó que la confrontación directa entre las normas invocadas como vulneradas y el contenido del acto administrativo no advertía una infracción manifiesta. En consecuencia, no se configura ba la apariencia de buen derecho exigida para su procedencia.

9.2. El análisis propuesto en el recurso involucraba aspectos propios del estudio de fondo, pues requería establecer si el beneficiario reunía o no los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez y, con base en ello, determinar la entidad competente para su reconocimiento y pago. Tales valoraciones exigían un ejercicio probatorio que no resultaba procedente en la fase preliminar de medida cautelar.

10. Ahora bien, por encontrarlo procedente concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra

recurso de apelación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto que negó la solicitud de medida cautelar, de conformidad con los artículos 125, 150 y 243 del CPACA. Asimismo, por el criterio de especialización laboral, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 20195.

2.2. El problema jurídico

12. En primer lugar, se deberá determinar si ¿ el recurso presentado por Colpensiones cumple con una carga argumentativa adecuada y coherente que

5 Reglamento del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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permita adelantar el estudio de la apelación contra el auto del 20 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo acusado?

13. En caso de que el interrogante anterior sea afirmativo, se deberá establecer si ¿es procedente decretar la medida cautelar presentada por Colpensiones consistente en suspender de manera provisional la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a Víctor Mario Quijano Villaquirán?

2.3. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

de julio de 2013, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a Víctor Mario Quijano Villaquirán?

2.3. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

14. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

15. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquell as, entre las cuales se

encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición

que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

16. Esta normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización deRadicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el

realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»

17. De las normas antes analizadas 6 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole materi al, y (iii) requisitos de

procedencia específicos7. Veamos:

17.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas

procedencia específicos7. Veamos:

17.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de « índole formal », en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivo s que conoce la Jurisdicción de lo contencioso administrativo 8; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos en los que opera de oficio9.

6 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 7 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente 11001 -03-25-000-2014-00942-00. Interno: 2905-2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 8 Ley 1437 de 2011, artículo 229. 9 Ley 1437 de 2011, artículo 229.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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9 Ley 1437 de 2011, artículo 229.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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17.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida c autelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 10; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda11.

17.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisio nal de los efectos del acto administrativo demandadomedida cautelar negativa-, se deben t ener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda 12 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores

que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda 12 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 13; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios14.

17.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 15de la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariame nte, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el actor haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida caut elar que concederla; y (d) que, de no otorgarse la

10 Ley 1437 de 2011, artículo 229. 11 Ley 1437 de 2011, artículo 230. 12 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de

10 Ley 1437 de 2011, artículo 229. 11 Ley 1437 de 2011, artículo 230. 12 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes p ara el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 13 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 14 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 15 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5.Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

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medida, se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no concederse los efectos de la sentencia serían nugatorios16.

18. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que , por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso.

Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la

en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

19. En atención a lo relacionado con las medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso-administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

2.4. El principio de la doble instancia , el marco del recurso de apelación y la apelación fallida

20. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo 31 de la Carta Política17, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las excepciones que consagre la ley. Esta garantía del derecho de impugnación, como posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un superior funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa.

21. El principio de la doble instancia para fallos y algunas decisiones interlocutorias que se adoptan dentro de un proceso judicial encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta Superior, por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por el legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos de impugnación y de contradicción.

22. No obstante, el acceso al mencionado derecho no opera de manera deliberada.

expresamente consignadas por el legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos de impugnación y de contradicción.

22. No obstante, el acceso al mencionado derecho no opera de manera deliberada.

Por ello, el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia para su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el recurso de apela ción fracase, requisitos que dentro del procedimiento

16 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011. 17 «Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. […]».Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-01 (1232-2025)

Demandante: Colpensiones

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contencioso administrativo quedaron preceptuados en los artículos 243 18, 24419 y 24720 del CPACA. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces y tribunales administrativos, así como algunos autos que, por su importancia en el proceso judicial, resultan ser susceptibles de este medio de impugnación; el segundo y el tercero establecen la oportunidad y el trámite bajo el cual ha de surtirse la apelación de autos y sentencias respectivamente.

23. Por su parte, el Código General del Proceso 21, aplicable al procedimiento contencioso administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, precisa los fines y el alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, en los

siguientes términos:

contencioso administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, precisa los fines y el alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, en los siguientes términos:

«Artículo 320. Fines de la apelación . El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia […]. […] Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: […]

18 «Artículo 243. Apelación. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia…» 19 Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.

2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá. interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos

continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguient