CE - Auto interlocutorio 85001233300020140019602 de 2025

Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161)

Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos — GP Corporaticn

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero Ponente: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicacion: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161) acumulado 850012333-000-2015-00031-00

Actor: CORPORACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS - GP CORPORATION e

Demandado: DEPARTAMENTO DE CASANARE Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: Solicitud de pruebas en segunda instancia El despacho se pronuncia sobre la solicitud de pruebas en segunda instancia efectuada por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare. |. ANTECEDENTES Las demandas y su trámite

1. El 4 de septiembre de 2014”, la Corporación Gerencia de Proyectos -GP Corporation

(en adelante GP Corporation), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra el departamento de Casanare con la que pretende: i) la declaratoria del incumplimiento del contrato de consultoría No. 1328 de 24 de septiembre de 2010 cuyo objeto era “realizar la gerencia del proyecto de estructuración y construcción de planes de vivienda de interés social en el departamento de Casanare” (en adelante el Contrato) por la

del contrato de consultoría No. 1328 de 24 de septiembre de 2010 cuyo objeto era “realizar la gerencia del proyecto de estructuración y construcción de planes de vivienda de interés social en el departamento de Casanare” (en adelante el Contrato) por la demandada; ii) la terminación y liquidación judicial de ese negocio jurídico y; iii) la condena al pago de los perjuicios que le fueron causados debidamente indexados (radicado 85001-2333-000-2014-00196-00). 1 Archivo digital 67, índice 3, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 1Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161)

Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation

2. Asimismo, el 2 de febrero de 2015?, el departamento de Casanare, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra GP Corporation con la que pretende: i) la declaratoria del incumplimiento del Contrato por parte de la demandada, ii) la liquidación judicial del contrato y; iii) que se ordene a la demandada reintegrar los dineros que fueron pagados y sus rendimientos financieros e indexación (radicado 85001-2333-000-2015-0003100).

3. Mediante auto del 12 de febrero de 2015%, el Tribunal Administrativo de Casanare resolvió, entre otros asuntos, admitir ambas demandas y acumular al expediente con radicación No. 85001-2333-000-2014-00196-00 al proceso identificado con el No. 85001-2333-000-2015-00031-00.

4. El 23 de junio de 2015, el departamento de Casanare contestó la demanda formulada

85001-2333-000-2015-00031-00.

4. El 23 de junio de 2015, el departamento de Casanare contestó la demanda formulada por GP Corporation, mientras que esta última guardó silencio respecto de la demanda que fue instaurada por la entidad territorial.

5. Surtido el trámite de rigor y encontrándose el proceso para proferir sentencia, mediante auto de mejor proveer del 13 de junio de 2019°, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó -de oficiouna prueba pericial que tenía por objeto determinar el grado de cumplimiento del contrato por las partes y la liquidación de este, dadas las posiciones encontradas frente al balance final del referido negocio jurídico.

6. Mediante providencias del 13 de junio de 2019, 13 de febrero de 2020’, 25 de enero de 20218, 31 de agosto de 2021 y 1° de junio de 2022", el a quo ordenó oficiar a distintas instituciones para materializar la práctica de la prueba, pero ninguna aceptó el nombramiento. Ante la “imposibilidad de designar un auxiliar de la justicia para la práctica de la prueba pericial decretada de oficio” y con el propósito de dar celeridad al proceso, el Tribunal Administrativo de Casanare mediante providencia del 20 de enero 2 Archivo digital 146, indice 4, SAMA! del Tribunal Administrativo de Casanare. 3 Archivo digital 76, indice 3, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 4 Archivo digital 79, indice 3, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 5 Archivo digital 124, Indice 4, SAMA! del Tribunal Administrativo de Casanare. 8 Ibídem. 7 Archivo digital 131, índice 4, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare.

5 Archivo digital 124, Indice 4, SAMA! del Tribunal Administrativo de Casanare. 8 Ibídem. 7 Archivo digital 131, índice 4, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 8 Archivo digital 136, indice 4, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 9 Índice 5, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 10 Índice 12, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 2Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161) Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporaticn de 2023"', puso en conocimiento de las partes la situación advertida, precisando que, de no efectuarse pronunciamiento al respecto, se desistiria de la misma.

7. En respuesta a lo anterior, mediante memorial de 26 de enero de 20231? GP Corporation solicitó, por una parte, la devolución de lo pagado para la práctica de la pericia y, por la otra, -de ser validado por el despacho sustanciadoraportar la pericia requerida, en la oportunidad que este estime pertinente, atendiendo los requerimientos definidos en el auto que decretó la prueba de oficio, y así dar celeridad al proceso.

8. Por virtud de lo anterior, mediante proveído del 1° de agosto de 202313, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó devolver las sumas consignadas por los extremos procesales para la práctica de la pericia y negó por improcedente la solicitud de aporta” un dictamen de parte, atendiendo que la naturaleza del dictamen judicial -ordenado de oficio-, es distinta al dictamen de parte -que se peticiona-, el cual debió ser aportado por el interesado en las oportunidades probatorias definidas por la ley procesal en el artículo

un dictamen de parte, atendiendo que la naturaleza del dictamen judicial -ordenado de oficio-, es distinta al dictamen de parte -que se peticiona-, el cual debió ser aportado por el interesado en las oportunidades probatorias definidas por la ley procesal en el artículo 228 del CGP (sic)', que se encuentran vencidas. En consecuencia, ordenó ingresar el proceso al despacho para proferir la respectiva sentencia.

9. El 8 de agosto de 202315, GP Corporation interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En sustento señaló que debía entenderse “tal -aporte pericial -como pedido oportunamente” ante la imposibilidad de practicarse el dictamen ordenado de oficio, por el Tribunal.

10. El 23 de noviembre de 20238, el Tribunal Administrativo Casanare profirió sentencia de primera instancia mediante la cual declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por GP Corporation y el departamento de Casanare en el Contrato y, coma consecuencia de ello: i) negó las pretensiones primera y tercera de la demanda presentada por GP Corporation bajo el radicado No 85001-2333-000-201400196-00; ii) negó las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda presentada por el departamento de Casanare bajo el radicado No. 85001-2333000-2015-00031-00. De 11 Índice 19, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 32 Índice 23, SAMA! del Tribunal Administrativo de Casanare. 13 Índice 26, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare, 14 La norma que se refiere a la oportunidad para aportar el dictamen de parte en el CGP es el artículo

227. .

13 Índice 26, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare, 14 La norma que se refiere a la oportunidad para aportar el dictamen de parte en el CGP es el artículo 227. . 15 Indice 31, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare, 16 Índice 46, SAMA! del Tribunal Administrativo de Casanare. 3Radicado: 85001 -23-33-000-2014-00196-02 (71161) Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation igual forma, liquidó judicialmente el contrato y, en secuencia de lo anterior: i) condenó a GP Corporation a reintegrar al departamento de Casanare la suma de $1.648.742.279,32, por concepto de valor no ejecutado del contrato; ii) declaró que el departamento de Casanare se encuentra a paz y salvo con GP Corporation por concepto del contrato y; iii) declaró que no hay lugar a indexación ni a reconocimiento de sanciones pecuniarias debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales del departamento de Casanare. Adicionalmente, resolvió no condenar en costas.

11. Contra dicha decisión, el 14 de diciembre de 20237”, las partes interpusieron recurso de apelación el cual fue concedido providencia del 12 de marzo de 20248 y admitido el 26 de abril de 2024. En el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto por GP Corporation se incluyó la siguiente solicitud probatoria: “Dados los puntos oscuros de la controversia, solicito en alzada, se ordene Oficiosamente la práctica de la pericia decretada en 1 (sic) instancia, no realizada por razones ajenas al Tribunal ni a la demandada ni a la demandante.

Las demás que su despacho considere útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer

la práctica de la pericia decretada en 1 (sic) instancia, no realizada por razones ajenas al Tribunal ni a la demandada ni a la demandante. Las demás que su despacho considere útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer la verdad de la litis y materializar la justicia requerida por mi representada desde el libelo introductorio.”

12. El 28 de mayo de 20247, el Ministerio Público rindió concepto dentro del presente proceso, en el que sostuvo, por una parte, que existió un incumplimiento de las obligaciones del Contrato por parte de GP Corporation en su condición de contratista y; por la otra, que procedía la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para efectos de conceder la indexación solicitada por el departamento de Casanare.

13. El Consejo de Estado, mediante proveído del 12 de agosto de 2024?', confirmó la decisión adoptada el 1° de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare que negó por improcedente la solicitud de aportar un dictamen de parte. Al efecto señaló que la solicitud probatoria presentada el 26 de enero de 2023 resultaba extemporánea y debía ser rechazada. En ese sentido se indicó que no era admisible -ante la imposibilidad de practicar el dictamen pericial decretado de oficio por el Tribunal Administrativo de Casanare cuando el proceso se encontraba para dictar sentencia-, 17 Índice 59 y 60, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 18 Indice 71, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 19 Índice 3, SAMA! del Consejo de Estado, radicación: 71161. 20 Índice 11, SAMA! del Consejo de Estado, radicación: 71161.

18 Indice 71, SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare. 19 Índice 3, SAMA! del Consejo de Estado, radicación: 71161. 20 Índice 11, SAMA! del Consejo de Estado, radicación: 71161. 21 Índice 11, SAMAI del Consejo de Estado, radicación: 70407. 4Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71 161 ) Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation que el recurrente pretendiera pasar por alto que dejó vencer las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento jurídico para aportar el dictamen de parte, así como revivir términos que se encontraban vencidos y, con ello, desconocer el principio de preclusividad de las etapas procesales. De igual forma, en dicho proveído se explicó que no había lugar decretar una prueba de oficio -en este caso el dictamen de partea partir de la insinuación hecha en tal sentido por uno de los extremos procesales. Finalmente, se ordenó anexar las actuaciones surtidas en el registro No. 88001-23-33. 000-2018-00031-01 (70407) al registro No. 88001-23-33-000-2018-00031-02 (71161) del aplicativo SAMAI, para efectos de integrar de manera completa el expediente y continuar el trámite que debe surtirse respecto a las apelaciones formuladas contra la sentencia de primera instancia??. ll. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Como los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023, se interpusieron el 14 de diciembre siguiente, es decir, con posterioridad a la

sentencia de primera instancia??. ll. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Como los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023, se interpusieron el 14 de diciembre siguiente, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021%, para su trámite y decisión resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición, esto es, las contenidas en la Ley 1437 de 2011 con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, de conformidad con lo señalado en los incisos finales del artículo 86 de la referida reforma, así como las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa definida por el artículo 306 del CPACA”. 2 Lo anterior, dado que existían dos registros en el aplicativo SAMA! respecto del mismo proceso judicial, uno originado en la apelación del auto de 1° de agosto de 2023 que negó la solicitud de aportar un| dictamen de parte formulada por el extremo activo -radicado No. 88001-23-33-000-2018-00031-01 (70407)- y, otro con ocasión de la apelación formulada contra la sentencia de primera instancia proferida! el 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare -radicado No.: 88001-23-33-0002018-00031-02 (71161)-. 23 Publicada el 25 de enero de 2021. 24 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

24 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 5Radicado: 85001-23-33-000-201 4-001 96-02 (71161)

Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation

2. De la solicitud probatoria en segunda instancia De conformidad con el artículo 212 del CPACA modificado por el artículo 53 de Ley 2080 de 2021, en el trámite del recurso de apelación “[e]n segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas (...)”.

La anterior posibilidad constituye una oportunidad de carácter excepcional, en virtud de la cual las partes pueden solicitar pruebas en el trámite de la segunda instancia, en aras de nutrir el acervo probatorio obrante en el expediente, lo que redundará en beneficio de una decisión judicial que garantice las pretensiones de justicia en el caso en concreto. Es excepcional, porque éstas Únicamente se decretarán en caso de que se satisfaga alguno de los supuestos taxativamente previstos en la norma antes mencionada, a saber: “1, Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.” Se resalta.

Así las cosas, además de que las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad procesal a que se refiere el artículo atrás señalado, su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio, pues, por una parte, deben cumplirse los requerimientos generales de toda prueba previstos en el artículo 168 del CGP, esto es, pertinencia, conducencia y utilidad. Por otra parte, debe acreditarse que la prueba se circunscribe a alguno de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 212 del CPACA. 25 “Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.” 6Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71 161)

Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation

6Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71 161) Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation No resultarán procedentes, entonces, solicitudes de parte a través de las cuales se pretenda subsanar el incumplimiento de los deberes procesales, ya que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, tal y como lo dispone el artículo 167 del CGP. Tampoco podrá hacerse uso de esta oportunidad para reiterar peticiones de medios de prueba qué fueron expresamente negados por el a quo.

3. Caso concreto | En el caso bajo examen, el despacho advierte que la solicitud de pruebas se presentó oportunamente, esto es, antes de la ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. No obstante lo anterior, se observa que GP Corporation no precisó cuál es la causal en la que sustenta su petición probatoria en segunda instancia, falencia que resulta suficiente para negar el decreto de los medios probatorios deprecados.

En todo caso, para el despacho sustanciador el dictamen pericial ordenado de oficio por el Tribunal Administrativo de Casanare, cuya práctica no se materializó en el trámite de la primera instancia, tampoco puede ser decretado en la alzada, ya que la solicitud probatoria que se hizo en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, no se enmarca en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 212 del CPACA. Lo anterior, en razón a que los elementos de juicio referidos no se encuentran orientados a demostrar hechos sobrevinientes a la oportunidad para pedir pruebas en primera

se enmarca en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 212 del CPACA. Lo anterior, en razón a que los elementos de juicio referidos no se encuentran orientados a demostrar hechos sobrevinientes a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia y, contrario sensu, tienen como propósito probar circunstancias presentadas con anterioridad a la demanda. A su vez, la petición tampoco cumple con los demás 25 "Artículo 167. Carga de la prueba. incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que, se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos; controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente, el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y fas afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” : 7Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161)

contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y fas afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” : 7Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (71161) Demandante: Corporación Gerencia de Proyectos - GP Corporation eventos previstos en la norma, ya que no fueron pruebas pedidas de común acuerdo. . Adicionalmente, no se acreditó ningún evento constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte que haya impedido que se practicara la prueba pericial, motivo por el cual tampoco se configura este supuesto. Finalmente, no se trata de pruebas respecto de las cuales se hubiese negado su decreto o que se decretaron y no se practicaron por causas ajenas a la parte que la pidió. Ello, por la elemental razón de que la prueba pericial decretada en primera instancia no fue pedida por ninguna de las partes, sino que fue decretada de oficio por el Tribunal Administrativo de Casanare por virtud de las facultades oficiosas previstas en el artículo 213 del CPACA. Así las cosas, se concluye que la solicitud probatoria de GP Corporation no encaja en ninguna de las causales previstas en el artículo 212 ibídem, de ahí que la petición de pruebas materia de análisis deba ser negada. Ahora bien, frente a la solicitud de GP Corporation, en el sentido de que se decreten como pruebas de oficio la pericia ordenada en primera instancia y “las demás que este despacho considere útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer la verdad de la litis y materializar la justicia”, se indica que la autoridad judicial se encuentra facultada para proceder de esa manera si lo estima pertinente en cualquier instancia del proceso, tal como lo prevé el artículo 213 del CPACA; no obstante, ello corresponde a una

litis y materializar la justicia”, se indica que la autoridad judicial se encuentra facultada para proceder de esa manera si lo estima pertinente en cualquier instancia del proceso, tal como lo prevé el artículo 213 del CPACA; no obstante, ello corresponde a una atribución del operador judicial y no depende de la solicitud de parte, como pareciera entenderlo el extremo activo. Al respecto, resulta relevante reiterar que no es procedente decretar una prueba de oficio a partir de la insinuación hecha en tal sentido por uno de los extremos procesales como ocurre en este caso, “toda vez que la actividad oficiosa regulada en el artículo 213 del CPACA debe ejercerse cuando el juzgador valore la necesidad de decretar pruebas para esclarecer la verdad del caso y no opera a solicitud o insinuación de parte, a manera de mecanismo útil para frustrar la estricta regulación de las oportunidades probatorias consagradas en el artículo 212 ejusdem”?”. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de febrero de 2019, expediente: 21611, reiterado en auto de 9 de junio de 2022, expediente: 25864.Radicado: 85001-23-33-000-2014-00196-02 (7116)) Demandante: Corporacion Gerencia de Proyectos - GP Corporation En mérito de lo expuesto, el despacho ill. RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes probatorias formuladas por GP Corporation en el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 23 de noviembre de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación

Casanare el 23 de noviembre de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación en firme la presente determinación, INGRESAR el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE NICOLÁS YEPE ol ;

Magistrado P22/ExpedienteDigital A ee É