CE - Auto interlocutorio 86001333300120210008101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

BogotÆ, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 86001-33-33-001-2021-00081-01 (2976-2025)1

Demandante : Jorge Hugo Ortiz Tangarife

Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional TrÆmite : Conflicto negativo de competencia Tema : Reintegro Decisión : Resuelve conflicto de competencia

El Despacho procede a resolver el conflicto de competencias presentado entre los Tribunales Administrativos de Nariæo y Putumayo, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativ o

(CPACA).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

El seæor Jorge Hugo Ortiz Tangarife, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra l a Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional para que se declare la nulidad de la Resolución 4778 del 23 de septiembre de 2020, por el cual se dispuso su retiro del servicio activo como suboficial del EjØrcito Nacional. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro.

La demanda le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que, en sentencia de 23 de junio de 2022 negó las pretensiones de la demanda.

El demandante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue

La demanda le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que, en sentencia de 23 de junio de 2022 negó las pretensiones de la demanda.

El demandante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue concedido por el juzgado.

1.2. TrÆmite procesal.

El recurso fue admitido por el Tribunal Administrativo de Nariæo el 7 de diciembre de 2022. Posteriormente, con providencia de 1 de octubre de 2024, declaró su falta de competencia

1 Expediente electrónico.Nœmero Interno: 2976-2025

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional

2 y lo remitió al Tribunal Administrativo del Putumayo.

Mediante providencia de 2 de octubre de 20252, el Tribunal Administrativo del Putumayo declaró su falta de competencia y propuso conflicto negativo de competencia.

Finalmente, por auto de 24 de octubre de 2025, el Despacho ordenó correr traslado a las partes3, conforme lo indica el artículo 158 del CPACA.

1.3. Posiciones jurídico-procesales de las autoridades judiciales en conflicto.

1.3.1. Tribunal Administrativo de Nariæo.

Consideró que, el œltimo lugar de prestación de servicios del demandante e s el Batallón de Infantería de Selva N° 49 Soldado Juan Bautista Solarte Obando ubicado en La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Agregó que «la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito del Mocoa, razón por la que el Tribunal

municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Agregó que «la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito del Mocoa, razón por la que el Tribunal Administrativo de Nariæo carece de competencia territorial y funcional para dirimir la controversia».

Sostuvo que, el Tribunal Administrativo del Putumayo es el superior funcional del Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, hacen parte del mismo distrito judicial y, po r ende, le corresponde al primero desatar el recurso de apelación.

1.3.2. Tribunal Administrativo del Putumayo.

Estimó que el Tribunal Administrativo de Nariæo admitió el recurso de apelación en 2022 y el proceso quedó al despacho para sentencia ese mismo aæo, consolidÆnd ose así su competencia funcional. Posteriormente, en 2023 se creó el Tribunal Adm inistrativo del Putumayo y se ordenó una redistribución de procesos; sin embargo, el expediente no fue incluido dentro de dicha redistribución en el Acuerdo CSJNAA24-124 de 2024 . Pese a ello, el Tribunal de Nariæo intentó remitirlo tardíamente, alegando falta de competencia, cuando el plazo para hacerlo ya había vencido.

Seæala que este actuar es improcedente, pues la competencia ya estaba definida y no puede modificarse sin una argumentación jurídica suficiente. AdemÆs, con forme al artículo 16 del CGP y al principio de perpetuatio jurisdictionis, la competencia territorial, al no ser subjetiva ni funcional, se prorrogó automÆticamente al no haberse objetado oportunamente, por lo que no era posible que el Tribunal Administrativo d e Nariæo se declarara incompetente en esa etapa del proceso.

al no ser subjetiva ni funcional, se prorrogó automÆticamente al no haberse objetado oportunamente, por lo que no era posible que el Tribunal Administrativo d e Nariæo se declarara incompetente en esa etapa del proceso.

2 Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del Putumayo, exp. 86001-33-33-001-2021-00081-01, índice 5. 3 Samai, índice 4.Nœmero Interno: 2976-2025

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional

3 1.4. Pronunciamientos de las partes.

Los extremos de la litis guardaron silencio durante el respectivo tØrmino de traslado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Este Despacho es competente para decidir el conflicto de competencia suscitad o entre los Tribunales Administrativos de Nariæo y Putumayo, en virtud de lo previsto e n los artículos 125 y 158 del CPACA.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde establecer cuÆl es la autoridad judicial competente para conocer la segunda instancia de la presente controversia, en la cual, el seæor Jorge Hugo Ortiz Tangari fe pretende su reintegro como suboficial del EjØrcito Nacional.

2.3. RØgimen procesal.

El recurso de apelación fue radicado el 12 de julio de 2022, de manera que le son aplicables las disposiciones modificadas por la Ley 2080 de 2021.

2.4. AnÆlisis normativo y jurisprudencial.

El recurso de apelación fue radicado el 12 de julio de 2022, de manera que le son aplicables las disposiciones modificadas por la Ley 2080 de 2021.

2.4. AnÆlisis normativo y jurisprudencial.

La competencia es la «facultad que tiene el juez para ejercer, por autoridad de la ley, una determinada función, quedando tal atribución circunscrita a aquellos aspectos designados p or la ley. Normalmente la determinación de la competencia de un juez atiende a criterios de lugar, naturaleza del hecho y calidad de los sujetos procesales»4.

En ese sentido, la competencia se determina con base en diversos fa ctores, entre los cuales se destacan: el factor objetivo (relativo a la naturaleza del asunto y la cuantía), el factor subjetivo (vinculado a la calidad de las partes), el factor territorial (relacionado con el lugar donde deben surtirse las actuaciones), el factor funcional (referido a la instancia o etapa procesal), y el factor de conexidad (que permite acumular proce sos para evitar decisiones contradictorias).

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que en el caso objeto de anÆlisis, el conflicto gira entorno al factor territorial, cuya regla aplicable no es otra que la contenida en el artículo

4 Corte Constitucional, Sentencia C-757 de 2013, citando la Sentencia C-208 de 1993.Nœmero Interno: 2976-2025

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional

4 156.3 del CPACA, cuyo tenor dispone que «[e]n los asuntos de nulidad y restablecimiento del

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

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4 156.3 del CPACA, cuyo tenor dispone que «[e]n los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carÆcter laboral se determinarÆ por el œltimo lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios».

En conclusión, el factor territorial resulta clave para determinar cuÆl es el juez competente para conocer del proceso, siendo necesario verificar si se cumplen los presup uestos normativos establecidos en el artículo 156 del CPACA.

2.5. AnÆlisis del caso concreto.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que, la parte demandante pretende se revoque la sentencia de 23 de junio de 2022 que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, se disponga su reintegro al servicio activo como suboficial del EjØrcito Nacional.

Por ende, la controversia entraæa, a no dudarlo, carÆcter laboral y de seg uridad social, razón por la cual, la competencia territorial debe determinarse segœn lo establece el artículo 156.3 del CPACA, que prevØ que «[e]n los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carÆcter laboral se determinarÆ por el œltimo lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios».

Segœn la subsanación de la demanda obrante en el expediente5, se informó que el seæor Janer Aldair Tobar Balanta prestó sus œltimos servicios en el municipio de P uerto Asís, Putumayo; por lo tanto, la competencia para decidir el asunto se encuentra legalmente

Janer Aldair Tobar Balanta prestó sus œltimos servicios en el municipio de P uerto Asís, Putumayo; por lo tanto, la competencia para decidir el asunto se encuentra legalmente asignada al Circuito Judicial Administrativo de Mocoa6.

En armonía con lo anterior, es preciso seæalar que el Tribunal Administrativo del Putumayo7 estÆ integrado por el Circuito Judicial Administrativo de Mocoa y ejerce comprensión territorial sobre la totalidad de los municipios del departamen to del Putumayo.

En ese orden de ideas, el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de dicie mbre de 2023, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, dispuso expresamente que dicho Tribunal conocerÆ, ademÆs de los asuntos que le ingresen por reparto, de la redistribución de los procesos ordinarios en trÆmite que se encuentren en etapa de ad misión, pendientes de audiencia inicial, de sentencia anticipada o de prÆctica de pruebas, a sí como de los procesos de segunda instancia. El artículo 16 del referido Acuerdo establece: «Los despachos de los tribunales administrativos creados en el p resente acuerdo […] conocerán por redistribución de los procesos ordinarios en trÆmite de primera instancia que estØn en etapa de admisión,

5 Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del Putumayo, exp. 86001-33-31-001-2020-00057-02, índice 3, archivo 11 del link de Drive. 6 De conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11653 de 28 de octubre 2020. 7 Creado mediante el Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023.Nœmero Interno: 2976-2025

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

6 De conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11653 de 28 de octubre 2020. 7 Creado mediante el Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023.Nœmero Interno: 2976-2025

Demandante: Jorge Hugo Ortiz Tangarife

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5 pendiente de audiencia inicial, de sentencia anticipada o de prÆctica de prue bas; y de los procesos de segunda instancia. No serÆn objeto de redistribución los asuntos del Decreto 01 de 1984, ni las acciones constitucionales».

De lo anterior se concluye que el Tribunal Administrativo del Putumayo n o solo tiene vocación territorial para conocer del proceso, sino que ademÆs fue instituido precisamente para asumir, por redistribución, los procesos en curso dentro de su jurisdicción.

Ahora bien, si bien el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariæo expidió el Acuerdo CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024, en el cual eventualment e este proceso no fue incluido dentro de la redistribución, lo cierto es que dicho acto tiene una natur aleza meramente administrativa y organizacional, orientada a ajustar la carga procesal frente a la creación del nuevo distrito judicial del Putumayo. Por lo mismo, no constituye una regla de competencia, ni estÆ llamado a modificar las previsiones normativ as superiores que determinan cuÆl autoridad judicial debe conocer del proceso.

En consecuencia, el Despacho declararÆ que la atribución para decidir la controversi a corresponde al Tribunal Administrativo del Putumayo, por disposición exp resa del Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023, tal como serÆ dispuesto en seguida.

En consecuencia, el Despacho declararÆ que la atribución para decidir la controversi a corresponde al Tribunal Administrativo del Putumayo, por disposición exp resa del Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023, tal como serÆ dispuesto en seguida.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Despacho,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Putumayo es la autoridad judicial que debe conocer el medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría, REMITIR en forma inmediata el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, para lo de su cargo.

TERCERO: ENVIAR copia de este proveído al Tribunal Administrativo de Nariæo.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservaci ón y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.