CE - Boletin 109

Publicación Quincenal

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO

1. República de Colombia No 109Septiembre 4 de 2012

Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA www.consejodeestado.gov.co l de 2006

EEDDIITTOORR IIAALL Conte nido: En esta oportunidad queremos enviar un saludo de bienvenida al doctor GUILLERMO lV dAeR 2G0A0S6 A YALA, recientemente elegido como Magistrado de la Sección Primera de esta Corporación, a quien le auguramos muchos él x d ite o s2 0 e0 n6 su labor, con la convicción, que por sus excelentes calidades tanto humanas como profesionales, y su gran trayectoria, enriquecerá nuestra amada

Editorial 1 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Jurisprudencia del Consejo de Estado al También registramos que el 23 de agosto de 2012, por convocatoria del Día Observatorio Nacional Permanente de Justicia, se creó el Comité Nacional  Acciones 1 – 5 del Proceso de Construcción Democrática de una Adecuada Reforma a la Constitucionales 5 – 12 Administración de Justicia, integrado por Representantes de la Rama  Sección Primera 12 -18 Judicial, Agremiaciones de Base, la Academia, y la sociedad en general. Su  Sección Segunda 18– 33 finalidad esta enfocada como bien su nombre lo dice, a generar propuestas  Sección Tercera 33– 39 metodologías que permitan abrir la discusión a nivel nacional sobre  Sección Cuarta 39 -40 problemas locales y nacionales de la administración y los servicios de justicia,  Sección Quinta 40 que permitan abrir espacios para propiciar una reforma judicial sin necesidad

 Sala de Consulta 4042 de reformar nuestra Carta Política.  Noticias Destacadas 42 Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Presidente Noticias destacadas JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

NNUUEE VVOO CCOONNSSEEJJEERROO

DDEE EESSTTAADDOO DDEE LLAA AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS

SSEECCCCIIÓÓNN PPRRIIMMEERRAA,,

DDOOCCTTOORR GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS AAYYAALLAA TTUUTTEELLAASS 1.Se vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libre escogencia de profesión u oficio cuando no se da trámite debido a la solicitud de retiro de las Fuerzas Militares. Al resolver la acción impetrada por un miembro de la Fuerza Pública, a quien no le habían aceptado la renuncia presentada desde inicios del año, porque expresaba las razones para solicitar el retiro del servicio activo, la Sala amparó los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a escoger profesión u oficio, toda vez que no es posible afirmar que el actor no haya ejercido libre y espontáneamente su derecho a renunciar al cargo público que ostenta, sólo porque éste expresó las circunstancias que lo condujeron a ello, ya que de las mismas no se desprende, aún indiciariamente, que el demandante quiera evitar

algún tipo de presión. PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012 www.consejodeestado.gov.co En el presente caso, además, no fueron alegadas ni acreditadas por la entidad demandada razones de "seguridad nacional o especiales del servicio" como lo exige el artículo 101 del Decreto 1790 de 2000, en consecuencia, no existe una causa objetiva y razonable para no autorizar el retiro del tutelante. Así las cosas, la Sala estima que la decisión de las autoridades demandadas de no dar trámite a las solicitudes del peticionario, lejos de protegerlo, obstruye que éste se retire de la institución y lo obliga a permanecer de forma indefinida, todo lo cual, afecta el núcleo esencial de sus derechos fundamentales a escoger libremente el oficio o profesión y al libre desarrollo de la personalidad, pues le impide llevar a cabo un nuevo proyecto de vida de acuerdo a sus valores, creencias, convicciones y expectativas laborales. Sentencia de 2 de agosto de 2012, Exp. 25000-23-25-000-2012-01268-01 (AC), C.P. GERARDO

ARENAS MONSALVE

2. El derecho de los desplazados a la vivienda digna se quebranta cuando no se resuelve la solicitud de ajuste del valor del subsidio familiar de vivienda que les fue otorgado y no ha sido completamente desembolsado.

Al conceder la tutela impetrada por una persona víctima de desplazamiento forzado, a quien no se le ha resuelto la petición de ajuste del subsidio familiar de vivienda, la Sala determinó que a pesar de que el actor cumple con los requisitos legales para ser beneficiario del ajuste al subsidio de vivienda que le fue

asignado y acató el procedimiento establecido para solicitarlo, pues I) se encuentra en condición de desplazamiento II) con anterioridad al 16 de diciembre de 2009 le fue otorgado el subsidio de vivienda III) el referido subsidio se encuentra vigente IV) no había radicado la solicitud de desembolso del 20% restante del subsidio y V) tal como lo dispone la norma se dirigió ante la Caja de Compensación Familiar a solicitarlo, las entidades encargadas no resolvieron su solicitud, con lo cual vulneraron el derecho a la vivienda digna invocado por el demandante. Resalta la Sala que se desconoció que acuerdo con el Decreto 4911 de 2009, los hogares que fueron beneficiados por el subsidio familiar de vivienda antes del 16 de diciembre de 2009 en virtud de su condición de desplazamiento siempre y cuando se encontraran vinculados al programa de vivienda y que hayan solicitado el giro anticipado del valor del subsidio a favor del oferente de la solución de vivienda, respecto de los cuales no se haya radicado la solicitud de desembolso del 20% restante del mismo, tienen la posibilidad de solicitar el ajuste del valor del subsidio que les fue otorgado. Sentencia de 5 de julio de 2012, Exp. 50001-23-31-000-2012-00153-01(AC), C.P. ALFONSO VARGAS RINCÓN 3-No procede ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por Policía desaparecido cuando no hay declaración judicial de muerte presunta. Al decidir la acción de tutela interpuesta por quien manifiesta ser la compañera permanente de un miembro de la Policía Nacional desaparecido, por considerar que se están vulnerando sus derechos

fundamentales al no otorgarle la pensión de sobrevivientes, la Sala estableció que la accionante tiene derecho a la sustitución pensional siempre que acredite la muerte del uniformado desaparecido, pues si bien la Policía Nacional mediante la Resolución No. 01158 del 9 de junio de 2003 lo retiró del servicio por desaparecimiento, esto no equivale a extinción de la personalidad, es decir, no ha sido declarado muerto presuntamente. Lo anterior, por cuanto la muerte presunta solo se puede declarar mediante sentencia judicial ejecutoriada proferida por un Juez dentro de un proceso de Jurisdicción Voluntaria y cuando se cumplan los requisitos legales. Así las cosas, la sentencia que declara la muerte presunta es un proceso que necesariamente debe surtirse para reconocer la pensión de sobreviviente a la señora Alexandra Contreras, lo que hace que el amparo sea improcedente ya que el principio de subsidiariedad no permite acudir a la acción de tutela para omitir procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para ejercer los derechos. Sentencia de 5 de julio de 2012, Exp. 25000-23-25-000-2012-01072-01(AC), C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co 4-Se ordena Inscripción de infante que padece hidrocefálea congénita como nuevo beneficiario del Programa Familias en Acción, para la protección de sus derechos fundamentales a la alimentación equilibrada, salud e igualdad. Observa la Sala que si bien es cierto, las entidades demandadas actuaron conforme al Manual Operativo

del Programa “Familias en Acción” que no permite el ingreso de nuevos beneficiarios (hijos), también lo es que, en este caso se debe hacer una excepción, pues se trata de brindar protección a un infante de 17 meses de vida que padece de una “Hidrocefalia Congénita” que lo ha puesto en estado de discapacidad. Lo anterior significa que el referido menor además de su situación de extrema pobreza, ostenta dos condiciones que demandan una mayor protección del Estado: i) su corta edad que lo hace acreedor de la protección especial establecida en el artículo 44 de la Carta Política, y, ii) que se encuentra en estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta debido a la “Hidrocefalia Congénita” que lo ha llevado a sufrir de discapacidad física. La Sala concedió el amparo, al considerar igualmente que los niños tienen derecho, entre otros, a acceder a una alimentación equilibrada, pues de ello depende su integridad física, su desarrollo y por ende su vida, por lo cual el subsidio de nutrición solicitado por la actora debe ser otorgado y de forma inmediata. También señaló la Sala que, como el estado de discapacidad que padece el infante lo pone en una situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, las autoridades deben proveer condiciones que garanticen una igualdad que sea real, adoptando medidas que aseguren un trato más favorable. Así mismo, se debe prestar la atención necesaria a través del sistema de salud, pues su condición especial demanda cuidados específicos, por lo anterior, la Sala ordenó al Municipio de

Bucaramanga exhorte a la EPS SOLSALUD para que lo inscriba sin dilación alguna, para lo cual la accionante deberá proveer la información y/o documentación respectiva. Sentencia de 20 de junio de 2012, Exp. 68001-23-31-000-2012-00102-01(AC) C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 5-Según el Estatuto Tributario, únicamente procede la reposición contra la resolución que decide las excepciones propuestas dentro del proceso de jurisdicción coactiva, no procede la apelación. Al decidir la acción de tutela interpuesta por la Policía Nacional contra la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, por estimar que se le quebrantó el derecho al debido proceso administrativo dentro del proceso de cobro coactivo No.001/10, la Sala indicó que la Universidad no incurrió en la transgresión iusfundamental endilgada por el a quo en la providencia impugnada, pues dicho establecimiento educativo, adelantó el procedimiento administrativo de cobro coactivo con estricta observancia de la norma aplicable al mismo, es decir, a las previsiones normativas del Estatuto Tributario, según las cuales únicamente era procedente la reposición contra la resolución que decidía las excepciones propuestas, tal como se indicó. Así mismo señaló que las inconformidades manifestadas por la Policía Nacional – Departamento del Chocó en el escrito de tutela, respecto de los actos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra, debieron ser cuestionadas a través del mecanismo judicial legalmente establecido para ello, es decir, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se desconoció el debido proceso administrativo al no resolver oportunamente las nulidades solicitadas por el accionante dentro del proceso de cobro coactivo En la misma providencia la Sala encontró que si bien no había yerro al determinar el mecanismo de impugnación de la decisión de las excepciones, si se configuró un quebrantamiento al debido proceso por parte de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” la cual profirió la sentencia de excepciones y decidió el recurso de reposición propuesto por la ejecutada contra aquella, pasando por alto su obligación legal de resolver con antelación la solicitud de nulidad radicada el 13 de agosto de 2010, y así mismo, se abstuvo de darle trámite a la segunda solicitud elevada el 22 de diciembre de 2011; es decir, quebrantó las garantías de contradicción, defensa y audiencia de la Policía Nacional, y con ello, su derecho al debido proceso administrativo dentro del proceso ejecutivo de cobro coactivo No.001/10. Sentencia de 19 de junio de 2012, Exp. 27001-23-31-000-2012-00056-01(AC), Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012 www.consejodeestado.gov.co 6-El Hospital Militar Central desconoció los derechos de una persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, al retardar injustificadamente y por más de un año, la realización de Histerectomía a persona de tercera edad La accionante, de 78 años de edad, solicita que se ordene a las entidades demandadas, practicarle una

histerectomía vaginal, en atención a que la misma le fue programada desde el mes de octubre de 2010, sin que hasta la fecha se haya practicado, lo cual ha deteriorado sus condiciones de salud. Al conceder el amparo solicitado, la Sala indicó que las personas de la tercera edad, integran el grupo de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, y, no existe en el expediente prueba alguna que justifique la demora en la realización de la cirugía que le fue programada a la demandante desde el 28 de octubre de 2010, es decir, luego de transcurrido un (1) año y medio, aproximadamente, entre dicha fecha y la de presentación de la demanda (13 de marzo de 2012). Si bien es cierto que médicamente es imprescindible la práctica de determinados exámenes y estudios previos a la intervención quirúrgica, como lo sostiene el Hospital Militar Central en la contestación de la demanda, también lo es que la demora en el tiempo (un año y medio) para cumplir tales requerimientos, no se compadece con las condiciones de salud de la demandante, menos aún, cuando se trata de una persona de la tercera edad que goza de protección especial y, por tanto, prioritaria. Sentencia de 7 de junio de 2012 Exp. 25000-23-27-000-2012-00236-01(AC). C.P. MARÍA ELIZABETH

GARCÍA GONZÁLEZ.

AACCCCIIÓÓNN PPOOPPUULLAARR 1-Se define la competencia del Juez Primero Administrativo de Arauca para conocer acción popular contra Nación por firma de otro si del Contrato de Asociación Cravo Norte. Al resolver el conflicto negativo de competencias surgido entre el Juzgado 1º Administrativo de Arauca y

el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá D.C., para conocer de la demanda de acción popular instaurada contra la Nación–Ministerio de Minas y Energía y otros, por la posible vulneración de derechos colectivos en la suscripción del otrosí de extensión del Contrato de Asociación Cravo Norte, celebrado entre Ecopetrol S.A. y Occidental de Colombia Inc. en la ciudad de Bogotá, la Sala determinó que la autoridad competente para abordar el conocimiento y decisión de la acción popular instaurada, es el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, debido a que de acuerdo a la ley, cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda, y, teniendo en cuenta que la acción popular interpuesta está dirigida contra entidades del orden nacional, indicó la providencia que es necesario que el juzgado considere la remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Arauca para su conocimiento. Auto de 27 de junio de 2012 Exp. 11001-03-15-000-2010-0009-12(AP), C.P. Danilo Rojas Betancourth AACCCCIIÓÓNN DDEE CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO 1-a. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe cumplir el mandato legal de hacer nombramientos dentro del lapso señalado, luego de recibida la lista de legibles. La Sala confirmó la sentencia de 24 de enero de 2012, proferida por la Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó dar cumplimiento al inciso primero del artículo 167 de la Ley 270 de 1996, al estimar que la Sala accionada del Consejo Superior de la Judicatura ignoró que

conforme con la citada norma contaba con el término de 10 días para la designación de las personas para proveer todos los cargos ofertados, luego de haber recibido las listas de elegibles desde el 24 de agosto y el 11 de octubre de 2011, pues el citado artículo 167 consagra de manera imperativa que la designación se debe hacer dentro del aludido tiempo a aquél en que el nominador recibió la lista. Es cierto que mediante el Acuerdo 066 de 9 de octubre de 2011 se realizó el traslado de una Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Santander a la de Cundinamarca y que mediante los Acuerdos 100 de 8 de noviembre de 2011 y 107 de 7 de diciembre de 2011 se nombró en propiedad como magistrados a los señores Molano BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co Franco y María del Socorro Jiménez, para ocupar las plazas de Magdalena y Caquetá, respectivamente, sin embargo, existía registro de elegibles para proveer 15 plazas de magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura, esto es, no se hizo el nombramiento en 12 de las vacantes. b. Toda persona, natural o jurídica, está legitimada en la causa por activa para acudir en ejercicio de la acción de cumplimiento En la misma decisión la Sala precisó que toda persona, natural o jurídica, está legitimada en la causa por activa para acudir en ejercicio de la acción de cumplimiento ante los jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Conforme con lo anterior, no le asiste razón a la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuando afirma que solo quienes estaban en el primer lugar de las listas de elegibles al cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura podían ejercer la acción de cumplimiento, pues de la simple lectura de la norma cuyo cumplimiento se solicita se advierte que ésta es autónoma, de carácter general, impersonal y abstracto, que impone una obligación exigible a una autoridad una vez cumplida una condición y, por lo tanto, cualquier persona está legitimada para reclamar su cumplimiento. Sentencia del 29 de marzo de 2012, Exp. 25000-23-24-000-2011-00774-01(ACU) C.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS Al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos que son propios del proceso penal. La Sala niega el recurso de habeas corpus solicitado al considerar que no existe en el presente caso una prolongación injustificada de la privación de la libertad del accionante, como quiera que para la fecha de la acción constitucional su detención se encontraba amparada por el escrito de una decisión motivada, se había presentado la acusación y la negativa de libertad por vencimiento de términos estaba debidamente motivada y justificada. Además, del escrito impugnatorio se evidencia, que el defensor, quien actúa en representación del interno, busca que se ordene la libertad, porque considera que las decisiones de los jueces no han sido acordes con las pruebas por él allegadas para demostrar la inocencia de su defendido, sin embargo, no corresponde al juez constitucional determinar la fortaleza intrínseca de los argumentos

de la decisión del Fiscal, porque ello supondría pretermitir las responsabilidades propias del funcionario que adopta la medida y, de contera, las de su superior funcional, para desatar en sede extraña la inconformidad del recurrente, por lo cual, la aludida determinación procesal es un dato de realidad cuyos efectos reconoce y acata el juez de amparo, mientras no se desaten los medios de control horizontal de la decisión, que prevé el Ordenamiento Jurídico. Providencia del 25 de mayo de 2012, Exp. 05001-23-31-000-2012-00708–01 (HC), C.P. GUSTAVO

EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.

SSEECCCCIIÓÓNN PP RRIIMMEERRAA 1. a) Actos administrativos expedidos con desviación de poder Cuando la autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones utiliza sus poderes o facultades para expedir decisiones contrarias a los fines atribuidos Extracto: Del acervo probatorio reseñado, concluye la Sala que los actos administrativos acusados fueron expedidos con «DESVIACIÓN DE PODER», pues este vicio de ilegalidad se presenta cuando una autoridad administrativa u órgano del Estado en ejercicio de sus funciones y competencias, utiliza sus poderes o facultades, para expedir decisiones contrarias a los fines u objetivos que le han sido atribuidos, amparándose en la legalidad formal del acto. En efecto, la Inspección 10 C de Policía del Municipio de Medellín, en uso de sus atribuciones de policía referentes al control y supervisión de los establecimientos PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012

www.consejodeestado.gov.co comerciales de la mencionada entidad territorial, relativos a las licencias, uso de suelos, condiciones de salubridad, intensidad auditiva, horario, ubicación, etc., expidió los actos administrativos que se censuran, pero no con el fin de dar cumplimiento a las mencionadas funciones de policía, sino en aras de obtener la desocupación del Edificio Vásquez, por cuanto la Administración Municipal requería disponer de él, en forma inmediata, sin tener que acudir a trámites prolongados y costos. b) Para la tasación de los perjuicios no basta con solicitarlos debe probarse su reconocimiento Debido a la transacción, las actoras renunciaron al aprovechamiento económico del mencionado hotel cuando accedieron a la terminación por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento Extracto: En este orden de ideas, es del caso analizar la conciliación de 14 de diciembre de 2000, celebrada entre las actoras y los antiguos propietarios del Edificio Vásquez, toda vez que el a quo se basó en ella para la tasación de los perjuicios materiales futuros solicitados. En el referido acuerdo, se pactó lo siguiente: Dar por terminado el contrato de arrendamiento. Como reconocimiento a la terminación contractual referida, las demandantes recibieron por un lado, el valor de $50.380.000.oo. (deducido del depósito de arriendos que se había efectuado a favor de los antiguos propietarios) y por el otro, el valor de $8.000.000.oo. (deducido del valor que aquellos recibieran de la venta del bien). Una vez recibieran el último saldo de los $8.000.000.oo, las actoras efectuarían la entrega material del local donde funcionaba

el HOTEL SANTANA. En virtud de lo anterior, frente al lucro cesante –futuro-, considera la Sala, que si bien, mediante la referida conciliación extrajudicial no se acordó el pago de los perjuicios solicitados en el sub lite, es del caso tomar en cuenta lo allí pactado, tal y como lo estimó el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues para calcular dicho perjuicio, es necesario determinar el tiempo en el que efectivamente estuvo en funcionamiento el HOTEL SANTANA, ya que debido a la transacción, las actoras renunciaron al aprovechamiento económico del mencionado hotel cuando accedieron a la terminación por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento, por lo que su explotación no podía extenderse por más tiempo; por tanto, se estiman acertadas las consideraciones del a quo frente a dicho perjuicio. En cuanto a los daños morales, se observa que el Tribunal de primera instancia, consideró que en tratándose de detrimento patrimonial, con el reconocimiento de los perjuicios materiales, se entendía la reparación de la lesión moral, además que para acceder a su reconocimiento, las demandantes debían encontrarse en un grado tal de angustia, congoja, dolor y sufrimiento que ameritara su reconocimiento, situación que, en su sentir, no se daba en el sub lite, pues la prueba testimonial no era suficiente para predicar la verdadera existencia del perjuicio. Al respecto, estima la Sala que en el presente asunto no se probaron los perjuicios morales alegados por las demandantes, pues las declaraciones rendidas por sus ex empleadas, así como por el esposo de una de ellas, no pueden tenerse como imparciales, en la medida en que las primeras tenían grado de dependencia con aquellas y el segundo, un indiscutible interés en las resultas

del proceso. Aunado a lo anterior, no se allegó prueba documental que ratificara su testimonio en torno al hecho de haber tenido que dejar de enviar, por el término de un año, a una de sus hijas al colegio, como tampoco la falta de pago a sus empleadas y el retraso en el pago de los servicios públicos del inmueble donde funcionaba el pluricitado hotel, ni la relación de causalidad de dichos hechos con circunstancias de dolo, angustia y daño moral. Sentencia del 18 de julio de 2012. Exp. 05001 23 31 000 2000 2797 01, C.P. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 2) En la expropiación por vía administrativa la indemnización debe ser de carácter reparatorio y pleno Cuando el particular se ve obligado a transferir al estado un bien de su propiedad por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador tiene derecho a una indemnización justa Extracto: En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas al texto) En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 109 – 4 de Septiembre de 2012 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a

los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización.” El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo. Lo anteriormente expuesto explica el porqué el artículo 71° de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establecen textualmente lo siguiente en el inciso 1° y el numeral 6°: Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de

expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (Subrayado fuera de texto […] 6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio. b) El avalúo que se presente en la respectiva indemnización corresponde al actor demostrar por que es equivocado El juez debe decretar todas las pruebas solicitadas con el fin de establecer que la indemnización sea proporcional al bien expropiado, pero el actor en su debida oportunidad le corresponde la carga de la prueba, demostrar su inconformidad con el avaluó que le presenten Extracto: El avalúo oficial que sirvió de fundamento para la expedición de los actos acusados obra folios (fls. 24 a 29 cuad. anteced.), y en él se consignan aspectos tales como la inspección ocular practicada al inmueble, su descripción en sus aspectos jurídicos, clase de inmueble, características de la construcción, localización, entorno, servicios públicos, rutas de transporte, centros de consumo, sector de la construcción, normatividad, configuración y áreas del inmueble, valor del metro cuadrado para el lote y para la construcción con base en el método valuatorio comparativo del mercado tanto de compra-ventas

como de reposición, que el avalúo que se practicó lo fue con base en lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998, y fue también el resultado “…de una visita personal de peritos al inmueble, con el objeto de verificar todas las condiciones de construcción y acabados del mismo, así como un estudio de zona circundante y la infraestructura de vías de que dispone….(y que)…nuestros archivos también fueron consultados y se consultó con personas expertas en este tipo de inmuebles.” Ahora bien, del detenido examen del avalúo realizado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, de la revisión que del mismo se realizó por esa dependencia pública y de su cotejo con las disposiciones con base en las cuales se dice haberse realizado ( artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 1420 de 1998), la Sala encuentra que si bien se siguió la metodología en ellas señalada para tales efectos, éste carece de soporte técnico o documental que permitan tener certeza de que efectivamente se realizaron las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, vale decir se encuentra desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio. No obstante lo anterior, al haber sido incorporado dicho valor indemni