CE - Boletin 146

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 146 - Junio 27 de 2014 www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2 006

EEDDIITTOORRIIAALL l de 2006

En los últimos días dos decisiones del Consejo de Estado han merecido elogios por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. La primera es la nulidad de la elección del l Pdree s2id0e06n t e del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, decretada por la Sala Plena, y la segunda es también la nulidad de la elección del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, ordenada por la Sección Quinta. En ambas decisiones el Consejo de Estado sienta un precedente frente a la transparencia que debe haber en los procesos de elección de los magistrados de las Altas Cortes para evitar cualquier tipo de cuestionamiento que ponga en duda la independencia y majestad de la justicia. El twitter de la Corporación y las columnas de opinión destacan las dos decisiones como el principio de una reforma a la justicia que se necesita, pero propuesta al interior de las propias Cortes. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO Presidenta JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas: LLEEYY 11443377 DDEE 22001111

Conte n i do: 1.a. Con la Ley 1437 de 2011 desapareció el concepto de vía gubernativa

que ahora se denomina actuación administrativa relativa a los recursos previstos en la ley. Editorial 1 Jurisprudencia del Consejo Síntesis del caso: En audiencia inicial, el Tribunal Administrativo de de Estado al día Bolívar declaró no probada la excepción de inepta demanda, por falta Ley 1437 de 1-2 de agotamiento de la vía gubernativa, formulada por la DIAN respecto 2011 de la demanda que el Departamento de Bolívar promovió contra el Acciones de 2-7 mandamiento de pago y la resolución que negó las excepciones y Tutela Acción d e ordenó seguir con la ejecución dentro del proceso de cobro coactivo cumplim iento 7-8 que se le adelantó. Al resolver la apelación que la DIAN formuló contra Acción P opular 8-9 dicha decisión, la Sala la confirmó, porque consideró que el recurso de Sección Primera 10-12 reposición que procedía contra la resolución acusada no es obligatorio, Sección Segunda razón por la cual no se debía interponer para agotar la vía 12-15 gubernativa, expresión que desapareció con la Ley 1437 de 2011 y que Sección Tercera 16-29 hoy se denomina actuación administrativa relativa a los recursos Sección Cuarta 29-32 previstos en la ley. Sección Quinta 33-36 Sala de C onsulta 37-40 Extracto: “[…] es del caso señalar que el concepto de vía gubernativa Índice 41-45 desapareció de la terminología procesal administrativa después de la Ley 1437 Noticias 46 de 2011 (CPACA) que ahora la denomina actuación administrativa, relativa a los destacadas

recursos consagrados en la ley, esto es, los de reposición y apelación. Así, el artículo 161 [2] del CPACA contempla como requisito de procedibilidad, es PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014 www.consejodeestado.gov.co decir que se deben cumplir de forma previa a la presentación de la demanda el de haber “ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios” y el artículo 76 del mismo código establece las reglas de oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación”. b. El recurso de reposición que procede contra el acto que niega las excepciones contra el mandamiento de pago proferido dentro del proceso de cobro coactivo no es obligatorio, porque la ley no le dio ese carácter; de modo que su interposición no es exigible para agotar la vía gubernativa.

Extracto: “[…] resulta claro para la Sala que en este caso no se encuentra probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues aunque el artículo 834 del Estatuto Tributario prevé el recurso de reposición como el único procedente contra la resolución que decide las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago, no le dio el carácter de obligatorio como excepción a la regla general que consiste en que el mencionado recurso es de carácter facultativo. En consecuencia, la no interposición del recurso de reposición contra la Resolución N° 110 del 3 de abril de 2012 “por medio de la cual se resuelven excepciones y ordena seguir adelante la ejecución” en nada afecta el agotamiento de la vía gubernativa, pues tal como lo manifestó el ad quo, a la luz de los artículos

51 y 63 del Decreto 01 de1984, el mencionado recurso es facultativo”. AUTO DE 29 DE MAYO DE 2014, EXP. 13001-23-33-000-2012-00045-01(20383), M.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. SECCIÓN CUARTA

AACCCCIIOONNEESS DDEE TTUUTTEELLAA

1. Acción de tutela contra el acto que niega solicitud de cambio de distribuidor mayorista de combustible es improcedente por existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

Síntesis del caso: En el sub lite, el actor considera que sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso fueron vulnerados por cuenta del Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 emitido por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, que negó la solicitud de autorización para el cambio de distribuidor mayorista de combustible, en atención a que la Sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A. dio por terminado el contrato que sobre el particular habían suscrito.

Extracto: “En el sub lite, el actor insiste en la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, por cuenta del Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 emitido por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, que negó la solicitud que éste le elevara en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio Automotriz Mobil Occidente, para obtener autorización de cambio de distribuidor mayorista, en atención a que la Sociedad

Exxon Mobil de Colombia S.A. dio por terminado el contrato que al efecto habían suscrito… La Sala advierte que el Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 constituye un verdadero acto administrativo, cuya legalidad debe ser discutida ante el juez natural. Por tal razón, la tutela deviene improcedente… se puede concluir que el trámite administrativo de solicitud de cambio de distribuidor mayorista que pretendía el tutelante, finalizó con el Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 cuyo contenido no previó la posibilidad de interposición de recurso alguno. Ahora bien, para el tutelante dicho acto administrativo lesiona sus derechos fundamentales, por cuanto intervino en la relación contractual y comercial entre el distribuidor y el mayorista, invadiendo una órbita que solo le compete a la justicia arbitral u ordinaria. Para la Sala, las censuras contra el acto administrativo cuya nulidad se solicita a título de amparo, no pueden ser ventiladas en el marco de la acción de tutela, pues se reitera, éste constituye un mecanismo residual a otros medios de defensa judicial, que en el caso concreto se reducen a las acciones contenciosas para cuestionar la legalidad del referido acto. En efecto, dicho acto es susceptible de ser discutido ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante el respectivo BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este sentido, no cabe duda que cuando un

acto administrativo se estime contrario a normas superiores -como se afirma en el presente asunto-, puede ser demandado mediante los medios de control regulados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad por inconstitucionalidad, etc.). Al ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (así como en el de simple nulidad) existe la posibilidad de que en la demanda se pida la suspensión provisional de los actos acusados. Incluso con la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. se autoriza al juez para que desde el inicio del proceso judicial perciba si existe la violación que se alega, pudiendo para tal efecto: 1) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y 2) estudiar las pruebas allegadas con la solicitud, lo que contrasta con lo dispuesto en el estatuto anterior, en el cual era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto acusado. Es, pues, un mecanismo judicial que no solamente es apto para la protección de los derechos fundamentales, sino que es expedito, toda vez que la medida de suspensión provisional debe ser resuelta por el juez de lo contencioso administrativo luego del auto admisorio de la demanda… no existen elementos probatorios que lleven a la Sala al pleno convencimiento de que el medio de defensa ordinario, que es el propio y natural para obtener la garantía de la prestación que reclama, no sea idóneo ni efectivo”. Ministerio de Minas y Energía no incurrió en omisión en el ejercicio de su facultad sancionatoria.

Extracto: “En lo que respecta a la decisión administrativa sancionatoria que eventualmente pueda adoptarse en contra de la Sociedad mayorista, es lo cierto que al tenor del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, la administración cuenta con un periodo de tres (3) años para imponerla so pena de caducidad de la facultad sancionatoria, término que a la fecha no ha vencido. Por lo anterior, no se presenta la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor con ocasión de la supuesta omisión que se le atribuyó al Ministerio de Minas y Energía. Bajo tal óptica, encuentra la Sala que el amparo deberá negarse en relación con este aspecto, situación que impone modificar la sentencia impugnada, que sobre este punto había rechazado por improcedente la petición de amparo”.

SENTENCIA DE 21 DE MAYO DE 2014, EXP. 25001-23-36-000-2014-00225-01(AC), M.P. SUSANA BUITRAGO

VALENCIA

2. Por regla general la acción de tutela es improcedente para para ordenar el pago inmediato de subsidios estatales –incluso los subsidios de vivienda familiar-, no obstante, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social puede modificar el listado de calificación y asignación del subsidio de vivienda para conceder prioridad a quienes se encuentren en especiales condiciones de vulnerabilidad.

Síntesis del caso: En el presente caso, la actora pretende la protección del derecho fundamental a la vivienda digna, que considera vulnerado con las actuaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA. En consecuencia, pretende que se ordene a las entidades

demandadas hacer entrega del subsidio familiar de vivienda al que tiene derecho, por cuanto se encuentra en condición de desplazamiento, es madre cabeza de familia desempleada y, tiene un hijo menor con discapacidad mental. La Sala analizó si procedía la entrega inmediata del subsidio de vivienda a la actora debido a sus especiales condiciones de vulnerabilidad, ó en su lugar, correspondía ordenar a las entidades competentes establecer si, debido a esas circunstancias particulares, se posibilitaba modificar el listado de calificación y asignación del subsidio de vivienda para otorgarle un orden de asignación privilegiado.

Extracto: “Es obligación de FONVIVIENDA y del DPS cumplir a cabalidad con todas las normas que regulan el trámite de la asignación de los subsidios de vivienda y, concretamente, estudiar respecto de las circunstancias particulares de cada postulante para ubicarlos en los grupos de priorización, cuando haya lugar a ello y, hacer la entrega de las ayudas económicas de conformidad con el procedimiento PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014

www.consejodeestado.gov.co establecido para el efecto. Así las cosas, se tiene que la actora ostenta la calidad de desplazada, tanto así, que se encuentra en estado de calificada en la convocatoria para entrega de subsidios familiares de vivienda del año 2007 para la población desplazada y, por lo tanto, cumplió con los requisitos del artículo 1 de la Ley 387 de 1997 para adquirir la categoría de tal. Se observa que, de los criterios de valoración y calificación del Plan Zonal de que trata el artículo 6 del Decreto 951 de 2001 y los establecidos por los

Decretos 170 del 2008 y 4213 de 2011, para la asignación de los apoyos económicos para vivienda de la población desplazada, el núcleo familiar de la actora cumple con presupuestos como; (i) hogar con jefatura femenina de familia; (ii) el núcleo familiar lo conforman 5 personas, una de ellas es discapacitada y otros tres son menores de edad y, (iii) se encuentran en situación de hacinamiento actual, pues según lo narró la demandante los cinco integrantes de la familia viven en una habitación. Y, de conformidad con la Ley 1537 de 2012, que se refiere a la asignación de los subsidios familiares de vivienda en especie para la población colombiana de escasos recursos, la actora se encuentra catalogada dentro de los grupos de asignación preferente por encontrarse en situación de desplazamiento y de extrema pobreza, pues hace parte de la Red Unidos. Así mismo, según el artículo 8º del Decreto 1921 de 2012, corresponde al DPS conformar los grupos de población para aplicar los proyectos de vivienda en órdenes de priorización y, en el inciso 2º, del numeral primero de dicho artículo establece que se enmarcan en el segundo orden de priorización los hogares de la Red Unidos en condición de desplazamiento que se estén en estado calificado en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por FONVIVIENDA y que se hayan postulado para la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007, circunstancia en la que, como se dijo, se enmarca la situación particular de la actora… la regla general es la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el pago

inmediato de subsidios estatales y obviar los órdenes de asignación que la administración ha dispuesto para el cumplimiento de sus cometidos, sin embargo, las situaciones excepcionales se deben valorar de manera detallada, para que, de conformidad con el trámite de asignación del subsidio de vivienda se determine si hay lugar a incluirlas en un orden de priorización privilegiado para la entrega efectiva del apoyo económico. De acuerdo con lo anterior, la actora demostró que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad que la del resto de los desplazados y, en consecuencia, se impone modificar la decisión de primera instancia, en el sentido de acceder a la solicitud de amparo y, se modificará el numeral 2, en cuanto, se ordenará al que DPS que estudie el caso concreto de la actora y sus especiales condiciones de vulnerabilidad, para determinar si es un hogar potencialmente beneficiario de la asignación del subsidio de vivienda, para que, una vez remitida dicha información por parte del DPS a FONVIVIENDA, ésta última entidad establezca sí hay lugar ó no, a incluirla en el próximo acto administrativo de apertura de la convocatoria de los hogares potencialmente beneficiarios y en qué orden de priorización sería ubicada… estima la Sala que es del caso acceder a la solicitud de amparo, puesto que con la actuación de FONVIVINEDA se vulneró el derecho fundamental a la vivienda digna de la actora, si se tiene en cuenta que las especiales condiciones de vulnerabilidad que enfrenta el núcleo familiar de la señora”.

SENTENCIA DE 7 DE MAYO DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00353-01(AC), M.P. MARTHA TERESA

BRICEÑO DE VALENCIA

3. La Discrecionalidad del Director General del INPEC para ordenar el traslado de reclusos de un centro penitenciario a otro debe ponderar las circunstancias particulares y familiares del preso.

Síntesis del caso: Correspondió a la Sala determinar si la decisión de trasladar al recluso –padre de la menor de edad quien actúa a través de agente oficiosode un centro carcelario de Bogotá a uno en el Departamento del Casanare, trasgredió el derecho fundamental de la niña a tener una familia y a no ser separada de ella, teniendo en cuenta que ella vive en la ciudad de Bogotá, está al cuidado de su abuela, ya que su madre también se encuentra recluida en el centro penitenciario el Buen Pastor de Bogotá.

Extracto: “Es evidente que la discrecionalidad del Director General del INPEC marca la regla general para el traslado del interno padre de la menor tutelante; sin embargo, como ya se expresó, esa discrecionalidad no es absoluta, y si bien el tema del hacinamiento en los centros carcelarios de Bogotá es un hecho ampliamente conocido, es evidente que previamente a disponer el movimiento de un preso de un sitio a otro, deben considerarse sus circunstancias particulares y familiares ante todo si existen BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014 PÁGINA 5

www.consejodeestado.gov.co menores de edad y hechos como el presente, con una situación atípica para la menor, pues ambos padres se encuentran privados de la libertad. En efecto, la situación de la menor es especial, pues su abuela, encargada de su cuidado, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tiene los medios económicos

para desplazarse con ella al Departamento de Casanare para que pueda visitar a su padre en el centro de reclusión, lo que demuestra que la menor se encuentra imposibilitada para ver a su padre a quien podía visitar en Bogotá, donde reside, pero con su traslado se le priva de que pueda visitarlo”. Las visitas virtuales son una medida insuficiente para afianzar el vínculo afectivo entre la menor de cinco años y su padre.

Extracto: El INPEC no demostró en el plenario la efectividad o siquiera la implementación del sistema de visitas virtuales a favor del señor Rojas García. Este sin duda es un elemento tecnológico valioso introducido para garantizar el contacto del reo con sus parientes, pero considera la Sala que en este caso se hace insuficiente no sólo por la falta de prueba de su idóneo funcionamiento, sino porque se trata de una niña de cinco años, que necesita del cariño directo de sus padres del que ya fue privada sin duda alguna por la comisión de la conducta delictual de estos, empero, no permitirle una visita directa, sin duda empeoraría el escenario ya de por si tan gravoso.

SENTENCIA DE 1 DE ABRIL DE 2014, EXP. 25000-23-41-000-2014-00073-01(AC), M.P. LUIS RAFAEL

VERGARA QUINTERO

4. Carencia actual de objeto por hecho superado de la tutela interpuesta por la omisión en la transferencia de los recursos para realizar referendum revocatorio del Alcalde Gustavo Petro.

Síntesis del caso: Correspondió a la Sala determinar si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Presidencia de la República vulneraron

los derechos fundamentales de los actores consagrados en los artículos 19 y 40 de la Constitución Política, especialmente el derecho al ejercicio del control político, por no haber tomado las medidas necesarias para trasladar los recursos necesarios a fin de realizar la contienda democrática de la revocatoria del mandato del Alcalde Gustavo Petro programada para el 2 de marzo de 2014.

Extracto: “Está probado que el giro de los recursos necesarios para la jornada electoral de revocatoria del mandato se realizó en el decurso de la primera instancia de este proceso, tal como lo reconoce el impugnante, pues el Registrador Nacional del Estado Civil expidió la Resolución No 01856 de 14 de febrero de 2014 a través de la cual se hizo el traslado en el presupuesto de funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia fiscal de 2014 por la suma de $ 35.000.000.000, gracias a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la Resolución No 0465 de la misma fecha colocó la partida presupuestal correspondiente a efectos de iniciar el proceso de contratación de bienes y servicios para su implementación y desarrollo. Si bien el impugnante se encuentra inconforme con la variación de la fecha de los comicios programados inicialmente para el 2 de marzo de 2014 y reprogramados para el 6 de abril del mismo año, en este estado del proceso cualquier decisión a ese respecto no surtiría ningún efecto, pues como se sabe la Registraduría Nacional del Estado Civil dio por terminado de forma justificada el proceso electoral aquí analizado con fines de revocatoria del mandato mediante Resolución 0340 de 20 de marzo de 2014, debido a que el Gobierno Nacional mediante Decreto 570 de 20 de marzo de 2014, ejecutó

las decisiones del Procurador General de la Nación, destituyendo al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro… queda demostrado en el caso bajo estudio que el objeto expuesto en cada una de las demandas de tutela desapareció en el transcurso del proceso, sin importar que a la fecha esté pendiente la fijación de un nuevo calendario electoral para que el electorado decida finalmente la revocatoria del mandato del Alcalde Gustavo Petro, debido a la orden de reintegro del 21 de abril de 2014, impartida por una Sala Civil de Restitución de Tierras”. SENTENCIA DE 22 DE ABRIL DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00462-01(AC), M.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014 www.consejodeestado.gov.co

5. Acción de tutela es improcedente para controvertir actos legislativos. Umbral electoral del tres por ciento no configura perjuicio irremediable que amenace los derechos de candidata al Senado por el

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA.

Síntesis del caso: so pretexto de materializar la expectativa del derecho de alcanzar un escaño en el Senado de la República, la actora persigue por vía de tutela la inconstitucionalidad de un acto legislativo reformatorio de la constitución que fija el umbral en el 3%. A juicio de la actora el umbral del 3%, fijado por el Acto Legislativo 01 de 2009, debe inaplicarse porque riñe con el

principio fundamental de superior jerarquía que instituye a Colombia como una República democrática, participativa con pluralismo político, para en su lugar hacer valer el umbral del 2% fijado con anterioridad por el Acto Legislativo 01 de 2003, que el MIRA alcanzaría y con el cual se le garantiza su derecho a ser elegida senadora.

Extracto: “De conformidad con la naturaleza subsidiaria propia de la acción de tutela cabe afirmar que, a primera vista, en el caso bajo estudio se configuran las causales contenidas en los numerales 1 y 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que la reconocen como improcedente ante la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, y frente actos de carácter general, impersonal y abstracto… resulta evidente que a través de la acción de inconstitucionalidad se pueden hacer valer los reparos que se tengan respecto de los actos legislativos reformatorios de la Constitución, tales como los que originan la inconformidad de la accionante. En consecuencia dicha acción es el escenario indicado para discutir sobre la constitucionalidad de los artículos 2 y 11 del Acto Legislativo 01 de 2009 que aumentó el umbral electoral al 3%, entendido como un acto de carácter general, impersonal y abstracto. A ella debe acudir tanto el MIRA como la actora si, en su orden, estiman que la fijación de tal umbral pone en riesgo su existencia y personería jurídica, e impide concretar la expectativa de alcanzar una curul en el Senado de la República… Con todo, si bien la jurisprudencia constitucional ha justificado la improcedencia de la

acción de tutela contra los actos de carácter general, en razón a que no son susceptibles de referirse o reconocer situaciones jurídicas subjetivas y concretas, también ha sostenido que, con el ánimo de no hacer nugatoria la efectividad de los derechos fundamentales, la acción prevista en el artículo 86 constitucional resulta procedente como mecanismo transitorio contra actos de carácter general, solo en el evento de que i) se busque conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y ii) sea posible establecer que el contenido del acto, afecte clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable, supuestos que permitirían al juez de tutela ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente… A groso modo y bajo la óptica inicial consecuente para establecer o descartar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el aumento del umbral del 2% a un 3% se sustenta en razones que antes de minar o debilitar la democracia participativa y pluralista, respaldan la finalidad y el propósito ulterior de fortalecerla. Lo fundamentan mecanismos de consolidación de la legitimidad y representatividad de los partidos y movimientos políticos, en tanto aquello que pudiese considerarse como una restricción, en términos de razonabilidad procura fortalecer la confianza ciudadana en ellos al advertir una organización más fuerte, rigurosa disciplinariamente, alejada de exclusivos propósitos individualistas, éticamente más blindada y con mayor número de sufragantes. En tales condiciones se advierte igualmente la consecución del fortalecimiento de las minorías, a través de su efectiva

organización, lo que realza y da trascendencia al ejercicio del verdadero derecho a la oposición y al pluralismo efectivo y material mediante la configuración de una base electoral significativa. A contrario sensu, el aumento del umbral a un 3% representaría parte de un fórmula mediante la cual se apuesta por la previsión de restricciones, sanciones, censuras y desestímulos, encaminada a desterrar las prácticas tanto personalistas como clientelistas y evitar la manipulación y amenaza a la representación democrática efectiva por parte de grupos armados ilegales, crimen organizado, carteles de ilícitos en general, con virtualidad de incidir en la conformación, financiación y definición de resultados y candidatos en la actividad política. Así las cosas, no advierte la Sala elemento de juicio alguno que la lleve a reconocer la satisfacción de los requisitos que configuran el perjuicio irremediable necesario para considerar amenazado el principio democrático participativo y pluralista, el debido proceso electoral de la actora, y su derecho a elegir y ser elegida, lo que permitiría la intervención impostergable del juez de tutela, desplazando aun provisionalmente la del juez natural ante el cual resulta obligado acudir oportunamente.”. BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 146 – 27 de junio de 2014 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co SENTENCIA DE 8 DE MAYO DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00324-01(AC), M.P. MARCO ANTONIO

VELILLA MORENO

6. Procuraduría vulneró el derecho al debido proceso de ex Gobernador de Caldas por cuanto excedió

el término razonable para resolver el recurso de apelación en proceso disciplinario.

Síntesis del caso: Correspondió a la Sala determinar si la tardanza en resolver la segunda instancia del proceso disciplinario seguido en contra del señor Mario Aristizabal Muñoz, ex Gobernador de Caldas, según lo alega la entidad, no se debe a la negligencia o inoperancia de la Procuraduría General de la Nación, -únicos aspectos en los que la jurisprudencia castiga la mora

[judicial]-, sino a la complejidad del asunto derivada del volumen del expediente disciplinario.

Extracto: “La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación explicó que en el sub lite, el término para resolver el recurso de apelación propuesto contra la decisión de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública que sancionó al tutelante con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años por conductas acaecidas mientras fungía como Gobernador del departamento de Caldas, si bien está superado, se justifica por la complejidad que el examen del expediente requiere dado su volumen -que comprende diez (10) cuadernos principales, siete (7) anexos y quince (15) medios de grabacióny por las diferentes peticiones que ha debido resolver luego de haber asumido la competencia en segunda instancia. De acuerdo con lo alegado, para la Sala el proceso disciplinario no ha presentado inactividad, pues luego del traslado para alegar de conclusión -auto No. 25 del 19 de julio de 2012la Procuraduría atendió solicitudes referentes a expedición y remisión de

copias auténticas de la actuación a otras entidades y también sobre información del estado actual del trámite disciplinario, por tal motivo se descarta la existencia de negligencia por parte de los funcionarios responsables de adoptar la decisión que se echa de menos… Pero, justamente en atención al contenido de la sanción apelada -destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas-, y al momento en que se inició la investigación disciplinaria, esto es, el 3 de octubre de 2011, la Sala encuentra fundado el reclamo que invoca el señor Aristizabal sobre la necesidad de resolución del trámite seguido en su contra… Entonces, en un examen de ponderación entre el derecho que le asiste al investigado de conocer prontamente la situación jurídica específica que en este caso presenta la condición especial de tratarse de una inhabilidad para el desempeño de cargos públicos por el término de diez (10) años, de cara a la justificación que tiene la entidad accionada para sustentar la omisión en resolver el recurso de apelación en contra de dicha sanción por fuera de los términos establecidos en la ley disciplinaria, encuentra la Sala que la Procuraduría ha superado un término razonable para la definición del asunto lo impone mantener el amparo, pero modificará la decisión de tutela en cuanto al plazo concedido para el efecto. Tal decisión atiende a la impo