CE - Boletin 151

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 151Septiembre 15 de 2014 www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2006 EEDDIITTOORRIIAALL El juicio en línea, que ya no se vislumbra como el futuro de nuestra administración de justicia sino que es el presente, será el tema central del XX Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se realizarál d ee n 2 la0 0 c6 iu dad de Cartagena los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014. Este año el Encuentro tiene una connotación especial porque se desarrollará en el marco de los 100 l de 2006 años del restablecimiento del Consejo de Estado, hecho ocurrido a través del Acto Legislativo de 10 de septiembre de 1914. Se tratarán temas como el desarrollo de la oralidad en el procedimiento contencioso administrativo, la aplicación de las nuevas tecnologías para agilizar los procesos y, además, el tema de la reforma a la justicia. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO Presidenta JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

LLEEYY 11443377

Conte n i do:

1. Competencia para proferir decisiones en audiencia inicial.

Síntesis del caso: La parte demandante interpuso recurso de apelación Editorial 1 contra el auto del 24 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal

Jurisprudencia del Consejo Administrativo del Norte de Santander, en la audiencia inicial, que de Estado al día declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa Ley 1437 1-3 respecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del Tutelas 3-7 Departamento de Norte de Santander y el Municipio de Cucutá, así Sección Primera 8-11 como la de caducidad de la acción. Sección Segunda 11-13 Sección Tercera 13-23

Extracto: “la jurisprudencia del Consejo de Estado adoptó el criterio de Sección Cuarta 24-30 especialidad para darle solución a la tensión normativa suscitada entre el Sección Quinta 30-35 artículo 180 numeral 6 y el artículo 243 del CPACA, y con ello fijó una regla de Sala de C onsulta 35-38 solución de antinomias de la nueva codificación, en la que se prefiere la norma Índice 39-42 especial respecto de la general incluso por encima del criterio cronológico. En Noticias este orden se concluye que en el caso objeto de estudio esta Corporación es 43 destacad as competente para resolver el recurso interpuesto por cuanto así lo dispone el numeral 6 del artículo 180 que regula el trámite de la audiencia inicial. (…) El auto recurrido advierte una dificultad a la que deben enfrentarse los Magistrados de tribunales administrativos quienes tienen a su cargo la PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014

www.consejodeestado.gov.co dirección de la audiencia inicial, oportunidad en la que están facultados para proferir decisiones de

distinta naturaleza incluso aquellas que pongan fin al proceso, y en virtud de ello, concurren en una misma audiencia dos normas de competencia funcional que le resultan igualmente aplicables a la providencia dictada en esta primera etapa procesal. (…) El artículo 125 del CPACA consagra la regla general de competencia en cuanto a la expedición de autos interlocutorios y de trámite en el juez o magistrado ponente; no obstante, esta regla tiene 4 excepciones frente a las cuales la competencia se radicó en la Sala, enunciadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243, y que hacen referencia en su orden: al auto que rechace la demanda; el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite; el que ponga fin al proceso; y el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, interpuesto por el Ministerio Público, salvo en los procesos de única instancia. De otro lado, el artículo 180 numeral 6 faculta al juez o magistrado ponente para dar por terminado el proceso cuando prospere alguna de las excepciones cuando a ello haya lugar, y cuando en el desarrollo de la audiencia advierta que no se agotó con alguno de los requisitos de procedibilidad. En este entendimiento, se tiene que ambas disposiciones ofrecen consecuencias jurídicas distintas ante el mismo supuesto de hecho; de allí que, frente al cuestionamiento de quien es el competente funcional para proferir decisiones que le ponen fin al proceso como la del auto apelado que lo da por terminado para el Ministerio de Ambiente y no declara probada las demás excepciones, en la audiencia inicial; ante esta situación se pregunta, si la competencia es del magistrado ponente que la

dirige o si por el contrario, tendría que proferirla la Sala de decisión (…) si bien, se adoptó como criterio interpretativo para resolver tensiones al interior de un mismo cuerpo normativo el cronológico y el de especialidad, lo que conduciría a concluir que la competencia para declarar por terminado el proceso en audiencia inicial, es del Magistrado Ponente, sin embargo, conforme a lo establecido por la Corporación en la cita que precede se debe aplicar la regla de competencia señalada en el 125 del CPACA en virtud de la cual, las decisiones enunciadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 243 serán proferidos por la Sala, esto, sobre la base de que estas dos normas constituyen el pilar fundamental del recurso de apelación de autos y son las reglas articuladoras del régimen aplicable a este medio de impugnación. (…) la magistrada ponente carecía de competencia funcional para declarar probada una excepción previa que pone fin al proceso, por cuanto el artículo 125 del CPACA preceptúa que en aquellos casos en los que se precluya el proceso, la competencia para ello es de la Sala de Decisión, lo que da lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado en la audiencia inicial, en atención a que se configuró la causal segunda del artículo 140 del CPC, aplicable por remisión del artículo 208 de la nueva codificación, esto es, “cuando el juez carece de competencia”, comoquiera que la competencia para declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible era de la Sala de Decisión del Tribunal y no de la Magistrada Ponente.”

AUTO DE 31 DE JULIO DE 2014. EXP. 54001-23-33-000-2012-00183-01(49106). M.P. ENRIQUE GIL BOTERO.

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA (SECCIÓN TERCERA)

2. Medio de Control de Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo se rige por la Ley 472 de 1998 (norma especial), excepto, en lo atinente a la pretensión, competencia y caducidad, aspectos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Síntesis del caso: La Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 18 de diciembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo el 25 de octubre de 2013, contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Sociedad Emerald Energy PLC y Shandong Kerui Petroleum Equipment Co Ltda., por la contaminación con material químico de la quebrada “La Nutria” en el año 2011, lo cual, causó la muerte de los animales que habitan en la zona, repercutiendo en pérdidas económicas. BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co Extracto: “Teniendo en cuenta que la demanda se instauró con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, conviene resolver la tensión normativa que se suscita entre el artículo 46 de la ley

472 de 1998 y el artículo 164 numeral 2 literal h) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues estas disposiciones consagran la regla de caducidad de la acción de grupo que bajo el nuevo código se denomina medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. El artículo 47 de la ley 472 de 1998 consagra: Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala: artículo

164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. en los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentar dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. Conforme a lo anterior, el problema radica en que ambas disposiciones señalan un término de caducidad diferente, pues en la norma de la ley 472 de 1998, indica que es de dos años siguientes a la fecha en que se causó el

daño o cesó la vulneración. La nueva codificación establece dos términos diferentes a saber: una genérica de 2 años, y la relativa a las pretensiones de nulidad cuyo término es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. No obstante, se tiene que el artículo 145 del CPACA que regula el medio de control, señaló que éste se ejercería siguiendo los parámetros establecidos en la norma especial que regula la materia, esto es, la ley 472 de 1998... Resulta evidente que la otrora llamada acción de grupo, quedó modificada en cuanto se refiere a la materia contencioso administrativa por la pretensión de grupo, la cual se deberá ejercer en los términos fijados en la ley 1437 de 2011, según la competencia y el plazo de caducidad allí contenidos. A contrario sensu, los demás temas continúan bajo el imperio de la ley especial -472 de 1998que regula las pretensiones populares y de grupo”. a. Cuando se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como sucede en este caso, consistente en la contaminación de la quebrada “La Nutria”, como consecuencia del derrame de químicos utilizados en la actividad petrolera, el término de caducidad se contabiliza desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño y no desde la ocurrencia del hecho.

Extracto: “En el caso objeto de estudio como lo que alegan los demandantes es un daño continuado o de carácter sucesivo, lo que cobra relevancia es la noticia del mismo, por ello, no deben tenerse en cuenta el momento de cada una de las muertes de los animales, entendidas como un acontecimiento aislado, sino

que, por el contrario fue un daño que se prolongó en el tiempo y que ocasionó una pluralidad de perjuicios en el tiempo. En efecto, en la demanda se señala que hasta el 19 de agosto de agosto de 2012 seguía ocurriendo la contaminación de la Quebrada La Nutria y hasta el presente se desconoce si ésta ha cesado. Por tanto, se revocará la decisión del tribunal en atención a que el daño se prolongó por un lapso en el que se causaron los daños alegados por las partes”.

AUTO DE 12 DE AGOSTO DE 2014, EXP. 18001-23-33-000-2013-00298-01(AG), M.P. ENRIQUE GIL BOTERO

AACCCCIIOONNEESS DDEE TTUUTTEELLAA

1. Tribunal Administrativo de Sucre vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, al incurrir en desconocimiento del precedente jurisprudencial respecto de la contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos de lesiones provocadas a conscriptos que son valoradas por la Junta Médico Laboral.

PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014 www.consejodeestado.gov.co Síntesis del caso: Se interpuso acción de tutela contra los autos del 27 de marzo de 2012 y 6 de marzo de 2014, por los cuales, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre rechazaron la demanda presentada en ejercicio de la acción de reparación directa. El actor pretende que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia, en consecuencia, solicitó que se dejen sin efectos aquellas decisiones, y en su lugar, se ordene al a quo admitir la demanda instaurada contra la Armada Nacional, con fundamento en que el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la fecha en que se calificó la lesión por parte de la Junta Médico Laboral y no desde la ocurrencia del daño ocasionado con arma de dotación oficial, accidentalmente disparada por otro uniformado, cuando prestaba servicio militar obligatorio en el Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, en el departamento del Magdalena.

Extracto: “El problema jurídico del presente caso se centra en dilucidar si lo fallado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, desatendió los precedentes jurisprudenciales que la Sección Tercera de esta Corporación ha proferido sobre las distintas formas de contar la caducidad cuando no es clara la fecha en que se presenta, conoce o concreta el daño… la Sala advierte la evidente existencia del denominado defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, el cual hace procedente el amparo solicitado… las decisiones están sustentadas en diferentes sentencias de la Sección Tercera de esta Corporación que presuntamente abordan el tema de la caducidad en los casos en que existe duda sobre la fecha de la existencia o producción del daño, éstas no fueron debidamente valoradas e incluso, se hizo una interpretación totalmente errada de las mismas y se extrajeron conclusiones contrarias a lo que en ellas se resolvían.

Aunado a lo anterior, se observa que los Despachos Judiciales accionados no tuvieron en cuenta la

Jurisprudencia vigente en materia de contabilización del término de caducidad cuando se le causa lesiones a conscriptos, como efectivamente sucedió en el sub lite, en el que se encuentra demostrado que el actor sufrió un accidente con arma de dotación oficial cuando se encontraba prestando su servicio militar obligatorio. Lo primero que se advierte con preocupación, es que ni el a quo ni el Tribunal Administrativo de Sucre, abordaron el estudio de la caducidad con observancia de la condición especial del actor por ser un conscripto, a los cuales la Jurisprudencia reiteradamente les ha otorgado una protección particular, no solo al momento de establecer el título de imputación o el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad del Estado, sino también para contabilizar el término de caducidad para demandar en ejercicio de la acción de reparación directa con ocasión de un daño sufrido durante su estadía obligatoria en la Institución castrense. Sobre el particular, cabe resaltar que si bien, en principio, la Sección Tercera no había establecido unificación jurisprudencial sobre la forma de contar la caducidad cuando se producían lesiones que posteriormente eran calificadas por una Junta Médico Laboral, ya que en algunas sentencias se aceptaba que los dos años para demandar se contabilizaran a partir de la notificación del Acta en la que se determinaba la calificación de la lesión del afectado y en otras se contaba desde la fecha de la ocurrencia del hecho que originó el daño, independientemente de la calificación de la magnitud del mismo, es evidente que la tesis que ha prevalecido en la Corporación y que ha tenido unanimidad en los últimos años, especialmente en aquellos casos en los que la lesión la sufre un

conscripto, es aquella que establece que la fecha de concreción del daño es la que determina desde cuando se cuenta la caducidad y no la simple ocurrencia de un hecho, omisión u operación… en estos casos, el afectado o interesado en demandar puede que tenga una referencia de la fecha de cuándo se produjo el hecho que a la postre terminó originándole un daño, pero como en ese momento no hay certeza de su concreción o magnitud, el término de caducidad no podría contarse sino hasta que dicha situación se determine, esto en aras de garantizar el debido proceso y el derecho al acceso a la Administración de Justicia, máxime si se trata de conscriptos, frente a los cuales el Estado asume una posición de garante respecto de su vida y seguridad durante su estadía en la Institución Castrense”. SENTENCIA DE 14 DE AGOSTO DE 2014, EXP. 11001-03-15-000-2014-01604-00(AC), M.P. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co

2. Tribunal Administrativo de Córdoba no incurrió en desconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, ni vulneró derecho fundamental alguno, al omitir notificar por correo electrónico el auto que resolvió correr traslado para presentar por escrito los alegatos de conclusión, así como, por la imposición de las costas a la parte vencida en el proceso.

Síntesis del caso: La actora solicitó el amparo de los derechos y principios a la seguridad social,

mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, igualdad, mínimo vital, vida en condiciones justas, debido proceso, favorabilidad laboral y acceso a la administración de justicia, en consecuencia, pretendió dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de diciembre del 2013, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, modificada el 6 de febrero de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y en su lugar, solicitó que el Tribunal accionado expidiera una sentencia sustituta que confirmara el fallo de primera instancia, en la cual, se acataran los precedentes judiciales existentes sobre la indexación de la primera mesada pensional.

Extracto: “Estima la Sala que en estricto sentido frente al caso de la peticionaria no hay lugar a hablar de indexación de la primera mesada pensional, porque para liquidar la pensión de la demandante se tuvo en cuenta lo devengado por misma durante todo el 2005, año en el que la misma adquirió el estatus de pensionada por cumplir 50 años de edad el 30 de diciembre de 2005, razón por la cual no mediaron períodos inflacionarios que afectaran sustancialmente el poder adquisitivo del salario base de liquidación.

Dicho de otro modo, la primera mesada pensional que se reconoció en favor de la accionante, se liquidó teniendo en cuenta los factores salariales que corresponden temporalmente al año en que adquirió el estatus de pensionada, de manera tal que no existió un período inflacionario que implicara la pérdida de poder adquisitivo de la primera mesada, por lo que no es necesario indexar ésta… si bien transcurrieron varios meses entre el momento que la peticionaria adquirió el estatus pensional y se profirió la resolución

que reconoció dicha situación, se observa que se reajustó anualmente la mesada de la demandante y se le reconocieron a la misma las sumas adeudadas… En cuanto al segundo motivo de inconformidad de la demandante, que consiste en que el Tribunal Administrativo de Córdoba en supuesto desconocimiento de la Ley 1437 de 2011, que implementó la oralidad para los procesos contencioso administrativos, no llevó a cabo la audiencia respectiva para que las partes alegaran de conclusión, y simplemente le solicitó a las mismas que presentaran sus alegatos por escrito, sin comunicar dicha decisión a través de correo electrónico, como hasta ese momento se venían notificando las decisiones, se estima pertinente tener en cuenta lo señalado en el numeral 4 del artículo 247 de la ley antes señalada… para la Sala es claro que el Magistrado ponente teniendo en cuenta las particularidades del caso objeto de estudio, determina si es o no necesario llevar a cabo una audiencia para que las partes aleguen de conclusión, y que en el evento que el mismo considere que la celebración de aquélla no se requiere, está autorizado a solicitarle a las partes que presenten sus argumentos por escrito. En el caso de autos el Tribunal Administrativo de Córdoba de manera clara y precisa en el auto del 23 de octubre de 2013, invocando el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, indicó que como no existen pruebas por practicar, a su juicio no es necesario celebrar una audiencia para que las partes aleguen de conclusión, y por ende, corrió traslado a las mismas para que presentaran sus respectivos alegatos por escrito… En criterio de la Sala la

determinación que tomó el referido Tribunal de no llevar a cabo una audiencia para que se surtiera la etapa de alegatos de conclusión, de un lado está dentro del margen de su autonomía funcional, sin que se advierta que haya sido arbitrario o irrazonable al tomar dicha decisión, y de otro, se evidencia que su actuar está respaldado en la norma antes señalada, por lo que no hay razón alguna para considerar que existió una vulneración al derecho al debido proceso que haga procedente el amparo solicitado. En ese orden de ideas, el hecho de que el Tribunal accionado no le haya informado a la demandante por correo electrónico que debía presentar alegatos de conclusión por escrito, en criterio de la Sala no constituye una irregularidad de tal entidad que justifique por vía de la acción de tutela rehacer toda la actuación desde la referida etapa, y por ende, dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013… Sobre el particular se recuerda que tratándose de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, las irregularidades que justifican la intervención del juez constitucional en las decisiones adoptadas por los jueces naturales del asunto, deben ser significativas, relevantes, con incidencia definitiva en la decisión a adoptar, de lo contrario la acción de tutela podría emplearse para controvertir PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014 www.consejodeestado.gov.co por cualquier motivo, decisiones con fuerza de cosa juzgada que son producto del análisis que realizaron las autoridades competentes para definir determinado tipo de controversias… tampoco se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencias, al haberle impuesto a la demandante al pago de las costas del proceso, que incluyen las agencias del derecho, en tanto al revocarse la sentencia de primera instancia proferida en su favor, la peticionaria resultó vencida en el juicio”.

SENTENCIA DE 30 DE JULIO DE 2014, EXP. 11001-03-15-000-2014-01045-00(AC), M.P. GERARDO ARENAS

MONSALVE

3. Improcedencia de la acción de tutela para cuestionar la legalidad del acto administrativo por el cual se redujo la mesada pensional de conformidad con la sentencia C-258 de 2013.

Síntesis del caso: El actor interpuso acción de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, que consideró vulnerados por el Fondo de Prestaciones Social del Congreso de la República (FONPRECON), con ocasión de la reducción de su mesada pensional a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en aplicación automática de la sentencia C–258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

El tutelante pretende dejar sin efectos el Oficio No. 20132000071101 del 17 de julio de 2013, a través del cual, FONPRECON le informó que “…a partir del mes de julio de 2013 su mesada pensional sería ajustada al tope de 25 smmlv…”. Así mismo, pretende la protección transitoria de sus derechos fundamentales, en consideración, a que es una persona de la tercera edad que requiere de la pensión tal y como la venía recibiendo.

Extracto: “En el caso sub examine, se observa que a través del Oficio No. 20132000071101 del 17 de julio

de 2013, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República FONPRECON le informó al señor Heraclio Fernández Sandoval, que daría cumplimiento a la Sentencia C-258 de 2013, que determinó que las mesadas pensionales reconocidas de conformidad con el régimen especial de pensiones de Senadores y Representantes a la Cámara, previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, a partir del 1 de julio de 2013, debían ser ajustadas al tope de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En sentir de la Sala, no se está en presencia de un acto administrativo de ejecución, propio del cumplimiento de una orden judicial con efectos inter partes, sino frente a una decisión ejecutoria de la administración, que en ejercicio, precisamente, de la función administrativa busca concretar el mandato general contenido en la norma plasmada en la sentencia de constitucionalidad que se trata… el acto administrativo contenido en el Oficio No. 20132000071101 del 17 de julio de 2013, del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República FONPRECON, es un acto administrativo que modifica y extingue una situación particular y concreta del pensionado accionante, y por tanto, susceptible de control judicial… considera la Sala que para cuestionar la legalidad de la decisión contenida en el oficio mencionado, le corresponde al actor acudir a los medios ordinarios de defensa judicial con que cuenta (el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), ya que es competencia del juez contencioso administrativo, luego de un amplio debate, determinar: i) si para la disminución de la pensión del señor Heraclio Fernández Sandoval,

se debió surtir un procedimiento previo; ii) si su pensión se encontraba regulada por las normas cuya exequibilidad se pronunció la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-258 de 2013, y iii) si para ajustar su mesada al tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, era menester dar cumplimiento a las normas que regulan la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos de contenido particular y concreto. En otras palabras, corresponde al actor, a través de un proceso judicial, ante el juez natural, desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que le ocasiona el perjuicio que invoca por la vía de la presente acción constitucional… Observa la Sala que las pruebas aportadas al expediente permiten establecer que el actor actualmente tiene 81 años, y que padece algunos quebrantos de salud, razón por la que debe ser considerado como sujeto de especial protección constitucional, a la luz del inciso 3 del artículo 13 de la Constitución Política. Sin embargo, se advierte que en la actualidad el demandante tiene debidamente garantizada la prestación de los servicios de salud ya que actualmente se encuentra afiliado a Colsanitas medicina prepagada, y además, se encuentra garantizado su mínimo vital, como quiera que mensualmente recibe una mesada pensional de BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 151 – 15 de septiembre de 2014 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co $14’737.500, y lo que permite concluir que tiene medios para garantizar su subsistencia en condiciones dignas y que sus problemas de salud están siendo atendidos por los profesionales idóneos. Por último, es

del caso señalar que la solicitud de otorgar un amparo transitorio por encontrarse en trámite la demanda ordinaria radicada con el No. 2007-0138, resulta improcedente, ya que, contrario a lo que afirmado por el accionante, dicho trámite judicial concluyó con la sentencia segunda instancia, como se acreditó con la copia de la providencias aportadas al presente trámite”.

SENTENCIA DE 31 DE JULIO DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2013-05117-01(AC), M.P. JORGE OCTAVIO

RAMIREZ RAMIREZ

4. Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, por aplicación de una norma declarada inexequible, vulnera el derecho al debido proceso.

Síntesis del caso: En el sub examine, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla controvierte la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en su contra y de la Contraloría Distrital de Barranquilla, con el propósito de obtener la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 344 de 1996, ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías de los períodos 2005 y 2006 de un ex funcionario de aquel órgano de control.

Dicho fallo modificó parcialmente la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla -que había accedido a las pretensiones de nulidad y condenado a la Contraloría Distrital al pago de la sanción moratoria reclamada-, en el sentido de imponerle al Distrito de

Barranquilla el pago de la condena, habida cuenta de los efectos que tuvo el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 antes de ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Extracto: “En el sub examine, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla controvierte la sentencia de segunda instancia de 21 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla, con el propósito de obtener la nulidad de los actos que le negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 344 de 1996 derivada del retardo en la consignación de las cesantías de los períodos 2005 y 2006 mientras estuvo vinculado como Asesor Código 105 Grado 02 en dicho órgano de control… El estudio de la impugnación se limitará a determinar si como lo consideró el a quo, la providencia cuestionada inobservó la cosa juzgada constitucional, en tanto aplicó a la definición