CE - Boletin 220

220

EDITORIAL

NORMAS ANULADAS

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

o ACCIONES DE TUTELA

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SECCIÓN QUINTA

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

República de Colombia Consejo de Estado Boletín de Jurisprudencia Segunda época Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Presidente Relatorías Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Rodrigo Bravo Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Derys Susana Villamizar Reales Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Martha Lucía Gómez Gálvez Comité Editorial Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez Gabriel Valbuena Hernández Marta Nubia Velásquez Rico Martín Bermudez Muñoz Julio Roberto Piza Ana Yasmín Torres Torres Diseño Juan David Pulido Gómez Publicación Camilo Ernesto Losada

2 Boletín nº 220 – (Jul.2019) ÍNDICE Contenido EDITORIAL ...................................................................................................................................................... 4 I.NORMAS ANULADAS ................................................................................................................................... 5

II. ASUNTOS CONSTITUCIONALES .................................................................................................................. 6

III. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ........................................................................... 12

IV. SECCIÓN PRIMERA ................................................................................................................................. 18

V. SECCIÓN SEGUNDA ................................................................................................................................. 22

VI. SECCIÓN TERCERA .................................................................................................................................. 30

VII. SECCIÓN CUARTA .................................................................................................................................. 42

VIII. SECCIÓN QUINTA ................................................................................................................................. 50

IX. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL .................................................................................................... 60

3 Boletín nº 220 – (Jul.2019) EDITORIAL De esta edición se resaltan decisiones de importancia jurídica, entre otras, la providencia de la Sala Plena en la que se negó la solicitud del ex congresista Musa Besaile Fayad de remitir el proceso de pérdida de investidura seguido en su contra a la JEP. La Corporación reiteró que la acción pública de pérdida de investidura es una atribución reservada por la Constitución Política y la ley de manera exclusiva al Consejo de Estado. La Sala Plena, a través de una de sus las salas especiales de Decisión, estudió un recurso extraordinario de revisión en el que se solicitó infirmar una sentencia que había reconocido perjuicios extrapatrimoniales una hija de crianza. En esta ocasión la Sala de Decisión precisó que hijo de crianza tiene los mismos derechos de reparación patrimonial que los hijos biológicos o consanguíneos. También se registra la decisión de la Sección Segunda que declaró la nulidad del

Decreto 1128 del 30 de mayo de 2012 “por el cual se modifica la Planta de Personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH de que trata el Decreto 0766 de 2012” expedido por el Gobierno Nacional y la nulidad parcial de la Resolución 257 del 13 de julio de 2012 “por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos» dictada por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. En esta decisión se hizo la salvedad de que dicha declaración de nulidad tendrá efectos solo a partir de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, término dentro del cual el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá expedir un nuevo acto administrativo en el que distribuya en la planta global los empleos que el Decreto 1128 de 2012 había asignado a dicha dependencia. En asuntos constitucionales, se recordó que el reajuste de la asignación de retiro de las fuerzas militares no está sujeto a caducidad y puede ser demandado en cualquier tiempo, y en otro pronunciamiento insistió en que la acción de tutela no se puede usar como medio de defensa principal pues desconoce el principio de subsidiariedad que la rige. En cada una de las Secciones y Sala de Consulta y Servicio Civil se profirieron importantes decisiones que contribuyen al conocimiento jurídico. 4 Boletín nº 220 – (Jul.2019) I.NORMAS ANULADAS 11.. Decreto 1128 de 2012 “Por el cual se modifica la Planta de Personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH de que trata el Decreto 0766 de 2012”.

Resolución 257 de 2012 “Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. Nulidad parcial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de julio de 2019, C.P. William Hernández Gómez, radicación: 11001-03-25-000-2013-00369-00 (0793-2013). (Ver pág. 22 de este Boletín). 22.. Ordenanza 19 del 12 de diciembre de 2007, expedida por la Asamblea del Departamento de Sucre: los incisos 3 y 5 del artículo 5. Ordenanza 130 del 2 de diciembre de 2014, expedida por la Asamblea del Departamento de Sucre: los incisos 3 y 5 del artículo 339. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 2 de mayo de 2019, C.P. Milton Chaves García, radicación: 70001-23-33-000-201500388-01 (23258). (Ver pág. 43 de este Boletín). 33.. Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: el numeral 6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicación: 11001-0327-000-2014-00012-00 (20998) Acumulado. (Ver pág. 47 de este Boletín). 5 Boletín nº 220 – (Jul.2019)

II. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Acciones de tutela 11.. La obligación pactada en la promesa de compraventa no constituye título ejecutivo al estar condicionado el pago del precio a la inscripción de la escritura pública en la oficina de instrumentos públicos.

Síntesis del caso: Se cuestionan unas decisiones dictadas al interior de un proceso ejecutivo por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Según el accionante, esas decisiones incurrieron en los defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente. No obstante, del análisis efectuado al título valor exhibido por el ejecutante (contrato de promesa de compraventa) se tiene que dicho documento no contiene los elementos esenciales de un título ejecutivo, esto es, la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. Por lo que el análisis que hicieron las autoridades judiciales accionadas partió de determinar si el contrato de promesa de compraventa era un título válido para exigir el cumplimiento de la obligación de hacer (pago del precio del inmueble). ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCESO EJECUTIVOAdelantado por una obligación de hacer en un contrato de promesa de compraventa / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO VALOR - Se constituye en aquel que tiene una obligación clara, expresa y exigible / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL - No Configuración Problema Jurídico: ¿Existió o no, vulneración al derecho fundamental al debido

proceso por la configuración de un defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente con la Sentencia de 30 de junio de 2016 y 27 de agosto de 2018, por medio de las cuales no se siguió adelante la ejecución, en los términos ordenados en el mandamiento de pago, tras considerar que la obligación contenida en el título ejecutivo no resultaba exigible?

Tesis: “[L]as pruebas que alega como desconocidas la parte accionante, tales como, el acta de entrega del predio, el certificado de disponibilidad presupuestal, la copia del avalúo del predio, la copia de la licencia urbanística por subdivisión de predios, el contrato de obra pública (…), entre otras, son pruebas que en nada modifican el hecho esencial de que la accionante, al momento de interponer la demanda ejecutiva, que culminó con las [s]entencias enjuiciadas, no haya tenido un contrato de compraventa sino un contrato de promesa de compraventa. (…) Lo expuesto permite concluir de manera palmaria que el título presentado con la demanda ejecutiva, fue una promesa de compraventa, razón por la cual, el argumento según el cual, no era posible acceder a lo pretendido por la accionante (que se pague el precio del bien inmueble) en tanto no existía título que respaldara la obligación, resultaba suficiente, para confirmar la decisión de no seguir adelante la ejecución. [Razón por la cual,] las pruebas reseñadas no resultaban relevantes, luego, no se configura el citado defecto. (…) [P]ara la Sala, las Sentencias enjuiciadas al verificar nuevamente la naturaleza del título ejecutivo y

determinar que la obligación que pretendía la accionante (pago del precio) no era exigible del título que había allegado (promesa de compraventa), no incurrió en un defecto procedimental absoluto por haberse pronunciado por fuera de las excepciones, como quiera que era su deber, en primer lugar, verificar la existencia misma del título y, 6 Boletín nº 220 – (Jul.2019) en segundo lugar, superado lo anterior, revisar sus elementos de fondo, esto es, que contuviera una obligación clara, expresa y exigible. Luego, ante la inexistencia del título ejecutivo del contrato de compraventa, no tenía otro camino posible que negar las pretensiones como en efecto se realizó. (…) [La parte actora] [a]legó que el fallador de primera instancia no debía inhibirse so pretexto de existir una indebida escogencia de la acción y que así, lo ha señalado el Consejo de Estado, Sección Primera, Radicado No. 25000232400020080001102, que entre otros asuntos, señaló que el juez tenía la facultad oficiosa de interpretar la demanda y con ello, evitar fallos inhibitorios. (…) [L]a Sala debe indicar que no se desconoció el precedente aludido según el cual, el juez debe proceder a interpretar la demanda con el fin de evitar fallos inhibitorios, como quiera que en el caso concreto, la decisión, tanto de primera, como de segunda instancia, fue de mérito y consistió en abstenerse de seguir adelante la ejecución. (…) La Sala negará la solicitud de amparo interpuest[a], toda vez que no se encontró que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante, ya que las Sentencias

enjuiciadas no incurrieron en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de mayo de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, radicación 11001-03-15-000-201901306-00(AC). 22.. El reajuste de la asignación de retiro no está sujeto a caducidad y puede ser demandada en cualquier tiempo.

Síntesis del caso: El actor solicitó ante la jurisdicción el reajuste de la asignación de retiro incluyendo el incremento correspondiente al índice de precios al consumidor fijado por el DANE. CREMIL negó la petición debido a que para las fechas en que se presentaron diferencias entre el porcentaje del IPC y el principio de oscilación del régimen especial de las Fuerzas Militares, el actor no devengaba asignación de retiro por encontrarse en servicio activo. Las providencias acusadas rechazaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque presuntamente operó la caducidad ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – Indebida aplicación de la norma sobre caducidad de prestaciones periódicas / AJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA - Se puede presentar en cualquier tiempo / IMPROCEDENCIA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA – Acreditado / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Problema jurídico 1: ¿Determinar si las autoridades judiciales al proferir las

providencias que rechazaron la demanda en pretensión de nulidad y restablecimiento que presentó el actor, incurrieron en defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma que regula la caducidad de dicho medio de control, tratándose de una solicitud de reajuste de una asignación de retiro a un miembro de las fuerzas militares? Tesis 1: “[C]omo las decisiones cuestionadas en sede de tutela rechazaron la demanda en su totalidad sin tener en cuenta que el otro acto demandado, esto es, el oficio núm. 690 suscrito por el Subdirector Administrativo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares resolvió de manera negativa la petición de reajuste de la asignación de retiro, que, como ya se precisó, se asimila a una pensión de vejez o de jubilación, y no está sujeto al término de caducidad y en consecuencia puede ser demandado en cualquier tiempo. De esta manera, la decisión de los jueces de instancia no se acompasa con el 7 Boletín nº 220 – (Jul.2019) mandato del artículo 164 que establece que los “actos que reconocen o niegan prestaciones periódicas no caducan”. Se encuentra entonces configurado el defecto sustantivo alegado, máxime cuando los mismos jueces están reconociendo esta condición especial del acto demandado y aun así deciden rechazar la demanda con un argumento que no se compadece con el estudio de los requisitos formales de toda demanda y del cumplimiento de los presupuestos procesales del medio de control que ejerció el hoy actor en tutela.”

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación de la norma sobre caducidad / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cuatro meses a partir de la ejecutoria del acto administrativo / MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES – En retiro / SOLICITUD DE REAJUSTE DEL SALARIO - Cuando se produce el retiro deja de ser una prestación periódica / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Problema jurídico 2: ¿Determinar si las autoridades judiciales al proferir las providencias que rechazaron la demanda en pretensión de nulidad y restablecimiento que presentó el actor, incurrieron en defecto sustantivo y violación directa a la Constitución Política por indebida interpretación de la norma que regula la caducidad de dicho medio de control, tratándose de una solicitud de reajuste salarial de un miembro de las fuerzas militares en retiro? Tesis 2: “Como se observa, los jueces de instancia se basaron en que el contenido normativo descrito en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, fijó como término perentorio para demandar un acto administrativo de contenido particular, el de cuatro meses contados a partir de la notificación de dicho acto, lo cual aplicaba para el caso porque el peticionario reclamó el reajuste cuando su vínculo laboral no se encontraba vigente y por tanto había perdido su naturaleza de prestación periódica. (…) esta Sala teniendo en cuenta las reglas de caducidad que consagra el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 citada en precedencia, concluye que el defecto sustantivo que se le atribuye a

las providencias de primera y segunda instancia cuestionadas en sede de tutela, no se configuró frente a la decisión de rechazo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se dirigió contra el acto que expidió el Ministerio de Defensa—Ejército Nacional y que le negó el reajuste salarial por el período 1997 a

2004. Lo anterior porque tal y como ya se precisó, el acto que le negó el reajuste salarial estaba sujeto al término de caducidad que prevé el artículo 164 del C.P.A.C.A., en razón a la terminación del vínculo laboral con derecho a asignación de retiro. Para la Sala entonces, la decisión de rechazo del medio de control por caducidad del acto administrativo que se viene comentando, no incurrió en el defecto que se le atribuyó.

Esta decisión se motivó válidamente, no desconoció precedente alguno, por el contrario, se soportó en el criterio que sobre este preciso punto fijó el Consejo de Estado en distintas providencias. Por las anteriores razones tampoco se incurrió en violación directa de la Constitución, por el contrario, se garantizó el derecho de acceso a la administración de justicia que en todo caso está ligado al respeto del derecho al debido proceso y a las normas que establecen presupuestos procesales, como el de la caducidad.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de abril de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación: 11001-03-15-000-2019-01288-00(AC). 8

Boletín nº 220 – (Jul.2019) 33.. La acción de tutela no se puede usar como medio de defensa principal pues desconoce el principio de subsidiariedad que la rige.

Síntesis del caso: La actora presentó demanda contra la UGPP, solicitando que se le reliquidara la pensión de jubilación, con el promedio del 75% de todos los factores salariales devengados dentro del último año de prestación de servicios. Tanto la primera como la segunda instancia accedieron a las pretensiones de la demanda. En cumplimiento de las sentencias judiciales la UGPP profirió resolución, a través de la cual ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora con la inclusión de todos los factores salariales percibidos dentro del último año de prestación de servicio.

De igual forma, se ordenó descontar los aportes para pensión de factores de salario no efectuados. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otros mecanismos de defensa judicial / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Problema jurídico 1: ¿Determinar si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la peticionaria, por no liquidar la sentencia por medio de la cual le ordenó a la UGPP la reliquidación de la pensión de la actora, ni las costas que impuso en su contra? Tesis 1: “En el presente asunto, observa la Sala que en el amparo no se acredita el

requisito estudiado [subsidiariedad], teniendo en cuenta que para exigir el cumplimiento de la condena que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo le impuso a la UGPP por concepto de la reliquidación de la pensión de jubilación que le había sido reconocida con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios contaba con otros medios o mecanismos de protección de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, pudo haber solicitado que se corrigiera o adicionara la sentencia en ese sentido, o promover un incidente de regulación de perjuicios y posteriormente, con la condena allí ordenada, iniciar un proceso ejecutivo; nada de lo cual hizo. Además de lo anterior, la peticionaria tampoco acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que pudiera dar lugar a la procedencia de la solicitud de amparo constitucional como mecanismo transitorio de protección de sus derechos fundamentales y, del análisis de las circunstancias particulares del caso, la Sala tampoco encuentra acreditados los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para que se encuentre configurado aquél. Toda vez que en el caso presente la señora no informó si hizo uso de los mecanismos judiciales ordinarios adecuados para obtener la protección de los derechos fundamentales que alega vulnerados, no se acredita el requisito de subsidiariedad necesario en el caso, por lo que la Sala procederá a declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por este cargo.”

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO /

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE

TUTELA – La accionante puede hacer uso de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento para controvertir actos administrativos / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Problema jurídico 2: ¿Establecer si la UGPP, al emitir la Resolución No. RDP 041024 del 12 de octubre de 2018, mediante la cual ordenó el descuento de una suma por concepto de los factores salariales sobre los cuales la peticionaria no cotizó, vulneró su derecho fundamental al debido proceso? 9 Boletín nº 220 – (Jul.2019) Tesis 2: “[L]a procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se han visto amenazados o vulnerados por la expedición de actos de contenido particular, dentro de estos, aquellos mediante los cuales se reconocen derechos pensionales, es excepcionalísima, toda vez que para controvertirlos existen en principio otros medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa que son idóneos y eficaces, tales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o la acción de nulidad simple, entre otras. (…) Bajo este panorama, la acción de tutela interpuesta por la [actora] sólo resultaría procedente frente al acto administrativo particular contenido en la Resolución No. RDP 041024 del 12 de octubre de 2018, como mecanismo transitorio para evitar la causación de un perjuicio irremediable. Revisado el expediente contentivo de la solicitud de amparo constitucional no se advierte ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable,

que implique asumir medidas urgentes e impostergables. (…) Ahora bien, si la actora tenía conocimiento de la existencia de otros mecanismos judiciales de protección y además pudiendo evitarlo permitió que frente a ellos operara el fenómeno de caducidad, no puede ahora pretender que en ejercicio de la acción de tutela se ordene corregir o modificar el contenido de un acto administrativo que se encuentra revestido de una presunción de legalidad y que está produciendo a plenitud sus efectos jurídicos.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de abril de 2019, C.P. Nicolás Yepes Corrales, radicación: 70001-23-33-000-2019-00039-01(AC). 44.. Aplicación de los principios pro homine e indubio pro operario en caso de reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado en accidente de trabajo.

Síntesis del caso: El señor [A.C.R.] falleció a manos de un grupo de delincuencia común mientras se encontraba recolectando basuras en las calles del municipio, sin que se encontrara afiliado al sistema de riesgos profesionales. Sus beneficiarios acudieron a la jurisdicción para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por riesgo laboral, la cual se negó al no encontrar en el expediente prueba del accidente laboral que diera lugar al otorgamiento de la prestación. Además, se negó la posibilidad de reconocer la pensión por riesgo común ya que el causante no laboró siquiera el mínimo de semanas requeridas por el artículo 47 de la Ley 100 de

1993. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que accede parcialmente a las pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTESPor muerte del afiliado como consecuencia de accidente de trabajo / ACCIDENTE DE TRABAJO - Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO / CARGA DE LA PRUEBA - A cargo de la Administradora de Riesgos Laborales / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO HOMINE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Corresponde a la Sala establecer si el fallo de primera instancia fue acertado al negar el amparo constitucional solicitado o, si por el contrario, debió accederse a las pretensiones del actor por cuanto la providencia demandada incurrió en defecto sustantivo al interpretar de forma indebida el concepto de accidente de trabajo.? 10 Boletín nº 220 – (Jul.2019) Tesis: “En el sub lite el actor interpuso acción de tutela con la finalidad de que se deje sin efectos la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, el 3 de agosto de 2017, en la que se negaron las

pretensiones relacionadas con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con motivo del deceso de su padre, el señor [A.C.R], por cuenta de delincuentes comunes mientras se encontraba ejerciendo labores como recolector de basuras en el municipio de La Tebaida, Quindío (…) [S]e observa que la expresión “por causa o con ocasión del trabajo” admite dos interpretaciones posibles (…) Ante este panorama, resulta útil acudir a los criterios de interpretación pro homine o pro persona y de favorabilidad en materia laboral (in dubio pro operario), los cuales imponen que en caso de duda sobre el alcance o el sentido de una norma debe primar el que favorezca en mayor medida al trabajador (…) [P]ara la Sala, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Quindío, si bien puede ser admisible, no se encuentra dentro del margen de lo razonable, pues resulta desfavorable para la parte demandante (sobrevivientes del trabajador) por cuanto a pesar de que se comprobó la existencia de un hecho perjudicial (muerte), causado por un tercero y que este hecho ocurrió mientras el señor [A.C.R] recolectaba basuras en el municipio de La Tebaida, no interpretó la expresión “por causa o con ocasión del trabajo” en clave de favorabilidad, ya que al analizar la posible existencia del accidente laboral, no tuvo en cuenta que este puede ocurrir por el hecho de un tercero, pues lo que resulta relevante es que se dé durante la ejecución de las funciones propias del trabajo. Además, si el municipio pretendía liberarse de la responsabilidad debía probar la falta de causalidad, por lo que no podía imponerse la

carga de la prueba a la parte demandante (…) Aun cuando en virtud del principio de autonomía judicial, el Tribunal accionado podía escoger alguna de las interpretaciones que admite dicha norma (art. 9 del Decreto 1295 de 1994), lo cierto es que su autonomía cede ante el principio de favorabilidad laboral (in dubio pro operario), que deriva del principio de interpretación pro homine o pro persona, los cuales imponen que ante las diversas interpretaciones razonables, se deba optar por aquella que brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 22 de mayo de 2019, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 11001-03-15000-2017-03386-01(AC). 55.. Se configura defecto fáctico cuando el juez deja de valorar el acta de la Junta Médica Laboral que señala el origen de la pérdida de capacidad de un conscripto.

Síntesis del caso: Se vulneró el derecho al debido proceso del accionante al omitir la valoración del acta de la junta médica laboral, que evidenciaba el nexo causal entre la prestación del servicio militar obligatorio y la lesión sufrida por el soldado conscripto en ejercicio de su actividad militar.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ESTIMACIÓN DEL NEXO CAUSAL EN LESIÓN SUFRIDA POR CONSCRIPTO / DEFECTO FÁCTICO - Omisión en la valoración probatoria / ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL - Disminución de capacidad laboral ocurrida

en el servicio Problema jurídico: ¿[L]a Sala debe decidir si la sentencia del 27 de septiembre de 2018 incurrió en defecto fáctico al concluir que no se evidenció el nexo causal entre la prestación del servicio militar obligatorio y la lesión que el señor [JJMM] sufre en el brazo derecho? 11 Boletín nº 220 – (Jul.2019) Tesis: “En cuanto al nexo causal, recuerda la Sala que este elemento de la responsabilidad intenta responder a la demostración del vínculo consecuencial que debe existir entre el daño sufrido y la actividad castrense desplegada por el demandante. Sobre este aspecto, advierte la Sala que en el presente asunto, se aportó el informativo administrativo por lesiones del 17 de mayo de 2012, en el cual, el Comandante del Batallón de Infantería No. 2 “Mariscal Antonio José de Sucre” consignó que en jornada deportiva del 28 de abril de 2011, el demandante resultó lesionado en su brazo derecho como producto de un resbalón, sin embargo, por temor de ser retirado no informó de esta situación y solo hasta el mes de septiembre, cuando, estando en el alojamiento, el brazo se le zafó, fue atendido por el servicio médico militar. Además, se allegó Acta de Junta Médico Laboral No. 84515 del 16 de febrero de 2016, en la que se le conceptuó a [J.J.M.M.] una disminución de su capacidad laboral del 30%, clasificada como ocurrida en el servicio por causa y razón del mismo,

conforme a lo establecido en el informativo No. 10/2012. (…) A juicio de la Sala, la valoración probatoria realizada por el tribunal demandado sí fue contraevidente, toda vez que, si bien es autónomo para la adopción de decisiones, lo cierto es que no puede desconocer los dictámenes de las autoridades especializadas y competentes en materias especiales, tales como la calificación del origen de lesiones físicas.” Consejo de Esta