CE - Boletin 255

BOLETÍN N° 255

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019

República de Colombia Consejo de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio Presidente Consejo de Estado

COMITÉ EDITORIAL

Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez Sandra Lisset Ibarra Vélez Jaime Enrique Rodríguez Navas Myriam Stella Gutiérrez Argüello Nandy Melissa Rozo Cabrera

RELATORÍAS

Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Nubia Yaneth Pajarito Navarrete Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Juan Sebastián Solarte Álvarez Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Juan Alejandro Suárez Salamanca PUBLICACIÓN Oficina de sistemas Boletín del Consejo de Estado. Jurisprudencia y Conceptos. No. 255, junio de 2022

ISSN: 2711-385X

www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C. Palacio de Justicia Bogotá D.C. – Colombia 2

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CONTENIDO CONTENIDO ............................................................................................................... 3

EDITORIAL .................................................................................................................... 4

I. NORMAS ANULADAS, SUSPENDIDAS Y EXHORTOS.............................. 5

II. ASUNTOS CONSTITUCIONALES.................................................................... 7

III. SALA PLENA DEL CONTENCIOSO ............................................................ 30

IV. SECCIÓN PRIMERA ........................................................................................... 47

V. SECCIÓN SEGUNDA ......................................................................................... 51

VI. SECCIÓN TERCERA ......................................................................................... 65

VII. SECCIÓN CUARTA ......................................................................................... 80

VIII. SECCIÓN QUINTA ......................................................................................... 92

IX. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN ................................................................. 98

X. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL ................................................ 103

XI. SEPARATA ESPECIAL DE GÉNERO........................................................... 107

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EDITORIAL En esta oportunidad, el Consejo de Estado presenta a sus lectores, distintas decisiones relevantes, con el ánimo de fortalecer la práctica judicial y la formación académica. En asuntos constitucionales, la Sección Segunda declaró improcedente una acción de tutela ejercida por un ciudadano, con el fin de ordenar al Presidente de la República y al comandante del Ejército Nacional, abstenerse de participar directa o indirectamente en política, en la campaña presidencial. De igual manera en sentencia de tutela, reiteró que los empleados públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, que ostenten la calidad de prepensionados, tienen derecho a la estabilidad laboral. Así mismo, la Sección Tercera reiteró que, escapa de la competencia del Juez de habeas corpus su intervención en el trámite de extradición, para obstaculizar o invalidar el sentido de las

decisiones adoptadas por la autoridad competente. En asuntos de competencia de la Sección Segunda, se dijo que no procede el reconocimiento y pago de horas extras dominicales y festivos a los jueces de control de garantías, ya que ellos cumplen funciones de dirección y, adicionalmente no existe consagración alguna frente a ello en el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial. Dentro de una acción de reparación directa por acto terrorista, la Sección Tercera indicó que en este caso la Policía Nacional, el Ejercito Nacional y la Armada Nacional, debían responder por el ataque paramilitar ocurrido contra el municipio San Pablo, Bolívar, por omisión del deber de protección de la población civil, puesto que fue un hecho previsible, lo que descarta la eximente de responsabilidad del hecho del tercero. Por otro lado, mediante Sentencia de Unificación se fijaron las reglas jurisprudenciales para retirar del servicio por voluntad del gobierno al personal uniformado de la Policía Nacional y la Fuerza Pública. La Corporación dentro de su competencia como órgano consultivo del Estado, estableció los criterios que deben tenerse en cuenta para la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos de concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en la modalidad comercial. Finalmente, en tema de equidad de género se estableció en una sentencia que resuelve un recurso de apelación dentro de una acción de reparación directa que, en eventos de violaciones graves de los derechos humanos por violencia contra la mujer, la valoración probatoria debía ser más flexible, dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas de este tipo. Esperamos sea enriquecedora la lectura de esta importante herramienta.

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I. NORMAS ANULADAS,

SUSPENDIDAS Y EXHORTOS

ANULADAS SECCIÓN SEGUNDA La Resolución 3559 del 28 de agosto de 2018 , «Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución número 2388 de 2016 modificada por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017», suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social; parcialmente el numeral 8, específicamente los siguientes apartes: Para el uso de este subtipo de cotizante, el operador de información debe validar que el cotizante se encuentre relacionado en el archivo “Reporte de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión” dispuesto por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador de información”. Información que debe ser enviada mensualmente por parte de las entidades Administradoras y Pagadoras de pensiones en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día 24 de cada mes, con la estructura que se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205PTSP). Consejo de Estado, de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de marzo de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00(4235-2019). Ver página (59) de este boletín

SECCIÓN CUARTA La Ordenanza 62 del 19 de diciembre de 2014, expedida por la Asamblea del departamento de Antioquia: El literal a) de los artículos 274, 275 y 278 y los artículos 272, 273 y 277 en forma parcial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de marzo de 2022, C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 05001-23-33-000-201602071-01 (25638) (ver página 85 de este boletín).

SUSPENDIDAS

SECCIÓN SEGUNDA

El Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, «[p]or el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970». Consejo de Estado, de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 7 de abril de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001-03-25-000-2014-01431-00(4668-2014) Ver página (58) de este boletín

EXHORTOS

1. La Sección Quinta exhortó al Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, para que realice una depuración del censo para las próximas

5 BOLETÍN 255 elecciones de los representantes del Consejo Superior Universitario. Sobre el particular dispuso en la parte resolutiva lo siguiente: “EXHORTAR al Comité Electoral de la UTCH realice una depuración del censo para las próximas elecciones de los representantes del

CSU, para lo cual deberá retirar del censo las personas fallecidas y no identificadas, y actualizar la información de dirección del correo electrónico de todos los estamentos a elegir, con el fin de garantizar la mayor participación posible.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de mayo de 2022, C. P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación 11001-03-28-000-2021-00067-00.

2. La Sección Quinta exhortó al Tribunal Administrativo de Bolívar, para que cumpla debidamente los plazos de notificación de las providencias electorales.

Sobre el particular dispuso en la parte resolutiva lo siguiente: “EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Bolívar para que en lo sucesivo notifique los fallos personales en los términos y plazos erigidos en el artículo 289 de la Ley 1437 de 2011.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 19 de mayo de 2022, C. P. Rocío Araújo Oñate, radicación 13001-23-33-000-2020-00529-03. 6

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II. ASUNTOS

CONSTITUCIONALES

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ACCIONES DE TUTELA

1. Se declara improcedente una acción de tutela ejercida para que se ordene al señor presidente de la República y al comandante del Ejército Nacional que se abstengan de participar directa o indirectamente en la campaña presidencial.

Síntesis del caso: Un ciudadano ejerció la acción de tutela contra la Presidencia de la República,

el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa - Comandante del Ejército Nacional, con el fin de solicitar que el Presidente de la República de Colombia y el Comandante del Ejército Nacional se abstengan de participar directa o indirectamente en la campaña presidencial que cursa actualmente, lo cual considera vulneratorio del derecho fundamental a la participación en política. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / ACCIÓN DE TUTEL CONTRA EL EJÉRCITO NACIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA / FALTA DISCIPLINARIA / ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / ELECCIÓN PRESIDENCIAL / PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA Problema jurídico: ¿La acción de tutela ejercida contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa - Comandante del Ejército Nacional, con el fin de solicitar que el presidente de la República de Colombia y el comandante del Ejército Nacional se abstengan de participar directa o indirectamente en la campaña presidencial que cursa actualmente, cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la competencia preferente para investigar conductas relacionadas con faltas disciplinarias se encuentra en cabeza del Procurador General de la Nación, a través de la acción disciplinaria?

Tesis: “[C]onforme lo preceptuado en la Ley 734 de 2002, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021, es

claro que, en principio, la competencia preferente para investigar conductas relacionadas con faltas disciplinarias se encuentra en cabeza del Procurador General de la Nación, máxime si se trata de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la Ley. (…) Lo anterior, sin perjuicio de aquellos que ostentan un fuero disciplinario especial, eventualidad en la cual debe seguirse el procedimiento fijado en la normatividad aplicable, como puede observarse en el acápite pertinente de esta providencia, de tal forma los supuestos fácticos y jurídicos en los que el tutelante sustenta el reclamo constitucional formulado deben ser discutidos y planteados en uso del mecanismo idóneo de protección que, en este caso, corresponde a la jurisdicción disciplinaria, pues es la llamada a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. (…) Así pues, no debe desconocerse que la incursión en cualquiera de las conductas previstas en la Ley disciplinaria que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente. (…) Corolario de lo expuesto, esta Sala de decisión concluye

que es improcedente el amparo, por no encontrar cumplido el requisito de subsidiariedad. (…) En el caso concreto, el accionante tiene la posibilidad de ejercer los mecanismos de defensa procedentes, como poner en funcionamiento la acción disciplinaria a través de la respectiva queja, pues su pretensión tiene 8

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BOLETÍN 246 SEPTIEMBRE DE 2021 que ver, se reitera, con una falta disciplinaria relacionada con la intervención en política.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2022; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 11001-03-15000-2022-02233-00 (AC).

2. Se deben preservar los derechos de la comunidad afrodescendiente que ha sido objeto de discriminación por contenidos indebidos de obra musical que atentan contra la dignidad de la mujer afro Síntesis del caso: Aunque el juez de tutela declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, porque el artista que grabó la pieza musical discriminatoria la retiró de las plataformas sociales, y ofreció excusas públicas por su contenido, el caso resulta de gran relevancia porque se tuvo que censurar una obra para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres afro. Es decir, que en esa tensión de derechos, la libertad de expresión tiene límites en la dignidad humana.

ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / COMUNIDAD

AFRODESCENDIENTE / PERSPECTIVA DE GÉNERO / DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO /

EJECUCIÓN PÚBLICA DE OBRA MUSICAL / CENSURA DEL ARTE Problema jurídico 1: [¿La parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la presente demanda de tutela, pese a que se dirige contra la omisión de las autoridades administrativas accionadas de impedir la reproducción de una pieza musical que atenta contra las mujeres y la comunidad afrodescendiente en general?] Tesis 1: “[L]la Sala advierte que no comparte el planteamiento jurídico expuesto por el A quo, debido a que, a pesar que el actor pretende actuar como representante de las minorías afrodescendientes y de los colectivos de mujeres, situación que evidentemente es cuestionable desde el punto de vista probatorio para determinar su capacidad para comparecer; también es cierto que acudió al amparo constitucional en nombre propio. En tal virtud, la Sala considera que, a pesar de no existir un elemento que ligara la comparecencia del señor [L.S.P.L.], en esta acción, como representante de las mencionadas comunidades, no es menos cierto que ello no podía relevar al juez de primera instancia de analizar los pedimentos, en el entendido que estaban formulados en forma personal por el actor. (…) Por lo demás, en lo atinente a los argumentos señalados por el actor, conforme los cuales la pieza musical podría devenir en irrespetuosas hacia las mujeres, en la medida que, su letra y puesta en escena resultaban denigrantes y misóginas, la Sala considera que correspondía al juez atender los citados argumentos, toda vez que, versaban en forma directa respecto de una presunta forma de discriminación”.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA /

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PERSONA NATURAL / COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE / PERSPECTIVA DE GÉNERO / DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO / EJECUCIÓN PÚBLICA DE OBRA MUSICAL / CENSURA DEL ARTE / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO Problema jurídico 2: [¿Se configura, en el presente asunto, una carencia actual de objeto por hecho superado, al verificarse que la pretensión de la parte actora, tendiente a que se borrara el video musical que contenía la canción discriminatoria contra las mujeres y la comunidad afrodescendiente en general, fue superada en tanto que, el artista que la grabó resolvió eliminar dicho registro de plataformas sociales y, adicionalmente, ofreció excusas públicas por su contenido?] 9 2 BOLETÍN 255 Tesis 1: “[R]evisado el contenido del informe rendido por el artista y consultadas las pruebas que reposan en el plenario, la Sala encuentra que eliminó el video original de la canción [acusada en el escrito de amparo] que había sido subido en su canal oficial de la plataforma de reproducción YouTube. Asimismo, se evidencia que, con ocasión de la controversia surgida por la publicación de la canción, el señor [O.B:] grabó un video el 26 de octubre de 2021, en el que se excusa por su contenido. (…) Al respecto se advierte que la situación que la pretensión elevada por el señor [P. Ll.], referente a la orden de que el cantante Osorio

Balvin ofreciera disculpas se superó, puesto que, a través de un video, se excusó por la publicación de la [referida] canción. (…) De igual manera, se tiene que conforme lo pretendido por el accionante, el hecho de que el video musical fuese borrado de canales masivos de reproducción como YouTube, redunda en que el mensaje de la canción perdiera un importante medio de difusión, situación esta, que además se acompasa con lo pedido por el señor [P.Ll.], en aras de evitar la reproducción de la referida pieza musical. Así las cosas, se destaca que el objeto de la tutela de la referencia se circunscribía a que la autoridad accionada resolviera los asuntos planteados en precedencia. Comoquiera que la situación que originó la tutela cesó en el trámite de esta, la Sala considera que el asunto sub judice se enmarca en el escenario de la carencia actual de objeto por hecho superado”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2022, C.P. César Palomino Cortés, radicación 11001-03-15-0002021-07071-01 (AC).

3. Los funcionarios judiciales no pueden negarse a nombrar en el cargo vacante a la ciudadana que se encuentre primera en el registro de elegibles, producto de un concurso de méritos, a pesar de que el empleo esté ocupado por un prepensionable Síntesis del caso: El juez constitucional confirmó la sentencia de primera instancia, que amparó los derechos fundamentales de una ciudadana a quien el titular del despacho judicial no quería

nombrarla en propiedad en el cargo de secretaria de Juzgado Municipal, a pesar de estar de primera en el registro de elegibles para la vacante ofertada. El argumento del juez para no realizar el nombramiento era que la plaza estaba ocupada por un funcionario que tenía la calidad de prepensionable. Sin embargo, esta Corporación precisó que prevalece el derecho a la carrera judicial, y que, por tanto, debía procederse de inmediato a realizar el nombramiento. ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS / NOMBRAMIENTO DEL GANADOR EN EL CONCURSO DE MÉRITOS / APROBACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL Problema jurídico: ¿La orden de amparo [al derecho fundamental del tutelante de acceder al cargo producto de un concurso de méritos] proferida por el juez de primera instancia, vulnera el derecho a la estabilidad reforzada del señor [R.D.] en su calidad de prepensionado?

Tesis: “No se configura ninguna violación a los derechos fundamentales del señor [impugnante] en su calidad de prepensionado, por cuanto está acreditado, de acuerdo con la respuesta del 15 de marzo de 2022 brindada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia a la solicitud realizada por la accionante sobre el cargo de escribiente del juzgado pluricitado. (…) Es decir, el [impugnante] ostenta la propiedad del cargo de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de Argelia (Antioquia), lo cual asegura que pueda seguir cotizando al sistema de seguridad social para obtener su pensión, en consecuencia, la orden del Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia no afecta de modo

alguno ni desconoce su calidad de prepensionado, de tal manera que la decisión impugnada será confirmada. Por último, teniendo en cuenta que la funcionaria judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de Argelia (Antioquia), como nominadora de ese despacho conocía la situación jurídica del señor [impugnante], esto es, que ostentaba el cargo de escribiente en propiedad, y aun así no procedió a nombrar como secretaria a la accionante conforme lo dispuesto en el Acuerdo No. CSJANTA22-17 del 7 de enero 10 2 BOLETÍN 255 de 2022, la Sala de Decisión la conminará para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones como la analizada, que vulneran flagrantemente los derechos de acceso a la carrera administrativa, trabajo, debido proceso e igualdad de quienes concursaron y obtuvieron por mérito el cargo al que aspiraron. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación 05001-23-33000-2022-00448-01 (AC).

4. Defecto procedimental absoluto del juez al interpretar las pretensiones de la demanda de controversias contractuales como un llamamiento en garantía dentro de un medio de control de reparación directa.

Síntesis del caso: Aguas Nacionales E.P.M. S.A E.S.P. - ANEPM celebró un contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual con Allianz Seguros S.A. para el periodo comprendido entre el 1ºde enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año. El 15 de agosto de 2020 se le

notificó a la ANEPM la admisión de una demanda de reparación directa adelantada en su contra por [M.G.B.], tramitada bajo el radicado No. 27001-33-33-003-2020-00050-00. Los hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa habrían ocurrido bajo la vigencia de la póliza de responsabilidad contratada con Allianz Seguros S.A. El 4 de febrero de 2022 la ANEPM interpuso medio de control de controversias contractuales contra Allianz Seguros S.A., con el objetivo de que esta asumiera la eventual condena impuesta en contra de la accionante, con ocasión del proceso de reparación directa referido. Mediante auto interlocutorio No. 0213 del 15 de febrero de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó consideró que lo realmente pretendido por la accionante no era adelantar una demanda de controversias contractuales, sino formular un llamamiento en garantía o una demanda de reconvención en el marco del proceso de reparación directa. - La accionante interpuso recurso de reposición, en el que insistió en la posibilidad de demandar a Allianz Seguros S.A. en virtud de la póliza suscrita con esta, y mediante auto interlocutorio No. 0474 del 15 de marzo de 2022 el juzgado decidió no reponer su decisión.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / REVOCATORIA DEL FALLO IMPUGNADO / DEFECTO

PROCEDIMENTAL / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO /

PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / VINCULACIÓN DE TERCERO

PROCESAL / TERCERO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DERECHO

FACULTATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Problema jurídico: ¿La autoridad judicial accionada al no dar trámite al proceso de controversias contractuales adelantado por la accionante contra Allianz Seguros S.A., vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia?

Tesis: La Sala no comparte el argumento bajo el cual el juez de tutela de primera instancia declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. En efecto, contrario a lo afirmado por el a quo, para la Sala no es claro que el proceso ordinario se encuentre actualmente en trámite y que la accionante aún pueda controvertir lo decidido por la autoridad judicial accionada. Es cierto que a partir de la parte resolutiva del auto tutelado no parece que el proceso de controversias contractuales haya terminado, pues este fue remitido a otro juzgado. Ahora bien, justamente 11 2 BOLETÍN 255 debido a las irregularidades que se advierten en el auto, no existe claridad frente al trámite que deberá darse a las pretensiones que la accionante elevó en su demanda: en las consideraciones del auto se señala

que lo presentado por la accionante no corresponde a una demanda de controversias contractuales, sino a un llamamiento en garantía o incluso a una demanda de reconvención. Lo anterior da a entender que, según la autoridad accionada, a la demanda presentada por la accionante no se le debe dar un trámite autónomo como un asunto de controversias contractuales, sino bajo las figuras de llamamiento en garantía o demanda de reconvención en otro proceso distinto, lo cual podría conllevar, por lo tanto, a la terminación del proceso de controversias contractuales. Además, ante esa incertidumbre generada por el auto tutelado, no es claro cuáles son los mecanismos de defensa ordinaria e idóneos que podría utilizar la parte accionante, pues justamente lo que pretende es que se tramite un proceso de controversias contractuales y no un llamamiento en garantía o una demanda de reconvención en otro proceso: en el evento en que se admita o rechace el llamamiento o la demanda de reconvención, en todo caso se estaría negando el trámite del proceso de controversias contractuales planteado por la accionante, lo cual no podrá ser resuelto mediante recursos en el trámite de reparación directa. Adicionalmente, contra el auto objeto de reproche no procede otro recurso distinto al de reposición, que fue debidamente presentado por la accionante y resuelto de forma desfavorable. En efecto, el auto tutelado no es ninguno de los listados en el artículo 243 del CPACA, frente a los cuales procede el recurso de apelación, en particular aquellos que necesariamente pongan fin al proceso (se insiste en que este fue remitido y no hay claridad frente al trámite que deberá dársele), o que rechacen la demanda. - El artículo 225 del CPACA regula el llamamiento

en garantía en los procesos contenciosos administrativos. La Sala destaca el carácter facultativo de esa figura, según la redacción de la norma: -Artículo 225.Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación-. Incluso el mismo juzgado accionado le reconoció su carácter opcional en el auto que resolvió el recurso de reposición y precisó que su renuncia no impide instaurar la demanda que pudo haberse evitado con el llamamiento: -La finalidad de vincular a un tercero ajeno al litigio está dada por la economía procesal que brinda el resolver ambas relaciones jurídico-sustanciales en un mismo escenario judicial, con lo cual se evita un proceso ordinario adicional que venga a declarar el deber de quien podría ser llamado en garantía de reembolsar el pago de la condena impuesta en el proceso original de la misma estirpe, pero en todo caso, al ser el llamamiento en garantía una herramienta facultativa, bien puede optar el demandado por prescindir de su uso y acudir al litigio que se pretende evitar-. Por otro lado, el artículo 177 del CPACA se encarga de regular la demanda de reconvención en los procesos regidos por ese estatuto. Esta figura, según se desprende de la norma, obedece a una demanda que presenta la parte demandada contra la parte que la demandó para que sea tramitada en el mismo proceso: por definición, la demanda de reconvención no puede intentarse contra

una persona distinta a la demandante del primer proceso. Para la Sala es claro que el juzgado accionado desconoció el carácter facultativo del llamamiento en garantía y la posibilidad que tienen las partes de presentar una demanda ordinaria con la misma finalidad. Igualmente erró al señalar que la demanda de controversias contractuales presentada por la accionante podía interpretarse como una demanda de reconvención, pues esta no se dirigió contra la parte demandante en el proceso de reparación directa sino contra un tercero a esa relación procesal, a saber, Allianz Seguros S.A. Todo lo anterior constituye una interpretación inadecuada de la demanda de controversias contractuales, ya que le dio un alcance que no le era propio, desconoció el derecho de acción y negó el acceso a la administración de justicia a la accionante.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 22 de abril de 2022, C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación 27001-2333-000-2022-00040-01(AC).

5. Se incurre en defecto procedimental absoluto, cuando no se analizan y declaran probados los hechos constitutivos de una excepción, aduciendo que los mismos argumentos no fueron planteados como excepciones en la oportunidad para contestar la demanda. 12 2 BOLETÍN 255

Síntesis del caso: Varios habitantes del municipio de Río Quito (Chocó) presentaron una demanda en ejercicio de la acción de grupo contra la Nación – Ministerio de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Rio Quito, la Corporación Autónoma Regional del Chocó y la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se declarara su responsabilidad

por permitir la activi