CE - Boletin 41

MAGIS TRADO DE LA SECCIÓ N CUARTA.

CON U N BALANCE POSITI VO CULMINÓ EL SEMIN ARIO DE FUNCIÓN

CONSULTIVA Y CALIDAD

DE LA LEGISLACIÓN

Editorial 1 Jurisprudencia del Consejo de Estado al Día • Acciones 1 – 6 Constitucionales • Sección Primera 6 – 10 Con profunda satisfacción quiero resaltar la trascendental experiencia • Sección Segunda 10 - 14 obtenida con la realización del Seminario “Función Consultiva y Calidad de la Legislación” llevado a cabo la semana pasada en la Biblioteca Luis Ángel • Sección Tercera 14 - 21 Arango. Allí fue importante contar con la participación de ilustres • Sección Cuarta 21 - 28 representantes de países como Francia, España, Chile y Venezuela, quienes nutrieron el escenario nacional con propuestas dirigidas a enriquecer y • Sala de Consulta y fortalecer la Función Consultiva de la Corporación. 28 – 29 Además, contamos con la presencia de representantes del poder ejecutivo Servicio Civil y legislativo, quienes también, exaltaron la importancia del acceso a la Sala • Noticias de Consulta y Servicio Civil, dada la formación de quienes la conforman, para la correcta elaboración de las normas y la ejecución de las mismas. Destacadas Fue para mí un gran honor instalar y clausurar con éxito el evento, no solo 30 por la calidad de los personajes que intervinieron como conferencistas, sino por la participación masiva y determinante de funcionarios de un sinnúmero de entidades del país y de profesionales independientes e incluso de estudiantes interesados en el tema puesto a consideración.

Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta Presidente Noticias destacadas

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO AL

DÍA EL DO CTOR WILLIAM En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de

GIRAL DO SE POSESIONÓ

Estado en las últimas semanas:

OFICIA LMENTE COMO

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BOL SE ATÍ

L N A D E PL L C EO NNS AE J O DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co Administrativo conoció, por importancia jurídica, el recurso de queja interpuesto por el Hospital Tunjuelito II Nivel contra el auto de 12 de junio 1) LAS de 2008, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SENTENCIAS DE Sección Tercera, Subsección “A” negó el recurso de apelación intentado por LOS PROCESOS la misma entidad contra la sentencia de 24 de abril del mismo año, que DE REPETICIÓN denegó las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción SON APELABLES de repetición contra dos servidores públicos. EXCEPTO Contrario a lo considerado por el a quo en el auto recurrido, esta CUANDO EL Corporación estimó que las sentencias proferidas dentro de los procesos de DEMANDADO ES repetición iniciados por las entidades públicas contra sus funcionarios y UN ALTO empleados son apelables, salvo que se trate de altos dignatarios del Estado, DIGNATARIO DEL teniendo en cuenta que existe una regulación especial para esa clase de ESTADO litigios (la Ley 678 de 2001) y que además es posterior a las normas de

competencia establecidas en la Ley 446 de 1998, que modificó el Código La Sala Plena de Contencioso Administrativo. lo Contencioso En criterio de la Sala, la procedencia de la apelación se deriva, de una parte, del hecho de que el artículo 7º de la referida Ley 678 de 2001 no atiende a la cuantía sino al criterio de conexidad, en virtud del cual el juez competente para conocer de tales litigios es el mismo que decidió el ordinario cuyo fallo motivó la acción de repetición y, de otra, que esa norma guarda silencio con relación a las instancias viables en los procesos de repetición que se adelanten contra servidores públicos que no sean altos dignatarios del Estado, para los que expresamente previó una sola instancia, vacío que, a juicio de la Sala Plena, debía suplirse con la regla general del artículo 31 de la Constitución Política, es decir, la doble instancia, independiente de la cuantía del proceso. Por último, aclaró que, en tratándose de acciones de repetición contra funcionarios y empleados judiciales, las reglas de competencia figuran en la Ley 270 de 1996. Sentencia de 21 de abril de 2009. Exp. 250002326000200102061 01 M.P: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ Aclaraciones de voto: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta y María Nohemí Hernández Pinzón

2. SE NIEGA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL REPRESENTANTE CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ PINZÓN Aquél fue el sentido de la decisión que adoptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo frente a

la demanda que atribuía al mencionado congresista las inhabilidades consagradas en los artículos 183, numeral 1º y 179, numeral 5º de la Constitución Política, porque supuestamente su hermano ejerció autoridad civil en el departamento de Norte de Santander y fue ordenador del gasto, en calidad de subgerente financiero y de mercadeo de IFINORTE, establecimiento público del orden departamental. Para empezar, la Sala Plena declaró parcialmente probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el demandado, en razón a una sentencia anterior que lo absolvió del cargo de inhabilidad porque los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales expedidos por su hermano no implicaban el ejercicio de autoridad civil, en la medida en que de tales funciones no se infería competencia de mando o subordinación. Luego la Sala estudió de fondo el cargo que consideró nuevo, sustentado en que el hermano del demandado era ordenador del gasto y tenía la facultad de expedir órdenes de pago, que despachó desfavorablemente porque de acuerdo con el manual de funciones de IFINORTE la ordenación del gasto la tiene asignada expresamente el gerente y no fue aportado al expediente algún acto de delegación de dicha función en el subgerente financiero y de mercadeo.

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BOLETÍ N DEL CONSEJO DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala consideró que las órdenes de pago suscritas por el hermano del demandado no implicaban la ordenación del gasto, sino que eran documentos que ordenaban el desembolso de recursos

en cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por la entidad con cargo al presupuesto, a través de los funcionarios competentes para el efecto. Sentencia de 21 de abril de 2009. Exp. 11001 03 15 000 2008 00991 00 M.P: HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ Aclaraciones de voto: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Mauricio Fajardo Gómez, María Nohemí Hernández Pinzón, Héctor J. Romero Díaz y Mauricio Torres Cuervo.

3. SE NIEGA SOLICITUD DE PERDIDA DE INVESTIDURA DEL REPRESENTANTE LUIS ALEJANDRO PEREA ALBARRACÍN En la sentencia que decidió la solicitud de pérdida de investidura del mencionado representante, la Sala inició por declarar infundado el impedimento de los consejeros de la Sección Quinta de esta Corporación, manifestado con fundamento en las causales del numeral2 del artículo 160 del C.C.A y el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., pues para la época conocían del proceso electoral promovido contra la elección del mismo congresista. La decisión de este punto estuvo respaldada en la interpretación según la cual el concepto o consejo previo a que se refieren ésas disposiciones debió ser emitido en un escenario distinto del propio de la actividad judicial.

A continuación, la sentencia abordó los cargos que respaldaban la demanda, dirigidos a demostrar que el demandado violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en particular por haber incurrido en las situaciones descritas en el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, por haber (i) intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas, (ii) celebrado contratos con entidades

de la misma naturaleza y (iii) sido representante legal de una entidad que administraba recursos parafiscales. Previo a adentrarse en cada una de las hipótesis planteadas, la Sala recordó que la consagración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades “se justifica en la prevalencia de los intereses estatales y en los principios y valores de igualdad, moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e imparcialidad que deben imperar en la actuación de los sujetos que desempeñan la función pública, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la misma”. Al respecto, también explicó que “las inhabilidades se erigen en circunstancias personales negativas o situaciones prohibitivas preexistentes o sobrevenidas consagradas en la Constitución Política y la ley para acceder o mantenerse en la función pública, pues bien impiden el ingreso (elegibilidad), ora la continuidad en el cargo o empleo de sujetos que no reúnen las condiciones, calidades y cualidades de idoneidad o moralidad para desarrollar determinadas actividades o adoptar ciertas decisiones, las cuales se encuentran establecidas con el fin de prevenir conductas indebidas que atenten contra la moralidad, transparencia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, igualdad, dignidad y probidad en el servicio, y de evitar el aprovechamiento de la función, posición o poder para favorecer intereses propios o de terceros”. Aclarado lo anterior, con relación al cargo de violación al régimen de inhabilidades por la intervención en la gestión de negocios, la Sala Plena observó, en primer lugar, que la sentencia de 13 de septiembre de 2007, por medio de la cual la Sección Quinta de esta Corporación declaró la nulidad de la elección

del representante Perea Albarracín por la misma circunstancia, no constituía cosa juzgada porque el proceso electoral y la pérdida de investidura, si bien pueden coincidir –y en este caso coincidenen cuanto a los supuestos fácticos y jurídicos que los sustentan, no tienen el mismo objeto, toda vez que,

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BOLETÍ N DEL CONSEJO DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co “en el proceso de nulidad electoral, ha sostenido la Corporación, se enjuicia la validez del acto de elección para preservar la legalidad y la pureza del sufragio y, por ende, busca la desaparición del acto en caso de que no se encuentre conforme a la Constitución y a la Ley; en tanto que en el proceso de pérdida de investidura se juzga la conducta del Congresista en torno a las causales de inhabilidad establecidas en la Carta Política, para exigir su responsabilidad, esto es, consiste en verificar si se encuentra o no incurso en una de aquellas y, en consecuencia, determinar si se le despoja de esa calidad con efectos intemporales y permanentes, de manera que el objeto, su petitum y los efectos del pronunciamiento son diferentes”. Seguidamente, la Sala analizó el fondo del cargo de intervención en la gestión de negocios, partiendo de que la finalidad de esta prohibición es que los candidatos a congresistas no se aprovechen injustificadamente de la ventaja que les otorga su proximidad con el poder y con el tesoro público para influir en forma determinante en la intención del votante. Añadió que “para que se configure la inhabilidad y prospere la condigna sanción de pérdida de

investidura por incurrir el congresista cuando fue candidato en la prohibición de intervención en gestión de negocios ante entidades públicas, prevista en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política, debe estar demostrada la conducta o actividad dinámica, positiva, sería, real y concreta, desplegada o promovida ante el órgano o ente oficial con el propósito de obtener determinado provecho, utilidad o interés, en beneficio propio o en el de terceros” y que la gestión sea “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente”. También aclaró que esta prohibición no se extiende a las labores desarrolladas con posterioridad a la celebración del contrato gestionado, porque el fin de la gestión, que era el contrato, ya se obtuvo. Con fundamento en tales premisas, la Sala consideró que las comunicaciones aportadas con la demanda para demostrar la gestión de negocios del demandado en la condición de Presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá, FABEGAN, ante el SENA para adelantar un proceso de capacitación y transferencia de tecnología a pequeños y medianos ganaderos, no encuadraban en el supuesto de hecho que configura dicha causal de pérdida de investidura, porque una estaba fechada por fuera del término inhabilitante, es decir, 6 meses antes de la elección, otra no fue suscrita por el demandado y otra demostraba el cumplimiento de una obligación previamente asumida en un convenio que, además, no fue firmado por el demandado. En lo que atañe al cargo por celebración de contratos con entidades públicas, en interés propio o de

terceros, la Sala reiteró que “para la configuración de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos, es necesario demostrar la existencia de un contrato con una entidad pública en cuya celebración el elegido hubiere intervenido o participado activamente en las gestiones tendientes a su celebración, en interés propio o en interés de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores y si lo hizo en forma directa o por interpuesta persona”, supuestos que no encontró demostrados porque el contrato celebrado entre FABEGAN y el municipio de Motavita no fue suscrito por el demandado, sino por quien fungió como vicepresidente de esa Federación. Igualmente, insistió en que esta inhabilidad no abarca los actos de ejecución del contrato suscrito. Sobre el cargo de representación legal de una entidad que administra recursos parafiscales, la Sala Plena recordó sus requisitos, a saber: “i) la calidad de representante legal de una entidad; ii) la administración de tributos o contribuciones parafiscales por parte de la entidad; y iii) el haber ejercido la representación legal y la administración de esos recursos dentro de los seis meses anteriores a la elección”. Dentro del estudio del cargo, definió los recursos parafiscales como “un gravamen especial, diferente de los impuestos y tasas, que se imponen por la ley a cierto grupo económico o social, pueden ser administrados por entidades públicas o privadas, tienen carácter obligatorio y afectan sólo a ese grupo determinado de personas con intereses comunes, cuyas necesidades se satisfacen con el mismo

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www.consejodeestado.gov.co recaudo, además no hacen parte del presupuesto nacional y están afectos a una destinación concreta y específica”. Trasladados esos supuestos al caso concreto, la Sala encontró que FABEGAN no administraba recursos parafiscales, como lo aseguraba el demandante con relación a la cuota de fomento lechero y ganadero, porque tales recursos, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 89 de 1993, eran administrados por la Federación de Ganaderos de Colombia, FEDEGAN y, además, porque el contrato aportado al expediente por el actor celebrado entre FEDEGAN y FABEGAN no tenía por objeto la administración de recursos de la referida naturaleza. Sentencia de 21 de abril de 2009. Exp. 11001 03 15 000 2008 00991 00 M.P: RUTH STELLA CORREA PALACIO Salvamentos de voto: Gerardo Arenas Monsalve, Susana Buitrago Valencia, Mauricio Fajardo Gómez, Enrique Gil Botero, María Nohemí Hernández Pinzón, Filemón Jiménez Ochoa y Luis Rafael Vergara Quintero. Aclaraciones de voto: Martha Sofía Sanz Tobón y Hugo Fernando Bastidas Bárcenas ACCIONES CONSTITUCIONALES TUTELAS 1. a) La tutela procede como medio para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial, cuando la entidad se encuentra en ley 550 En el presente caso los demandantes consideran que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, con el incumplimiento de la sentencia del 17 de septiembre de 2007, por medio de la cual el Juez Primero Administrativo de dicha ciudad ordenó al ente territorial reintegrarlos a los cargos que desempeñaban antes de su desvinculación y pagarles todos los emolumentos dejados de percibir hasta cuando se efectúe el reintegro. Es decir, que pretenden por medio de la acción de tutela que se de cumplimiento al citado fallo. Teniendo en cuenta la situación fáctica descrita, para la Sala es claro que en el caso bajo estudio no se presenta ninguna de las causales de improcedencia mencionadas, en especial la relativa a la existencia de otro medio de defensa aducida por el Tribunal en su sentencia de primera instancia. Lo anterior por cuanto, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, no hay lugar a adelantar procesos ejecutivos contra una entidad sometida al régimen de reestructuración (en este caso, el Distrito de Santa Marta). Tal situación descarta de plano para los demandantes la posibilidad de acudir al proceso ejecutivo como medio de defensa judicial alternativo para que les sean protegidos sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con el incumplimiento de la sentencia del 17 de septiembre de 2007 que ordenó su reintegro laboral y el pago de los emolumentos correspondientes. b) Acogerse a ley de reestructuración de entidades territoriales, no es excusa válida para negarse a cumplir una orden judicial de reintegro La entidad territorial demandada no puede desconocer el derecho laboral cierto e indiscutible de los

demandantes, derivado de la obligación de reintegro ordenada por una sentencia judicial ejecutoriada, que declaró la nulidad de los actos administrativos que fueron la base para el despido y que, de no haberse expedido, no habrían generado la violación del derecho constitucional al trabajo. En el presente asunto, el hecho de que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se

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BOLETÍ N DEL CONSEJO DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co haya acogido a la Ley de reestructuración de las entidades territoriales, no es excusa válida para negarse a cumplir la orden judicial de reintegrar a los demandantes porque, precisamente, los actos administrativos de despido proferidos por el alcalde distrital fueron declarados nulos por la sentencia judicial ejecutoriada que se aduce incumplida. Además, no pueden menoscabarse los derechos laborales ciertos e indiscutibles pretextando un proceso de reestructuración, habida cuenta que durante el mismo se debe garantizar la estabilidad de los trabajadores. c) No es posible ordenar el pago de sumas de dinero mediante la acción de tutela, salvo si hay la vulneración del mínimo vital El amparo no abarcará el pago de los emolumentos ordenados en la sentencia del 17 de septiembre de 2007 proferida por el Juzgado Administrativo de Santa Marta, sino sólo la orden de reintegro, en atención a que no es posible ordenar el pago de sumas de dinero mediante la acción de tutela, salvo la vulneración del mínimo vital que, en este caso, resulta amparado con la devolución a los demandantes a sus fuentes de ingresos. Para la ejecución de la totalidad de la sentencia incumplida, la parte actora

deberá esperar el momento en que sea posible ejercer la acción ejecutiva correspondiente, esto es, luego de finalizado el proceso de reestructuración correspondiente o, en todo caso, sujetará dicho cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado entre el precitado ente territorial y sus acreedores. Sentencia de 2 de abril de 2009. Exp.: 47001-23-31-000-2008-00190-01(AC). M.P.: MARTHA SOFÍA

SANZ TOBÓN

Acción de Grupo

1. VINCULACIÓN AL GRUPO CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA, NO ES DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ En desarrollo de la Ley 472 de 1998, el trámite de la acción de grupo que se extiende hasta la sentencia definitiva que resuelva la controversia sometida al conocimiento del juez, obedece al ejercicio de la función judicial propiamente dicha; mientras que el procedimiento adelantado con posterioridad a la ejecutoria del fallo corresponde a una actuación esencialmente administrativa y es la que se surte ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, pues a dicha entidad le compete administrar los recursos producto de la condena impuesta a la entidad demandada, y decidir sobre las peticiones de las personas que alegan la condición de beneficiarios de la sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 65 de la misma ley. Esta última disposición señaló que las solicitudes presentadas con posterioridad a la sentencia se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización, previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que el solicitante forma parte del grupo en cuyo

favor se decretó la condena. En el caso en particular, la Sala al resolver de manera definitiva la acción de grupo, ordenó que el monto de la condena sería entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia y que sería administrada por el Defensor del Pueblo, en los términos señalados en la parte motiva de la decisión. Adicionalmente, en casos como el presente, donde no concurrieron todas las personas afectadas con la actuación de la administración, el literal b) numeral 3º del artículo 65 fue mucho más explicito, en el entendido de que le corresponderá al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a través de la administración ejercida por el Defensor del Pueblo pagar las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia, tal y como lo enseña la norma. En suma, la competencia para la distribución de los recursos provenientes de la condena impuesta a la entidad demanda, y el trámite referido a la verificación y reconocimiento de distintos beneficiarios a los reconocidos en la sentencia que desató la acción de grupo, no es competencia del juez constitucional, sino que la competencia fue asignada por el legislador a la administración, primero,

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BOLETÍ N DEL CONSEJO DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co porque dicha actuación no es de carácter judicial y segundo, porque la competencia del Fondo para la

Defensa de los Derechos se limita al cumplimiento de la sentencia, en los términos fijados por el juzgador, quien en últimas deberá someterse a los lineamiento fijados en la providencia respectiva. Auto de 26 de marzo de 2009. Exp. 68001-23-15-000-2001-01531-02 (AG). M.P.: MYRIAM GUERRERO

DE ESCOBAR

SECCIÓN PRIMERA

1. VIOLACIÓN GRAVE DE LOS ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO UNIÓN CRISTIANA POR CONVOCATORIA DEL FISCAL A ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Observa la Sala que le asiste razón al Consejo Nacional Electoral, pero que además se quedó cortó en la irregularidad de la asamblea extraordinaria en comento, toda vez que según las disposiciones estatutarias, el Fiscal no tiene facultad para hacer convocatoria de asamblea extraordinaria. Según el artículo 16, sólo la Dirección Nacional puede hacerla, en los siguientes eventos: i) por su iniciativa propia o, ii) a solicitud de la mitad mas uno de los miembros de la Asamblea, o de la quinta parte de los miembros activos del Movimiento, o iii) por solicitud del Fiscal Nacional o de la Comisión de Control Ético; de modo que tratándose de asamblea extraordinaria, el Fiscal a lo sumo puede solicitarle su convocatoria a la Dirección Nacional. La que sí puede convocar el Fiscal, es la Asamblea Ordinaria, pero bajo la condición de que no la convoque oportunamente la Dirección Nacional, oportunidad que se ha de establecer en los términos señalados en el artículo 15 de los estatutos, y en este caso se tiene que ni la asamblea convocada por el fiscal era ordinaria, ni está acreditado que la Dirección Nacional

no hubiera hecho la convocatoria a la asamblea ordinaria oportunamente; por el contrario, si se atiende la copia de la convocatoria que hizo el Presidente Nacional, se puede inferir que sí se hizo oportunamente por la Dirección Nacional. En esas circunstancias, es claro que la asamblea extraordinaria en la que se configuró la Dirección Nacional cuya inscripción el actor solicitó al Consejo Nacional Electoral, realmente se hizo con violación grave de los estatutos, luego el acto acusado no incurre en falsa motivación, ni en la violación de las normas superiores que se invocan como violadas, puesto que tal sindicación es infundada al no darse en la realidad las razones en que la sustenta el actor. Sentencia de 2 de abril de 2009. Exp.: 11001 0324 000 2004 00031 01. M.P.: RAFAEL E. OSTAU DE

LAFONT PIANETA

2. VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES DE PERSONERO ES UNA PROHIBICIÓN PARA EL CONCEJAL PERO NO UNA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Se tiene que el régimen que el actor predica como violado es el del personero municipal, señalado principalmente en el artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en cuanto se refiere al literal f) de ese artículo, esto es, que no podrá ser elegido personero quien “f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad Segundo de afinidad o primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales que intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental;” . Como lo anota el Ministerio Público, las inhabilidades de otros funcionarios en lo que

concierne a la intervención de los concejales, no son inhabilidades para éstos sino prohibiciones, es decir, una obligación de no hacer o de no realizar determinados actos o actividades en ejercicio de su cargo, situación evidentemente distinta a las inhabilidades. La consecuencia de desconocer el régimen de inhabilidades de otros funcionarios o cargos en actos oficiales suyos, no puede ser la pérdida de investidura de los concejales, o de los diputados o ediles, según el caso, por no estar tipificada como causal en la normatividad de la pérdida de investidura de esos servidores. Ello no significa que desatender dicho régimen no pueda acarrearles consecuencias, pero ellas, de llegar a darse (en lo disciplinario o en lo penal) no son las de pérdida de la investidura.

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BOLETÍ N DEL CONSEJO DE ESTADO Número 40 – 21 de abril de 2009 www.consejodeestado.gov.co Sentencia de 2 de abril de 2009. Exp.: 23001 2331 000 2008 00111 01 M.P.: RAFAEL E. OSTAU DE

LAFONT PIANETA

3. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA POR INFRACCIÓN CAMBIARIA Con el fin de determinar si tuvo ocurrencia la prescripción de la acción sancionatoria por infracción cambiaria según las condiciones previstas en el artículo 4º del Decreto 1092 de 1996, por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Se observa que el aludido artículo 4º establece

dos términos de prescripción, uno inicial de 3 años que se interrumpe con la notificación del pliego de cargos, y otro subsidiario de un año, que empieza a correr a partir del vencimiento del término para responder al pliego de cargos y se interrumpe con la notificación de la resolución sancionatoria. Así las cosas, el artículo 4º se debe entender en su tenor literal y por ende lo que se ha de tener en cuenta son las fechas en que ocurrieron los hechos o cesó la conducta sancionable y la fecha en que se haya surtido efectivamente la notificación del pliego de cargos o de la resolución que ponga fin a la respectiva actuación administrativa, según el caso. Resulta válida la forma como la DIAN hace el cómputo de los 3 años que tenía para formular cargos a la actora por el incumplimiento de la obligación cambiaria relativa a las seis operaciones en comento, es decir, habiéndose vencido el término para informar esas operaciones el 23 de marzo de 1997, el incumplimiento se da como ocurrido el día siguiente, 24 de marzo de 1997, luego los 3 años corrieron desde este último día hasta el 24 de marzo de 2000, y según se dice en autos, y no ha sido desvirtuado por la actora, la notificación del pliego de cargos, en que se incluyeron las referidas 6 operaciones, se surtió ese mismo día, 24 de marzo de 2000, por lo tanto dentro del término de prescripción, luego el cargo resulta infundado. Sentencia de 2 de abril de 2009. Exp.: 25000 2324 000 2002 00421 01. M.P.: RAFAEL E. OSTAU

DE LAFONT PIANETA

4. COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO COMO ENTIDAD ADAPTADA. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD Si bien es cierto que la dependencia a la luz de la ley 100 de 1993 y del decreto 1890 de 1995 se podía suprimir por no cumplir los requisitos para continuar funcionando, el competente para suprimir el Departamento Médico y Odontológico creado por Acuerdo del municipio era el Concejo Municipal de Medellín y la obligación de la Alcaldía era darle cumplimiento a esta decisión con la facultad de suprimir o fusionar los empleos que considerara necesarios. Si bien es cierto que las normas citadas son imperativas al señalar que una vez que las dependencias adaptadas dejen de cumplir con los requisitos para continuar prestando los servicios se deben liquidar y que se hicieron los estudios que llevaron a la conclusión de que el Departamento Médico y Odontológico no tenía viabilidad jurídica ni financiera, también lo es que el alcalde debió presentar los estudios realizados y sus observaciones al concejo municipal para que fuera ésta quien la suprimiera o le concediera facultades extraordinarias para hacerlo y después sí proceder a su liquidación y demás asuntos de orden laboral que corresponden al alcalde como ya se dijo. Si bien es cierto que los efectos de la nulidad del acto demandado son ex tunc, la dependencia liquidada en virtud del decreto del alcalde municipal no puede revivirse, porque lo cierto es que la Ley 100 de 1993 dispuso, como ya se vio, que las entidades o dependencias adaptadas

que no cumplieran con los requisitos para seguir funcionando debían obligatoriame