CE - Boletin 51

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 51 – Octubre 13 de 2009 1. www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2006

Contenido: EEDDIITTOORRIIAALL l de 2006 l de 2006

Con el fin de fortalecer los lazos institucionales de la Jurisdicción Editorial 1 Contenciosa Administrativa de nuestro país con la de España Y Francia, algunos Consejeros de Estado visitarán durante los próximos días Jurisprudencia del Consejo de Estado al ciudades como Murcia, Madrid y Paris. El citado escenario será propicio Día para enriquecer la cultura jurídica en materia de Derecho  Acciones 1 – 10 Constitucional y Administrativo, nutrir el Proyecto de Reforma del Constitucionales Código Contencioso Administrativo de esa importante experiencia  Sección Primera 10 - 17 foránea y, además tendrá lugar el lanzamiento de las memorias del  Sección Tercera 17 - 23 Seminario Francés celebrado en el 2008 en nuestro país.  Sección Cuarta 23 – 29  Sala de Consulta y 29 – 32 Servicio Civil Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta  Noticias 33 Destacadas Presidente Notic ias destacadas JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

EELL DDOO CCTTOORR JJOORRGGEE

AANNTTOO NNIIOO CCAASSTTIILLLLOO SSAALLAA PPLLEENNAA

RRUUGGEE LLEESS EENNTTRREEGGÓÓ AACCTTAA SS DDEELL AARRCCHHIIVVOO HHIISSTTÓÓ RRIICCOO AALL S E NIEGA NULIDAD DE ELECCION DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL CCOONNSS EEJJOO DDEE EESSTTAADDOO ESTADO CIVIL L a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en única instancia por importancia jurídica las demandas de n ulidad acumuladas contra el Acuerdo 021 de 26 de noviembre de 2007, p or el cual los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado eligieron a Carlos Ariel Sánchez Torres c omo Registrador Nacional del Estado Civil. El fallo negó la pretensión anulatoria de las demandas, con apoyo en los sEigNuRiIeQnUteEs GaIrLg uBmOeTnEtRoOs: Presidente a ) El acto demandado en un proceso electoral puede aportarse hasta antes de que se admita la demanda PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co “En primer lugar, frente a la falta de acompañamiento de copia auténtica del acto acusado reconoce la Sala Plena que efectivamente con la demanda radicada el 16 de enero de 2008, la parte demandante anexó copia informal del Acuerdo 021 del 26 de noviembre de 2007 expedido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, incluso

desprovisto de firmas sobre las respectivas antefirmas. Sin embargo, con escrito radicado el 21 de enero de 2008 el demandante presentó solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado, adjuntando copia auténtica del Acuerdo 021 del 26 de noviembre de 2007, lo que al tiempo que desmiente la afirmación de haberse presentado tal anexo con la adición de la demanda, radicada el 11 de febrero de 2008, desvirtúa la tesis del interviniente sobre la existencia de esa irregularidad procesal. Ahora, si según lo dispuesto en el artículo 152 del C.C.A., modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 31, es viable “Que la [suspensión provisional] se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida” (No. 1º) y para ello la confrontación puede realizarse “directa[mente] o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud” (No. 2º), no encuentra reprochable la Sala Plena que si la parte demandante, por la circunstancia que sea, no pudo allegar con su demanda la copia auténtica del acto acusado, que ordena anexar el artículo 139 del C.C.A. (Mod. Dto. 2304/1989 art. 25), lo haga con escrito separado mediante el cual pida a su vez la suspensión provisional del acto que demanda, eso sí siempre que ello acontezca antes de que se decida sobre la admisión de la demanda, pues con ello se cierra tal posibilidad.” b) En tratándose de actos de elección, la acción electoral debe dirigirse contra el acto que la

declara. Los actos de trámite por regla general no son demandables: Reiteración de jurisprudencia En tercer lugar, se arguye la inminencia del fallo inhibitorio al no haberse demandado el acto de inscripción del Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES como aspirante a Registrador Nacional del Estado Civil, porque de abordarse las razones de la impugnación se produciría un fallo extra petita. De infundado califica inmediatamente la Sala Plena el anterior planteamiento, puesto que según lo dispuesto en el artículo 229 del C.C.A., “Para obtener la nulidad de una elección… deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara…”. Con esto fue preciso el legislador extraordinario en señalar que independientemente del motivo por el cual se pretenda la nulidad de una elección, la acción electoral debe dirigirse contra el acto administrativo contentivo de su declaración, ya que es a través del mismo que pueden juzgarse los eventuales vicios que se hayan podido presentar en el curso de su formación, pues en ese sentido apunta el artículo 84 del C.C.A. (Subr. D.E. 2304/1989 art. 15), al establecer como causal de nulidad de los actos administrativos la expedición en forma irregular. Repárese, además, en lo prescrito en la parte final del artículo 50 ibídem (…) Aquí se definen, con toda propiedad, el acto administrativo y el acto de trámite; el primero adquiere esa naturaleza gracias a contener una decisión sobre la sustancia del tema tratado y a partir de allí puede calificarse como acto administrativo por ser depositario de una decisión como fuente, modificación o extinción del derecho; y el segundo, no adquiere este status porque sirve de instrumento a la

realización del acto administrativo, es uno más de los trámites a surtir para concluir en la expedición del acto administrativo, salvo que por impedir el curso de la actuación se torne definitivo y por ello pasible de acción jurisdiccional. Las anteriores apreciaciones no son nuevas, existe toda una línea jurisprudencial en la Sección Quinta sobre el particular que ha venido pregonando. c) Es válida la actuación de la Procuradora Delegada demandante, como funcionaria competente del Ministerio Público y como ciudadana BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co “Ilegitimidad de personería para actuar”: Sostiene la parte accionada que esta excepción se configura respecto de la demanda interpuesta por la Dra. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, en calidad de Procuradora Séptima Delegada ante el consejo de Estado y Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, porque si bien dijo actuar por delegación que le hiciera el Procurador General de la Nación mediante la Resolución 317 del 9 de noviembre de 2007, del contenido de ese acto administrativo se desprende que sólo podía interponer acciones electorales respecto de las elecciones territoriales cumplidas el 28 de octubre de 2007, pero no frente a la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, argumento que sustenta en lo previsto en el artículo 64 del C. de P. C. (…) si bien la delegación invocada con la demanda resultó insuficiente al no comprender la función

de interponer esta acción electoral, la legitimación de la accionante se conservó incólume por su innegable condición de ciudadana en ejercicio, pero especialmente porque no hizo nada distinto a ejercer una función constitucional (Constitución Política, artículo 277, numeral 7). Por tanto, la excepción no prospera. d) No se configuró inhabilidad del artículo 122, inciso 5º de la Constitución Política: La sentencia que impuso condena por responsabilidad patrimonial al demandado no estaba ejecutoriada al momento de su inscripción Como la imputación examinada descansa en la preexistencia de una “sentencia judicial ejecutoriada” mediante la cual se estableció que por culpa grave del demandado, en su calidad de Contralor Distrital de Bogotá D.C., el Estado fue condenado a una reparación patrimonial, y como quiera que la defensa cuestiona la ejecutoria de esa decisión, debe la Sala Plena, en primer lugar, abordar tal posibilidad, pues del mismo dependerá que se puedan o no abordar los demás planteamientos jurídicos. (…) Este recorrido por el material probatorio regular y oportunamente incorporado al proceso demuestra que la sentencia condenatoria del 4 de octubre de 2006, dictada en el proceso de Acción de Repetición 1999-2563, no estaba ejecutoriada cuando se surtió la inscripción y elección del Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES. (…) Ahora bien, como no está probado el supuesto de hecho de la causal de inhabilidad consagrada en la segunda parte del inciso final del artículo 122 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2004, puesto que la sentencia condenatoria del 4 de octubre de 2006 no estaba en

firme para la época en que el Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES se inscribió y resultó elegido Registrador Nacional del Estado Civil, concluye la Sala Plena que la misma no se configura, resultando por lo mismo inútil abordar las diferentes tesis jurídicas expuestas por las partes y por los intervinientes. e) Otras imputaciones - Como la elección se cumplió de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 1134 del 4 de mayo de 2007, esto es por el voto de la mayoría de los Presidentes electores, es claro que el reparo atinente a que no era obligatorio elegir al aspirante que obtuvo el mayor puntaje carece de toda eficacia frente a la presunción de legalidad del acto demandado, puesto que ello conllevaría la realización de un examen de legalidad contra un supuesto no previsto en norma jurídica alguna, solamente fundado en la afirmación del impugnante, lo que desde luego se aparta de los referentes normativos a tomar en cuenta por el operador jurídico para realizar su juicio de legalidad. - Si bien es cierto que el artículo 25 del Acuerdo 001 del 13 de agosto de 2007 “Por medio del cual se establece el reglamento del concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil”, establece que el mencionado funcionario se posesionará ante los Presidentes de la PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, es lo cierto que esta

norma está en contravía de lo dispuesto en el artículo 31 del Código Electoral, según el cual el Registrador se posesionará ante el Consejo Nacional Electoral, de modo que por tener la última disposición rango de ley, debe primar sobre la primera que tiene carácter reglamentario. En segundo lugar, el objeto de esta acción electoral se contrae al estudio de legalidad del acto de elección del Registrador Nacional del Estado Civil contenido en el Acuerdo 021 del 26 de noviembre de 2007 y no a lo sucedido con su posesión, que por tratarse de una actuación distinta no puede ser controlada jurídicamente por la Sala Plena, ya que frente a la misma carece de competencia. - Consultando el Acuerdo 021 del 26 de noviembre de 2007 se logra establecer que la elección del Dr. SÁNCHEZ TORRES como Registrador Nacional del Estado Civil, en ningún momento se condicionó al cumplimiento por parte del elegido de lo dispuesto en el artículo 2º del mismo Acuerdo, donde se le confirió un término de 5 días para que acreditara si el fallo de acción de repetición estaba en firme o no, o si estando ejecutoriado ya se había cancelado la obligación. Al no existir relación de sujeción entre la decisión de elegir a dicho aspirante y el cumplimiento de la decisión de conferirle un término para aclarar lo relativo a su eventual condena patrimonial, bien puede afirmarse que no se configura la causal genérica de nulidad de expedición irregular, ya que lo dispuesto en el numeral 2º en cita debe considerarse como una decisión independiente de la elección, a tal punto que la supuesta falta de competencia de los Presidentes de dichas Cortes para conferir esos plazos,

viene a resultar ineficaz de cara al examen de legalidad del acto enjuiciado. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Exp. 11001-03-28-000-2007-00063-00/2008-0000100/2008-00003-00. M.P.: MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN Salvamentos de voto: Susana Buitrago Valencia, Gustavo Gómez Aranguren y Héctor Romero Díaz Aclaraciones de voto: Víctor Alvarado Ardila, Gerardo Arenas Monsalve, Martha Teresa Briceño, Ruth Stella Correa, Enrique Gil Botero, Bertha Lucía Ramírez, María Claudia Rojas Lasso, Martha Sofía Sanz Tobón y Mauricio Torres Cuervo AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS TTUUTTEELLAASS 1. a) Protección as las personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 47 de la Constitución Política le corresponde al Estado proteger a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica, a quienes deberá prestarles la atención requerida. En atención a las disposiciones anteriores el Congreso de la República expidió la Ley 361 de 1997 que consagra las normas y criterios para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razones de edad,

analfabetismo, limitación o enfermedad. b) La falta de adecuación de las edificaciones para garantizar la accesibilidad a las personal con movilidad reducida, en el término previsto por la ley 361 de 1997, vulnera los derechos fundamentales de los discapacitados. Computo del término del artículo 52 de la ley 361 de 1997 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co De los artículos 47 y 52 de la Ley 361 de 1997, se colige que los edificios existentes a la fecha de expedición de la Ley, deben adaptarse de manera progresiva para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, y que el término para realizar las adecuaciones correspondientes es de cuatro años contados a partir de la vigencia de dicha ley. Sobre el cómputo del término para realizar las adecuaciones a las instalaciones abiertas al público, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, en principio, había sostenido que el mismo empezaba a correr a partir de la vigencia del Decreto 1538 de 2005 - norma que se encargó de reglamentar la ley aludida -, más no desde la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, tal criterio fue reconsiderado en la sentencia de 8 de noviembre de 2007, según la cual el término de los cuatro años para hacer las adecuaciones a las edificaciones debe contarse desde la vigencia de la ley 361 de 1997 y no desde que se profirió la norma reglamentaria. Por lo tanto, como la ley empezó a regir el 11 de febrero de 1997 el plazo para adecuar las edificaciones donde funcionan la

Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Riohacha y el Palacio de Justicia de esa misma ciudad, previsto en el artículo 52 de la ley aludida, venció el 11 de febrero de 2001, y como tales adecuaciones no se han realizado, resulta evidente que se desconocieron los derechos fundamentales del accionante, quien demostró su discapacidad. c) La existencia de una sentencia de acción popular que protege derechos colectivos, no impide que se instaure una tutela si están de por medio derechos fundamentales Igualmente es de destacar que aunque existe una sentencia proferida el 28 de enero de 2009, dentro de la acción popular No.44001-23-31-003-2008-00022-01, mediante la cual se protegen derechos colectivos y se ordena la adecuación de esa edificación, lo evidente es que aún no se han realizado las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esa orden judicial. Además tal decisión en nada impide que se instaure una acción de tutela, cuando están de por medio derechos fundamentales que, como en este caso, se demostró su vulneración. Sentencia de 26 de agosto de 2006. Exp. 44001-23-31-000-2009-00101-01. M.P. WILLIAM GIRALDO GIRALDO Con salvamento de voto del Consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Con aclaración de voto de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia

2. La acción de tutela es procedente para reclamar la mesada pensional reconocida e indexada, en aras de obtener la protección del derecho fundamental al mínimo vital Frente a la existencia de otro medio de defensa judicial, advierte la Sala que en principio, la acción

de tutela no es el mecanismo adecuado para acceder a las pretensiones de la actora, es decir, para reclamar el pago de la mesada pensional reconocida e indexada en la resolución 902 del 16 de abril de 2009, pues para ello existe la acción ejecutiva, natural para resolver este tipo de controversias, que es el mecanismo idóneo para resolver el asunto planteado. No obstante, se observa que la actora, a quien le fue reconocida la pensión de jubilación convencional indexada mediante la resolución 902 de 2009 en un monto de $ 1’316.096, 75, solo recibe como pensión la suma de $727.467,01, por lo que es procedente analizar si la tutela procede en aras de obtener la protección del derecho fundamental al mínimo vital, que alega la accionante le fue vulnerado por las accionadas. De las pruebas allegadas, se tiene que, al realizar la suma de los pasivos de la actora, ésta arroja un valor de $779.088, valor que resulta superior al monto de la pensión que actualmente recibe la actora, que es de $727.467, con lo que evidentemente resulta vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital, toda vez que el monto que recibe no es suficiente para cubrir el pasivo y sufragar los gastos tanto suyos como de su madre, quien se encuentra a cargo de la accionante. Adicionalmente, el valor de la pensión está establecido en un acto administrativo que se presume legal, por lo que no se justifica la mora en el pago de unas prestaciones ya reconocidas. PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co Sentencia de 26 de agosto de 2006. Exp. 25000-23-15-000-2009-00943-01. M.P. HUGO

FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS 3. a) La acción de tutela es el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales dentro de un concurso de méritos Tal como lo aceptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las decisiones que se dictan durante el concurso son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan, se hacen para impulsar y dar continuidad al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Ahora bien, si se acepta, que contra los actos que provocan la exclusión de concursantes, proceden las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, dada la velocidad con que se desarrollan los concursos de méritos, tales mecanismos no son eficaces para lograr la protección de los derechos invocados. En efecto, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para acceder a la pretensión del actor, para proteger sus derechos dentro del concurso. b) La convocatoria a un concurso de méritos es de obligatoria aplicación, no cumplir con los requisitos mínimos relacionados en la misma, no viola el derecho de igualdad La entidad estatal que convoca a un concurso (abierto o cerrado), debe respetar las reglas que ella ha diseñado y a las cuales deben someterse, tanto los participantes en la convocatoria como ella misma. El desconocimiento de las normas que regulan el concurso implica el rompimiento de la confianza que se tiene respecto de la institución y atenta contra la buena fe de los participantes. Coherentemente, como garantía de transparencia e imparcialidad en el

concurso, las normas de obligatoria aplicación para su desarrollo son las previstas en la convocatoria mientras se encuentren vigentes, aún cuando respecto de éstas se aleguen reparos o posibles contradicciones con normas o principios superiores, pues, para ello el ordenamiento prevé las instancias competentes para su revisión. En el asunto bajo estudio, el actor se inscribió para proveer el cargo de Profesional Especializado en Investigación en la Defensoría del Pueblo - Regional Valle del Cauca. La Convocatoria 008-09, dentro de los requisitos mínimos, exigió: “Título de formación profesional en Derecho, Antropología, Psicología, Economía, Administración Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Estadística, Administración de Empresas, Administración Financiera, Sociología, Medicina, Ingeniería Mecánica o Comunicación Social”. Aunque el demandante acreditó título de formación profesional como Ingeniero de Materiales, sin embargo, éste no se encuentra relacionado en la convocatoria, por tanto, se concluye que no cumple con los requisitos mínimos. Es claro que a pesar de conocer esta circunstancia, el demandante se inscribió en el concurso, por lo que no puede afirmar que con la decisión de no permitirle continuar en el proceso de selección, se violó su derecho a la igualdad, pues, carece de la formación profesional requerida para el cargo al cual aspira. c) Derechos de petición en los procesos de selección o concursos de mérito. Las contestaciones a las solicitudes deben hacerse de la misma forma en que se publicó la lista de admitidos y no admitidos al concurso

El artículo 23 de la Constitución Política, faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y obliga a la Administración a contestar de forma clara oportuna y de fondo lo solicitado y, además, a ponerlo en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen estos requisitos, se incurre en la vulneración del derecho fundamental de petición. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado, pues la competencia del juez de tutela se limita a verificar que la respuesta sea de fondo y que se cumplan los términos establecidos legalmente para contestar las solicitudes elevadas por los peticionarios. En el caso de los procesos de selección o concursos de méritos, el legislador ha establecido normas especiales para la presentación de solicitudes ante la entidad convocante, como es el caso del Decreto 760 de 2005 [12], que faculta a los aspirantes a presentar reclamaciones a la lista de admitidos y no admitidos cuando tengan alguna inconformidad respecto de la misma. BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co La Convocatoria 008-2009, Séptimo Concurso de Méritos 2009 Defensoría del Pueblo, estableció que ante las reclamaciones a la lista de inadmitidos, “la Comisión de la Carrera Administrativa resolverá las reclamaciones en única instancia dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de los términos establecidos para interponerlas”. En el caso concreto, no se encontró prueba alguna que demostrara que antes de la fecha de presentación de la presente acción, la demandada hubiera dado contestación a la reclamación hecha por el actor, por lo que vulneró su

derecho fundamental de petición. No obstante, se encuentra en el expediente, que el 15 de julio de 2009 la Presidencia de la Comisión de la Carrera Administrativa, envió oficio al Tribunal mediante el que informó que el 14 de julio le fue enviado al actor por correo certificado la respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 2 de junio de 2009. Sin embargo, no puede tomarse como prueba idónea de la contestación al actor la copia de la constancia de envío, pues esta debió hacerse de la misma forma en que se publicó la lista de admitidos y no admitidos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 760 de 2005, en consecuencia aún continúa la vulneración a su derecho de petición. Sentencia de 2 de septiembre de 2009. Exp. 76001-23-31-000-2009-00653-01. M.P. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ 4. a) Los concursos de mérito son el mecanismo idóneo para escoger a quien mejor pueda desempañar un cargo, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad Es del caso indicar que los concursos tienen fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política y se ha entendido que son el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempeñarlo. El concurso por su propia naturaleza de competitividad se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad. Así las cosas, la finalidad de los concursos es que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los

concursantes que haya obtenido el más alto puntaje, parámetro que evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado. b) La formación recibida en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional tienen como propósito el ascenso y la mejor formación de sus miembros pero no sirven para acreditar el curso de formación en Policía Judicial o en investigación criminal o criminalística Frente a la formación recibida en la Escuela de Cadetes de Policía se observa de los certificados de estudios que obran a folios 28 a 34, que el ahora actor estuvo vinculado a la Policía Nacional y durante los años 1989 a 1994 recibió los cursos de formación de cadetes, de alférez y de subteniente para teniente, en los que, entre otras materias, están las de policía de vigilancia, historia de la policía, fotografía judicial, planimetría judicial, derecho de policía, química forense, toxicología forense, operaciones policiales, práctica de vigilancia, medicina forense, pruebas judiciales, actualización en policía judicial y criminología. Entiende la Sala que estos cursos tienen como propósito el ascenso y mejor formación de los miembros de la Policía Nacional pero, de manera alguna, para el caso concreto pueden tenerse en cuenta para acreditar el curso de formación en Policía Judicial o en investigación criminal y criminalística, el cual es dictado por las escuelas de capacitación del DAS, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia, con intensidad mínima de 500 horas. Deduce esta Corporación que el curso de cadetes tiene un pensúm e intensidad horaria diferente a los de policía judicial o de investigación criminal y criminalística y que estos últimos pretenden enseñar una especialidad.

Sentencia de 2 de septiembre de 2009. Exp. 25000-23-15-000-2009-00890-01. M.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA PÁGINA 8 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 51 – 13 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co

AACCCCIIOONNEESS PPOOPPUULLAARREESS

1. La acción popular tiene como finalidad la protección de intereses y derechos colectivos por tanto, no pueden intentarse para conseguir la reparación subjetiva o plural de eventuales daños individuales de varias personas que comparten una causa en común En el caso bajo estudio se comprobó que existe una urbanización residencial denominada PARQUES DE TIMIZA, hoy CONJUNTO RESIDENCIAL TIMIZA, la cual no fue construida según el diseño y propuesta inicial ofrecida a sus habitantes. Como consecuencia de lo anterior, el recurrente estima que los inmuebles han sufrido una devaluación comercial, por cuanto la carencia de zonas comunes y acometidas para servicios públicos de éstas hacen más gravosa la situación comercial, en el sentido de ser mucho más difícil vender los apartamentos, razón por la cual se vulneran los derechos colectivos de los consumidores y usuarios, los cuales pudieron haberse salvaguardado si la Alcaldía Local de Kennedy, hubiese intervenido y obligado al constructor a mantener el diseño inicialmente ofrecido. De lo expuesto, la Sala encuentra que el conflicto se genera por causa de unos contratos de compraventa, en los cuales existen vicios redhibitorios, por lo que resulta acertado el análisis y conclusión del a-quo al afirmar que la inconformidad de los actores recae

sobre derechos individuales o subjetivos que tienen como causa común el contrato de compraventa y el contrato de mutuo con hipoteca. Respecto de este preciso aspecto es necesario aclarar que los derechos e intereses colectivos son aquellos que rodean, uniformemente, a un grupo de personas que conforman una comunidad organizada, y que se convierten en sujetos activos de la acción popular, en el evento que sus derechos colectivamente considerados se encuentran conculcados. De esta forma, debe tenerse en cuenta que mediante las acciones populares las personas ejercen verdaderos derechos de orden colectivo para la satisfacción de necesidades comunes de tal suerte que cuando ciertas prerrogativas protegidas por el marco constitucional sean desconocidas y se produzca un agravio o daño colectivo, se pueda recurrir a la protección constitucional a través de esta acción. En consecuencia, las acciones populares aunque tienen como finalidad la protección de unos intereses concretos colectivos, no pueden intentarse para conseguir la reparación subjetiva o plural de eventuales daños individuales de varias personas que comparten una causa en común. Así las cosas por tratarse de derechos e intereses que incumben a la sociedad en general, no proceden tales acciones para dirimir conflictos en los cuales se discutan derechos derivados de relaciones subjetivas, pues la interpretación de situaciones, como la aquí planteada, conlleva a razonamientos intrínsecos de donde se desprenden consecuencias subjetivas, es decir, consecuencias distintas según la condición de cada individuo respecto de las pretensiones y el contrato de mutuo con hipoteca, así desde esa perspectiva, dichas situaciones entr