CE - Boletin 52

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 52 – Octubre 27 de 2009 1. www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2006

Contenido: EEDDIITTOORRIIAALL l de 2006 l de 2006

El lúgubre episodio que para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en particular para el Consejo de Estado, tuvo lugar Editorial 1 con el fallecimiento de la H. Consejera de Estado doctora Martha Sofía Jurisprudencia del Sanz Tobón, ha vestido de luto a quienes tuvimos la honrosa Consejo de Estado al oportunidad de deleitarnos no sólo con su gran experiencia profesional, Día sino también, con su brillante personalidad. Siempre al servicio de la  Acciones Constitucionales 1 – 17 sociedad, actuación ésta que se vio reflejada en cada una de las  Sección Primera 17 – 21 providencias en las que ostentaba la calidad de ponente. Hoy, con  Sección Segunda 21 - 24 tristeza y desolación le damos un adiós a la compañera, amiga e ilustre  Sección Tercera 25 – 32 jurista.  Sección Quinta 32 – 38  Sala de Consulta y 38 - 44 Servicio Civil  Noticias 45 Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta Destacadas Presid ente Notic ias destacadas JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA

En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

FFAALLLL EECCIIÓÓ LLAA

DDOOCCTT OORRAA MMAARRTTHHAA SSAALLAA PPLLEENNAA

SSOOFFÍÍAA SSAANNZZ TTOOBBÓÓNN,, MMAAGGII SSTTRRAADDAA DDEE LLAA SSEECCCC IIÓÓNN PPRRIIMMEERRAA 1 ) DECRETADA PERDIDA DE INVESTIDURA DEL REPRESENTANTE A LA

DDEELL CC OONNSSEEJJOO DDEE C ÁMARA RUBÉN DARÍO SALAZAR OROZCO

EESSTTAA DDOO..

L a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo encontró demostrada la c ausal de pérdida de investidura del artículo 110 de la Constitución Política que, entre otras, atribuyó un ciudadano a Rubén Darío Salazar O rozco, quien fuera representante a la Cámara por Bogotá. En respaldo de su decisión, la Sala argumentó: “ Como quedó reseñado en el resumen que antecede, las causales que invoca el actor para solicitar la pérdida de investidura del demandado, son lEaNs RsIQigUuEie nGtIeLs B: O1T.EROIn ducir a sus subordinados a hacer aportes para fPinreansicdiaern tseu s actividades políticas y proselitistas con miras a las elecciones d el año 2010 y a sus organizaciones sin ánimo de lucro denominadas Asociación Popular de Vivienda “JEANSUM WISTER” y Comunidad Religiosa Independiente “JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA”. (…)

PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co En relación con la primera causal que se le endilga al demandado, la misma está consagrada en el artículo 110 de la Carta Política, el cual prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley y que el incumplimiento de esta prohibición será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. En este caso, a folios 532 a 534 del cuaderno principal, obra la providencia de 2 de junio de 2009, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado ponente doctor ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, recaudada en este proceso en virtud del proveído de 4 de junio de 2009, en la cual se dispuso la apertura de instrucción y se libró orden de captura con el fin de ser oído en indagatoria, al Representante a la Cámara RUBEN DARÍO SALAZAR OROZCO, por el presunto delito de CONCUSIÓN, habida consideración que las pruebas obrantes en el expediente eran demostrativas de que había constreñido a sus subalternos a contribuir con parte de su sueldo para la campaña al Senado en el año 2010, lo cual se extrajo de la declaración de JHON JAIRO SÁNCHEZ GARZÓN y de grabaciones aportadas por éste sobre llamadas efectuadas a sus ex compañeros de la

Cámara en las cuales se dan por ciertas las atestaciones del quejoso. (…) Finalmente, es de advertir que el demandado en este proceso, ante los medios de comunicación, a comienzos del mes de septiembre de 2009 apareció CONFESANDO ANTE LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la comisión del delito de concusión POR HABER CONSTREÑIDO A LOS MIEMBROS DE SU UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO A DAR PARTE DE SU SALARIO PARA LA CAMPAÑA AL SENADO Y PIDIÓ PERDÓN A LA SOCIEDAD POR TAL HECHO; amén de que en escrito visible a folio 805, dirigido al Despacho del Ponente, informa haberse acogido a sentencia anticipada por tal delito, en consecuencia, estima la Sala que está plenamente demostrada la causal en estudio lo que permite acceder a las pretensiones de la demanda y releva a la Corporación del análisis de las restantes causales.” Sentencia de 6 de octubre de 2009. Exp. 11001-03-15-000-2009-00355-00 (PI). M.P.: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 2) LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA NO INCLUYE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA: UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

destitución de las Fuerzas Militares del Brigadier General Alvaro Hernán Velandia Hurtado, argumentando que la facultad sancionatoria disciplinaria había prescrito porque la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto sancionatorio inicial fue notificada por fuera del término de cinco años previsto en la ley para ejercerla. La Procuraduría General de la Nación interpuso el recurso extraordinario de súplica contra la referida sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación. La jurisprudencia de esta Corporación en relación con la prescripción de la acción sancionatoria y acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, no ha sido unánime. Existen tres tesis: a) Se entiende ejercida la potestad disciplinaria cuando se produce la decisión que resuelve la actuación administrativa sancionatoria. b) Para que se considere “impuesta” la sanción es necesario no solo que el acto sancionatorio primigenio se expida, sino también que se notifique. c) Debe haberse expedido el acto sancionatorio, resuelto todos los recursos que se propusieron, y notificado las decisiones sobre éstos. (…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema, la Sala considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009 PÁGINA 3 www.consejodeestado.gov.co disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el

acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario, porque es éste el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto. La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la

potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla. En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984 sobre prescripción de la acción disciplinaria. Sentencia de 29 de septiembre de 2009. Exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ. M.P.:

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS TTUUTTEELLAASS 1. a) La ayuda humanitaria a la población desplazada debe mantenerse hasta que se obtenga cierta estabilidad económica. Los desplazados no sólo tienen derecho a que se les reconozca la ayuda humanitaria sino a que ésta se mantenga hasta que puedan regresar a una situación sino igual, que sería lo ideal, por lo menos similar y autosostenible. Para el caso concreto, la comunidad actora tiene derecho entonces a que se le reconozca la ayuda humanitaria tal y como lo establece la ley y la jurisprudencia y a que la prorroga de ésta se le conceda hasta el momento en que logre cierta estabilidad económica, que si bien no se trata de un regreso a la situación inmediatamente anterior a la ocurrencia de los hechos que originaron el desplazamiento, al menos es una opción para lograr una condición de autosostenibilidad. b) Clases de proyectos productivos de la población desplazada Hay tres tipos de proyectos a los que la población desplazada puede acceder, proyectos de

seguridad alimentaria, proyectos productivos a pequeña escala y proyectos productivos integrales. La razón de ser de este tipo de proyectos consiste en el hecho de que los hogares de las familias PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009 www.consejodeestado.gov.co desplazadas consigan la independencia productiva, ingresos estables y ocupación, de igual manera se busca obtener “un refuerzo en su capacidad organizacional y asociativa”; esta clase de proyectos puede ser unipersonal, unifamiliar o asociativo. Por habérsele reconocido la condición de desplazada de la asociación actora y al cumplir con los respectivos requisitos de postulación a los diferentes programas de restauración se considera que los integrantes de dicha comunidad son beneficiarios de dichos proyectos, toda vez que estos buscan que la población desplazada alcance un nivel de autosostenimiento. Por lo que al respecto se adicionará la demanda en el sentido de incluir a ésta población en dichos proyectos. c) Alcaldía de Cartagena debe proceder a reubicar a los integrantes de la Comunidad de Desplazados de la Loma del Peyé, en iguales condiciones al predio donde actualmente habitan En el caso concreto, nos encontramos frente a un grupo de desplazados que se encuentran ubicados en un lote de propiedad de un particular, en el cual han asentado sus viviendas y han procurado establecer a sus familias así sea en condiciones poco favorables, durante un lapso de tiempo aproximado de 10 años, sin que el Estado haya procurado dar una solución a la condición en que se encuentran. Es de resaltar que en el lote donde se encuentran ubicadas estas personas se encuentran sus viviendas, comedores comunales, una escuela construida por el Minuto de Dios, por

lo que al ser desalojados contraería graves inconvenientes sociales y personales para esa población. La Sala considera que las obligaciones de los entes demandados no nace de la suscripción de los contratos de promesa de compraventa y arrendamiento celebrados con un particular, sino de hacer el acompañamiento correspondiente a los desplazados en su etapa de recuperación socioeconómica, que hasta el momento se ha llevado a cabo prácticamente solo con la ayuda de particulares, ONGs y fundaciones quienes han logrado avances importantes en la calidad de vida de estas personas. Por lo anterior, la sentencia de primera instancia se adicionará en el sentido de ordenar a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en colaboración con el Departamento de Bolívar, a que en un lapso no mayor a 6 meses proceda a reubicar a los integrantes de la Comunidad de Desplazados de la Loma del Peyé que se encuentren registradas como tales, a un terreno donde puedan vivir en condiciones dignas y con todos los beneficios con los que actualmente cuentan en el predio donde habitan, como son, el comedor comunitario y la escuela. Sentencia de24 de septiembre de 2009. Exp. 13001-23-31-000-2009-00188-01(AC), M.P. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN 2. a) La acción de tutela es procedente de manera excepcional, para obtener reintegro laboral de sujetos con especial protección constitucional Respecto de la procedencia de la tutela para obtener el reintegro de un trabajador al empleo del que fue despedido, esta Corporación ha señalado que conforme al artículo 6 [1] del Decreto 2591 de 1991 no es esta acción la vía pertinente cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que

se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pero que dicho medio alterno debe ser eficaz, pues, de lo contrario, la tutela procede como mecanismo judicial de protección (art. 8 ib). En el asunto bajo examen, es evidente que el medio de defensa judicial ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral de que dispone el actor no resulta eficaz en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional (arts. [13], [47] y [48]), lo que amerita la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales violados y ante la inminente amenaza de que continúe su transgresión. En efecto, si se tienen en cuenta las especiales circunstancias del actor, quien acreditó ser portador sintomático del VIH y estar actualmente en tratamiento de su enfermedad, resulta claro que aunque el mismo cuenta con otro medio de defensa judicial, la situación particular que rodea el presente asunto hace procedente la acción de tutela, toda vez que la terminación del contrato laboral agrava su situación personal. BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co b) La no interposición de la acción de tutela en un término razonable, se justifica ante una enfermedad catastrófica Es pertinente advertir que si bien es cierto el actor no formuló la tutela una vez fue desvinculado de la empresa Agregados y Mezclas Cachibí S.A., hecho que, en principio, haría suponer que su situación no amerita la adopción de medidas de protección inmediatas y urgentes toda vez que no

interpuso la acción dentro de un término razonable, también lo es que en la diligencia de versión a que se aludió se le interrogó sobre las razones por las cuales no había accionado, frente a lo cual manifestó que estaba dedicado a su salud y estaba asustado porque la enfermedad lo puede matar. Así las cosas, a juicio de la Sala, las razones aducidas por el actor para justificar su demora en promover la acción son válidas si se tiene en cuenta que no se trata de cualquier enfermedad, sino de una de naturaleza catastrófica cuyo tratamiento, además de ser de alto costo, no puede ser suspendido sin disminución de la calidad de vida del paciente, de lo cual se puede colegir que la gravedad de su estado incidió de manera determinante en la desprevención del actor por hacer uso de los mecanismos de defensa a su disposición en orden a ocuparse primero de la atención de su salud y, por ende, de su vida. c) El despido de un empleado debido a sus condiciones de debilidad constituye discriminación y abuso del derecho En el caso de las personas en situación de debilidad manifiesta, el principio de la estabilidad laboral tiene especial trascendencia, al punto que la jurisprudencia ha reconocido la existencia de una estabilidad laboral reforzada de la que gozan algunos trabajadores, quienes, en razón de su situación de indefensión o debilidad, puedan verse discriminados o afectados por actuaciones y omisiones del Estado o de los particulares (Constitución Política [13] y [95]). El objetivo de la estabilidad laboral reforzada es garantizar que las personas en condiciones de debilidad gocen del derecho a la igualdad real y efectiva, la que en materia laboral se traduce en la permanencia en un

empleo como medida de protección especial ante actos de discriminación, la que debe estar conforme con la capacidad laboral del trabajador. La estabilidad laboral reforzada se aplica en los casos de despido de trabajadores en estado de debilidad, como mujeres embarazadas, servidores aforados y personas limitadas físicamente, como ocurre con los enfermos de VIH, entre otros, en claro desconocimiento de las obligaciones constitucionales y legales, pues, el despido unilateral de un empleado debido a sus especiales condiciones, constituye una discriminación y un abuso del derecho por parte del empleador, dado que a las personas en estado de debilidad no se les puede tratar igual que a quienes no tienen dicha condición. d) La tutela procede frente a despidos de sujetos con especial protección, si se dio en razón a la condición de debilidad. Inversión de la carga de la prueba No obstante, no basta la existencia de una enfermedad o de una discapacidad, para que por vía de tutela se conceda la referida protección constitucional, sino que debe estar probado que la desvinculación laboral se debió a esa particular condición de debilidad, esto es, debe existir nexo causal entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que para demostrar la causa objetiva que justifica la desvinculación, al empleador “le corresponde asumir la carga de la prueba de sustentar en qué consiste el factor objetivo, que le permite desvirtuar la presunción de discriminación que pesa sobre sí”, para impedir la ineficacia de la terminación contractual. En efecto, la especial protección de ciertos grupos y personas por parte del Estado, tiene como consecuencia la inversión de la carga de la prueba

cuando la constitucionalidad de una decisión es cuestionada por afectar eventualmente los derechos fundamentales de la persona perjudicada. Sentencia de 6 de septiembre de 2009. Exp. 76001-23-31-000-2009-00670-01(AC), M.P.

HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009

www.consejodeestado.gov.co 3. a) Titularidad de la acción de tutela Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela sólo puede ser interpuesta, en principio, para defender derechos fundamentales propios, pudiendo reclamar la protección el mismo afectado sin intervención de apoderado judicial. No obstante, puede instaurar la acción un tercero para que se amparen derechos cuya titularidad no ostenta, cuando hay de por medio una representación legal, cuando su titular le ha extendido mandato expreso para ello o cuando el afectado no puede, por razones fácticas o jurídicas, promover su propia defensa, caso en cual opera la agencia oficiosa que debe ponerse de manifiesto en el libelo demandatorio. Es menester que en todos estos casos de representación jurídica, el demandante acredite debidamente su calidad para actuar en nombre de otro. Según el artículo 10 del Decreto 2591, es posible agenciar derechos ajenos cuando su titular se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la tutela. Según la norma, “cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.

b) Es deber del estado prestar atención en salud a miembros de la fuerza pública con posterioridad a su desincorporación, cuando por causa y razón del servicio sufran una lesión Con fundamento en el artículo 23 del Decreto 1795 de 2000, en principio, las personas que sean desvinculadas del servicio con una discapacidad menor al índice señalado para obtener la pensión de invalidez, no tendrían derecho a recibir los servicios de salud por no ser beneficiarios de esta pensión. Sin embargo, en determinados eventos resulta no sólo admisible, sino constitucionalmente obligatorio, extender la cobertura de la atención en salud de los miembros de la fuerza pública con posterioridad a su desincorporación cuando por causa y razón del servicio sufran una lesión, lo anterior en tanto no resulta aceptable que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, no preste los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria se encontraba en perfectas condiciones de salud. Advierte la Sala que el derecho a la salud y a la seguridad social del personal retirado del servicio activo, no puede verse afectado aunque la persona no tenga derecho a la pensión, como sucede en el presente caso, siendo entonces un deber del Estado la prestación de la asistencia médica que requiera para el tratamiento y mejoramiento de sus condiciones de salud. Lo anterior, por cuanto resulta contrario a los principios constitucionales de solidaridad, de continuidad en la prestación de los servicios de salud y de protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta, una interpretación literal del ordenamiento jurídico en materia de salud y seguridad social de la Fuerza Pública que se oriente

a restringir o impedir la continuidad del acceso a los servicios médicos a una persona por el solo hecho de ser desvinculada, cuando dichos servicios se requieren necesariamente para su rehabilitación y son prestados en razón de condiciones patológicas que pueden ser directamente atribuibles al servicio. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Exp. 73001-23-31-000-2009-00374-01(AC), M.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA 4. a) La terminación de la relación laboral por el cumplimiento de los requisitos de pensión no puede hacerse efectiva hasta la inclusión del trabajador en nómina de pensionados, debidamente notificada El parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece: “Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión (…)”. Dicho Parágrafo fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1037 de 5 de noviembre de 2003, en el siguiente sentido: “Siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co pensionados correspondiente”. En efecto, la Corte Constitucional estableció como requisito para la

terminación de la relación laboral la inclusión del trabajador en nómina de pensionados, debidamente notificada. Situación que no fue tenida en cuenta por la entidad accionada, lo que vulneró de manera evidente los derechos fundamentales del actor, al declararlo insubsistente del cargo de Delegado Departamental. No obstante, mediante auto de ponente fechado el 10 de agosto del año en curso, se vinculó al Instituto de Seguros Sociales – Fondo de Pensiones, a fin de que rindiera un informe del estado de la solicitud de pensión presentada por el actor en agosto de 2006. En dicho informe, el Jefe Central Nacional de Tutelas del ISS dijo que mediante Resolución No. 031673 del 23 de julio de 2009, el Gerente del Centro de Atención a Pensiones de ISS – Seccional Cundinamarca, reconoció en favor del actor una pensión de jubilación por el valor de $3’928.901, a partir del 20 de mayo de 2009, incluida en la nómina correspondiente al mes de agosto de 2009, pagadera a inicios de septiembre de este año. Sin embargo, no obra prueba en el expediente de que la mencionada resolución fue notificada al actor. Por tanto, la Sala ordenará al Instituto de Seguro Social – Fondo de Pensiones, que en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación de presente providencia, informe al actor sobre el contenido de la Resolución No. 031673 del 23 de julio de 2009. Se requerirá a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-230 del 6 de marzo de 2008, estudie las situaciones de cada uno de los empleados de manera particular, esto con el fin de no contravenir lo dispuesto en el

parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-1037 del 5 de noviembre de 2003, que lo adicionó. Sentencia de 2 de septiembre de 2009. Exp. 50001-23-31-000-2009-00215-01(AC). M.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS 5. a) El derecho a la salud, en conexidad con la vida, se vulnera si la EPS no suministra los medicamentos y práctica los procedimientos, que resultan necesarios para su protección, pese a no encontrarse incluidos en el Plan de Beneficios La Corte Constitucional ha enfatizado que “… el derecho a la vida no significa una posibilidad simple de existencia, cualquiera que sea, sino, por el contrario, una existencia en condiciones dignas, y cuya negación es, precisamente, la prolongación de dolencias físicas, la generación de nuevos malestares y el mantenimiento de un estado de enfermedad, cuando es perfectamente posible mejorarla en aras a obtener una óptima calidad de vida…”. El pretexto de la entidad accionada de que los medicamentos que se le han formulado y el procedimiento quirúrgico que requiere, no se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios, y la indicación de que la actora debe solicitar un comité médico científico, no sirve de justificación para que se prolongue la situación de indefensión en que se encuentra la actora, quien está limitada físicamente, por lo que resulta evidente que el derecho a la salud, en conexidad con la vida, le ha sido vulnerado, haciéndose impostergable su amparo, pues no es suficiente, para la protección de este derecho, que las entidades promotoras de salud realicen un diagnóstico médico,

sino que además determinen el tratamiento a seguir, suministrando los medicamentos y practicando los procedimientos, que resulten necesarios. b) El derecho a la vida no puede supeditarse al cumplimiento previo de condiciones económicas La Corte Constitucional ha considerado que la protección constitucional que debe darse al derecho fundamental a la vida, “… no puede estar condicionada a normas de menor rango o a acuerdos contractuales, pues no se puede permitir que el derecho a la vida y a la dignidad humana, así como su protección, esté supeditado al cumplimiento previo de condiciones de orden económico, o al previo cumplimiento de lineamientos legales, máxime cuando lo que se pretende es salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de un paciente que requiere con urgencia la atención de sus afecciones en salud que comprometen, incluso, su propia existencia…”. Sentencia de 2 de septiembre de 2009. Exp. 19001-23-31-000-2009-00288-01(AC), M.P.

WILLIAM GIRALDO GIRALDO PÁGINA 8 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 52 – 27 de octubre de 2009

www.consejodeestado.gov.co 6. a) La acción de tutela es improcedente para que se ordene a las entidades competentes que procedan a reconocer y pagar una pensión de vejez que no ha sido solicitada Se evidencia que el perjuicio irremediable no se encuentra configurado, pues las entidades demandas en ningún momento han negado la pensión de vejez, en razón de que no se encuentra probado que el actor haya hecho la solicitud formal para el reconocimiento de la aludida pensión.

En esa medida, el perjuicio que el actor manifiesta que le causaron las demandadas no es producto de una actuación manifiestamente irregular o de acciones u omisiones ilegítimas y contrarias a derecho por parte de las accionadas, toda vez que el demandante no ha solicitado reconocimiento alguno de pensión, de cuya respuesta devenga el menoscabo de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela. En efecto, la Sala considera, que no es de recibo instaurar acción de tutela para ordenar a las entidades demandadas que procedan a reconocer y pagar una pensión de vejez, máxime si no se ha solicitado reconocimiento alguno por parte del actor. En consecuencia, corresponde al demandante hacer la respectiva solicitud, anexando los documentos que para el efecto se requieren, con el fin de provocar la actuación de la administración para que se defina la pretensión y, en el supuesto de que la determinación sea desfavorable a sus intereses, pueda ser incoada la acción judicial pertinente. Sentencia de 9 de septiembre de 2009. Exp. 25000-23-15-000-2009-01110-01(AC). M.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS AACCCCIIOONNEESS PPOOPPUULLAARREESS 1. a) Relleno sanitario de Sincelejo no cumple con los requisitos técnicos y legales A partir de la vigencia del Decreto 1713 de 2002, los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá ser

formulado considerando, entre otros aspectos, el diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales y socioeconómicas de la entidad territorial en relación con la generación y manejo de los residuos producidos, así como la identificación de alternativas