CE - Boletin 67

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 67 – Agosto 20 de 2010 1. www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2006

Conte nido: EEDDIITTOORR IIAALL Para la Corporación a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil es un l de 2006 honor llevar a cabo las “Primeras Jornadas Internacionales de la lF duen c2i0ó0n6

Consultiva”, encuentro dirigido a consolidar las relaciones entre el Consejo de Estado Colombiano, el Consejo de Estado Español y el Consejo de Estado Editorial 1 Francés, gestores de la idea, para establecer canales de comunicación y Jurisprudencia del cooperación con todos los órganos que cumplen con la función consultiva, Consejo de Estado al entre otros los Consejos de Estado de Argelia, Bélgica, Egipto, Grecia, Día Luxemburgo, Turquía quienes participarán en el evento, conjuntamente con  Acciones 1 – 9 Constitucionales los consejos consultivos regionales españoles, el Consejo de Legislación de  Sección Primera 9 – 11 Suecia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la Contraloría General  Sección Segunda 11 - 17 de la República de Chile. Igualmente se contará con la participación de  Sección Tercera 17 – 20 organismos internacionales tales como, la Corte Interamericana de  Sección Cuarta 20 – 27 Derechos Humanos y el Consejo Jurídico Interamericano. Todo con el  Sección Quinta 27 – 33 propósito de presentar la primera versión virtual del “Anuario Internacional

 Sala de Consulta y 33 - 42 de la Función Consultiva”. Dicho evento tendrá lugar en la ciudad de Servicio Civil Cartagena de Indias, elegida como sede los días 6 y 7 de septiembre de la  Noticias 41 presente anualidad. Destacadas Luis Fernando Álvarez Jaramillo Presidente Notic ias destacadas JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

‘‘1166 EE NNCCUUEENNTTRROO DDEE

LLAA JJUU RRIISSDDIICCCCIIÓÓNN’’

SSAALLAA PPLLEENNAA YY ‘‘PPRRIIMMEERRAASS JJOORRNN A A DD AASS 1 . Se decreta la pérdida de la investidura por interés directo de IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS carácter moral, por participar en la resolución de recurso de apelación q ue resolvió sobre su ingreso al partido de la U, al Representante a la

DDEE LLAA FFUUNNCCIIÓÓNN

Cámara Luis Felipe Barrios Barrios CCOONNSS UULLTTIIVVAA’’ Situación fáctica: Establecer si existe violación al régimen de conflicto d e intereses por parte del Representante a la Cámara Luis Felipe Barrios Barrios, que dé lugar a la pérdida de la investidura. E l Representante Barrios Barrios participó en la resolución del recurso de apelación que había interpuesto el Representante Silva Meche para que se

ENRIQUE GIL BOTERO

revocara la decisión de la Mesa Directiva, en el entendido de que el señor Presidente Barrios Barrios y otros 4 Congresistas no pertenecían al Partido de la U, porque no habían salido formalmente del Partido Cambio Radical. Por todo lo anterior, la Sala considera demostrada la existencia del interés particular del Congresista Barrios Barrios, consistente en definir su inclusión al Partido de la U y, en la práctica, excluir la aplicación de la sanción impuesta por el partido Cambio Radical, interés que evidenció cuando adelantó una acción de tutela con el propósito de que se dejara sin efecto dicha medida y cuando impugnó su validez ante el Consejo Nacional Electoral. PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010 www.consejodeestado.gov.co Dicho interés es de tipo moral, toda vez que corresponde a un aspecto inmaterial de su titular, consistente en determinadas facultades inherentes a su condición de Congresista. Está igualmente demostrada la concurrencia de ese interés directo, particular y actual, con el interés público que se realiza mediante el ejercicio legítimo de la función legislativa. Así pues, el Congresista Barrios Barrios antepuso su interés directo y particular -de lograr el reconocimiento como miembro del Partido de la U y la ineficacia de la sanción impuesta por Cambio Radicalfrente al deber constitucional y legal de ejercer sus funciones de Congresista con transparencia e imparcialidad. Y con su participación en la resolución del recurso de apelación -interpuesto con el objeto de que se revocara la decisión del Presidente de la Cámara encaminada a reconocer el ingreso al Partido de la

U del Representante Barrios y de otros 4 Congresistas, como también a inaplicar la sanción impuesta a los mismos por el Partido Cambio Radicalincumplió el deber de “poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración” previsto en el artículo 182 de la Constitución Política y en el numeral 6 del artículo 268 de la Ley 5 de 1992. Sentencia de 27 de julio de 2010, Exp. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), MP. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Pérdida de investidura

2. Negada pérdida de investidura de Senador de la República del señor Jorge Enrique Gómez Montealegre Se solicita la perdida de investidura de Senador de la República del señor Jorge Enrique Gómez Montealegre, por presunta violación del régimen de conflicto de intereses, pues siendo investigado disciplinariamente participó en la elección del Procurador General de la Nación.

Tal como quedó visto, en el sub lite se demandó la investidura de Senador de la República del señor Jorge Enrique Gómez Montealegre, porque en condición de encartado en los procesos disciplinarios radicados bajo los números 286176 (o 01-167966/77) y 302398, que vienen siendo conocidos por la Procuraduría General de la Nación, con el ánimo de obtener un trato favorable de su disciplinador participó en el proceso de elección del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, como Procurador General de la Nación. (…) Hallándose probado que el Senador demandado participó en la elección de

Procurador General de la Nación, lo que sigue es verificar si tenía la condición de encartado en los procesos disciplinarios radicados bajo los números 286176 (01-167966/77) y 302398, para luego, a partir de allí, inferir si tenía o no interés en beneficiarse del voto que emitió. (…) Pues bien, de la documental atrás referida resulta claro que el demandado, para la época de la elección del actual Procurador General de la Nación, no venía siendo investigado en ninguno de los procesos disciplinarios a los que alude la demanda, pues el primero se refería a irregularidades en la designación de quien debía reemplazar al Senador Vicente Blel, y estaba dirigido contra la doctora Nancy Patricia Gutiérrez en condición de Presidenta del Senado de la República y el segundo ni siquiera existía para esa fecha. Siendo así las cosas, las circunstancias fácticas que fundamentaron la pretensión de pérdida de investidura, por violación al régimen de conflicto de intereses, no se estructuraron y, por tanto, el cargo así formulado debe desestimarse. Reiteración de jurisprudencia. Sentencia del 1º de junio de 2010. Exp. 11001-03-15-000-2009-00598-00(PI), MP. FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA. Acción de Pérdida de Investidura. AACCCCIIOONNEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS TTUUTTEELLAASS 1. a) Procedencia de la acción de tutela frente a la fijación de la cuota de compensación militar por afectación del mínimo vital BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010 PÁGINA 3

www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico consistió en determinar si las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales del actor al debido proceso, el trabajo, la educación, a ejercer cargos públicos y al mínimo vital, al expedir la Resolución No. 21, por la cual se le declaró infractor y se le impuso sanción pecuniaria, y el Acto Administrativo No. 1700043105, que impuso una cuota de compensación militar, por valor total de dos millones ochocientos sesenta y dos mil pesos ($2.862.000) para la exención de la prestación del servicio militar obligatorio. Debe tenerse en cuenta que, la definición de la situación militar y la presentación de la tarjeta de reservista son esenciales para que el actor pueda acceder a una vinculación laboral no sólo en el sector privado sino en el público, circunstancia esta que impide que se comparta la tesis del a quo, en el sentido de que la controversia sobre la compensación militar y la multa impuestas puede ser planteada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que dicho mecanismo por su impredecible duración, no resulta un medio eficaz para dar solución a la eventual violación de los derechos fundamentales del actor. La Sala encuentra que la suma a que asciende la liquidación de los valores que está obligado a pagar el tutelante para definir su situación militar, asciende a dos millones ochocientos sesenta y dos mil pesos ($2.862.000). En ese estado de cosas, y dado que aquel no cuenta en este momento con una fuente de ingresos en tanto no ha podido ubicarse laboralmente por falta de la libreta militar, y conforme se anotó, ella constituye para los varones mayores de edad una condición especial para acceder a cargos públicos e incluso en empresas privadas; y de otro lado,

su madre, de quien depende económicamente, en la actualidad está desempleada, es claro que se afecta el mínimo vital del peticionario. b) Posibilidad de pago diferido de la cuota de compensación militar Ahora, a pesar de la anotada afectación al mínimo vital del solicitante, la Sala se encuentra imposibilitada para dejar sin efectos los actos administrativos que contienen la imposición de la obligación, por cuanto dicho aspecto está reservado al juez de lo contencioso administrativo, máxime cuando en principio no se demostró trasgresión al debido proceso del petente en la expedición de los mismos, en tanto la multa fue impuesta por negligencia de este, y en su caso no concurre circunstancia alguna de exoneración de pago de la cuota de compensación militar en los términos de la Ley 48 de 1993. Sin embargo, es claro que la aplicación estricta de las normas sobre liquidación de la cuota de compensación militar y la multa, y en particular, de los plazos otorgados para su cancelación, ocasionan un costo desproporcionado al actor quien, simplemente, no está en condiciones para sufragarlas. En este evento, la propia legislación previó la posibilidad de que la persona que no tuviera el dinero para pagar de una sola vez la mencionada cuota, pudiera utilizar un sistema de pago diferido o de crédito, y a efecto de evitar que el Estado tuviera que asumir la carga de cobrar los pagos diferidos, las normas vigentes consagraron como mecanismo para este tipo de pago, entre otros, el de la tarjeta de crédito (Art. 69 del Decreto 2048 de 1992), sin embargo, una

persona como el actor, que carece de recursos económicos, no está en condiciones de utilizar el mencionado sistema. Por lo anterior, en este caso, en aplicación estricta del principio de igualdad y de protección al mínimo vital, se ordenará que se acepte el pago diferido de la cuota de compensación militar y de la multa, de manera tal que se otorgue una tarjeta militar provisional mientras el actor sufraga el total de la cuota que le corresponde, sin perjuicio de que este pueda demandar el acto administrativo que le impone el pago de la contribución. Sentencia de 28 de julio de 2010, Exp. 76001-23-31-000-2010-00491-01(AC), MP. LUIS RAFAEL

VERGARA QUINTERO

2. Se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia por la negativa de la expedición de la constancia de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial por caducidad de la acción Correspondió a la Sala decidir, si es procedente el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, al acceso a la administración de justicia, y al debido proceso del actor presuntamente PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010

www.consejodeestado.gov.co vulnerados por el Procurador 19 Judicial Regional Valle del Cauca porque, en su sentir, esa autoridad se extralimitó en las funciones del Ministerio Público, al celebrar la audiencia de conciliación de 19 de febrero de 2010, en la que declaró que los actores erraron en la proposición de la acción, en tanto no era la de reparación directa sino la de nulidad y restablecimiento del derecho la que,

además, se encontraba caducada. En lo pertinente al caso que se revisa, es oportuno manifestar, que la Ley 640 de 2001, fue creada como una forma de resolución de conflictos alterna a la justicia formal (realizada por los jueces ante la jurisdicción), y ella se establece como un requisito de procedibilidad para ejercer la acción principal, esto es, que el Juez rechaza de plano la demanda, si las partes no han celebrado audiencia de conciliación previa. En este sentido, es necesario que antes de dirigirse a la Jurisdicción Civil, Contenciosa Administrativa, y de Familia, se debe acudir a la solicitud del acuerdo conciliatorio prejudicial. Es oportuno aclarar, que la referida exigencia se entiende cumplida con el agotamiento del trámite, bien cuando se llega a un acuerdo entre las partes o cuando esta se termina y se declara fracasada. De lo anterior se infiere, que la norma enunciada no señala que la constancia de conciliación se expida únicamente en los casos en que esta sea aprobada, contrario a ello, reglamenta que corresponde al Agente del Ministerio Público certificar el agotamiento del citado requisito, en los eventos en los que una vez presentada la solicitud, se llega a la conclusión que el asunto no es conciliable de acuerdo con la ley, es lesiva al ordenamiento jurídico y al patrimonio público o porque no existen pruebas que la fundamentan. En estos casos, el enunciado normativo impone el deber al Agente del Ministerio Público de otorgar la constancia que demuestra que las partes involucradas presentaron la voluntad de resolver su litigio de forma extra procesal, acudiendo al mecanismo alternativo de resolución, como lo es para el sub lite la conciliación. En este orden de

ideas, la Sala distingue, entre dos eventos: el primero de ellos, el deber legal que le asiste al Ministerio Público de expedir la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, y el segundo, referido a la aprobación del acuerdo conciliatorio que está guardada al Juez Administrativo, como así lo establece el artículo 24° de la Ley 640 de 2001, que ordena remitir el acta de conciliación a ésta Autoridad, dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia para que imparta su aprobación o improbación. De esta manera, no es de recibo el argumento manifestado por el Procurador 19 Judicial II Administrativo de la Regional del Valle del Cauca, cuando afirma en el Acta Nº 073 de 19 de febrero de 2010 que “no se dará por agotado el requisito de procedibilidad a la solicitud de conciliación invocada porque se encuentra caducada la acción contenciosa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que es la procedente para determinar la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados”. Toda vez, que como se expresó en párrafos anteriores, es deber del Ministerio Público expedir la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, aunque no se llegue a un acuerdo conciliatorio; de lo que se trata, es de intentar llegar a un acuerdo, en caso de ser éste fallido, será la constancia la que habilite a las partes para acudir en uso del derecho de acceso a la administración de justicia al Juez Ordinario para que dirima el conflicto en cada caso concreto. (…) Se advierte, que el enunciado normativo referido por la Autoridad accionada, no expresa el sentido que le pretende dar el Agente del

Ministerio Público, como quiera, que ésta hace referencia a los asuntos que no son susceptibles de conciliación extrajudicial en materia Contenciosa Administrativa, entre ellos, “los asuntos en los cuáles la correspondiente acción haya caducado”. Lo anterior significa, que si la acción se encuentra caducada, la situación expuesta no será susceptible de conciliación, por lo que el Agente del Ministerio Público en uso de la función de guarda del interés público, debe advertir esta situación. Pero ello, no significa que niegue la expedición de la constancia de agotamiento del requisito de conciliación, pues éste es su deber, como se expresó en párrafos anteriores. El acta que se levanta de la citada audiencia, debe ser enviada a la Autoridad judicial para que apruebe o impruebe la conciliación. De lo expuesto se infiere, que la negativa de entregar certificación sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad a la solicitud de conciliación presentada por el actor, no es una simple formalidad sin trascendencia procesal, por el contrario, representa un límite que no fue dispuesto por el Legislador, que impide al interesado acudir a la administración formal de justicia, para que le sean resueltas sus pretensiones por parte del Juez Contencioso Administrativo. Por lo anterior la Sala advierte, que se trata de una vulneración del derecho fundamental de acceso BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010 PÁGINA 5 www.consejodeestado.gov.co a la administración de justicia dispuesto en el artículo 229 Constitucional, bajo el entendido que se requiere el agotamiento del trámite prejudicial antes de acudir a la acción principal. Sentencia de 29 de junio de 2010, Exp. 76001-23-31-000-2010-00526-01(AC), MP. GUSTAVO

EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

3. No es posible el registro de nombres de dominio restringido. Oponibilidad de la lista de dominios restringidos Se definió si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la sociedad Plásticos Flexibles LTDA, por el registrador de los nombres de dominio en el país, al no accederse al registro de los dominios JP.CO y IL.CO encontrarse estos en la lista de restringidos elaborada por el administrador de dominios.

En el caso bajo estudio la Sociedad actora solicitó el registro de los dominios JP.CO y IL.CO, la cual fue rechazada por parte de CO. INTERNET.CO S.A.S, como entidad que cumple, por delegación, la función del registro de los nombres de dominio, argumentando que estos nombres se encontraban en la lista de dominios restringidos y que por ello no era posible dicho registro. Frente a la anterior respuesta la actora argumenta que no le era oponible la lista de los dominios restringidos porque al momento en que se elevo la solicitud del registro esto es el 1° de marzo de 2010, dicha lista no había sido publicada, que la publicación se produjo en la web del administrador el 8 de marzo de 2010 y además porque se estaba confundiendo el significado de dominio restringido y de dominio reservado. En punto a esta última afirmación de la impugnante considera la Sala oportuno aclarar qué se entiende por dominio restringido y que por dominio reservado. El dominio restringido que por razones de orden público, seguridad nacional, o que podría contravenir o generar confusión con otro dominio de código territorial ccTLD.co que estuviera haciendo uso del .co, no puede ser asignado por

parte del administrador, salvo condiciones especiales y previa autorización del Ministerio. El dominio reservado, por su parte, es aquel nombre de dominio que implica un interés de tipo económico que hace que este dominio pueda ser a futuro subastado por el administrador. Acorde con las normas ISO 3116 -1 que contiene los nombres cortos en ingles de los países; JP y IL identifican a Japón e Israel y acorde con los protocolos internacionales, este dominio es usado y reservado al país o territorio dependiente al que pertenece. Consecuente con lo anterior, no es el administrador del dominio ni mucho menos el registrador del mismo, los encargados de elaborar las listas de dominio que pertenece a cada país y por ende no es acertada la afirmación que hace el tutelante de serle inoponible la lista por la ausencia de la publicación y por su inexistencia para la fecha en que radicó la solicitud del registro. En este orden, encuentra la Sala que la negativa a la solicitud de registrar los dominios JP.CO y IL.CO no es arbitraria pues se fundó en lineamientos planteados en la normatividad vigente para el caso, esto es la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 1652 de 2008 y en las políticas fijadas por el Ministerio del ramo, a través de su Comité Asesor No. 12. Ahora bien en cuanto si le era oponible la lista denominada “lista de dominios restringidos” porque al momento en que se elevó la solicitud no se encontraba publicada, esta Sala debe anotar que si bien dicha lista no estaba puesta a disposición en la web, esta ya se encontraba elaborada siguiendo los lineamientos del Comité Asesor No. 12 del Ministerio, en reunión adelantada el 9 de noviembre de 2009, y en la

cual se discutió la propuesta realizada por .CO INTERNET.S.A.S., agregando al listado unos dominios que generaban confusión en los usuarios de Internet, y que conducirían a incurrir en contradicciones con parámetros establecidos internacionalmente en la lista de países y territorios ISO – 3166, para el registro de los dominios públicos. Así, se tiene que al momento en que se solicitó el registro de los dominios JP.CO y IL.CO, estos se encontraban en la lista de dominios restringidos, a pesar de que se publicaron en la web del Ministerio y del Administrador al inició del mes de marzo en la etapa de apadrinamiento precisamente los primeros días, es decir, el 8 de marzo de 2010. El proceso que culminó con la denegación del registro estaba establecido en las fases del plan gradual, la lista de restringidos ya estaba aprobada, la misma se le dio a conocer al interesado al momento de argumentarse la negativa, momento este en que hizo oponible la lista al interesado. Es decir, desde entonces el accionante tuvo pleno conocimiento de la existencia de la misma, y que de ninguna PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010 www.consejodeestado.gov.co manera podía realizarse el registro dada la naturaleza de restringidos de estos nombres de dominio, y que es dable resaltar, el ICANNN recomienda mantener restringido. Siendo así la competencia del encargado del trámite del registro se circunscribe a verificar si el nombre esta disponible y si es procedente el registro. Corolario de lo anterior, la Sala concluye que no se vulneró el derecho al debido proceso de la actora.

Sentencia de 28 de junio de 2010, Exp. 25001-23-15-000-2010-00430-01(AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

4. Se amenaza el derecho fundamental de habeas data al no encontrarse actualizado el Registro Único de la Población Desplazada Advierte la Sala a partir de las declaraciones de la tutelista y la señora Clara Inés Medina Jaramillo, que éstas exponen situaciones de hecho que no corresponden a las consignadas en el referido registro, ya sea porque éste no está actualizado, se cometió un error al momento de ingresar la información, o porque alguna de ellas incurrió en una imprecisión. Independientemente de la razón por la cual no existe concordancia entre la situación expuesta por la accionante y la consignada en el Registro Único de Población Desplazada, es indispensable que la información reportada en éste corresponda a la realidad, para que las ayudas que se otorgan a las personas incluidas en el mismo se asignen en la proporción que establece el ordenamiento jurídico, y por ende, se evite que algunos no reciban las ayudas a las cuales tienen derecho, o por el contrario, se haga incurrir en error a las autoridades que reconocen tales beneficios para obtener los mismos por partida doble. En ese orden de ideas, es indispensable que Acción Social actualice el Registro Único de Población Desplazada respecto a la situación en que se encuentra la accionante y su núcleo familiar, y por ende, que revise la información consignada en el mismo sobre la señora Clara Inés Medina Casanova, de manera tal que lo reportado en aquél corresponda a la realidad. Para tal efecto, estima la Sala que Acción Social en primer lugar debe considerar a la petente y a los menores que tiene a cargo, como miembros de

un núcleo familiar distinto al de la señora Clara Inés Medina Casanova, teniendo en cuenta que las dos bajo la gravedad del juramento sostienen que viven en hogares distintos. En segundo lugar es necesario, que los niños que están bajo la protección de la accionante se incluyan en el referido registro, para que sean objeto de protección por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, de lo contrario se pondrían en riesgo sus derechos fundamentales, que al tenor del artículo 44 constitucional tienen un carácter prevalente en nuestro ordenamiento jurídico, porque de no estar incluidos en dicho registro, tendrían dificultades para recibir los beneficios que les asisten por su condición de menores en situación de desplazamiento, y eventualmente no serían considerados a la hora de determinar el monto en que debe otorgarse la atención humanitaria de emergencia a su núcleo familiar. En relación con la situación antes descrita, estima la Sala que al no estar actualizado el Registro Único de Población Desplazada respecto de la situación de la accionante y su núcleo familiar, se amenaza el derecho de habeas data, que tratándose de personas en situación de desplazamiento adquiere una connotación especial. b) El reconocimiento de la ayuda humanitaria a las mujeres en situación de desplazamiento debe ser ininterrumpido e integral Hechas las anteriores precisiones, que buscan garantizar la protección debida a la niñez y el derecho de habeas data, estima la Sala que al considerarse en la providencia controvertida que Acción Social al haber entregado la ayuda humanitaria de emergencia a la madre de la petente, le ha brindado a

ésta la protección integral de sus derechos fundamentales, particularmente de la vida digna y el mínimo vital que son los directamente relacionados con este componente de la asistencia integral a la población desplazada, no tiene en cuenta de un lado, la situación actual que invoca la tutelista (no convivir con la señora Clara Elisa Mediana Casanova y tener a cargo tres menores de edad), y de otro, que a favor de las mujeres en situación de desplazamiento, y aún más de las que son jefes de hogar, el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria es ininterrumpido e integral, estos es, BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 67 – 20 de agosto de 2010 PÁGINA 7 www.consejodeestado.gov.co que se prorroga automáticamente a menos que se demuestre que las personas beneficiadas están en condiciones de asumir su propio sostenimiento, y que incluye todos los elementos que legalmente se han establecido. Ahora bien, no desconoce la Sala que Acción Social no es responsable por el hecho que la accionante no haya informado (según lo probado en el proceso) sobre su condición de madre cabeza de familia con tres menores a cargo, y que en principio ésta debe acreditar tal situación ante la referida entidad de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto, que en síntesis, implica la actualización de la información que reposa en el Registro Único de Población Desplazada. Sin embargo, en atención a la condición de vulnerabilidad de la petente y de los menores que depende de ella, que necesitan medidas de protección reforzada en defensa de sus derechos fundamentales, la Sala estima que la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo y eficaz para que se supere la

situación de riesgo en que se encuentran sus derechos a la vida digna y el mínimo vital, y por ende, para que se ordene entregar al núcleo familiar de la accionante la atención humanitaria de emergencia de forma integral, completa e ininterrumpida. Sentencia de 28 de junio de 2010, Exp. 18001-23-31-000-2010-00107-01(AC), MP. GERARDO

ARENAS MONSALVE

5. No es posible realizar una nueva valoración del Tribunal Médico Laboral de las Fuerzas Militares si no existen lesiones o afecciones diferentes a las diagnosticadas En el caso bajo examen, el actor solicitó la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social, los cuales estimó vulnerados por la presunta negativa de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de prestarle los servicios médicos que requiere con ocasión de la afección nefrológica que contrajo mientras prestaba el servicio militar.

Conforme al artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 las decisiones del Tribunal Médico son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes, las cuales no fueron instauradas por el demandante en el presente caso. Y, si bien, a través de la tutela no discute las conclusiones del Tribunal, lo cierto es que pretende que se le haga una nueva valoración médica sin demostrar la existencia de lesiones o afecciones diferentes a las que le fueron diagnosticadas por las autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares, razón por la cual no es del caso acceder a esta pretensión, como quiera que, se reitera, el artículo 19 [5] del Decreto 1796 de 2000 permite que la Junta se convoque a solicitud del afectado, sin que exista limitación en el tiempo, para que se le

valore nuevamente ante hechos o lesiones sobrevivientes, lo cual no ocurre en el presente caso. No obstante, se mantendrá la decisión del Tribunal que ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército que le preste los servicios médico asistenciales que el demandante requiera para la recuperación total de su salud, toda vez que las lesiones que sufre las adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio. Sentencia de 10 de junio del 2010, Exp. 25000-2315-000-2010-00344-01, MP. CARMEN TERESA

ORTIZ DE RODRÍGUEZ

AACCCCIIOONNEESS PPOOPPUULLAARREESS

1. Vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres por la venta ilegal de combustible en el Municipio de Riohacha Correspondió a la Sala determinar