CE - Salvamento voto 11001031500020240302901 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Salvamento voto 11001031500020240302901 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03029-01

Accionantes: Jorge Yohan Aguilar González y otros

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-03029-01

Accionantes: Jorge Yohan Aguilar González y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: Acción de tutela contra la providencia judicial / Reparación directa / Privación injusta de la libertad / Se debió conceder el amparo.

Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz

No comparto la decisión mayoritaria de la sala que revocó la decisión de primera instancia que había negado el amparo y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional por considerar que los accionantes pretendieron someter su pleito a una instancia adicional y por ausencia de carga mínima argumentativa.

1.- Considero que el amparo debió concederse por las siguientes razones:

1.1.- La autoridad judicial accionada sí incurrió en un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, pues indicó que la Corte Constitucional, en sentencia SU-072 de 2018, dispuso que como no se establecía un régimen de

1.1.- La autoridad judicial accionada sí incurrió en un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, pues indicó que la Corte Constitucional, en sentencia SU-072 de 2018, dispuso que como no se establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, el juez, en cada caso , debía realizar un análisis para determinar si la medida de privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada.

1.2.- Además, afirmó que no existía fundamento alguno para favorecer un régimen objetivo en casos de privación injusta de la libertad, sino que, por el contrario, el análisis de la responsabilidad debía realizarse no solo a partir de la existencia del daño, sino también de su antijuridicidad.

1.3.- Contrario a lo expuesto en la providencia cuestionada, en mi concepto, incluso si la medida de aseguramiento fue impuesta en debida forma, en todo caso se debió estudiar el caso bajo un régimen de responsabilidad objetiva por daño especial.Radicado: 11001-03-15-000-2024-03029-01

Accionantes: Jorge Yohan Aguilar González y otros

2 2.- La coexistencia de varios regímenes de responsabilidad no permite al juez escoger, en los casos de privación injusta de la libertad, un único título de imputación y decidir de forma unívoca el caso. Por el contrario, esta coexistencia implica un esfuerzo a dicional que se concreta en un análisis escalonado: en primer lugar, y de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, el juez debe estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento y su

implica un esfuerzo a dicional que se concreta en un análisis escalonado: en primer lugar, y de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, el juez debe estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento y su imposición (falla del servicio) y, en s egundo lugar, si descarta la falla, debe verificar la existencia de un daño especial.

3.- Cabe aclarar que esta metodología ha sido aplicada por esta subsección en diversas ocasiones; por ejemplo, en sentencia del 25 de abril de 2022 1 se determinó lo siguiente: <<A pesar de que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales, está probado que el demandante […] sufrió un daño especial con ocasión de su detención, porque no se pudo desvirtuar su presunción de inocencia dentro del proceso penal>>.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Radicación No. 25000 -23-26-000-2010-00849-01 (47992), con ponencia de este despacho.

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