CE - Salvamento voto 11001031500020240412401 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04124-01

Accionante: Ana Elvira Hernández Meléndez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación:  11001-03-15-000-2024-04124-01

Accionante: Ana Elvira Hernández Meléndez

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / El requisito de la relevancia constitucional se encuentra acreditad o / Se debió estudiar de fondo y revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, conceder el amparo.

Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz

No comparto la decisión mayoritaria de la sala que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción, pero por falta de relevancia constitucional. Considero que el asunto debió analizarse de fondo y se debieron amparar los derechos fundamentales de la accionante.

1.- La sentencia concluye que la controversia carece de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, pues considera que la accionante solo reiteró los argumentos de la demanda de reparación directa. No obstante, estimo que dicha relevancia sí está acreditada,

1.- La sentencia concluye que la controversia carece de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, pues considera que la accionante solo reiteró los argumentos de la demanda de reparación directa. No obstante, estimo que dicha relevancia sí está acreditada, pues la accionante alega que la sentencia del tribunal accionado incurrió en: (i) el defecto material o sustantivo por inaplicación de las normas sobre protección de las víctimas; y (ii) la violación directa de la Constitución por vulneración al debido proceso.

2.- Ahora bien, en la sentencia de reparación directa cuestionada, el tribunal concluyó que la Policía Nacional no era la competente para definir las medidas específicas de protección para las víctimas , lo que excluía su responsabilidad administrativa . Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación no había sido demandada, y por ello negó las pretensiones de la demanda.

3.- En mi concepto, cuando el daño ha sido causado materialmente por un tercero, es posible imputar la responsabilidad al Estado por omisión si se demuestra que las autoridades no adoptaron las medidas necesarias para prevenirlo, ya sea por la desatención de las solicitudes de protección o por ignorar las evidencias que hacían inminente su ocurrencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04124-01

Accionante: Ana Elvira Hernández Meléndez

2 No obstante, para atribuir le la responsabilidad, es indispensable acreditar que las autoridades tenían o debían tener conocimiento particular y concreto sobre las amenazas dirigidas contra la víctima.

4.- En este caso se probó en el proceso que la víctima informó oportunamente a la Fiscalía

autoridades tenían o debían tener conocimiento particular y concreto sobre las amenazas dirigidas contra la víctima.

4.- En este caso se probó en el proceso que la víctima informó oportunamente a la Fiscalía y a la Policía sobre las amenazas en su contra. Tanto así, que el 13 de diciembre de 2013 la Fiscalía solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena que adoptara las medidas de protección pertinentes. En respuesta, la Policía entrevistó a la víctima, le brindó recomendaciones de autoprotección y efectuó rondas en su domicilio.

5.- En la demanda de reparación directa, la parte demandante alegó que daño se produjo porque la Policía adoptó medidas insuficientes; prueba de ello es que la víctima y dos de sus familiares fueron asesinados por sicarios en su vivienda el 20 de febrero de 2014, pese a las rondas ordenadas a su domicilio.

6.- En este caso, la Policía debía acreditar que las medidas sí fueron suficientes, teniendo en cuenta la situación alegada por la víctima; sin embargo, es evidente , según las pruebas allegadas, que estas fueron insuficientes. La Policía no podía alegar la falta de competencia o la imprecisión en la orden de la Fiscalía como causales eximentes de responsabilidad por la muerte de su protegido, pues se acreditó que la víctima solicitó la protección, se entrevistó con la Policía y esta no realizó el estudio de seguridad adecuado para determinar el riesgo de la víctima. Por el contrario, determinó las medidas a aplicar sin hacer ninguna verificación o estudio, y esas medidas, como se evidenció en el proceso, claramente fueron insuficientes.

de la víctima. Por el contrario, determinó las medidas a aplicar sin hacer ninguna verificación o estudio, y esas medidas, como se evidenció en el proceso, claramente fueron insuficientes.

7.- Por tanto, es evidente que su omisión fue determinante en la concreción del daño que se intentaba prevenir, y en este caso, la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por error en la valoración de las prueba s, las cuales claramente acreditaban la insuficiencia de las medidas de protección para las víctimas.

8.- La Policía, en el ejercicio de sus competencias, tenía la facultad de adoptar directamente las medidas de protección, sin necesidad de solicitar o esperar una orden de la Fiscalía. Esto se debe a que las medidas específicas e idóneas de protección fueron direccionadas por la Fiscalía a la Policía. Además, el artículo 218 de la Constitución y el artículo 206 de la Ley 906 de 2004 le imponen a la Policía la obligación de brindar la protección necesaria a la víctima de un delito luego de realizada una entrevista, como o currió en el caso del señor Hernández Meléndez.

9.- Incluso, el artículo 9º de la Resolución 5101 de 20081 establece que la Fiscalía a cargo de la investigación ordenará a la policía judicial la adopción de las medidas de protección inmediata mientras se surte el programa de protección y asistencia. Por tanto, la Policía no

1 Expedida por la Fiscalía General de la Nación, “por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección

y Asistencia a Testigos, Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04124-01

Accionante: Ana Elvira Hernández Meléndez

3 debía esperar el desarrollo de las etapas del programa para brindar las medidas idóneas que protegieran a las víctimas del riesgo inminente que le fue advertido.

10.- Así, el daño causado por terceros era imputable a la Policía Nacional por la omisión de no proteger a las víctimas , pese a conocer el riesgo de muerte que enfrentaban. Esto configura igualmente el defecto sustantivo alegado en la tutela, por lo que debían ampararse los derechos fundamentales de la accionante.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado