CE - Salvamento voto 11001031500020250239001 de 2025

Accionante: departamento del Atlántico Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02390-01

Accionante: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE

DECISIÓN C

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto que se merecen los magistrados de la sala, me permito expresar las razones por las cuales salvé el voto frente a la decisión mayoritaria adoptada en el marco del proceso de la referencia.

En el presente caso la parte actora ejerció la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerad os con la providencia del 24 de enero de 2025, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera instancia para , en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01.

La sentencia objeto de sa lvamento revocó la decisión del a quo constitucional1 que

reparación directa identificada con el radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01.

La sentencia objeto de sa lvamento revocó la decisión del a quo constitucional1 que había declarado la improcedencia de la acción de tutela 2 y negó el amparo solicitado3, para en su lugar amparar los derechos fundamentales de la parte accionante.

Al respecto , el suscri to no comparte la decisión en mención, por las razones que pasan a exponerse:

En primer lugar, la sala mayoritaria superó el requisito de la relevancia constitucional, al poner de presente que existen otros 38 procesos por los mismos h echos, lo que habilitaba la nece sidad de pronunciarse al respecto , porque el tribunal está construyendo un «precedente horizontal », no obstante, considero que no nos corresponde, con el fin de superar este presupuesto, hacer alusión a los demás procesos que se adelanten por los mismos hechos, porque tales asuntos no han sido

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. 2 Respecto de cargo por defecto sustantivo. 3 Referente al yerro de índole probatorio.Accionante: departamento del Atlántico Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-01

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cuestionados en sede constitucional. Además, de que la decisión que se adopte en la

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cuestionados en sede constitucional. Además, de que la decisión que se adopte en la tutela 11001-03-15-000-2025-02390-01 en nada los afecta, ya que el fallo del cual me aparto no constituye precedente, según el criterio de la Sección Quinta del Consejo de Estado4, y la aut oridad ju dicial accionada puede resolver los procesos bajo su conocimiento, en el marco de su autonomía judicial

Ahora, p revio a abo rdar el fon do del asu nto, resulta p ertinente destacar q ue en el proceso de reparación directa que originó la providencia controvertida en sede de tutela no se discute si la relación laboral entre el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza y Javier Torres Velásquez culminó con la revocatoria del poder, sino que busca establecer la responsabilidad extracontractual del departamento del Atlántico por ignorar el clausulado de un mandato del cual no presentó oposición con su presentación inicial.

Al respecto, el tribunal concluyó que se trasgredió el principio de la confianza legítima del señor Javier Torres Velásquez porque el mandato contenía una condición que precisamente podía hacerse efectiva con su revocatoria, argumento que si bien se puede o no compartir, no resulta irrazonado o arbitrario, máxime cuando lo r espalda en la interpretación que le dio a los artículos 1602, 21 43, 2184 y 2188 del CC, en concordancia con el art 149 del CST, cuya interpretación normativa en la tutela no se explica cómo es contraria a derecho

en la interpretación que le dio a los artículos 1602, 21 43, 2184 y 2188 del CC, en concordancia con el art 149 del CST, cuya interpretación normativa en la tutela no se explica cómo es contraria a derecho

Ahora bien, en el fallo se realiza un análisis de la cláusula general de responsabilidad -artículo 90 de la Constitución Política-, y de conformidad con ella concluye que [i] el tribunal se equivocó al establecer que lo pactado en el contrato de mandato era vinculante y de obligatorio cumplimiento para el departamento del Atlántico; [ii] determina que los efectos jurídicos pactados en dicho acuerdo recaían exclusivamente entre la s partes de la relación contractual ; [iii] resalta que una autorización no se puede traducir en una obligación que debía cumplir el departamento accionante, y mucho menos podía predicarse de ello una falla en el servicio, y [iv] afirma que el tribunal ignoró la revocatoria de poder.

4 Ver, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de abril de 2025, expediente 11001-03-15000-2025-01617-0, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra: «esta Sección en reiterados pronunciamientos ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de dec isiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea considerada como precedente. También s e considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de un ificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

subregla de derecho para que aquella sea considerada como precedente. También s e considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de un ificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que el carácter v inculante de las reglas o subreglas de derecho cre adas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en determinada materia , encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de lo s principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coh erencia del ordenamiento jurídico».Accionante: departamento del Atlántico Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-01

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Ahora, si b ien comparto cuando en el fallo se a firma que «el juez constitucional no puede definir la forma en la que el operador judicial del proceso ord inario tiene que decidir», me parto cuan do, de manera discordante, más adelante se resu elve el fondo de la controversia contenciosa, ya que realiza las siguientes consideraciones, que, en mi sentir, corresponden al juez de instancia:

1. «Es decir, los efectos jurídicos pactados en dicho acuerdo, en principio, recaían exclusivamente entre las partes de la relación contractual, esto es, el abogado y su cliente». 2. «el vínculo que tuvo el abogado Jav ier Torres Velásquez con el señor

recaían exclusivamente entre las partes de la relación contractual, esto es, el abogado y su cliente». 2. «el vínculo que tuvo el abogado Jav ier Torres Velásquez con el señor Cuentas Mendoza, y en virtud del cu al adelantó algunas gestiones ante la administración departamental, terminó cuando le fue revocado el poder. De ahí que podría inferirse que la cláusula cuestionada no le era vinculante a la entidad territorial, máxime cuando el departamento empleador tien e deberes de protección del salario del trabajador, que están desarrollados legal y jurisprudencialmente». 3. «En otras palabras, al revocarse el mandato otorgado, la e ntidad demandada tenía el deber de reconocer los emolumentos derivados de la homologación de cargos y nivelación salarial exclusivamente al trabajador, dado que ya no existía un título vigente a favor de un tercero y el empleado no había autorizado descuento alguno». 4. «aunque el tribunal accionado siempre tuvo claro que el departamento del Atlántico no hizo parte del contrato de mandato y, prima facie, no estaría obligado a nada de lo ahí acordado, desconoció el principio de relatividad de los contratos al extender los efectos jurídicos que contenía una de las cláusulas del referido poder». 5. «esa simple autorización no se podía traducir en una obligación que debía cumplir el departamento accionante. Pues, como se ha reiterado, el referido negocio jurídico corresponde a una relac ión contractual ajena al ente territorial; por ende, lo que se hubiese pactado en ella produjo efectos exclusivamente en el abogado y su cliente.». 6. «el tribunal demandado ignoró que la controversia real en el caso recae sobre

territorial; por ende, lo que se hubiese pactado en ella produjo efectos exclusivamente en el abogado y su cliente.». 6. «el tribunal demandado ignoró que la controversia real en el caso recae sobre la omisión en el pago de unos honorarios profesionales, respe cto de una relación contractual surgida entre particulares y, por tanto, extraña al ente departamental» 7. «si el abogado Torres Velásquez pretendía la protección de sus derechos, podía reclamar el pago aludido directamente an te la jurisdicción ordinaria laboral».

Ante las anteriores consideraciones el tribunal solo podrá negar las pretensiones de la demanda, lo que confina su autonomía judicial, al p unto que inclusive limita elAccionante: departamento del Atlántico Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-01

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ejercicio de la acción de reparación directa, ya que i nsta al extremo accionante a acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar sus honorarios.

Además, considero que, tal y como lo expuso el a quo constitucional, no se supera el presupuesto de agotamiento de todos los medios de defensa judicial [subsidiariedad], comoquiera que lo desarrollado en sede de tutela no fue expuesto en el proceso ordinario, en atención a que el ente territorial guardó silencio durante todo el trámite, estrategia de defensa qu e si bien puede ser válida, no habilita a que, si la decisión

comoquiera que lo desarrollado en sede de tutela no fue expuesto en el proceso ordinario, en atención a que el ente territorial guardó silencio durante todo el trámite, estrategia de defensa qu e si bien puede ser válida, no habilita a que, si la decisión final le afecta, pueda usar la tutela como una instancia adicional para exponer argumentos que ni la contra parte, ni la autoridad judicial accionada tuvieron la oportunidad de pronunciarse.

Igualmente, n o se sup era el requisito de l a relevancia constitucional porque se intenta reabrir el debate probatorio , ya que es evidente advert ir que el tribunal sí valoró la revocatoria de poder, solo que, dentro de su autonomía judicial, estimó que el mandato contenía una condición que precisamente podía hacerse efectiva con su revocatoria, argumento que si bien se puede o no compartir, no resulta irrazonado o arbitrario, máxime cuando lo respalda en la interpretación que le dio a los artículos 1602, 2143, 2184 y 2188 del CC, en concordancia con el art 149 del CST, que valga la pena advertir, en la tutela no se explica cómo dicha interpretación normativa es contraria a derecho.

Así las cosas , advierto que las consideraciones expuestas en la sentencia se asimilan o corresponden a una decisión de juez de instancia que valga la pena aclarar no corresponden a un an álisis de respo nsabilidad extracontractual. Además, pienso que la sentencia que me aparto no se tiene en cuenta que se intenta usar la tutela como una instancia ad icional al proceso ordinar io, máxime cuando los argumentos de defensa plateados en este escenario constitucional no fueron

pienso que la sentencia que me aparto no se tiene en cuenta que se intenta usar la tutela como una instancia ad icional al proceso ordinar io, máxime cuando los argumentos de defensa plateados en este escenario constitucional no fueron expuestos en el trámite ordinario, sin que en todo caso se evidencie, de entrada, que estamos en presencia de una decisión irrazonada o arbitraria , porque se encuentra dentro del marco de la autonomía judicial con la que cuenta el juez natural de la causa.

En estos términos dejo consignado mi salvamento de voto.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”