CE - Salvamento voto 11001031500020250269100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-02691-00 y 11001-03-15-000-2025-03527-00 (acumulado)

Demandante : Kimberly Torres Saltos

Demandado : Consejo de Estado, Sección Quinta

Vinculados

:

Nicolás Iván Gallardo Vásquez, Cesar Daniel Cast ro Muñoz, Vanesa Ruiz Gueto, Saúl Valencia de la Cruz, Suany Sofía Torres Saltos, Carlos de Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez Cardona, Jill Lucia Palacio Gonzales, José Manuel Cañate Márquez, Richard Nicolás Martínez Olivera, Partido Colombia Renaciente, Partido Nuevo Liberalismo, Partido Liberal Colombiano, Glesy B ent Forbes, Partido Cambio Radical y Consejo Nacional Electoral, como terceros con interés

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, me permito disentir, parcialmente, de la decisión adoptada por la Sala en esta oportunidad, de acuerdo con las consideraciones que serán expuestas a continuación.

I. SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO

Los ciudadanos Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González , presentaron, por separado, acciones de tutela contra la Sección Quinta de esta

I. SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO

Los ciudadanos Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González , presentaron, por separado, acciones de tutela contra la Sección Quinta de esta Corporación, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a elegir y ser elegido, e igualdad, con ocasión de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 3 de abril de 2025, dentro del expediente 11001 -03-28-000-2023-00103-00, a través de la cual, declaró nula la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como Gobernador del Departamento de San Andrés , Providencia y Santa Catalina, para el periodo 20242027.

Entre otros argumentos, la señora Torres Saltos expresó que la mencionada autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución, configurada en «[…]Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

2 la falta de oportunidad y la negativa de acceso a la justicia de la comunidad raizal para participar de manera activa y efectiva en el proceso de nulidad electoral que anuló el acto de elección del gobernador de la isla», pues dicha autoridad judicial incurrió en «[…] actos de discriminación respecto de quienes se han comunicado dentro [de ese] proceso en lenguaje diferente, sin que ello sea causal para no aceptar o, de alguna manera inadmitir su participación, sin, al menos,

respecto de quienes se han comunicado dentro [de ese] proceso en lenguaje diferente, sin que ello sea causal para no aceptar o, de alguna manera inadmitir su participación, sin, al menos, manifestarlo en el mismo lenguaje para que la decisión sea comprensible por sus receptores».

Agregó que, si bien en el trámite del proceso de nulidad electoral se acudió ante algunos organismos para obtener la traducción de escritos presentados en lenguaje creole, en últimas, la Judicatura accionada: (i) no aseguró la participación de «[…] la comunidad y otros habla ntes de diferentes lenguas» ; (ii) «[…] no hizo un esfuerzo suficiente para garantizar el acceso a la justicia y aunque se dieron instrucciones claras, el proceso continuó sin la intervención de quienes se presentaron en su lengua» ; (iii) no aceptó las trad ucciones informales allegadas por el señor Gallardo Vásquez, del documento radicado por el señor Dagoberto Bowie Mcnish; y (iv) exigió actuar en el proceso en castellano, «[…] lo que añadió una carga injusta, violando derechos como el acceso a la justicia y la igualdad».

Por su parte, respecto de este punto, el señor Ángel González refirió que, «[…] existe una violación directa de la Constitución con el contenido del fallo del 3 de abril de 2025, por cuanto en él se efectuó un análisis formal, que no se compadece con la naturaleza de los asuntos electorales, en los que por su naturaleza, no solo están de por medio los derechos del elegido popularmente, sino también los de los 20.363 electores, así como el de los partidos y movimientos políticos que acompañamos el proyecto político, lo cual debe llevar a determinar cuál ha sido el peso

popularmente, sino también los de los 20.363 electores, así como el de los partidos y movimientos políticos que acompañamos el proyecto político, lo cual debe llevar a determinar cuál ha sido el peso de la anomalía para la democracia en Colombia, y en los casos como este, existía autorización expresa y libertad total para apoyar a los aspirantes de los partidos de coalición y de adhesión » (Sic para toda la cita).

1.1. Intervención del señor Dagoberto Bowie Mcnish1

Durante el trámite de la acción de tutela, en escrito presentado en lenguaje creole, solicitó su adhesión al presente trámite constitucional «[…] en nombre propio porque mi derecho fundamental a la participación efectiva, debido proceso, acceso a la justica han sido vulnerados en el marco del proces o judicial que hoy se surte ante la Honorable Sección Quinta del Consejo de Estado, y que tiene por objeto la Nulidad de la elección del Gobernador del Departamento».

Adujo que la Sección Quinta de esta Corporación «[…] tiene a su cargo el trámite judicia l

1 Ib., índices 131 (creole) y 152 (castellano).Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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3 el cual pretende la Nulidad de la elección del Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dicho proceso está siendo tramitado por completo en lengua castellana, situación que [le] impide ejercer [su] derecho a participar de manera activa dentro del proceso judicial».

Providencia y Santa Catalina, dicho proceso está siendo tramitado por completo en lengua castellana, situación que [le] impide ejercer [su] derecho a participar de manera activa dentro del proceso judicial».

Indicó que, en el referido trámite, presentó un memorial en lengua creole, tal como se lo permite el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, sin embargo, la Sección Quinta «[…] no [le] dio respuesta en idioma Creole; lengua materna y oficial, de modo que apenas [se] enter[ó] de la existencia del auto de fecha 11 de julio de 2024, el cual resuelve y [le] solicitan; presentar por escrito un memorial en idioma castellano en el término de e jecutoria del mencionado auto».

Expuso que, dicha situación configuró «[…] una actuación judicial que afecta, vulnera, pero además excluye a toda nuestra comunidad raizal, que se comunica en el idioma Creole en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, situación que indudablemente [les] impide el conocimiento y entendimiento de las actuaciones judiciales que son de [su] interés, dentro del referido proceso judicial de nulidad electoral».

Advirtió que «[…] mientras en las urnas se recono ce esta realidad, es decir que los tarjetones electorales2 se imprimen en Creole 3, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sede judicial, el Estado Colombiano, particularmente la entidad accionada, exige lo contrario, obligando a la comunidad a presentar documentos en idioma Castellano».

Por lo anterior, formuló las siguientes solicitudes:

1. ADMITIR esta solicitud de adhesión como actor directamente afectado, por las decisiones adoptadas por la entidad accionada, particularmente media nte auto de

Por lo anterior, formuló las siguientes solicitudes:

1. ADMITIR esta solicitud de adhesión como actor directamente afectado, por las decisiones adoptadas por la entidad accionada, particularmente media nte auto de fecha 11 de julio de 2024, el cual me permito anexar al presente escrito.

2. AMPARAR la vulneración de mis derechos fundamentales de acceso a la justicia, identidad cultural, igualdad, participación política, todos consagrados en la

Constitución Política de Colombia.

3. ORDENAR que la presente acción de tutela se adelante en idioma Creole, para garantizar que los adherentes a esta tutela comprendan el alcance y sentido de lo que aquí se debate y se resuelva.

4. ORDENAR al Consejo de Estado – Sección Quinta -, dentro del proceso judicial de nulidad electoral, con número de radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00, que reciba, tramite y responda escritos en Creole, y provea traducción oficial sin imponerla al ciudadano, dicha carga, por tanto, retrotraiga el proceso hasta antes de

2 https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/13/providencia-contara-por-primera-vez-con-tarjetones-en-su-lenguanativa-para-las-elecciones-presidenciales/ 3 https://www.radionacional.co/actualidad/politica/elecciones-colombia-2023-habra-tarjeton-en-creoleRadicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

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Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

4 la admisión de la demanda, para efectos de lograr la protección integral de mis derechos fundamentales.

5. ORDENAR que se adopten medidas estructurales y organizadas con el fin de garantizar la participación efectiva de la comunidad raizal en procesos electorales y judiciales.

6. Que como MEDIDA PROVISIONAL se ordene al Consejo mantener receptivo y responder escritos en Creole sin exigir traducción urgente, y mucho menos a cargo de la parte interesada que tiene como idioma y lengua oficial, el Creole.

1.2. Intervención de miembros de la comunidad raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Los ciudadanos Kent Nelson Brandt, Walter Sinclair, F. Chow Telesfotd, Arcelia Gordon, Antonio Brown, Jimm Bent, Sabaleta Steele Watson, Greisha Garcia, Emicy Davis de Kelly, Ashkelon Gordon Bent, Itanel Forbes Kelly, Luis Felipe Celis, Elkin Nelson H., Franklin Christopher, Néstor Mcnich Francis, Emincy Davis de Kelly, Jorge Downs, Vanc elina Kelly, Andrey Henry, Ketura Kelly de Forbes, Edinson Castillo, Henry Mcnish, Wilmer Antonio Hooka, Melcides Johnson , Jormain Hudson B, Hernando Kelly Brown, Jayson Harris, Nolanda Sinclair, Clarideth Bowie Bent, Jim Reeves, Virgilio Taylor, Justino Lambis, Kimberly Mclauglin, Angelly Bent, Kenneth Lever, Vida Nelson, Kristel Taylor, Dextor James Reid, Anfernee Llanos, Nuria Hooker, Britney M Gordon, Gillian Stelle, Granville Nelson, Jill Howard, Johana

Kenneth Lever, Vida Nelson, Kristel Taylor, Dextor James Reid, Anfernee Llanos, Nuria Hooker, Britney M Gordon, Gillian Stelle, Granville Nelson, Jill Howard, Johana Cera Henry, Rupert Mylles Palma, Trujillo Nelson Duffis, Judy Acosta, Lucia Baker, Marcelino Hudgson, Wolfgan Vonblon, Bernice Aguilar, Valeri Pomare, Pilar Castellon, Shari May, Jennifer Oneill, Rodolfo Palacios, German Celis Gordon, Onis Hooker, Darryl Alexis Palacios Howard, Gabriela Howard, Fabio Ar chbold, Kiara Archbold, Joe Howard, Letiia González, Maigua Botte, Richard Hokker, Justin Britton, April Hernández, Marris Henry Wilson, Elia Henry Wilson, Isabella Mariano, Maritza Nelson, Jabin Hernández, Gesner Oneill, Orelita Forbes, Epifanio Pomare, Luz Hooker, Johny Manuel, Maiknor Reid, Viviana Henry, Justis Gordon, Samantha Jessie, Vicenta Barker, Luz Mclaughlin, Jed Howard, Janeth García, Jerry de Ávila, Evelyn Nelson, Joana Cera, Brad Pomare, Loyda Escalona, Ettler Mcdonald, Joshua de la Cruz, Ona sis de la Cruz, Ferfoson Hudgson, Darell Antonio, Gricel Steele y Enrique Lever, presentaron solicitudes de adhesión en lengua creole, que fueron traducidas gracias a la gestión del Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés.

En ellas, en síntesis, expresaron que no entienden el español y su lengua nativa esRadicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

5 el creole.

Plantearon que sus derechos «[…] a la justicia, la equidad, la igualdad y el respeto cultural está[n] siendo violado[s ]» por la Sección Quinta de esta Corporación, toda vez que, al exigir el idioma castellano en la actuación judicial que adelanta, se «[d]eja fuera a personas como [ellos] que querían unirse a la defensa en el proceso de nulidad, basándose en el derecho nacional e internacional que protege a los pueblos nativos».

Aducen que, sus «derechos Raizales están protegidos por la ley en Colombia y las leyes internacionales, como la Ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio 169 de la OIT, los Artículos 8, 9, 10 de la Constitución, el Artículo 42 de la Ley 47 de 1993, el Fallo C -086 de 1994, y el Artículo 144 del Código de Procedimiento Penal».

1.3. Medida provisional solicitada

Notificado el auto admisorio, se recibieron múltiples intervenciones, dentro de ellas, la solicitud de vinculación del señor Trijillo Nelson Duffis 4, quien en su calidad de «miembro de la Comunidad Étnica Raizal del Archipiélago» , de «[…] lengua materna […] Kriol», y quien «[…] no maneja el idioma español», a través de memorial de 25 de junio de 20255, solicitó se decretara medida cautelar, consistente en ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia de nulidad electoral proferida el 3 de abril

solicitó se decretara medida cautelar, consistente en ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia de nulidad electoral proferida el 3 de abril de 2025, por la Sección Quinta de esta Corporación, hasta tanto se adopte una decisión definitiva en el presente trámite.

En la mencionada solicitud, el señor Duffis adujo que la ejecución del fallo que anuló la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez, como gobernador del Departamento de San Andrés, causaría un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues la falta de traducción al idioma creole, durante el proceso de nulidad electoral, constituye una violación de sus derechos fundamentales como miembro del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e specíficamente, su derecho a la participación efectiva y al acceso a la justicia en su propia lengua.

4 Samai, índice 73. 5 Ib., índice 83.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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6 Alegó que, esa omisión vulnera la Constitución (artículos 10 y 13), el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia que exige un enfoque diferencial e intercultural para las comunidades étnicas, y señaló que la medida cautelar es necesaria, urgente y proporcionada para impedir una alteración de la voluntad popular expresada en las

de la OIT y la jurisprudencia que exige un enfoque diferencial e intercultural para las comunidades étnicas, y señaló que la medida cautelar es necesaria, urgente y proporcionada para impedir una alteración de la voluntad popular expresada en las urnas y para garantizar que, la decisión de fondo sobre la vulneración de dere chos no se vuelva ineficaz.

Con auto de 8 de agosto de 20256, el Despacho sustanciador del proceso, dispuso decretar, como medida cautelar, «[…] la suspensión provisional de los efectos de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por la Sección Quint a de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 11001 -03-28-000-2023-00103-00, a partir de la notificación [de ese] auto, y hasta el momento en el que se resuelva de mérito la acción de tutela de la referencia o se disponga su revocatoria (lo que suceda primero), en virtud del inciso 5º del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991».

Lo anterior, al considerar que en el proceso de nulidad electoral no fueron adoptadas «[…] acciones afirmativas para garantizar la participación de los miembros de la población raizal en una decisión que los afectaba como pueblo que cuenta con su propia identidad, lo que contraviene el deber establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 2º del Convenio OIT 169, ratificado mediante la Ley 21 de 1991, y el derecho político a elegir, consagrado en el artículo 40 de la Constitución» , y que «[…] la omisión de traducir al Creole el proceso de nulidad electoral del Gobernador de San Andrés trasciende la esfera de un simple asunto procesal para erigirse como una posible

que «[…] la omisión de traducir al Creole el proceso de nulidad electoral del Gobernador de San Andrés trasciende la esfera de un simple asunto procesal para erigirse como una posible vulneración sustantiva del derecho fundamental a la identidad cultural del pueblo raizal ».

II. DECISIÓN ADOPTADA POR LA SALA MAYORITARIA

Mediante sentencia de primera instancia de 22 de octubre de 2025, la Sala Mayoritaria: (i) declaró «[…] IMPROCEDENTES las tutelas que presentaron los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia »; (ii) levantó «[…] la medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con el radi cado núm. 11001 -03-28-000-202300103-00»; y (iii) ordenó «[…] la traducción de este fallo al lenguaje creole, en cumplimiento de lo dispuesto en auto del 8 de julio de 2025, por conducto del Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina».

6 Ib., índice 108.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

7 Como sustento de esa decisión, la Sala Mayoritaria realizó un análisis sobre la

Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

7 Como sustento de esa decisión, la Sala Mayoritaria realizó un análisis sobre la legitimación en la causa y la coadyuvancia en asuntos de tutela.

Respecto del primer asunto, dijo que, en sentencia SU -329 de 2024, la Corte Constitucional estableció que, «[…] por regla general, tienen legitimación en la causa por activa para controvertir en tutela una decisión judicial proferida en un proceso de nulidad electoral, los que hayan sido dema ndantes, demandados o terceros en el referido proceso judicial ». Asimismo, respecto de la agencia oficiosa, aseveró que «[…] está cimentada en los principios de eficacia de los derechos fundamentales, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de solidaridad, y que tiene como requisitos para su procedencia excepcional: i) la manifestación o inferencia de que el agente actúa en tal condición; y ii) la imposibilidad del agenciado de acudir de manera directa ante la administración de justicia».

En lo concerniente al instituto de coadyuvancia, determinó que, «[…] resulta claro que en trámites de tutela es procedente la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus intervenciones no estén fundadas en pretensiones propias o argumentos n uevos o distintos de los expuestos por la parte que coadyuvan».

Dichas reglas guiaron el análisis de procedencia de las acciones de tutela acumuladas, en virtud de las cuales, la Sala encontró que:

a. La señora Torres Saltos no tiene legitimación la causa por activa en la presente acción, porque si bien es cierto intervino como coadyuvante en el

acumuladas, en virtud de las cuales, la Sala encontró que:

a. La señora Torres Saltos no tiene legitimación la causa por activa en la presente acción, porque si bien es cierto intervino como coadyuvante en el contencioso de nulidad electoral, «[…] el reproche del escrito de amparo consiste en que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales debido a que no permitió la participación de integrantes de la comunidad raizal porque sus memoriales fueron presentados en lenguaje creole; no obstante, la señora Kimberly Torres Saltos sí intervino en el mencionado proceso judicial, en el idioma español y sus objeciones fueron tenidas en cuenta por la autoridad accionada» , y, por lo tanto «[…] no se encuentra en las condiciones fácticas de la situación que, aseguró, vulneró derechos fundamentales».

b. La señora Torres Saltos no manifestó actuar como agente oficioso de los ciudadanos Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball, quienes fueron «[…] las únicas personas a las que la Sección Quinta no les permitió intervenir por acudir en un idioma distinto al castellano […] pues lo hicieron, respectivamente, en creole y en lenguaje de señas»; y tampoco «[…] se advierte alguna circunstancia que les hubiera impedido reclamar la defensa de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio del mecanismo de tutela, pues incluso, llama la atención de la Sala que el primero de los mencionados pudo intervenir directamente en esta oportunidad».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

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Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

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Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

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c. Las intervenciones de los ciudadanos Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball, que fueron traducidos al españ ol y aportados por la defensa del señor Nicolás Gallardo Vásquez, «[…] carecen de la entidad necesaria para modificar el sentido de la sentencia del 3 de abril de 2025 », toda vez que, «[…] su contenido se limitó a manifestar apoyo al señor Nicolás Gallardo Vásquez, sin que refirieran argumentos que contribuyeran al debate judicial sobre la configuración o no de la inhabilidad por doble militancia endilgada, ni solicitaron pruebas en favor de la parte que pretendían coadyuvar ».

d. Adujo no desconocer q ue «[…] en algunos eventos la Corte Constitucional acepta la legitimación en la causa por activa de sus integrantes para ejercer la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad étnica, raizal o de especial protección constitucional a la que pertenecen7», pero, seguidamente, sostuvo «[…] que el alegato del escrito de tutela no permite inferir la vulneración de los derechos fundamentales de quienes no acudieron al proceso ordinario electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-0010300, de manera que no es posible admitir que la señora Kimberly Torres Saltos solicite, en esta sede judicial, la defensa de los derechos fundamentales de toda la comunidad raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina».

Sobre el part icular, dijo que «[…] los memoriales aportados por Dagoberto Bowie y

esta sede judicial, la defensa de los derechos fundamentales de toda la comunidad raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina».

Sobre el part icular, dijo que «[…] los memoriales aportados por Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball al proceso ordinario, tienen similares términos que las intervenciones realizadas por más de 170 sujetos pertenecientes a dicha comunidad, las cuales sí fueron ten idas en cuenta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuyo contenido tampoco aportó mayores elementos al debate judicial sobre la configuración o no de la inhabilidad por doble militancia », y sostuvo que «[…] no desconoce la especial protección constitucional de la comunidad raizal como minoría étnica y de sus integrantes y la importancia que tiene el lenguaje creole para su desarrollo; cuestión distinta es que en el presente caso no se evidencie una conducta que pudiera atentar contra sus derechos fundamentales, y que legitime en la causa por activa a la señora Kimberly Torres Saltos para actuar en su representación».

Ahora bien, respecto de la medida provisional decretada por este Despacho , estableció que , «[…] al margen de que, en e fecto, le asistiera razón a la Sección Quinta del Consejo de Estado en cuanto a que el señor Trujillo Nelson Duffis no tuviera legitimación en la causa por activa porque no participó en el proceso ordinario electoral, procede ordenar el levantamiento de la medida de suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025, por sustracción de materia, toda vez que las acciones de tutela presentadas por los señores Kimberly

7 Corte Constitucional, sentencia T-115 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

sustracción de materia, toda vez que las acciones de tutela presentadas por los señores Kimberly

7 Corte Constitucional, sentencia T-115 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

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Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

9 Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González serán declaradas improcedentes».

Finalmente, «[d]ado que el despacho sustanciador del presente trámite constitucional dispuso, en auto del 8 de julio de 2025, que todas las decisiones fueran traducidas al lenguaje creole», ordenó «[…] al Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la traducción de esta sentencia en el mencionado lenguaj e».

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN MI SALVAMENTO DE VOTO

Como ya fue advertido, con el respeto y consideración que son connaturales al ejercicio de construcción dialógica y deliberativa de las decisiones judiciales colegiadas, me permito exponer los motivos que me lleva n a plantear este voto disidente.

Sea este el momento de precisar que, las razones que sustentan mi posición jurídica en este asunto se encuentran relacionadas, única y exclusivamente, con la convicción personal y profesional acerca de la imperiosa necesidad de pro veer la máxima protección y garantía a los derechos fundamentales al debi do proceso, tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia a las minorías de cualquier orden y, en este caso particular, a los miembros de la comunidad raizal

máxima protección y garantía a los derechos fundamentales al debi do proceso, tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia a las minorías de cualquier orden y, en este caso particular, a los miembros de la comunidad raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina . Por ende, desde ahora, es prudente señalar que, este documento no constituye reparo alguno sobre el juicio de legalidad efectuado por la Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia de 3 de abril de 2025.

Planteado lo anterior, por razones de orden metodológico, haré referencia al marco jurídico que, estimo, debió atenderse con el fin de reivindicar la diversidad étnica y cultural de la Nación y establecer la legitimación en la causa de los raizales del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para después, señalar los desacuerdos específicos con la posición de la Sala Mayoritaria.

3.1. Diversidad étnica y cultural de la Nación - De la comunidad raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Especial protección del Estado.

La definición clásica del Derecho, que refería al mismo como un conjunto de normasRadicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00

Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00

Demandante: Kimberly Torres Saltos y Otros

Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

10 abstractas y vacías de contenido particular, fue sup erada en discusiones adelantadas el siglo pasado, en beneficio de una visión más integral de la ciencia jurídica que resalte el papel que, el derecho, está llamado a cumplir en la sociedad.

10 abstractas y vacías de contenido particular, fue sup erada en discusiones adelantadas el siglo pasado, en beneficio de una visión más integral de la ciencia jurídica que resalte el papel que, el derecho, está llamado a cumplir en la sociedad.

En efecto, para el suscrito, es importante destacar que el derech o comporta una forma de armonizar las normas, y las interpretaciones adoptadas en las sentencias proferidas por la Jurisdicción, con el entorno y la realidad social, de tal suerte que, su efecto y valor no solo ocupe la atención de importantísimos desarrollos teóricos, sino que, su adecuada práctica esté destinada a tener efectos concretos y a incidir en las transformaciones sociales.

De allí que, el nuevo estado social de Derecho , promueva la efectividad de los derechos reconocidos a todas las personas, d e modo que, el derecho sustancial deba prevalecer en la aplicación del sistema normativo, y las interpretaciones contenidas en las sentencias estén orientadas a desarrollar los valores y principios constitucionales.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido8 que «[…] una disposición del derecho positivo colombiano, a partir de la definición del Estado social de derecho, es aplicable sólo cuando reuna dos requisitos: que formalmente haya sido expedida de manera regular y que materialmente sea conforme a los valores y principios fundamentales de la Constitución» , razón por la cual, corresponde al operador jurídico «[…] realizar este doble examen al momento de interpretar una norma vigente».

Es por ello que, el análisis que sigue a continuación, estará guiado por esos valores y principios que armonizan las normas jurídicas, la jurisprudencia y la realidad social, en especial, cuando se trata de examinar los derechos de las minorías de

Es por ello que, el análisis que sigue a continuación, estará guiado por esos valores y principios que armonizan las normas jurídicas, la jurisprudencia y la realidad social, en especial, cu