CE - Salvamento voto 11001031500020260623401 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Salvamento voto 11001031500020260623401 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA SALVAMENTO DE VOTO Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2026-06234-01 Demandante EVELIO GUTIERREZ RUIZ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, me permito sa lvar el voto en la sentencia del proceso en referencia, pues considero que (i) el asunto superaba el anÆlisis de los requisitos generales de procedibilidad de l a acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional; y (ii) se debió conceder el amparo de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del seæor Evelio GutiØrrez Ruiz.

1. Las costas procesales corresponden a las erogaciones económicas que debe efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y que se corresponden con las expensas asumidas por la contraparte ( pagos por honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcØtera) y las agencias en derecho (honorarios de abogados).

El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, relativo a la condena en costas, dispone: «Artículo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs

relativo a la condena en costas, dispone: «Artículo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas, cuya liquidació n y ejecución se regirÆn por las normas del Código de Procedimiento Civil». En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se estab lezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Esta norma establece entonces que la condena en costas debe ser un asunto sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Por su parte, el artículo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetarÆ la condena en costas, en los siguientes tØrminos: «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguientes reglas:

1. Se condenarÆ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, sœplica, anulación o revisión que haya propuesto. AdemÆs, en los casos especiales previstos en est e código.

AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de am paro de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de am paro de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se harÆ en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de pri mera instancia se condenarÆ al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferi or, la parte vencida serÆ condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrÆ abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o mÆs litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenarÆ en proporción a su interØs en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderÆn distribuidas por partes iguales entre ellos.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06234-01

Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a c ada uno de ellos se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las liquidaciones.

8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las liquidaciones.

8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrÆn por no es critas. Sin embargo podrÆn renunciarse despuØs de decretadas y en los casos de desistim iento o transacción.»

2. No desconozco que en la Corporación se han desarrollado varias posturas derivadas de la interpretación del artículo 188 de la Ley 143 7 de 2011, entre las cuales se encuentran: (i) la que defiende la tesis segœn la cual, la imposición de costas en los procesos contencioso administrativos se rige por el criterio objetivo, esto es, que al juez le corresponde imponer las costas a la parte vencida; y (ii) la interpretación que defiende el criterio objetivo valorativo, segœ n el cual corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, determinar si las impone o no en el respectivo proceso, y ademÆs lo habilita para analizar aspectos como la conducta de las partes en el proceso y/o la real causación y acreditación de las costas en el expediente.

Actualmente, las dos Subsecciones de la Sección Segunda de esta Co rporación coinciden en indicar que habrÆ lugar a imponer costas si se presen ta mala fe de las partes o manifiesta carencia de fundamento legal. Así las cosas, independientemente de las interpretaciones adoptadas por las otras Secciones del Consejo de Estado y de las tesis defendidas en el p asado por las

las partes o manifiesta carencia de fundamento legal. Así las cosas, independientemente de las interpretaciones adoptadas por las otras Secciones del Consejo de Estado y de las tesis defendidas en el p asado por las Subsecciones de la Sección Segunda 1, lo cierto es que para la imposición de costas, en aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 20 11, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 365 del CGP, exige valorar las circunstancias del caso y verificar, en particular, l a causación y comprobación de las costas. Cuando resulte pertinente, tambiØn deberÆ examinarse la conducta procesal de las partes, incluida la eventual existencia de mala fe, temeridad o manifiesta carencia de fundamento jurídico. Elementos que en virtud del artículo 79 del Código General del Proceso se encuentran estrechamente vinculados entre sí, pues tal norma preceptœa que «Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposi ción o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (…)». Sea que se asuma la acepción de mala fe o se acuda al concepto de manifiesta carencia de fundamento legal, las dos Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado apuntan a la valoración de la conducta de l as partes y su actuar o no bajo el principio de buena fe como criterios determinan tes para la

1 La Subsección B de la Sección Segunda por aæos ha defendido el criterio, segœn el cual en materia laboral las costas

actuar o no bajo el principio de buena fe como criterios determinan tes para la

1 La Subsección B de la Sección Segunda por aæos ha defendido el criterio, segœn el cual en materia laboral las costas no operan automÆticamente, pues el juez tiene la facultad (i) de disponer sobre su procedencia, a diferencia de otras jurisdicciones y especialidades en las cuales estas sí operan d e forma objetiva en contra de la parte vencida; y (ii) de valorar no solo que estas realmente se hayan causado, sino tambiØn elementos como la buena fe, temeridad y la manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción o recurso. En contraposición a la postura de valorar elementos como la bue na fe o temeridad de las partes defendida por la Subsección B, en sentencia de 7 de abril de 2016, radicad o 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014), CP. William HernÆndez Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda modificó la tesis que hasta ese momento aplicaba. A partir de esta sentencia, la Subsección A dispuso que, si bien en materia laboral las costas no operaban de forma automÆtica pues el juez tiene la facultad de disponer sobre estas, para la imposición de costas solamente debía tenerse en cuenta la causación y comprobación en el expediente de estas, sin considerar la conducta de las partes ni la existencia de mala fe o temeridad. Es decir, aunque la postura de la Subsección A tambiØn partía de que las costas no procedían por el solo hecho de resultar vencido en el proceso, para esa Subsección la facultad valorativa del juez tan solo abarcaba la comprobación en

Es decir, aunque la postura de la Subsección A tambiØn partía de que las costas no procedían por el solo hecho de resultar vencido en el proceso, para esa Subsección la facultad valorativa del juez tan solo abarcaba la comprobación en el expediente de que las costas efectivamente se causaron, sin incluir los otros elementos que sí tenía en cuenta la Subsección B. Sin embargo, recientemente la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado cambió el criterio que en el pasado aplicaba en materia de costas, en virtud de la modific ación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, segœn el que «la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Actualmente, las dos subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación coinciden en que habrÆ lugar a imponer costas solo si se presenta mala fe de las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06234-01

Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 imposición de costas en los asuntos de que conoce esa Sección esp ecializada (laborales y de la seguridad social de los servidores pœblicos).

3. En el caso bajo estudio, para disponer si procedía una conden a en costas al tutelante, el tribunal accionado debió acudir a una interpretación armónica de las reglas y pautas previstas en el artículo 365 CGP, las cuales no son excluyentes.

3. En el caso bajo estudio, para disponer si procedía una conden a en costas al tutelante, el tribunal accionado debió acudir a una interpretación armónica de las reglas y pautas previstas en el artículo 365 CGP, las cuales no son excluyentes.

Se destaca que por aæos, las dos subsecciones de la Sección Segund a de la Corporación se han apartado del criterio puramente objetivo de condena en costas en materia laboral. Ambas partían del criterio objetivo valorativo b ajo el cual el juez tiene la facultad de disponer sobre la procedencia o no de las costas, pues estas no operan de forma automÆtica para la parte vencida. Es claro entonces que la postura asumida por el tribunal accionado se distancia del precedente de la Sección Segunda, pues aquel empleó el criterio puramente objetivo. AdemÆs, la autoridad judicial accionada no consideró ninguno de los elementos dispuestos por las dos subsecciones de la Sección Segunda, vigentes para el momento en que se profirió la sentencia de segunda in stancia controvertida de la acción de tutela, tales como la mala fe, la temeridad o la carencia de fundamentación jurídica. Lo cual demuestra que esta pasó por alto completamente la interpretación hecha por las Subsecciones de la mÆxima autoridad en materia contencioso administrativo laboral sobre condena en costas.

4. En razón de esa pluralidad de interpretaciones de la norma, exi sten algunos asuntos en los cuales, para la condena en costas, es posible acudir a criterios de interpretación a la luz de los principios constitucionales. Entre estos se encuentran los casos que comprometan asuntos laborales. Evento en el cual son œtiles los

asuntos en los cuales, para la condena en costas, es posible acudir a criterios de interpretación a la luz de los principios constitucionales. Entre estos se encuentran los casos que comprometan asuntos laborales. Evento en el cual son œtiles los principios de igualdad y el de favorabilidad previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, que (i) imponen el deber al Estado de proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstan cias de debilidad manifiesta y (ii) el de aplicar e interpretar de la manera mÆs favorable las fuentes del derecho, en caso de duda. Conforme con lo anterior, para imponer costas en asuntos laborales en los que la parte vencida sea un extrabajador o pensionado, la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 que mejor se acompasa con el derecho fundamental al debido proceso y con los principios de igualdad y favorabilidad es aquella que permite al juez valorar la calidad y la conducta de las partes, la naturaleza del litigio, la efectiva causación y comprobación de las costas en el expediente, y la mala fe, la temeridad o la carencia de fundamentación jurídi ca, acogidos con la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 CPACA Es claro que resulta mÆs favorable asumir la pØrdida del proceso sin la obligación de pago alguno por concepto de costas, que hacerlo con la carga de asumir las costas sin ningœn anÆlisis distinto del Øxito o fracaso de las pretensiones. Así las cosas, la interpretación en materia de costas, cuando el caso involucra un servidor pœblico o pensionado, debe incluir el principio de favorab ilidad consagrado en el

cosas, la interpretación en materia de costas, cuando el caso involucra un servidor pœblico o pensionado, debe incluir el principio de favorab ilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de favorabilidad tiene una estrecha relación con la interpretación pro homine o pro persona, segœn la cual «las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de las personas» 2. Dicho criterio de interpretación configura un parÆmetro de constitucionalidad, pues impide «que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales»3.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. 3 Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06234-01

Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

5. Es importante precisar que pueden existir determinadas circunstancia s o condiciones del caso concreto que permitan armonizar la interpretació n de la norma que regula la condena en costas con los principios constitucionales, ya que imponer una condena en costas a un docente oficial, puede significar un sacrificio grave del derecho al acceso a la administración de justicia, e ntendido Øste como

norma que regula la condena en costas con los principios constitucionales, ya que imponer una condena en costas a un docente oficial, puede significar un sacrificio grave del derecho al acceso a la administración de justicia, e ntendido Øste como «la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan l a potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordena miento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la de bida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantía s sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley»4. En estos tØrminos queda expuesto mi salvamento de voto. Atentamente, (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

4 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2011, M. P. H umberto Antonio Sierra Porto.

Consultar sobre este documento ...