CE - Salvamento voto 11001032600020220019000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Expediente: 11001032600020220019000 (69.162)

Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra

Eficiente

Referencia: Nulidad

1. Me he apartado de la posición mayoritaria de la Sala en relación con el análisis del núm. 1.1. de la circular demandada , que se refiere al deber de publicar en el Secop la actividad contractual de las entidades públicas no sometidas al EGCAP “inclusive, si la ejecución del contrato no implica erogación presupuestal".

2. Las razones que ofrece la providencia se fundamentan en que el art. 53 de la Ley 2195 d e 2022 extendió el mecanismo de publicidad relativo al Secop a las entidades estatales con regímenes especiales sin hacer distinciones que permitan excluir la contratación que no implique tal erogación. Al interior de esta tesis indica que el deber de publicidad que se surte a través de dicha plataforma fue impuesto a todas las entidades del Estado que manejen recursos públicos, precisando que este concepto no está circunscrito a su esfera presupuestal sino que alude al “respeto por lo público ”, de modo que comprende todo tipo de recursos que compartan tal origen , por lo que cualquier elucubración técnica en torno a la noción de “recursos públicos” resulta excesiva.

3. Discrepo de tal entendimiento. El Estatuto General de Contratación de la

compartan tal origen , por lo que cualquier elucubración técnica en torno a la noción de “recursos públicos” resulta excesiva.

3. Discrepo de tal entendimiento. El Estatuto General de Contratación de la Administración Púb lica no es una normativa de la que pueda predicarse el abandono o apartamiento de nociones legales, técnicas o presupuestales ; justamente es lo contrario. En variados aspectos, el ECAP corresponde a un estatuto de principios que debe llenarse de contenido a través de las instituciones contractuales previstas en el derecho común , en unión con las reglas especiales que el EGCAP incorpora en su normatividad , por tanto, está sujeto a las disposiciones y conceptos que en materia presupuestal ha definido el legislador.

4. El núcleo de mi respetuoso disenso, radica en la comprensión que se debe hacer del contrato estatal, entendido en su dimensión económica y social como un vehículo de realización del gasto público dirigido a la satisfacción de necesidades colectivas. Esta plataforma conduce a afirmar que los conceptos relacionados con aspectos presupuestales están integrados al escenario de la contratación estatal y deben aplicarse conforme a la disciplina económica que rige sus preceptos. Lo anterior no supone un e jercicio de elucubración, sino que es expresión del principio de legalidad del gasto que por esta vía se ejecuta, el cual es de estirpe superior e inconmutable.2

Radicación número: 11001032600020220019000 (69.162)

Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP

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5. Para el suscrito , más allá de memorar el aforismo que indica que donde la ley no distingue t ampoco es dable al intérprete hacerlo, como lo expresa el fallo del cual discrepo, lo relevante es señalar que en este caso existen elementos incorporados en las premisas legales que por sí mismos imponen considerar el alcance del concepto relativo a los “recursos públicos” . Ello responde a una disciplina de integración normativa en el actuar del juez , en la que se reclama y tiene cabida la armonización de nociones de diversas temáticas en un sólo ámbito de legalidad , que reconoce el contenido que el legisl ador atribuye a ciertos conceptos, para decantar la regla legal que se analiza.

6. Este predicamento , vigente en las bases del mismo Código Civil expedido en 1873 (arts. 28 y 29), establece entre las pautas de interpretación de la ley , que las palabras emp leadas se utilizan en su sentido natural y obvio, pero habrá de estarse a lo definido por el legislador en determinadas materias para darle el significado legal que le corresponda ; a su vez , esta regla respalda el mandato subsiguiente que pregona que las expresiones técnicas deben ser entendidas conforme a la ciencia que las profesa.

7. No puedo acompañar una postura que escoja prescindir del análisis acerca del alcance conferido por las normas de presupuesto a la noción de recursos públicos

conforme a la ciencia que las profesa.

7. No puedo acompañar una postura que escoja prescindir del análisis acerca del alcance conferido por las normas de presupuesto a la noción de recursos públicos y al de erogació n presupuestal , objeto de la censura , y prefiera atribuirle el significado o alcance del “respeto por lo público” , redefiniendo tal concepto . Esta novedosa perspectiva no se corresponde con aquella que postula la ley y lo único que proyecta es una generalidad que puede abarcarlo todo.

8. En cambio, la Ley 1150 de 2007 expresamente introdujo “(…) disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” , y en este marco dispuso normas relacionadas con el manejo de los recursos públicos en materia contractual para aquellas entidades no sometidas a la Ley 80 de 1993 (título II), entre otros aspectos.

9. En su exposición de motivos revela la necesidad de afianzar los preceptos de eficacia y transparencia en la contratación estatal ante el impacto que est a forma de gestión representa en el producto interno bruto - PIB, y sus consecuencias frente a las necesidades públicas que se suplen por esta vía. Entre sus razones

fundamentales explicó lo siguiente:

“En cuanto constituye el principal instrumento de eje cución del gasto público , la contratación pública aparece como un asunto esencial para el correcto devenir de la administración pública y, por ende, para la satisfacción de los cometidos estatales (…) Un simple dato resulta explícito: La participación promedio de la contratación del sector público en el PIB supera el 11%, lo que debe llevar a concluir que cualquier medida que impacte

administración pública y, por ende, para la satisfacción de los cometidos estatales (…) Un simple dato resulta explícito: La participación promedio de la contratación del sector público en el PIB supera el 11%, lo que debe llevar a concluir que cualquier medida que impacte tal volumen de recursos, sin duda tendrá una significación mayor en el contexto no sólo de la administración pública, sino en el terreno de lo económico1.

1 La exposición de motivos tomó como fuente de esas cifras al documento CONPES 3249 de 2003, “Política de Contratación Pública para un Estado Gerencial”, que en su título relativo a la “Contratación, Economía y Eficiencia” precisó: “La participación promedio de la contratación del sector público en el PIB para el período 2000 – 2001 fue de 11,6%. Para el 2002 la proyección realizada estima que el gasto de contratación ascenderá al 11.13% del PIB. Esta participación resulta importante si se tiene en cuenta q ue sectores tan importantes en la economía como la Agricultura, la Ganad ería, la Caza y la Silvicultura por una parte y por otra, la Industria Manufacturera, tuvieron una contribución en el PIB que solo supera ligeramente el registro porcentual que alcanza el gasto de contratación” (pág. 8).3

Radicación número: 11001032600020220019000 (69.162)

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En ese panorama y no obstante el tamaño e impacto del gasto que se ejecuta por medio de contratos, se aprecia la ausencia de instrumentos legales que permitan la optimización

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En ese panorama y no obstante el tamaño e impacto del gasto que se ejecuta por medio de contratos, se aprecia la ausencia de instrumentos legales que permitan la optimización y el uso eficiente de los recursos públicos involuc rados en la contratación . De esta forma, el proyecto que se presenta busca orientar a las entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de planeación permitiendo la estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su ejecución, el d iseño de procesos adecuados a la naturaleza de los diferentes objetos contractuales, la utilización de mecanismos de contratación qu e permitan el aprovechamiento de economías de escala, la incorporación de probados mecanismos para “extraer valor” al proces o contractual (subastas, compra por catálogo, uso de bolsas de productos) y el establecimiento de indicadores para evaluar la utilización eficiente de los recursos (administrativos y presupuestales) involucrados en la ejecución contractual”2 (resaltado añadido).

10. El eje central de la Ley 1150 de 2007 fue el reconocimiento del contrato como instrumento de realización del gasto público, y sus objetivos se enmarcaron en el uso transparente y eficiente de tales recursos en su esfera presupuestal, como quedó ex plicitado. De suerte que los instrumentos dispuestos en dicha normatividad ataron el concepto de los recursos públicos en materia de contratación estatal, a la clasificación de gasto público 3 –uno de los vértices que integran la noción de presupuesto gener al4, en el subcomponente de presupuesto de gastos 5–, quedando sometido a los principios de planificación, anualidad y

integran la noción de presupuesto gener al4, en el subcomponente de presupuesto de gastos 5–, quedando sometido a los principios de planificación, anualidad y programación i ntegral del presupuesto público , que demandan organización y coherencia en el sistema presupuestal para cada vigencia fiscal en relación con las partidas disponibles, los planes de desarrollo, y la simultaneidad que deben contemplar los gastos de inversión y de funcionamiento.

11. El ligamen entre la noción de gasto público y su forma de ejecución o realización que es la erogación presupuestal es innegable , al compás de lo dispuesto en el artículo 345 6 de la C arta Política. Lo anterior, en tanto manifestación del principio de legalidad del gasto conforme al cual, toda erogación

2 Exposición de motivos, proyecto d e ley 020 de 2005. Visible en: Gaceta del Congreso No. 458 del 1 de agosto de 2005, páginas 7 y 8. 3 Ello es concordante con la noción doctrinaria relativa al gasto público, a cuya cl asificación pertenecen los gastos de funcionamiento, de inversión y de s ervicio a la deuda. PLAZAS VEGA, Mauricio: “ Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”, Tomo I, Editorial Temis, Segunda Edición, 2006, pág. 385. 4 ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes: (…) b) El pr esupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nació n, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda p ública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos (…)”. Se precisa que estas estructuras en materia de presupuesto público aplican a nive l territorial y distrital según sus respectivos estatutos orgánicos de presupuesto. 5 “El presupuesto de gastos del Estado se divide en: i) funcionamiento, ii) servicio de la deuda pública, e iii) inversión (…) “Las leyes sobre presupuesto en Colombia mantienen la clasificación clásica que diferencia entre gastos de funcionam iento (u operativos) y gastos de inversión (o de capital). Los gastos de funcionamiento se han entendido tradicionalmente como los que se deben realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de la administración en general, que pueden ser gastos de consumo, por ejemplo la conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, etc.; o retributivos de servicios, por ejemplo, el pago de sueldos, salarios, honorarios, etc. Estos gastos no significan un incremento direc to del patrimonio del Estado, pero contribuyen a la productividad general del sistema económico y son tan necesarios como los gastos de inversión. Por otro lado, la comprensión de los gastos de inversión se ha referido a aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en los emanados de la adquisición de bienes de producción

Por otro lado, la comprensión de los gastos de inversión se ha referido a aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en los emanados de la adquisición de bienes de producción como el caso de maquinarias, equipos, etc. o, en inversiones en obras públicas de infraestructura (presas hidroeléctricas; viaductos, carreteras, puentes) o en inversiones destinadas a industrias claves (siderurgia, petroquímica, fabricación de equipo pesado, etc.). Según se observa, mientras que los gasto s de funcionamiento retribuyen bienes de consumo o prestaciones de servi cios, los gastos de inversión retribuyen bienes de capital y, por consiguiente, contribuyen a aumentar el capital del sector públic o de la economía”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 25 de septiembre de 2018. Rad 11001030600020180016700 y concepto del 20 de febrero de 2014. Rad 11001030600020130041900. 6 “ARTICULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el pr esupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos” (resaltado añadido).4

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debe (i) estar precedida de su decreto por el órgano de representación respectivo, (ii) apropiada en la ley de presupuesto , para, (iii) ser ejecutada mediante la correspondiente erogación como parte integral del proceso presupuestal ; así lo ha

debe (i) estar precedida de su decreto por el órgano de representación respectivo, (ii) apropiada en la ley de presupuesto , para, (iii) ser ejecutada mediante la correspondiente erogación como parte integral del proceso presupuestal ; así lo ha reconocido el máximo tribunal constitucional 7 al señalar, entre ot ros aspectos, lo siguiente:

“(…) en virtud del principio de legalidad, la ley anual de presupuesto contendrá el monto de los ingresos y “la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva”. Este principio supo ne que se incluyan en la ley de apropiaciones las erogaciones, es decir, la autorización máxima de gasto a los órganos que conforman el PresGN”8 (se resalta).

12. Hay que señalar que la noción presupuestal del recurso público en materia contractual fue dispuesta desde la misma expedi ción de la Ley 80 de 1993 y tiene fundamento en las finalidades inherentes a la contratación del Estado (art. 3). Esto se explica, en la medida que el objeto de dicho estatuto se cierne sobre el dispositivo negocial que permite l a adquisición de bienes, obras o servicios necesarios para satisfacer el interés general, lo que conlleva a planificar y ejecutar una operación respaldada en la ley de presupuesto, que tiene como destino remunerar al contratista por la ejecución idónea y oportuna del objeto pactado.

13. La línea presupuestal enfocada al gasto público quedó prevista en los artículos 25.6 y 25.13 de la Ley 80 de 1993 , que impusieron a las entidades estatales regidas por este estatuto la obligación de contar con las respectivas partidas,

25.6 y 25.13 de la Ley 80 de 1993 , que impusieron a las entidades estatales regidas por este estatuto la obligación de contar con las respectivas partidas, disponibilidades o reservas presupuestales para abrir sus procesos de selección, celebrar contratos, o realizar ajustes al mismo, según corresponda, así como la de incluir en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir costos asociados a los pagos y a la revisión de precios –art. 25.14–.

14. En igual perspectiva, el art. 30.1 del mismo cuerpo legal estableció el deber del representante legal de la entidad pública de adecuar su contratación a los planes de inversión, de adquisi ción o compras, al presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso, antes de proceder con la apertura de un proceso de escogencia de contratistas. Estas pautas ilustran que el cariz de los recursos públicos en la contratación del Estado obra como instrum ento de ejecución del gasto público y, en esa medida, habrá de entenderse que los contratos celebrados con cargo a recursos públicos, lo son en su esfera presupuestal.

15. Lo anterior, no debe confundirse con los casos en que el objeto del contrato sea o reca iga sobre la disposición de un bien público , pues éstos hacen parte del concepto de patrimonio público , pero no aluden a la noción presupuestal de los recursos públicos con cargo a los cuales se concreta un negocio jurídico . Incluso en estos eventos existen normas especiales a las que se debe acudir.

7 La Corte Constitucional en la sentencia C -170 del 10 de junio de 2020, al desarrollar el principio de legalidad del gasto

en estos eventos existen normas especiales a las que se debe acudir.

7 La Corte Constitucional en la sentencia C -170 del 10 de junio de 2020, al desarrollar el principio de legalidad del gasto público indicó: “Este Tribunal también ha dejado claro que, en materia de gastos , este principio irradia dos momentos distintos del proceso presupuestal pues, las erogaciones que se incluyen en el proyecto de presupuesto no solo deben ser decretadas previamente por el Congreso (art. 346 superior) sino que, posteriormente, deben ser apropiadas en la ley de presupuesto para poder ser efectivamente ejecutadas (art. 345 de la Constitución)” (se resalta). 8 Ibidem. La expresión de cierre del citado párrafo está referida al Presupuesto General de la Nación.5

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16. Al hilo de este análisis, es comprensible que el art. 3 de la Ley 1150 de 2007, cuando dispuso que el Gobierno Nacional desarrollaría el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, hubiese señalado que éste “c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos , para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos” (se subraya), expresión que razona en clave de la ejecución del presupuesto.

17. Con el mismo sentido y entendimiento, el reglamento expedido por el ejecutivo en relación con la obligación de publicación de los contratos en el SECOP –art. 7

ejecución del presupuesto.

17. Con el mismo sentido y entendimiento, el reglamento expedido por el ejecutivo en relación con la obligación de publicación de los contratos en el SECOP –art. 7 del Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 108 1 de 2015 – determinó, en punto a establecer los sujetos a quienes se dirige tal imperativo, lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Los su jetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)” (se resalta).

18. Debo aclarar que la existencia de diversos conceptos en la esfera económica no empaña ni entraba el entendimiento de que la exigencia en materia contractual está ligada a la disponibilidad de recurso s del presupuesto que respa lden el negocio a celebrar, y ello impone partidas económicas que corresponden a recursos públicos, es decir, aquellos susceptibles de apropiación bajo la ley del presupuesto, y de pago de las operaciones que respaldan.

negocio a celebrar, y ello impone partidas económicas que corresponden a recursos públicos, es decir, aquellos susceptibles de apropiación bajo la ley del presupuesto, y de pago de las operaciones que respaldan.

19. Por lo dicho, a juicio del suscrito Magistrado la expresión del numeral 1.1. de la circular demandada que impone a las entidades no sometidas al EGCAP publicar en el Secop su actividad contractual “inclusive, si la ejecución del contrato no implica erogación presupuestal", excede el marco legal que desarrolla el art. 13 de la ley 1150 de 2007, aun con la reforma legal.

20. Una aclaración adicional me impone señalar que la precisión de las nociones presupuestales aludidas no genera el riesgo de dejar fuera de control fiscal o de eximir del deber de publicidad los contratos de las entidades estatales no sometidas al EGCAP , ni siquiera en los casos en que no se ejecute presupuesto, pues el Secop no es el único mecanismo con el cual se logran estos cometidos; y tampoco autoriza a ignorar las demás leyes que regulan las diversas materias que atañen al régimen aplicable al contrato , al principio de publicidad, y a la especialidad de las disposiciones que regentan su actividad.6

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21. Entre ellas, debo referirme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 , “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

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21. Entre ellas, debo referirme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 , “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en tanto estableció que toda información en posesión, control o custodia de un sujeto obliga do es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal (art. 2) . A su vez, dispuso que son sujetos obligados las entidades y organismos del Estado, así como las personas naturales o jurídicas que desempeñen funciones públicas o administren recursos públicos (art. 5), indicando la información mínima que debe ser objeto de publicidad (arts. 9 y 11).

22. Respecto a la contratación, el art. 10 estableció:

“ARTÍCULO 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la infor mación de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónic o para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción”.

23. La citada norma dispuso que las entidades sujetas al EGCAP están obligadas a publicar en su plataforma institucional las contrataciones en curso , junto con el vínculo que direccione la consulta al Secop para acceder al proceso contractual.

Con esta distinción, los demás sujetos obligados, los no regidos por el EGCAP,

publicar en su plataforma institucional las contrataciones en curso , junto con el vínculo que direccione la consulta al Secop para acceder al proceso contractual. Con esta distinción, los demás sujetos obligados, los no regidos por el EGCAP, quedaron comprometidos a publicar en sus canales institucionales la información señalada en el literal e) del art. 9 de dicha normativa:

“e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contratacion es adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conform idad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 20119. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas”

24. De conformidad con el anterior contexto, esta ley estatutaria reconoció un tratamiento específico para el cumplimiento del principio de publicidad en la contratación, según si se trataba de contratos sujetos al EGCAP o no y, en ambos casos, entendería cumplido este principio inc luyendo lo previsto en el literal g) del art. 11 de la Ley Estatutaria de 201410.

9 La ley 1474 de 2011, estableci ó: “ARTÍCULO 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la

presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán p ublicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguie nte, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión (…) PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión”. 10 “ARTÍCULO 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y proto colos de atención; b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas; d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas;7

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25. No desconozco que el art. 53 de la Ley 2195 de 2022 estimó insuficientes las reglas relacionadas con la publicidad de la contratación con recursos públicos que

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25. No desconozco que el art. 53 de la Ley 2195 de 2022 estimó insuficientes las reglas relacionadas con la publicidad de la contratación con recursos públicos que adelantaban las entidades no sometidas al EGCAP, por lo que dispuso que el Secop sería el mecanismo más adecuado de prevención y corrección de las prácticas de corrupción que dicha normatividad busca reprimir11. De esta forma, es cierto que la public idad de la actividad contra ctual en los dos casos indicados, converge en una misma plataforma que es el Sistema Electrónico para la

Contratación Pública.

26. Sin embargo, al preguntarme ¿si por cuenta de unificar el mecanismo de publicidad en los términos ano tados, se desvane ció el fundamento del título II de la Ley 1150 de 2007 (al que ingresó el art. 53 ib.), en cuya estructura se expidieron “disposiciones generales para la contratación con recursos públicos ”? debo señalar que la respuesta es negativa. Ofrezco mis razones:

27. La reforma efectuada en 2022 no derogó ninguno de los elementos del primer inciso del art. 13 de la Ley 1150 de 2007. La gesta se dirigió al desarrollo de sus postulados en el marco de la publicidad que acoge el Secop, pero no sacrificó s u naturaleza y fines, ni abandonó el ámbito normativo al que pertenece: la contratación efectuada con recursos públicos.

28. No podrá pasarse por alto que el derecho privado y las normas especiales referidas a las actividades de las entidades exceptuadas de l EGCAP constituyen

contratación efectuada con recursos públicos.

28. No podrá pasarse por alto que el derecho privado y las normas especiales referidas a las actividades de las entidades exceptuadas de l EGCAP constituyen la regl a que gobierna su actividad contractual. Premisa a partir de la cual, se deduce que el artículo 13 obra como una excepción a dicho tratamiento al incorporar la aplicación de los principios de la función pública y de la gestión fi scal al régimen de sus contratos.

29. Con este panorama, el art. 53 ib. no puede entenderse por fuera de tal excepción, en la medida que dicha norma no reformuló los elementos de lo que correspondía a la actividad contractual , concepto que desde su génesis es tuvo ligado a la ejecución de recursos públicos del presupuesto, por lo que la reforma de 2022 sólo impuso la obligación de publicar en el