CE - Salvamento voto 11001032600020240014400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00144-00 (72.002)

Recurrente: Carlos Javier Delgado Capacho y otros

Opositor: Clínica Médico Quirúrgica S.A.S.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación Asunto: Salvamento de voto

1. No comparto la decisión de la Sala mayoritaria que declaró infundados los recursos de anulación contra el laudo arbitral del 25 de abril de 2024, mediante el cual se validó el acuerdo de recuperación empresarial de Clínica Médico Quirúrgica S.A.S. A mi juicio, debió declararse la nulidad del laudo con fundamento en las causales previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, relativas a la inexistencia del pacto arbitral y a la falta de jurisdicción.

2. La Sala mayoritaria no abordó el estudio de estas causales porque los recurrentes no interpusieron el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, conforme al artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (párr. 137). Considero que en este caso, dadas las particularidades de la estructura del proceso arbitral, dicha carga no era exigible. En consecuencia, procedía el examen de fondo de las causales invocadas. Este análisis conducía a una conclusión única: el laudo debía anularse

caso, dadas las particularidades de la estructura del proceso arbitral, dicha carga no era exigible. En consecuencia, procedía el examen de fondo de las causales invocadas. Este análisis conducía a una conclusión única: el laudo debía anularse por inexistencia de cláusula compromisoria y por falta de jurisdicción.

3. El laudo arbitral se dictó con el objeto de convalidar un acuerdo logrado en el marco del procedimiento de recuperación empresarial regulado en el artículo 9º del Decreto Legislativo 560 de 2020, que adoptó medidas transitorias en materia de insolvencia por la crisis derivada del Covid -19. Esta disposición autorizó a las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el domicilio del deudor a adelantar, por conducto de un mediador, procedimientos de recuperación empresarial para su posterior validación judicial. E l mediador estaba facultado para examinar la información contable y financiera de la empresa, verificar la calificación y graduación de créditos, así como la determinación de los derechos de voto y la propuesta de acuerdo de pago presentada por el deudor. Asimismo, estaba investido de la función de dar fe pública del acuerdo celebrado.

4. El Decreto 560 dispuso que el acuerdo de recuperación quedaba sometido a validación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, en su condición de juez del concurso, o ante los jueces civiles del circuito cuando se tratara de personas no sujetas al ré gimen de insolvencia regulado en la Ley 1116 de 2006, como las entidades promotoras de salud o las bolsas de valores. Asimismo, estableció que “las objeciones u observaciones que se presenten [al acuerdo de recuperación] podrán2

ser sometidas a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa de

entidades promotoras de salud o las bolsas de valores. Asimismo, estableció que “las objeciones u observaciones que se presenten [al acuerdo de recuperación] podrán2

ser sometidas a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa de controversias”.

5. El Decreto 824 de 2020 reglamentó esta norma y, en su artículo 12, dispuso que las inconformidades relacionadas con la calificación y graduación de créditos, la determinación de los derechos de voto y el acuerdo podían resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluido el arbitraje. Asimismo, previó la posibilidad de pactar la extensión de “los efectos del acuerdo de recuperación a los acreedores ausentes o disidentes, incluso solamente por una categoría o por categorías de acre edores, si todos los acreedores, o todos los de la categoría o categorías correspondientes, se han adherido al pacto arbitral ”.

Además, estableció que el arbitraje se adelantaría “por un árbitro único, habilitado por todas las partes mediante pacto arbitral para la resolución de las inconformidades, objeciones, observaciones y/o controversias que se presenten” y definió la estructura del proceso arbitral por referencia al “procedimiento expedito previsto para el Juez del Concurso”.

6. Este procedimiento expedito se reguló en el artículo 11º, el cual dispuso que la Cámara de Comercio debía remitir al juez del concurso el expediente del procedimiento de recuperación empresarial. Verificado el expediente, el juez admitiría la solicitud e i niciaría el trámite de validación judicial expedito, pudiendo requerir al deudor para completar la información, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116

la solicitud e i niciaría el trámite de validación judicial expedito, pudiendo requerir al deudor para completar la información, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006. También se previó la expedición de una providencia de apertura, con las órdenes previstas en los numerales 2, 6, 8, 10 y 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, así como la suspensión de los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto de los acreedores cobijados. Los acreedores ausentes o disidentes dispondrían de diez días para presentar objeciones y observaciones; vencido ese término, el mediador promovería un arreglo e informaría el resultado al juez del concurso.

7. Culminadas estas actuaciones, el juez del concurso convocaría una audiencia para resolver las objeciones sobre la calificación y graduación de créditos, así como sobre la determinación de los derechos de voto. Posteriormente, oiría a los acreedores ausentes o disidentes y ejercería el control de legalidad correspondiente. Si se validaba el acuerdo, le otorgaría los efectos de un acuerdo de reorganización e impartiría las órdenes previstas en el artículo 36 de la Ley 1116 de 2006. En firme la validación, ord enaría informar a las autoridades competentes para levantar las medidas cautelares y dar por terminados los procesos de cobro, sin perjuicio de los derechos de los acreedores con garantía.

8. En síntesis, la estructura del proceso arbitral de convalidación del acuerdo de recuperación no correspondía a la regulada en el capítulo II de la Sección Primera de

derechos de los acreedores con garantía.

8. En síntesis, la estructura del proceso arbitral de convalidación del acuerdo de recuperación no correspondía a la regulada en el capítulo II de la Sección Primera de la Ley 1563 de 2012. El trámite se regía por las reglas especiales definidas para el “trámite de validación judicial expedito” , aplicable por la Superintendencia de

Sociedades.

9. Una de las características del proceso de convalidación era que no comprendía la celebración de la primera audiencia de trámite prevista en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012 ni la expedición de una decisión interlocutoria mediante la cual el tribunal arbitral resolviera sobre su propia competencia. La providencia de apertura a3

la que hacía referencia el Decreto 824 de 2020 tenía un alcance distinto, pues en ella el tribunal debía adoptar las órdenes previstas en la Ley 1116 de 2006 para el trámite de los procesos de reorganización. Entre estas se encontraban la inscripción del auto de inicio en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor, la prevención al deudor para que no realizara enajenaciones ajenas al giro ordinario de sus negocios sin autorización del juez del concurso, la fijación de un aviso q ue informara el inicio del proceso en la sede y sucursales del deudor y la remisión de copia de la providencia de apertura a la DIAN.

10. La existencia de reglas especiales que definían la estructura del proceso arbitral para la convalidación del acuerdo de recuperación tenía una consecuencia relevante para la solución del caso. Para invocar las causales de anulación previstas en los

10. La existencia de reglas especiales que definían la estructura del proceso arbitral para la convalidación del acuerdo de recuperación tenía una consecuencia relevante para la solución del caso. Para invocar las causales de anulación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, no resultaba exigible la interposición del recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, en la medida en que su expedición no se encontraba prevista en el desarrollo del proceso.

11. Este requisito de procedibilidad tampoco podía imponerse por el hecho de que el árbitro hubiera dictado, motu proprio , un auto en el que señaló que asumía competencia para tramitar el proceso cuyo objeto era la convalidación del acuerdo.

Las reglas del procedimiento estaban predefinidas legalmente y no podían ser establecidas por el árbitro único. En consecuencia, dicha actuación no tenía la virtualidad de imponer requisitos no previstos en la ley para solicitar la anulación del laudo con fundamento en la i nexistencia de la cláusula compromisoria y la falta de jurisdicción. Además, en el auto mediante el cual afirmó su competencia para convalidar el acuerdo, el árbitro único no hizo referencia a los acreedores disidentes no signatarios del pacto arbitral. Esta circunstancia refuerza que no existía razón para imponerles la carga de impugnar esa decisión, pues no los cobijaba.

12. En conclusión, considero que en este caso no era aplicable el requisito de interponer el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por lo tanto,

12. En conclusión, considero que en este caso no era aplicable el requisito de interponer el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por lo tanto, correspondía analizar d e fondo las causales invocadas por los recurrentes, lo cual conducía a anular el laudo por inexistencia de cláusula compromisoria y por falta de jurisdicción.

13. Como señaló la Sala mayoritaria (párr. 69), los recurrentes no expresaron su consentimiento respecto de la cláusula compromisoria incluida en el acuerdo de recuperación y, además, declararon expresamente ante el árbitro único que no adherían al pacto arbitral. En consecuencia, estos acreedores no eran parte de ese negocio jurídico (Ley 1563 de 2012, art. 3º). Por tanto, respecto de ellos no existía una cláusula compromisoria que habilitara al árbitro único para extender los efectos del acuerdo de recuperac ión. En ese contexto, el laudo debía ser anulado por inexistencia de pacto arbitral (Ley 1563 de 2012, art. 41).

14. Esta conclusión se refuerza al reparar en que ni el Decreto Legislativo 560 de 2020 ni el Decreto Reglamentario 824 de 2020 establecieron un arbitraje obligatorio respecto de la validación y extensión de los efectos del acuerdo de recuperación. Por el contrario, el artículo 12º del reglamento dispuso expresamente que la extensión de los efectos del acuerdo a los acreedores ausentes o disidentes dependía de la4

habilitación otorgada mediante el consentimiento al arbitraje: “ Igualmente, podrán

el contrario, el artículo 12º del reglamento dispuso expresamente que la extensión de los efectos del acuerdo a los acreedores ausentes o disidentes dependía de la4

habilitación otorgada mediante el consentimiento al arbitraje: “ Igualmente, podrán pactar extender los efectos del acuerdo de recuperación a los acreedores ausentes o disidentes, incluso solamente por una categoría o por categorías de acreedores, si todos los acreedores, o todos los de la categoría o categorías corresp ondientes, se han adherido al pacto arbitral”.

15. El laudo también debió ser anulado por falta de jurisdicción, conforme lo alegaron expresamente los recurrentes. Como lo ha precisado la Sala Plena de la Sección Tercera, esta causal se configura cuando la decisión recae sobre materias respecto de las cual es no existe autorización legal para que los árbitros se pronuncien 1.

Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, el arbitraje supone la habilitación transitoria de los particulares para administrar justicia “en los términos que determine la ley” . Esa habilitación se encuentra desarrollada en la Ley 1563 de 2012, que delimita las materias susceptibles de arbitraje al disponer que “(...) las partes defieren a los árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.

16. El fundamento legal para que el árbitro único validara y extendiera los efectos de un acuerdo de recuperación empresarial, mediante el cual se modificaban sin el consentimiento de los acreedores las condiciones de pago de la deuda —asunto que no es de libr e disposición —, había desaparecido antes de que se presentara la solicitud de validación del acuerdo el 31 de octubre de 2023, y antes de que se

consentimiento de los acreedores las condiciones de pago de la deuda —asunto que no es de libr e disposición —, había desaparecido antes de que se presentara la solicitud de validación del acuerdo el 31 de octubre de 2023, y antes de que se profiriera el laudo arbitral, el 25 de abril de 2024. En efecto, mediante la Sentencia C390 del 4 de octubre d e 2023, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 96 de la Ley 2277 de 2022, disposición que había prorrogado la vigencia del Decreto Legislativo 560 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

17. La declaratoria de inexequibilidad se profirió con efectos inmediatos. Además, para el momento en que se emitió la sentencia, no se había consolidado ninguna situación jurídica relacionada con la convalidación arbitral del acuerdo de recuperación.

Tampoco existía una situación jurídica en curso, pues ni siquiera se había presentado la solicitud de convalidación correspondiente. En consecuencia, al momento de la formulación de la solicitud de convalidación y de la emisión del laudo, no existía habilitación legal para que el árbitro ejerciera esa función, que correspondía ejercerla a la Superintendencia de Sociedades. Por ende, el laudo debía ser anulado por falta de jurisdicción (Ley 1563 de 2012, art. 41).

En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la Subsección A de la Sección Tercera en sentencia del 25 de noviembre de 2025.

Fecha ut supra.

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrado

de 2025.

Fecha ut supra.

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrado

1 C.E., Sec. Tercera, Sala Plena, Sent. 68.994, mar. 14/2024. M.P. María Adriana Marín.5

Nota: se deja constancia de que esta aclaración de voto se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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