CE - Salvamento voto 18001234000020190001201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Diego Enrique Franco Victoria

Radicación: 18001-23-40-000-2019-00012-01 (70931) Demandantes: José Antonio Alba Barragán y otros Demandados: Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otros

Referencia: Reparación directa

Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata

No comparto la decisión adoptada por la Sala de Subsección, toda vez que la acción no estaba caducada.

En este caso, la parte actora reclamó una indemnización por los perjuicios derivados del desplazamiento, así como de las muertes y desaparición forzada del que fueron víctimas los demandantes. En relación con el desplazamiento, la sentencia contabilizó el término de caducidad a partir del 23 de mayo de 2013, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU -254 de 2013, por lo que concluyó que la solicitud de conciliación que se presentó el 3 de diciembre de 2018 no suspendió el término de caducidad, pues ya había operado ese fenómeno, asimismo, que la demanda presentada el 13 de febrero de 2019 fue extemporánea.

La decisión que adoptó la mayoría de la Sala y de la cual me aparto, realizó una análisis de algunas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de

fue extemporánea.

La decisión que adoptó la mayoría de la Sala y de la cual me aparto, realizó una análisis de algunas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Para esto, partió de la sentencia SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional estableció que los dos años establecidos por la ley para presentar las demandas de reparación directa por desplazamiento debían contabilizarse a partir de la ejecutoria de esa decisión, como garantía de acceso a la administración de justicia para un sector especial y vulnerable de la población, en aquellos casos frente a los cuales, para la fecha de la sentencia, ya hubiera ocurrido la caducidad de la acción. Se trató, entonces, de una reapertura de términos ya expirados.

Sin embargo, e n este caso, ese hecho no se demostró: no hay pruebas que evidencien que, para la fecha de la ejecutoria de la sentencia de unificación, (22 de mayo de 2013) el desplazamiento había cesado, por lo que dicha regla no era aplicable; por el contrario, la decisión de la que me aparto desconoce la norma contenida en el artículo 18 de la Ley 1387 de 1997, que establece (se trascribe):

“De la cesación de la condición de desplazado forzado. La condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.”2 de 2

Así, el ordenamiento jurídico es claro y acertado al establecer que el desplazamiento forzado es un daño continuado, que cesa cuando las víctimas

origen o en las zonas de reasentamiento.”2 de 2

Así, el ordenamiento jurídico es claro y acertado al establecer que el desplazamiento forzado es un daño continuado, que cesa cuando las víctimas logran la consolidación y estabilización socioeconómica, ya sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento, situación que debe acreditarse en el expediente; en ese sentido, el cómputo del término de caducidad debe iniciar desde el día hábil siguiente a la cesación del daño.

De esta manera, en la actualidad existen al menos dos supuestos de hecho distintos para el cómputo de la caducidad: 1. Las demandas que se presentan una vez expirado el plazo establecido por la Ley, esto es, los 2 años, y que se encuentran en el ámbito de aplicación de la sentencia SU-254 de 2013, es decir, los casos en los que, en virtud de esa decisión, se reabren los términos ya expirados y; 2. Los casos en los que el desplazamiento continúa , pues no se acreditaron los supuestos establecidos por la Ley para su cesación, esto es, que las víctimas hayan logrado la consolidación y estabilización socioeconómica , bien sea en su lugar de origen o en el lugar de reasentamiento. En el segundo evento no resulta aplicable la decisión de la Corte Constitucional en la cual se fundamentó la sentencia de la cual me aparto, pues no se trata de los mismos supuestos de hecho, ya que en este caso no hay prueba de esa condición, establecida en la Ley, para encontrar probado que el daño continuado – desplazamiento – cesó.

supuestos de hecho, ya que en este caso no hay prueba de esa condición, establecida en la Ley, para encontrar probado que el daño continuado – desplazamiento – cesó.

Así, en este caso, l a caducidad de bió contabilizarse a partir de la fecha del retorno al lugar de origen o la estabilización de los demandantes en otro lugar, en adecuadas condiciones de seguridad y dignidad . La parte actora , en la demanda, no adujo que había retornado o que se había presentado el arraigo digno y tampoco se acreditó este en el expediente . De modo que , en virtud del principio pro actione, se debió privilegiar el estudio de fondo del asunto.

Decisiones como la que en este caso adoptó la posición mayoritaria de la sala, en mi entender van en clara contradicción con el derec ho de acceso a la justicia y constituyen una flagrante vulneración de derechos de las víctimas que, en el espectro colombiano , por la intensidad de su conflicto, no son pocas.

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado