CE - Salvamento voto 25000233600020220024101 de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132)

Demandante: Rodrigo Rojas Morales

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Demandante: Rodrigo Rojas Morales Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación, Municipio de Chía, Municipio de Cota y la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca Referencia: Medio de control de reparación directa

Salvamento parcial de voto del magistrado Diego Enrique Franco Victoria Si bien comparto la decisión de la Sala en cuanto a declarar la indebida escogencia del medio de control frente a los municipios de Chía, Cota y la Unión Temporal SIETT Cundinamarca, no comparto la decisión de negar las pretensiones contra la Fiscalía General de la Nación, porque considero que sí se configuró un error jurisdiccional en la resolución del 22 de marzo de 2013 que ordenó cancelar el registro del vehículo de placas SQB‑595. Las razones de mi discrepancia se exponen a continuación:

1. En el presente asunto, la fiscalía ordenó cancelar el registro del vehículo del demandante con fundamento en la existencia de otro registro previo con idénticos sistemas de identificación, sin practicar pruebas técnicas que permitieran establecer

1. En el presente asunto, la fiscalía ordenó cancelar el registro del vehículo del demandante con fundamento en la existencia de otro registro previo con idénticos sistemas de identificación, sin practicar pruebas técnicas que permitieran establecer cuál de los dos automotores era el alterado. La decisión se sustentó únicamente en la antigüedad del registro, lo que no satisface el estándar previsto en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que dispone: En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. (…) Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental. (negrilla propia)

2. Dicha norma exige que , para que se pueda dar la cancelación deben estar demostrados los elementos objetivos del tipo penal. En este caso, la fiscalía no verificó esos elementos antes de adoptar la medida; peor aún, en la resolución que ordenó cancelar el registro se menciona que el delito estaba prescrito.

3. Adicionalmente, el demandante promovió oportunamente el trámite incidental establecido en el artículo en mención, aportó los documentos originales que acreditaban la adquisición y autenticidad del vehículo, y solicitó la protección propiaRadicado: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132)

Demandante: Rodrigo Rojas Morales

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de los terceros de buena fe. A pesar de ello, solo hasta el año 2015, se ordenó

Demandante: Rodrigo Rojas Morales

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de los terceros de buena fe. A pesar de ello, solo hasta el año 2015, se ordenó practicar el dictamen pericial indispensable para esclarecer la situación.

4. Esta actuación desconoció el deber de diligencia y el estándar normativo aplicable; las actuaciones posteriores ratifican el error, en tanto que el dictamen técnico del 1º de septiembre de 2016 acreditó que el vehículo del demandante Rodrigo Rojas Morales no presentaba alteraciones y que sus sistemas de identificación correspondían a los originales. Finalmente, la decisión del 3 de febrero de 2020 ordenó nuevamente el registro del vehículo del demandante y canceló el del automotor alterado, lo que equivale a un reconocimiento del error cometido inicialmente.

5. Esta conclusión encuentra respaldo en la jurisprudencia, que ha precisado que “se trata de una potestad expedita, pero en ningún caso arbitraria porque requiere la comprobación del punible determinante de la obtención de los títulos y su registro.”1

6. Por estas razones, estimo que el daño sufrido por el demandante sí es antijurídico, pues no estaba obligado a soportar una medida adoptada sin verificación previa, en contravía del artículo 66 referido y de los deberes de diligencia de la actividad investigativa.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2362-2022 de 13 de julio de 2022, MP Octavio Augusto Tejeiro Duque.