CE - Salvamento voto 25000234100020230046601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SALVAMENTO DE VOTO CONJUTO

MAGISTRADOS: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Y PEDRO PABLO

VANEGAS GIL

Magistrado ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

Referencia: Nulidad Radicación 25000-23-41-000-2023-00466-01

Demandante: Humberto de la Calle Lombana y Daniel Carvalho Mejía Demandado: Consejo Nacional Electoral Tema: Naturaleza de los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

SALVAMENTO DE VOTO

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 20111 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sección, presentamos las razones por las cuales salvamos el voto frente a la sentencia del 20 de noviembre del 2025, con la cual se confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de la Resolución 4496 del 24 de agosto del 2022.

2. En el radicado del asunto, se cuestionó la legalidad del acto por medio del cual el Consejo Nacional Electoral (CNE), ordenó «inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas la declaración política de oposición emitida por el partido Verde Oxígeno, frente al gobierno del presidente de la República Gustavo Francisco

Petro Urrego».

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas la declaración política de oposición emitida por el partido Verde Oxígeno, frente al gobierno del presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego».

3. Inicialmente, la demanda presentada por los señores Humberto de la Calle Lombana y Daniel Carvalho Mejía fue tramitada como nulidad y restablecimiento del derecho y fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que declaró la nulidad de la resolución acusada y ordenó al partido Verde Oxígeno que a través de su «Comité Congresional» realice y presente nuevamente su declaración política ante el Consejo Nacional Electoral.

4. Interpuesto el recurso de apelación y admitido, con auto del 6 de agosto del 20252 dictado en Sala Unitaria, se adecuó el medio de control, en tanto de una lectura de los 1 “Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrad os ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo.

Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común

Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho”. 2 Índice 0019. Sistema Samai.Demandantes: Humberto de la Calle Lombana y otros

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 25000-23-41-000-2023-00466-01

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hechos, las pretensiones y el fundamento jurídico de la demanda, se concluyó que lo perseguido es la defensa de la legalidad en abstracto, por lo que el trámite correspondiente era el de nulidad (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).

5. A nuestro juicio, la determinación contenida en la providencia reseñada previamente, varía la competencia para tramitar y decidir el proceso, dado que al concluirse que se trata de una demanda de nulidad contra un acto administrativo adoptado por una autoridad del orden nacional, como lo es el Consejo Nacional Electoral, se trataría de un asunto de única instancia, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 149 de la

Ley 1437 del 2011:

autoridad del orden nacional, como lo es el Consejo Nacional Electoral, se trataría de un asunto de única instancia, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1437 del 2011:

«ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos».

6. La ponencia aprobada por la Sala sustenta que el asunto de la referencia es de dos instancias, con fundamento en el numeral 25 del artículo 152 del mismo cuerpo normativo, el cual dispone que los tribunales administrativos conocerán, como autoridad judicial de primer grado, de todos los procesos que «se promuevan contra los actos de certificación y registro».

7. A pesar de lo anterior, consideramos que la resolución demandada en esta oportunidad, así como la mayoría de los actos que el Consejo Nacional Electoral dicta en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de las colectividades políticas

(art. 265 Constitucional), no tienen la naturaleza que consagra la regla de competencia aludida previamente.

en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de las colectividades políticas (art. 265 Constitucional), no tienen la naturaleza que consagra la regla de competencia aludida previamente.

8. La jurisprudencia de esta Corporación ha referido que la labor del Consejo Nacional Electoral no se limita a la recopilación o guarda de los documentos que les remiten las colectividades, sino que, por el contrario, aquel adelanta una función material de revisión y estudio de validez de las decisiones que aquellas adoptan, por lo que le corresponde abstenerse de registrar las determinaciones que sean contrarias a los parámetros normativos de constitucionalidad, legalidad y de cumplimiento de sus propias disposiciones estatutarias3.

9. Lo anterior se puede concluir del mismo contenido de la sentencia aprobada, en donde como fundamento de la nulidad que se confirma, se expone que la entidad demandada incumplió con el deber de verificación e interpretación de los estatutos del 3 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 7 de julio del 2022. Radicación 11001-03-28-000-2021-00061-00. M.P.

Rocío Araújo Oñate. Esta decisión reitera el criterio expuesto en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-28-000-2020-00007-00.Demandantes: Humberto de la Calle Lombana y otros

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 25000-23-41-000-2023-00466-01

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Radicado: 25000-23-41-000-2023-00466-01

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partido Verde Oxígeno, lo que denota que la función del CNE supera lo meramente registral:

«104. Por esa razón, la asamblea general presentó la declaración de oposición ante el CNE mediante radicaciones CNE-E-DI-2022-001624 y CNE-DG-2022-018989, para efectos de inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.

105. No obstante, la autoridad electoral, solo evaluó el contenido de la petición de registro, sin haber verificado previamente el órgano competente para ello, para lo cual debía revisar las disposiciones de los estatutos e interpretarlas de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, relacionadas con la declaración política de los partidos y movimientos.

106. En ese orden, se advierte que, si bien la asamblea general es el máximo órgano directivo del partido Verde Oxígeno, las decisiones de aquella no pueden estar en contravía de las normas estatutarias adoptadas por la propia agrupación para su adecuada organización y funcionamiento, según las cuales, en materia de la postura a asumir frente al gobierno nacional, le corresponde definirla, por votación, al comité congresional, con sujeción al plan de acción aprobado por la asamblea general». (se resalta)

10. Aunque es indudable que la decisión de la autoridad electoral culmina con una orden de inscribir en el registro la declaración política ante el gobierno nacional,

congresional, con sujeción al plan de acción aprobado por la asamblea general». (se resalta)

10. Aunque es indudable que la decisión de la autoridad electoral culmina con una orden de inscribir en el registro la declaración política ante el gobierno nacional, departamental, municipal o distrital, lo cierto es que dicha determinación está precedida de un estudio, verificación y análisis del cumplimiento de las normas superiores que regulan la actividad de las organizaciones políticas, al punto en que, el Consejo Nacional Electoral debe abstenerse de disponer el registro cuando se verifique el incumplimiento de aquellas.

11. Descendiendo lo anterior al caso concreto, la autoridad electoral al momento de revisar la declaración política de un partido o movimiento con personería jurídica debe establecer el cumplimiento estricto de las exigencias contenidas en la Ley 1909 del 2018, como por ejemplo, verificar si la colectividad inscribió al candidato electo como presidente, gobernador o alcalde (inciso final del artículo 6º); determinar que la declaración se haga por el órgano estatutario competente (art. 8º); e incluso, establecer, en el caso de cambio de la posición política, si ello ocurre en el número de veces permitido por la norma (parágrafo del art. 6º).

12. Adicionalmente, es de resaltar que la jurisprudencia de esta Sección4 ya decantó una posición sobre el particular, indicando que los derechos que se derivan de ser oposición son exigibles a partir de la inscripción en el registro de la organización electoral, lo que implica el carácter constitutivo de la determinación de la autoridad administrativa y denota aún más que el efecto de la decisión de la entidad electoral supera la condición de ser de mero registro.

electoral, lo que implica el carácter constitutivo de la determinación de la autoridad administrativa y denota aún más que el efecto de la decisión de la entidad electoral supera la condición de ser de mero registro.

13. A su vez, en decisiones recientes, esta corporación ha decidido en única instancia sobre la legalidad de actos de inscripción y registro adoptados por el Consejo Nacional 4 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de septiembre del 2025. Radicado 76001-23-33-000-2025-00073-02.

M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandantes: Humberto de la Calle Lombana y otros

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 25000-23-41-000-2023-00466-01

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Electoral, como por ejemplo, en la sentencia del 21 de agosto del 2025 del radicado 11001-03-28-000-2025-00027-005, en el cual se resolvió la demanda de simple nulidad presentada contra la Resolución 5764 del 29 de octubre del 2024 que dispuso lo anterior frente a la designación del señor Alexander Vega Rocha como codirector del Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U-.

14. En consideración a lo expuesto, no puede concluirse que los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral son de mero registro de la determinación que adopte en su interior la colectividad política, dado que dicha autoridad tiene la responsabilidad constitucional de garantizar que aquellas se ajusten al ordenamiento superior que les resulte aplicable y, verificado ello, ordenar su inscripción

su interior la colectividad política, dado que dicha autoridad tiene la responsabilidad constitucional de garantizar que aquellas se ajusten al ordenamiento superior que les resulte aplicable y, verificado ello, ordenar su inscripción

15. Como consecuencia de ello, el acto aquí demandado sigue la regla general de ser una decisión expedida por una autoridad del orden nacional, razón por la cual, al ser el conocimiento de dicho asunto de única instancia de esta corporación judicial.

16. En los anteriores términos, dejamos expuestos nuestro salvamento de voto.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”. 5 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.