CE - Salvamento voto 50001233100020080006101 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Salvamento voto 50001233100020080006101 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 50001-23-31-000-2008-0006101 (71584)

Demandantes: Divar Izquierdo Martínez,

Sandra Liliana Leal Herrera y Paula Valentina Izquierdo Leal

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre de de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 50001-23-31-000-2008-0006101 (71584)

Demandantes: Divar Izquierdo Martínez, Sandra Liliana Leal Herrera y Paula Valentina Izquierdo Leal Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Procuraduría General de la Nación Referencia: Medio de control de reparación directa

Salvamento parcial de voto del magistrado Diego Enrique Franco Victoria Comparto la decisión de la Sala de mantener la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Divar Izquierdo Martínez. Sin embargo, no comparto la revisión y modificación oficiosa de los perjuicios reconocidos por el tribunal, pues dicha actuación excede el marco delimitado por el recurso de apelación y amplía indebidamente la competencia del ad-quem. Las razones de mi discrepancia se exponen a continuación:

1. En el presente asunto, la sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad del señor Divar

del ad-quem. Las razones de mi discrepancia se exponen a continuación:

1. En el presente asunto, la sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad del señor Divar Izquierdo Martínez y, en consecuencia, reconoció perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, así como los perjuicios morales derivados de la afectación ocasionada por la detención.

2. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la decisión y dirigió su inconformidad exclusivamente contra la declaratoria de responsabilidad ; en materia indemnizatoria, se limitó a señalar que no se encontraba acreditada la actividad económica del señor Divar Izquierdo Martínez y q ue no procedía el reconocimiento del lucro cesante, de modo que el único aspecto indemnizatorio sometido a examen en la segunda instancia era la acreditación de la mencionada actividad económica.

3. Pese a ello , la Sala reabrió y modificó asuntos no impugnados, pues redujo los perjuicios morales reconocidos en primera instancia y redefinió la metodología utilizada para liquidar el lucro cesante. Tales aspectos no fueron objeto de reparo concreto por parte de la fiscalía. Por ende, su análisis oficioso desconoce lo dispuesto en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso – en adelante “CGP”, según los cuales la competencia del juez de segundaRadicado: 50001-23-31-000-2008-0006101 (71584)

Demandantes: Divar Izquierdo Martínez,

Sandra Liliana Leal Herrera y Paula Valentina Izquierdo Leal

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Demandantes: Divar Izquierdo Martínez,

Sandra Liliana Leal Herrera y Paula Valentina Izquierdo Leal

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instancia se circunscribe a los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

4. En consecuencia, considero que la actuación de la Sala desbordó el marco normativo y jurisprudencial aplicable al recurso de apelación, lo que afecta la garantía de limitación del debate en segunda instancia.

5. Esta conclusión encuentra respaldo en la jurisprudencia, que ha precisado que los reproches frente a la providencia impugnada “son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuesta s a ella”. 1 Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que un reparo concreto corresponde a: Ahora, por ser aspectos centrales del debate, conviene recordar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra reparo, como una «advertencia, nota, observación sobre algo, especialmente para señalar en ello una falta o defecto», también denota inconveniente, duda, dificultad. Por su parte, concreto lo define como un adjetivo que se opone a lo abstracto y general, es decir, «específico, exacto, preciso, determinado, sin vaguedad».

Entonces, por reparos concretos es posible entender una observación, advertencia e inconveniente que se verifica en relación puntual, exacta y específica con algo, con la intención de revelar una falta o defecto.

Entonces, por reparos concretos es posible entender una observación, advertencia e inconveniente que se verifica en relación puntual, exacta y específica con algo, con la intención de revelar una falta o defecto.

En ese sentido, al aplicar las citadas definiciones en el campo jurídico -procesal, refieren a las observaciones precisas, determinadas e inteligibles, lejos de ser confusas o ambiguas, que se efectúan frente a los argumentos de hecho y de derecho en que se fundamenta una providencia, con el propósito de revelar una equivocación, error, falla o deficiencia que incidió de manera determinante en la resolución del debate delimitado. En pocas palabras, los reparos concretos deben ser suficientemente claros, exac tos y comprensibles para identificar las razones de inconformidad con la decisión cuestionada.2

6. Los demás argumentos que sustentan mi postura en relación con este tema se encuentran plasmados en el salvamento parcial de voto que presenté respecto de la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida dentro del expediente 18001-23-33-000-2015-00257-02 (72390).

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad. 68001 -2333000-2019-00823-01 (70182), MP William Barrera Muñoz 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de septiembre de 2014. STC12117-2024.

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